Escribe Gabriel Massa

Aldo Benito Roggio renunció el 15 de agosto a la presidencia de la empresa que lleva su nombre. Lo hizo después de convertirse en “imputado colaborador” (una de las tantas maneras en que Bonadio da impunidad a los empresarios ladrones), confesando que pagó, siempre en coimas, el 5% de los subsidios que le daba el gobierno kirchnerista, además de lo que ganaba por la concesión del ferrocarril Urquiza y el subte de Buenos Aires.

El gobierno de Macri quiere que estos ladrones confesos sigan manejando el subterráneo y el ferrocarril. De hecho Roggio es una de las empresas “habilitadas” por Rodríguez Larreta para la nueva concesión del subte porteño a partir de 2019.