Escribe José Castillo

El proyecto de presupuesto presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados no deja lugar a dudas: significa un brutal ajuste con más dinero para los pagos de la deuda externa a costa del pueblo trabajador. Despidos, salarios y jubilaciones por debajo de la inflación y menos plata para salud y educación tales son las consecuencias del ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

El gobierno presentó los datos del proyecto de presupuesto 2019 con los números del brutal ajuste que exige el FMI. El gasto público primario –antes del pago de intereses de deuda– está proyectado para crecer 7,7%, muy por debajo de la inflación, pronosticada en un 34%. Es que el dato más importante y real de este presupuesto es el llamado “déficit cero”, todos los gastos que el Estado destina a salarios, empleo, salud, educación, vivienda, obras públicas o jubilaciones se achicarán en términos reales, generando un inmenso ajuste de más de 500.000 millones de pesos, para así garantizar el mayor pago de intereses de deuda externa. Este último es el único rubro que crece de verdad: casi 50%, pasando de 400.000 a 600.000 millones de pesos. Un número que puede ser mayor aún, ya que el proyecto presentado por el ministro Dujovne tiene unos cuantos números dibujados, para maquillarlo y que no parezca tan terrible. Entre ellos, pronostica que el dólar se mantendrá a fines de 2019 a 40 pesos, prácticamente el mismo valor que hoy en día. Si el dólar sube (lo más probable), como la deuda está en dólares habrá que pagar muchos más intereses que los presupuestados.

Ya nadie disimula que la aprobación de este presupuesto es una exigencia del FMI, que incluye que la oposición peronista “se comprometa”, aportando los votos para que ello sea posible. Lo harán con diputados y senadores que votarán a favor, como ya sucedió cuando se aprobó pagarles a los fondos buitres en marzo de 2016, robarles a los jubilados en diciembre del año pasado, o en la aprobación de los propios presupuestos de ajuste de 2017 y 2018. Otros aportarán lo suyo cubriéndose con discursos opositores, para después “abstenerse”, con la excusa de que “en nombre de la gobernabilidad” no se puede dejar al gobierno sin presupuesto.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo decimos con claridad: hay que votar en contra del presupuesto del ajuste, explicar que su aprobación es una exigencia del FMI y a la vez denunciar la complicidad de gobernadores, senadores y diputados del peronismo. Al presupuesto de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI tenemos que oponerle un programa económico alternativo, obrero y popular, que arranque por dejar de pagar la deuda externa para volcar todos esos recursos en resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.

Los que ganan

• Los acreedores de la deuda externa: Para J.P. Morgan, Deutsche Bank, Templeton, Black Rock y otros buitres el pago de intereses programado sube un 50%, de 400.000 a 600.000 millones de pesos. Y aumentará más todavía si el peso se sigue devaluando.
• Los banqueros: Con las tasas de interés actuales, las nuevas colocaciones de deuda en bonos de distinto nombre (Lelics, Nobac, Letes) y la desregulación financiera se confirma que los bancos Galicia, Santander Río, Macro y otros seguirán siendo el sector económico que más gana. De hecho es el único que crecerá en 2019 junto con las exportaciones del agro.
• Los empresarios: Se mantiene la reducción año a año de los aportes patronales y otras exenciones impositivas, como la baja de lo que deben pagar las empresas en concepto de impuesto a las ganancias. El Estado dejará de cobrar por todos estos rubros 429.545 millones de pesos.
• Los pulpos petroleros y gasíferos: Aumentan 160% los subsidios a las petroleras que producen gas en Vaca Muerta como Panamerican, Chevron y otras. Pasarán de percibir 10.739 millones de pesos este año a 27.904 millones en 2019.

Los que pierden

• Los trabajadores: Se eliminan las exenciones del impuesto a las ganancias de todos los rubros (viáticos, adicionales, zonas desfavorables). De conjunto se les robarán por mayor impuesto al salario 25.000 millones de pesos, y a aquellos que viven en la región patagónica se les reducirá 25% el plus que cobran en las asignaciones familiares.
• Los estatales: Los salarios aumentarán sólo 8%, contra una inflación proyectada de 34%. Además se dispondrán retiros voluntarios y despidos a través de la no renovación de contratos. Se aclara específicamente que las vacantes no podrán ser cubiertas.
• Los jubilados: Aquellos que cobran la pensión universal de adulto mayor (PUAM), jubilados a los que se les paga menos por no haber alcanzado los años de aporte, no podrán seguir cobrándola si tienen algún trabajo. En la Patagonia, además se reduce 50% el plus por zona austral y, quienes cobran más de dos salarios mínimos (20.000 pesos), perderán directamente el plus.
• Los usuarios de servicios públicos: Además de los tarifazos ya programados (octubre y enero en el gas), se elimina la tarifa social de la energía eléctrica. Se trata de una reducción de 460 millones de dólares, que afectará a 4,1 millones de usuarios. Además, las provincias deberán hacerse cargo de los subsidios al transporte público, por lo que se darán fuertes subas en los pasajes.
• La educación: El presupuesto asignado real, descontando la inflación proyectada del año próximo, cae 15% promedio. Además se congela el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) en los mismos valores que 2018. Lo que cada docente recibirá por ese rubro quedará congelado en esos valores.
• La salud: Además de los recortes que les tocarán a todos los trabajadores del sector en tanto empleados del Estado, el presupuesto crecerá sustancialmente por debajo de la inflación, calculándose que eso significará un recorte de 17,9%.
• Infraestructura y empleo en el sector: La reducción de la obra pública será brutal, ya que caerá 31% con respecto a 2018. Prácticamente no se harán obras nueva e incluso está en duda la finalización de las existentes.
• Los beneficiarios de planes sociales: Los gastos para planes como argentina trabaja, progresar y otros, solo crecerían 14,6%, es decir, muy por debajo de la inflación proyectada. Para la asignación universal por hijo, se presupuesta un incremento de sólo 20,4%, sustancialmente por debajo de la inflación.