Escribe Ezequiel Peressini Legislador Izquierda Socialista/FIT

En plena campaña electoral, el gobierno de Schiaretti vuelve a recibir fuertes cuestionamientos por el accionar delictivo de la policía provincial y pone en jaque su política de seguridad, que vuelve a fracasar.
El 16 de enero, en Río Cuarto, fue asesinado de ocho balazos Claudio Torres, un narcotraficante de la ciudad. Iba acompañado por Gabriel Bossi, mano derecha de Torres y esposo de Lucía “Cory” Vargas, condenada en 2014 por la desaparición del joven Nicolás Sabena en el año 2008. Las investigaciones realizadas por la madre de Nicolás demostraron que el Clan Vargas, también narcotraficantes, contaba con la protección de la policía a través del jefe de Investigaciones, Gustavo Oyarzábal, quien adelantaba a los narcos las investigaciones por la desaparición de Nicolás.

Otra vez Oyarzábal quedó a cargo de la investigación del asesinato de Torres pero fue detenido el 7 de febrero por su relación con los narcos y, llamativamente, el 31 de enero fue pasado a retiro por un decreto del gobernador Schiaretti. En una maniobra encubridora el gobernador dispuso la remoción de la cúpula policial. La nueva conducción busca “recuperar la confianza de los vecinos”, y para eso endurecieron la política represiva y realizaron operativos de saturación en los barrios de la ciudad junto con la Gendarmería.
Este escándalo muestra el fracaso de la política “antidrogas” del gobierno. Destinan millones de pesos del presupuesto al aparato policial (en la provincia hay más policías que maestras de primaria) mientras la podrida policía, la Justicia y los gobiernos son parte del delito organizado y cuidan el negocio de narcotraficantes que garantiza utilidades superiores al 3.000% y ganancias de más de 600.000 millones de dólares que se reparten entre los narcotraficantes y quienes los cuidan para vivir lujosamente. Para terminar con el narcotráfico y la impunidad hay que desmantelar el aparato represivo y legalizar las sustancias psicoactivas con monopolio estatal.