La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Glaciares contra una causa iniciada en 2011 por la minera Barrick Gold, que quería que se declare ilegal porque limita la actividad de la empresa. La decisión del tribunal es un triunfo de los pueblos y las organizaciones ambientalistas que vienen resistiendo las explotaciones mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.

Escribe Gabriel Massa

La Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la cordillera y 890 en las islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

La ley que protege los glaciares y las zonas que los rodean (periglaciares) fue votada por el Congreso en 2008. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner la vetó (ver recuadro) a los tres años el Congreso logró ratificarla e inmediatamente, en 2011 Barrick Gold inició la causa en contra de la norma. Según la empresa –que cuenta con el apoyo tanto del kirchnerismo como del gobierno de Macri– la ley, al proteger los glaciares y prohibir la actividad minera que podría afectarlos, está impidiendo inversiones que calculan en 18.000 millones de dólares en 44 proyectos en seis provincias (Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca).

El gobierno de Macri impulsó en 2017 un acuerdo federal minero que establece que las empresas solo deberán pagar 3% de sus ingresos a las provincias en regalías y 1,5% más a Nación por impuestos. De esta forma se pretende autorizar la actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la ley.

Esto que sucede en las “alturas” del gobierno, el Congreso y la Justicia, tiene su contraparte en una batalla que se ha vuelto permanente entre los pueblos que defienden su geografía y su agua, por un lado, y las mineras por el otro que, con apoyo no solo de Macri y el kirchnerismo, sino de los gobernadores involucrados, pretenden imponer su negocio a sangre y fuego.

En toda América latina se han producido más de 120 conflictos entre mineras multinacionales y las poblaciones locales que defienden el ambiente. En nuestro país se dan desde los tiempos de Menem, cuando se impulsaron con una ley de 1993 los primeros proyectos de entrega de las riquezas del suelo, pasando por los Kirchner, estrechamente vinculados a los contratos con las mineras desde sus tiempos en la gobernación de Santa Cruz, hasta la actualidad con Cambiemos.

Una de las luchas con más repercusión fue la del pueblo de Famatina, en La Rioja en 2012 contra la explotación de la mina. Las movilizaciones y bloqueos de rutas contra los camiones de la minera se extendieron a las provincias circundantes.

Otro caso fundamental es el de la mina de oro Pascua Lama, en San Juan, cercana al río Jáchal. Los continuos derrames de agua con cianuro –que la empresa y el gobierno del gobernador peronista Gioja intentaron ocultar–, se convirtieron en un desastre ecológico y un grave peligro para la población de la provincia. La movilización de la población fue duramente reprimida pero logró paralizar la actividad por el momento.

La decisión de la Corte de sostener la vigencia de la Ley de Glaciares es un avance y un triunfo para la lucha contra la explotación de las riquezas del país por las mineras y contra la destrucción del medio ambiente. Para seguir avanzando es necesario unificar esa lucha levantando un programa con medidas de fondo como las que plantea el Frente de Izquierda: nacionalización de los recursos naturales, estatización de su conservación y explotación bajo control de los trabajadores y los pueblos de los territorios involucrados, expropiación sin indemnización de todos los recursos y activos de las mineras que saquean el país y prohibición de la megaminería contaminante.

Ver: http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8998-proyecto-de-ley-de-juan-carlos-giordano-por-la-expropiacion-de-barrick-gold

Cristina vetó la ley

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se le hicieron todo tipo de favores a la Barrick Gold: no solo se vetó la Ley de Glaciares, proponiendo otra que facilitaba la actividad de la minería a cielo abierto, sino que se firmaron decretos secretos que daban exenciones impositivas a la empresa. La propia Cristina se reunió en Canadá con el entonces CEO de la Barrick, Peter Munk, al que trataba cariñosamente como Peter.