Escribe Guido Poletti

Los aumentos de los servicios públicos arrancaron con todo. Ahora, otra vez, subirá la luz. Y se anunciaron nuevos incrementos para el gas. Tenemos que parar estos tarifazos y dar una salida de fondo: reestatizar las privatizadas bajo gestión de los trabajadores y usuarios.

Este mes empieza a regir un nuevo aumento en la tarifa eléctrica, de 14%, que, sumado al 26% del mes pasado, da un total desde principios de año de 32% promedio. Lo peor es que todavía quedan dos incrementos más (en mayo y agosto), ya que el objetivo del gobierno es subirla un 55 por ciento.

También se realizó la audiencia pública para autorizar el aumento de la tarifa del gas. Recordemos que, cada vez más, las llamadas “audiencias públicas” son instancias puramente formales para cumplir con la ley, en las que no importan las denuncias que hacen distintas organizaciones de usuarios sobre los abusos y lo arbitrario de los aumentos. En lo concreto, una vez más, el gobierno autorizó una nueva suba que regirá desde el mes de abril, de 35% promedio.

Digamos de paso que no serán los únicos aumentos. El 15 de marzo vuelven a subir nuevamente los pasajes de los colectivos del área de Capital y Gran Buenos Aires, así como también de los trenes metropolitanos. También se autorizaron incrementos de la telefonía celular y otra vez hubo un alza en el precio los combustibles. Si a eso le sumamos las subas de precios de los alimentos (en febrero se fue a las nubes la carne) y otros productos de la canasta familiar, a nadie le sorprenderá que a la inflación de enero, que resultó de 2,9%, le sigue una superior en febrero (entre 3,5% y 4%) y otro tanto en marzo, terminando el primer trimestre con un incremento de precios cercano a 10 por ciento.

La realidad es que las tarifas ya se comen en muchos casos entre el 15% y el 20% de los salarios, y mucho más de las jubilaciones. Ya son miles los que afrontan cortes de servicios simplemente por no tener cómo pagar las facturas. O las anécdotas de los que ni siquiera se animan a prender un artefacto por miedo a lo que le vendrá en la cuenta.

Mientras tanto, las empresas privatizadas siguen burlándose de nosotros. Continúan sin invertir un peso y brindando servicios pésimos. Hace veinticinco años que vienen saqueando al país. Primero se llenaron los bolsillos con las tarifas dolarizadas del menemismo, luego con los subsidios del kirchnerismo y ahora con los tarifazos de Macri. Hay que retrotraer todos estos aumentos que saquean el bolsillo de los trabajadores. Pero, a la vez, tenemos que pelear por una solución definitiva: hay que rescindir ya mismo todos los contratos de privatización, reestatizar las empresas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Esta es la única solución para tener tarifas sociales para quienes las necesiten y servicios con la calidad correspondiente. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, a la vez que llamamos a seguirnos movilizando contra los tarifazos, te invitamos a que nos acompañes a pelear por esta salida de fondo.

El escándalo del “diputrucho” ¿Qué pasó cuando se privatizó el gas?

El peronismo realizó una audiencia pública alternativa contra el tarifazo del gas en la que participaron diputados e intendentes. Busca así despegarse de la bronca creciente ante los nuevos incrementos. Claro que, en todos estos años, los distintos bloques peronistas nunca plantearon una salida de fondo, como tampoco lo hicieron durante los doce años en que gobernó el kirchnerismo, que respetó a rajatabla la privatización del servicio que implementó el menemismo.

Recordemos que la aprobación de la privatización de la entonces Gas del Estado fue llevada adelante por el peronismo en medio de una sesión escandalosa en 1992, en la que incluso recurrieron a sentar cinco diputados truchos para simular que tenían quórum, intrusos que incluso “votaron” a favor de la ley. Uno de ellos, Juan Abraham Kenan, fue descubierto por un periodista y ahí se generó el escándalo. Kenan era asesor del diputado peronista Julio Samid. Los otros “diputruchos” también eran asesores de diputados peronistas, entre ellos uno que trabajaba con Felipe Solá.