El gobierno de Evo Morales en 2016 perdió un referéndum para modificar la Constitución y permitir su cuarta reelección. Tuvo 51,4% de votos válidos en contra y 48,6% a favor. Pese a eso, en 2017 forzó una sentencia del Tribunal Constitucional y hace pocos días el Tribunal Electoral autorizó la reelección por cuarta vez de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ambos tribunales son casi totalmente dependientes del gobierno del MAS, que fue quien nombró a sus integrantes. Además un año antes de las elecciones nacionales (diciembre 2019) hizo una ley que establece elecciones “primarias” con requisitos totalmente antidemocráticos, ya que impiden en los hechos que se presenten partidos de izquierda o de los trabajadores.

En repudio a esta sentencia violatoria del referéndum de 2016, y a la ley de partidos, el 6 de diciembre se cumplió un paro nacional convocado por los Comités Cívicos y por algunas federaciones de maestros, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras organizaciones. La dirección burocrática de la Central Obrera Boliviana, que apoya a Evo Morales, se opuso al paro. Este tuvo un cumplimiento bastante importante, pero irregular, ya que no se hizo efectivo en gran parte de los sectores productivos, aunque sí hubo bloqueos que paralizaron el transporte en las ciudades y manifestaciones de decenas de miles de personas.

Según las encuestas, el 75% de la población se opone a la reelección. Y sólo la falta de alternativas populares frena que esto crezca aún más. El principal oponente electoral a Evo Morales es el ex presidente (2003 a 2005) Carlos Mesa, aquel que en su momento había caído producto de la rebelión popular.

La cuestión de fondo, como sucede con otros gobiernos llamados del “socialismo del siglo XXI” (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), es que no se ha resuelto ninguno de los principales problemas del pueblo trabajador. La insurrección popular de 2003 contra el gobierno de Sánchez de Losada exigía la llamada “agenda de octubre”, cuyo punto principal era la nacionalización y expulsión de las multinacionales del gas y que con ese excedente económico se crearan fuentes de trabajo. Hoy las transnacionales siguen dueñas del gas y de los minerales. Y también de las grandes extensiones de tierras destinadas a la agroindustria. Continúan la desocupación, la precarización laboral y la miseria en el campo, que obligan a migraciones masivas. Aunque hubo algunas mejoras en estos años, fue gracias a los altos precios de minerales y gas. Pero ahora bajaron y la economía capitalista exige un ajuste económico antipopular que el gobierno comenzó a aplicar gradualmente. Esto generó la ruptura de gran parte de los trabajadores con el gobierno de Evo Morales.

Está planteada una situación que hace posible incluso un fraude electoral masivo del gobierno para lograr ganar las elecciones (como Maduro en Venezuela) y una agudización de la crisis política con levantamientos populares.