Escribe José Castillo

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificó que el juicio que está llevando adelante el fondo buitre Burford contra la Argentina por la estatización del 51% se realizará en el país del Norte. Se perfila así otro final parecido al del juez Griesa: nos van a condenar a pagar 3.500 millones de dólares que, una vez más, saldrá un mayor ajuste sobre nuestro pueblo.

El asunto entero es un escándalo. Todo comenzó cuando en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le planteó a Repsol el ingreso como socio a la compañía del Grupo Eskenazi, amigo de la pareja presidencial. Para hacerlo los Eskenazi debían pagarle a Repsol 1.685 millones de dólares. Pero no pusieron un peso. Se acordó entre Repsol, Eskenazi y el gobierno kirchnerista que Repsol se cobraría con las utilidades de la propia compañía, que año a año no se reinvertirían sino que directamente se repartirían a los accionistas, y así, en este “pasamanos”, Eskenazi le pagaría a Repsol.

El problema es que YPF se seguía descapitalizando. Como no se invertía un solo peso en exploración, cada vez se iban agotando más las reservas de gas y petróleo. Finalmente, ante el evidente planteo de Repsol de retirarse, el gobierno de Cristina en 2012 estatizó el 51% del paquete accionario. Como recordamos más de una vez, rápidamente quedaron en el olvido las bravuconadas de Axel Kicillof: el ministro procedió a pagarle 8.900 millones de dólares (sumando bonos e intereses) en concepto de la estatización.

¿Pero qué pasó con el Grupo Eskenazi? La empresa fue rápidamente a la quiebra, quedando sin pagar unos 2.000 millones de dólares a un grupo de bancos que habían salido de garantes de la operación con Repsol. Ahí es donde aparece el fondo buitre Burford, que compra un juicio de reclamo de Eskenazi contra el propio gobierno argentino y ahora hace una exigencia astronómica, donde suma capital, punitorios, perjuicios por ganancias futuras y así llega a 3.500 millones de dólares. En todo esto terminó la maniobra del doble discurso kirchnerista de una supuesta argentinización de YPF que tenía como objetivo garantizarle un negocio a sus amigos los Eskenazi, de la misma calaña que Cristóbal López o Lázaro Báez.

El gobierno de Macri aprovecha todo este entuerto para confundir y decir que lo que estuvo mal fue la estatización de YPF. Nosotros sostenemos justamente lo opuesto: decimos que no hay que poner un solo peso más, desconocer la jurisdicción norteamericana para estos juicios y estatizar el resto del paquete accionario de YPF. Junto con esto hay que rescindir todas las concesiones a los otros pulpos petroleros privados, nacionales y extranjeros, y reconstruir una YPF 100% estatal que integre todo el negocio, desde la exploración, la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.