Escribe Mariano Barba

A comienzos de año asumió una nueva conducción de la UTA seccional Neuquén. La directiva, que derrotó a la burocracia de Belmúdez, es una lista pluralista y democrática, integrada en su gran mayoría por la Agrupación 10 de Enero junto con otra corriente de ex delegados.

Está encaminada a enfrentar el abuso de la empresa Indalo, que monopoliza el servicio de transporte público de la capital neuquina. Un gran revuelo se registró el lunes 13 del corriente cuando dos dirigentes de la UTA, Claudio Coronel y Ricardo Correa, secretario adjunto y gremial respectivamente, se presentaron a la madrugada en la base de la empresa Indalo (propiedad de la familia Rossi, vinculada a un ex ministro de Cristina Kirchner) a verificar el estado en que salían a la calle los coches y sacaron de circulación 28 colectivos. En el curso de pocas horas detectaron que varias unidades tenían falencias varias, entre ellas frenos en mal estado, calefacción sin funcionar, cinturones de seguridad que no eran tales y un largo etcétera. Fue una verdadera acción en defensa de las condiciones de trabajo y de la integridad de los usuarios. Los días subsiguientes las inspecciones continuaron en las cabeceras de los distintos ramales donde, además de fallas en las unidades, demostraron que no tienen baños apropiados para asearse los choferes y descansar al final de cada recorrido.

La empresa presta un servicio muy deficiente y de mala calidad, lo que genera en la población bronca y denuncias permanentes por no respetarse horarios o abandonar a pasajeros por reiteradas rupturas de las unidades. Con el agravante de que el municipio, en manos de Cambiemos, autorizó un nuevo incremento del pasaje que lo llevó a 26,63 pesos, uno de los más caros del país, que aumentó once veces desde el año 2012, muy por encima de la inflación. También la empresa goza de un subsidio que supera los 200 millones de pesos, que van a parar directamente al bolsillo de los dueños. Por eso el accionar de UTA fue aplaudido por la población.

Por un transporte urbano municipal

Indalo fue noticia nacional hace un mes, cuando suspendió por catorce días, al borde del despido, a un chofer que cambió el recorrido algunas cuadras, en el sector extremo del oeste de la ciudad, para llevar hasta la escuela a niños expuestos a actos de inseguridad en los casi 1.500 metros de descampado que debían caminar. Esto causó una ola de simpatía social con el chofer y de repudio a la actitud de la empresa, al punto que la Legislatura votó por amplia mayoría la declaración que presentó nuestra diputada Angélica Lagunas pidiendo que se levante la sanción. Cosa que todavía no ocurrió.

En la conferencia de prensa realizada este lunes pasado, Angélica junto a nuestro concejal Manuel Sánchez, dieron más detalles de todas las irregularidades que acumula la empresa, tanto en el pésimo servicio de transporte como en el atropello a las leyes laborales y persecución a los choferes. En el informe demostraron que están dadas las condiciones para solicitar la caducidad de la concesión a Indalo y toman nuestra propuesta hecha en la campaña, que es reemplazarlo por un transporte urbano municipal cuyos recorridos, cantidad de unidades y horarios deberían ser establecidos por los usuarios y los choferes, que son los que conocen las necesidades. Por supuesto que garantizando la continuidad laboral del actual plantel de trabajadores.