Escribe Guido Poletti

El primer trimestre de 2019 terminó como el peor de la era Cambiemos en lo que a pérdida de puestos de trabajo y a suspensiones se refiere. Se totalizaron 19.882 casos, la casi totalidad en el sector privado (19.757) y en particular en la industria (77%), lo que implica que se están perdiendo puestos de trabajo en blanco, reemplazados por trabajo precarizado, en negro o directamente por el drama de la desocupación abierta.

Por el número de trabajadores involucrados, hay que destacar los 600 casos en la autopartista Metalpar de San Martín, los 195 de la planta de Cofco en Valentín Alsina y los 120 de la textil Sportech en Villa Lynch, los 210 de la cristalería El Progreso, de Quilmes, así como los 320 casos de las dos plantas químicas de Dybelcorp, todos en la provincia de Buenos Aires

Sobresalen también en la industria los casos de suspensiones en el sector automotor, en Fiat, Iveco, Renault y Volkswagen y los despidos en Faurecia (autopartes). También hay que destacar los casos de Iatec, en la actividad de electrónica y electrodomésticos, el frigorífico  El Marisco, Alba, Sipetrol; en el sector hidrocarburífero, y las textiles Ritex, Hilados I, Tecnosport y 12 de Octubre. Entre los servicios, a los despidos en las firmas Pedidos Ya, Walmart, Los Maizales, entre otras, se suman los producidos por el cierre en el Shopping Del Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras los trabajadores afectados enfrentan a las patronales por la defensa de sus fuentes de trabajo, las distintas alas de la burocracia sindical miran para otro lado. Hay que parar este verdadero desastre, para eso se necesita que el paro convocado para el 29 de mayo sea parte de un plan de lucha que salga a derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. A la vez que defendemos cada puesto de trabajo y a cada compañero, tenemos que exigir que se prohíban por ley las suspensiones y los despidos, tal como lo hemos planteado, incluso presentando diversos proyectos, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, exigiendo la expropiación de toda empresa que cierre o viole esta disposición, poniéndola a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.