Escribe Gabriel Massa

Ha comenzado el primero de ocho juicios a Cristina Kirchner, en este caso junto a trece ex funcionarios de su gobierno, incluyendo el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, por corrupción en las obras públicas en Santa Cruz. El gobierno presenta este juicio y los otros siete en los que está acusada Cristina como “la gran batalla” contra la corrupción. Cristina y el kirchnerismo lo denuncian por persecución política.

La justicia, con sus jueces y fiscales, está tan metida en la corrupción como los gobiernos. Y juegan de acuerdo a como viene la situación política. El intento de la Corte Suprema de postergar el juicio de esta semana a Cristina está directamente relacionado con el enorme repudio popular al gobierno de Macri y su repercusión en las encuestas electorales. Su marcha atrás fue causada también por el repudio a la maniobra de la Corte. El peronismo kirchnerista quiere utilizar este intento de la Corte para plantear que no existió la corrupción en su gobierno. Totalmente falso.
En torno de las obras y servicios públicos hay con Macri, y hubo antes con el kirchnerismo, una enorme corrupción. Desde empresas como Odebrecht de Brasil, Techint de Argentina, IBM de Estados Unidos, Shell de Gran Bretaña y Holanda, hasta empresarios como Calcaterra o Báez, les pagan coimas a funcionarios del gobierno de turno para ganar licitaciones o directamente les entregan obras, o yacimientos, o servicios públicos.

Las víctimas de la corrupción capitalista somos los trabajadores y el pueblo. Los miles de millones que se roban los corruptos significan hambre, miseria y tarifazos, destrucción de la salud y la educación y masacres evitables como la del ferrocarril Sarmiento en Once.
Repudiamos a esta justicia cómplice y sus maniobras, siempre al servicio de los empresarios y los políticos patronales. Pero al mismo tiempo exigimos cárcel para todos y cada uno de los corruptos y reclamamos la inmediata devolución de lo robado.