Escribe Juan Carlos Giordano Diputado electo Izquierda Socialista/FIT

El jueves 15 de noviembre se llevaron a cabo los alegatos de la querella en el juicio por el secuestro y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez, del Partido Socialista de los Trabajadores. El hecho ocurrió en 1982 como parte del genocidio de la última dictadura militar. El abogado Pablo Llonto reclamó prisión perpetua, cárcel efectiva (no domiciliaria) para los genocidas, la baja del Ejército y el retiro del pago de las pensiones. El veredicto está previsto para mediados de diciembre.

Nuevamente acompañamos en nombre de Izquierda Socialista a la Comisión Ana María Martínez de Zona Norte, encabezada por su cuñada, Carmen Metrovich, y a los compañeros de lucha del PST en la audiencia del jueves pasado. Los abogados de Ana María detallaron de forma contundente la prueba colectada demostrando, como dijo el abogado Pablo Llonto, que los represores actuaron coordinadamente con el Ejército y la policía para lograr “el reconocimiento del enemigo (el PST), la infiltración en el partido y la exterminación (según dichos de los propios represores), teniendo como blanco, en este caso, a Ana María Martínez”. Por eso los imputados son el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1. Ambos prestaban servicios en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo. Y en el hecho hubo una participación directa de la división de inteligencia bonaerense Dippba y policía de la zona.

Llonto develó que los genocidas llegaron a hablar de “una rama armada del PST, de una banda terrorista”, lo cual es una mentira total, para justificar los secuestros y desapariciones de nuestro partido.
“No hubo guerra, no hubo dos bandos, hubo un genocidio y delitos de lesa humanidad que llevaron a la muerte de Ana María”, señaló el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“¿Cuál fue el delito de Ana María?”, se preguntó la fiscalía. “¿Difundir volantes, impulsar un fondo de huelga, ser parte de la Lista 3 de los bancarios que impulsaba el PST?”, describiendo que Ana María fue parte de esos militantes forzados a dejar su trabajo y su familia para llevar adelante sus ideales, difundiendo la política en los periódicos (Avanzada Socialista y Opción) doblados como “turrón” para que entraran en las fábricas sin ser vistos.
Ana María venía siendo perseguida desde 1976. Tuvo que trasladarse desde Mar del Plata a Buenos Aires. La mataron en una ejecución sumaria, producto de dos tiros desde 30 centímetros, de arriba hacia abajo. Previamente fue torturada. Era una joven de 31 años y estaba embarazada, lo que muestra el ensañamiento de los genocidas.
El día del secuestro se estableció una zona liberada en el barrio Villa de Mayo, donde fue llevada en un Falcon verde. Uno de los secuestradores fue Luis Patti (ver recuadro). La versión oficial fue que “se habrían matado entre ellos” (¡entre los propios militantes del PST!) o que fue “una pelea de pareja”. Una canallada absoluta.
Uno de los militares imputados había dicho “ya habíamos terminado en el 78 con el PST”, para desligar la responsabilidad del Ejército en este asesinato ocurrido en 1982. Pero en los alegatos fue contundente la revelación de los organigramas represivos disponiendo la acción coordinada del Ejército y la policía para llevar a cabo estos hechos. Se demostró, por ejemplo, que el Ejército de Campo de Mayo prestó un “camioncito” para que Ana María fuera fotografiada en una marcha.
El abogado Llonto destacó el impacto que tuvo el asesinato de Ana María en 1982, recordando la solicitada pública reclamando investigación y castigo firmada por Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alicia Moreau de Justo, entre otras personalidades. Los diarios titularon “el país entero reclama justicia”. Hubo una campaña nacional e internacional por ello. Ahora se logró, 36 años después, este juicio como parte de la pelea contra la impunidad y en particular por la constante movilización y trabajo de la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez.
Seguiremos reclamando justicia por nuestra compañera, por cárcel común para sus aberrantes genocidas, con el compromiso de seguir luchando por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, por lo que dieron la vida nuestros caídos. En diciembre esperamos un veredicto ejemplar. Y en el acto del próximo 8 de diciembre en Ferro, Ana María, junto a la militancia del PST, van a estar presentes con nosotros.

Pablo Llonto
“Era la expresión de la militancia en las puertas de las fábricas”

Después de describir a Ana María como “una alegre y abnegada militante”, el abogado Pablo Llonto dijo de ella, alias Rosalía (su sobrenombre de militancia para evitar la persecución), que era “la fiel militante en las puertas de las fábricas, como lo hacía el PST”. También dijo que “Ana María era firme en sus decisiones. Nunca dejó de militar. Vivía en una humilde casita de Villa de Mayo, como vivían los trabajadores y el pueblo que ella defendía. En Ana María viven las miles de mujeres anónimas militantes por el socialismo”. Y en medio de su firme alegato se le entrecortó la voz cuando señaló que aceptó defender el caso como abogado y también como parte de la militancia del PST en aquellos años. Al final de su alocución, la sala estalló en aplausos.

Luis Patti: Un asesino cobijado por el PJ

Patti fue señalado en el juicio como responsable de la patota que secuestró a Ana María Martínez. Fue subcomisario en Pilar, Escobar, Tigre y San Martín, haciendo inteligencia contra los delegados de fábrica de la zona.
En 1991 el entonces presidente peronista Carlos Menem le encomendó la investigación del resonado caso del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca. Y en 1983 fue acusado por los asesinatos de los militantes justicialistas Cambiaso y Pereyra Rossi, donde Patti simuló “un enfrentamiento” que nunca existió.
En 1993 se retiró de la policía y se unió al Partido Justicialista. Fue intendente de Escobar en 1995. En 1999 intentó ser candidato a gobernador por el PJ. En 2005 fue diputado nacional apoyando desde su partido (Paufe) la candidatura de Chiche Duhalde. Su asunción fue impugnada por la Cámara de Diputados y se le impidió asumir. En 2008 la Corte habilitó su asunción como diputado. Luego fue desaforado por violaciones a los derechos humanos y en 2011 fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En 2017 le dieron la prisión domiciliaria.