Escribe José Castillo

Se acaba de dictar un vergonzoso fallo contra la Argentina. El Ciadi condenó la estatización de Aerolíneas Argentinas producida en 2008, obligándonos a pagar la suma de 320 millones de dólares en concepto de indemnización. Los considerandos no toman en cuenta el fenomenal proceso de vaciamiento llevado adelante por los anteriores dueños españoles, tanto durante la gestión de Iberia como la posterior del Grupo Marsans. El escándalo es mayor si le agregamos que quien cobrará no será Marsans (hoy preso en el Estado Español por malversación de fondos), sino el estudio de abogados “buitre” Burford Capital, que “compró” la causa por apenas 12,4 millones de dólares.

No es el primer juicio que perdemos en el Ciadi. Ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se abonaron 5.427 millones de dólares por fallos adversos ante ese tribunal, entre ellos los 5.000 millones abonados a Repsol. Durante la gestión de Macri siguieron los fallos adversos, sumando otros 1.036 millones de dólares. A esto hay que agregar las sentencias aún no pagadas, como la citada de Aerolíneas y otras por más de 500 millones de dólares.

El hecho de que el Ciadi falle sistemáticamente contra el estado argentino envalentona a nuevos buitres. Así, ya hay presentada otra serie de demandas por 3.207 millones de dólares, destacándose las del mismo estudio Burford Capital por YPF (1.637 millones) y las de Orígenes y Metlife por la estatización de las AFJP (por casi 1.000 millones de dólares). De hecho, la Argentina es el país del mundo que enfrenta más denuncias en su contra en el Ciadi, con 51 reclamos.

La pregunta es por qué todos esos litigios terminan en dicho tribunal. Esto sucede porque la Argentina firmó entre 1992 y 2000 58 tratados bilaterales de inversión (TBI) con diferentes países, que establecen todos ellos que en caso de controversias se debe recurrir a este centro.

No es “obligatorio” para todos los países terminar en el Ciadi. Nosotros caemos en ese tribunal porque así lo firmamos en los citados TBI, que nunca fueron derogados por los gobiernos posteriores. La propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, llegó a decir que dichos tratados “eran expoliatorios”, pero aun así los dejó vigentes. Por contraposición, Brasil no está en el Ciadi y Bolivia se negó a aceptar el arbitraje de dicho tribunal a partir del año 2007. Los propios Estados Unidos, a través de la llamada Trade Promotion Act de 2002, establecieron la supremacía de su propia legislación local en todo lo relativo a inversiones extranjeras, negándose de hecho a aceptar al Ciadi como tribunal en el hipotético caso de que fuera denunciado por alguna empresa de otro país. Por citar un ejemplo, hoy Huawei no podría recurrir al Ciadi para solicitar un fallo ante el conflicto desatado por el presidente Trump contra la empresa china.

El Ciadi se nos plantea así como un auténtico chantaje para impedirnos reestatizar las privatizadas, ya que inmediatamente lloverán juicios en nuestra contra. Por eso tenemos que romper inmediatamente con este auténtico tribunal proimperialista, suspendiendo los TBI que nos obligan a terminar en dicha jurisdicción. Y, a la vez, declarar de nulidad absoluta de sus fallos y repudiar el pago de los montos pendientes. Junto con romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, son pasos absolutamente necesarios para recuperar nuestra independencia perdida frente al imperialismo.

¿Qué es el Ciadi?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un tribunal que funciona en el seno del Banco Mundial para resolver controversias presentadas por empresas transnacionales contra estados nacionales. Solo puede actuar si el estado respectivo da el consentimiento explícito a través de un tratado bilateral de inversión (TBI) o un tratado de libre comercio (TLC). Ante cada caso se constituye un “jurado” de tres miembros, cuya decisión es inapelable. Como vemos, los fallos del Ciadi dan menos garantía al “acusado” (por ejemplo, el estado argentino) que nuestra propia justicia local.
Los fallos del Ciadi han sido sistemáticamente a favor de las empresas transnacionales, que siempre acusan a los estados de los países semicoloniales de “violar la seguridad jurídica de sus inversiones”.