Escribe José Castillo

El gobierno de Macri viene insistiendo en que con Vaca Muerta la Argentina se transformará en una nueva “Arabia Saudita”, proveyendo más dólares que los actuales de la soja, y generando empleo y prosperidad. Nada más alejado de la realidad: lo que se viene es más saqueo de nuestros recursos, desastres ambientales y flexibilización laboral.

Vaca Muerta es una enorme “placa” de 36.000 kilómetros cuadrados, ubicada centralmente en la provincia del Neuquén, en parte de Mendoza y Río Negro, con una capacidad productiva estimada en 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas: una de las mayores reservas de ambos recursos del mundo. 

El gobierno de Macri insiste en que se trata de una gran oportunidad, que ya están llegando las inversiones y que crecen y se revitalizan los pueblos de la región. Idéntico discurso desarrolla el gobierno neuquino del MPN. Se señala incluso que, gracias a Vaca Muerta, la producción de gas creció este año 3,5% y que en 2018 comenzamos a exportar, tras años en que no llegábamos al autoabastecimiento energético.

Efectivamente, hoy ya el 36% de la producción total de gas viene de estos yacimientos llamados “no convencionales”. Y las transnacionales del sector están llegando en masa a la zona. ¿Por qué? Porque se trata de un gigantesco negociado que pagamos todos.

A las empresas que operan en Vaca Muerta se les garantiza un precio de 7,5 dólares el millón de BTU (medida internacional utilizada para el gas), totalmente por encima del costo de extracción en la zona e incluso de lo que se abona por yacimientos no convencionales similares. Tal el caso de Eagle Ford, en los Estados Unidos, donde se paga 3 dólares el millón de BTU. Las empresas que operan en Vaca Muerta se llevarán así, solamente de subsidios, 2.865 millones de dólares en 2018.

Que Vaca Muerta contiene una inmensa riqueza de recursos no renovables está fuera de toda duda. Pero lo que se está haciendo es regalárselo a los pulpos privados, generando un auténtico saqueo. Encima sin tener el más mínimo cuidado ambiental, dados los peligros que genera la tecnología del fracking, tanto ambientales como sobre la propia seguridad de los trabajadores. Ni al gobierno ni a las empresas esto le importa. Hay una “desesperación” por extraer gas y petróleo a toda costa, no deteniéndose ante nada, generando accidentes fatales y desastres ambientales como los que relatamos en esta misma página.

Cristina antes, y Macri ahora, vendieron Vaca Muerta como “la gran salvación”, que generaría decenas de miles de puestos de trabajo y millones de dólares en exportaciones. Por eso, cuando se estatizó YPF, el entonces ministro Kicillof firmó un “contrato secreto” con la transnacional yanqui Chevron para la explotación de ese yacimiento. Macri avanzó más aún, y hoy la zona está objetivamente repartida entre todos los pulpos del negocio gasíferopetrolero, lanzados con todo al saqueo.

Vaca Muerta no nos va a salvar. Es otra mentira, parecida a aquella con la que no hace muchos años se decía de la explotación megaminera. Hoy el yacimiento estrella de la Barrick Gold se encuentra prácticamente cerrado y los “miles de puestos de trabajo” se transformaron en miles de nuevos desocupados.

El gas y el petróleo son recursos estratégicos y no renovables. Hay que parar con el saqueo. Rescindir todas las concesiones, convencionales y no convencionales, y poner todas esas reservas en manos de una empresa ciento por ciento estatal que monopolice la actividad, como lo fueron en su época YPF o Gas del Estado. Así se podrá decidir en función de los intereses nacionales qué se extrae y qué no, con qué métodos, cuidando el ambiente y respetando a las comunidades originarias. Con trabajadores que tengan salarios y condiciones de trabajo dignas y que además sean la cabeza de la administración y gestión de esas empresas estatales, con centro en el desarrollo y resolución de las necesidades del pueblo trabajador y no, como sucede actualmente, al servicio de las superganancias de las multinacionales.

Desastre ambiental y muerte de obreros

Escribe José Castillo

El 19 de octubre se produjo un derrame en el yacimiento de Bandurria Sur, parte del complejo de Vaca Muerta. Se tardó más de una semana en dar a conocer un informe oficial sobre el tema. Fue un desastre ambiental grave: hubo un serio riesgo de que se desatara un incendio de proporciones inusitadas e incluso todavía no puede descartarse que el fluido que quedó “rociando” la zona no genere algún peligro de accidente.

Según denuncias de organizaciones ambientalistas, el derrame cubrió 8,5 hectáreas con otras 77 parcialmente afectadas. Se calcula que la limpieza del desastre requerirá un trabajo de al menos ocho meses.

El gobierno de Neuquén, hipócritamente, salió a anunciar que impondrá a YPF una “multa histórica” que podría llegar a 28 millones de pesos. La realidad es que este monto es trece veces menor que lo que se le impuso en San Juan a la Barrick en 2016 ante el derrame de cianuro sobre el río Jáchal (145 millones de pesos).

Los riesgos de la explotación no convencional no son sólo ambientales: en los últimos meses se han producido las muertes de dos operarios, uno en un pozo de San Francisco del Chañar, golpeado por una maquinaria de gran tamaño, y otro en el bloque La Ribera, envuelto en un incendio desatado en el lugar.

Se verifica, una vez más, el carácter contaminante y altamente riesgoso de la explotación vía fracking, así como la negligencia de controles y sanciones por parte de los gobiernos de Neuquén y el nacional.