Escribe José Castillo

La historia que empezó con los “cuadernos” que relataban el cobro de coimas durante el kirchnerismo se fue ampliando. Decenas de empresarios involucrados declaran como “arrepentidos” y sacan a la luz la existencia de una verdadera mafia en el corazón del capitalismo argentino. Funcionarios corruptos del más alto nivel se entremezclan con las patronales más importantes del país.

Las revelaciones del día a día son impresionantes. Ya se habla de un entramado de coimas que puede llegar a involucrar más de 200 millones de dólares. Un enchastre que involucra a coimeros y coimeadores que están en el más alto nivel de la política y la economía. Compromete, por supuesto, a la cabeza de los gobiernos de Néstor y Cristina, sumándose testimonios que muestran evidencias de la responsabilidad directa de ambos ex presidentes en la “conducción” de esta trama mafiosa. Pero también a un conjunto cada vez más grande de empresarios del más alto nivel, que incluyen a lo que fue en su momento la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y hasta al grupo económico más importante del país (Techint). Por supuesto, como no podía ser de otra manera, en ese listado quedan adentro varios empresarios directamente ligados al actual poder macrista, como Calcaterra, o grupos económicos privilegiados por el actual gobierno, como Roggio.

No se salva nadie, y el ventilador sigue encendido. Tanto es así que ya se prendieron las alarmas: la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llamaron a “tener cuidado” de no seguir involucrando empresarios. Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil, firmó un editorial pidiendo prudencia, no vaya a ser cosa que esto pusiera en riesgo “el capitalismo argentino”. Y el propio gobierno se reunió con los actuales adjudicatarios de las obras públicas para garantizarles que, aunque estuvieran denunciados, ello involucraba a “personas” y no a las empresas y que, por lo tanto, el Estado seguiría pagando los contratos y subsidios correspondientes.

El peronismo kirchnerista va cambiando de estrategia de defensa. Empezó diciendo que todo era “mentira” y que “los cuadernos eran falsos”. Luego, ante la ola de denuncias de los arrepentidos pasó a aceptar que las coimas existían pero que eran de funcionarios menores y después, a medida que la escalada de confesiones aumenta, se limita a señalar que “Cristina no sabía nada”.

Seamos claros: es obvio que la denuncia original de La Nación y el lanzamiento de la causa por el juez Bonadio tienen una intencionalidad política. Así como la forma vergonzosa de salvar a los empresarios, canjeando su libertad por la figura de “arrepentido que colabora”. No tenemos la más mínima confianza en Bonadio. Pero esto no nos puede hacer perder de vista el centro de la cuestión: las coimas multimillonarias y el entramado que hizo que absolutamente toda la obra pública durante el kirchnerismo se transformara en un gigantesco garito donde se repartían adjudicaciones, ganancias, subsidios y sobreprecios. Así un grupo importantísimo de grandes empresas hicieron sus ganancias, con la complicidad de funcionarios políticos del más alto nivel. Esa corrupción no sólo robó carradas de dinero a todos los trabajadores y sectores populares que veían, a la vez, cómo se deterioraban la salud o la educación pública. Incluso llevó a la muerte a centenares de trabajadores, como pasó con la mina de Río Turbio, o con la masacre evitable de Once. Exactamente de esto estamos hablando.

La conclusión es simple. Existe una auténtica trama de corrupción que lleva décadas, cruzando todos los gobiernos. Así funciona el capitalismo argentino. Con la complicidad de políticos, jueces y burócratas sindicales. Lo que hay que hacer es simple: todos los corruptos, sin excepción, tienen que ir presos y devolver lo que robaron. A todos los denunciados se les tiene que invertir la carga de la prueba: que sean ellos los que demuestren su inocencia. Y a todas las empresas denunciadas que siguen teniendo concesiones de servicios privatizados u obras públicas hay que rescindirles inmediatamente esos contratos, estatizando todas esas actividades y poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.