Escribe Guido Poletti

Para el presidente electo Alberto Fernández, apostar a Vaca Muerta es una de sus prioridades. No es un secreto: está en la plataforma electoral del Frente de Todos y fue planteado públicamente decenas de veces. Uno de sus principales asesores económicos, Guillermo Nielsen, viajó a la zona y se explayó ante empresarios del sector. Así, se supo que se está estudiando conformar un fideicomiso, algo así como un fondo cerrado a donde vayan las ganancias de Vaca Muerta, con jurisdicción internacional, y a cubierto de que se les cobre impuesto alguno. Esto, junto con otras exenciones impositivas para la importación de maquinarias y la continuidad de la superexplotación laboral, representa el centro del proyecto estratégico de Fernández para el sector. Totalmente por fuera queda cualquier preocupación por el saqueo de estos recursos no renovables y, mucho menos, el desastre ambiental que ya se está causando o los derechos de los pueblos originarios que habitan en el área.

La extracción por medios no convencionales (fracking) fue un proyecto que nació durante el gobierno de Cristina Fernández. En el origen estuvo el escandaloso pacto secreto con la multinacional yanqui Chevron. A posteriori, Macri tomó la posta, y comenzaron a llegar los otros pulpos del sector. Siempre en medio de los máximos privilegios, comenzado con la firma de un convenio colectivo de trabajo ultraflexibilizado. Así, en los últimos cuatro años, macristas y peronistas kirchneristas se la pasaron peleándose acerca de quién fue el verdadero promotor de Vaca Muerta. Por eso no extraña que ahora Alberto Fernández lo plantee como una de sus propuestas estratégicas.

Pero la realidad es que las inversiones en Vaca Muerta se vienen reduciendo en los últimos meses. Como excusa se toma la famosa resolución 566/19, que congeló el barril de petróleo por debajo del internacional. Medida, como sabemos, que fue un parche frente al desastre que estaba causando la devaluación del peso desde abril de 2018. El freno objetivo en la producción fue no sólo de las empresas a cargo de cada pozo, sino también de las de servicios que las acompañan. Así, en total ya se registran más de 1.800 suspensiones y despidos.

Los pulpos del sector chantajean: o se los deja seguir subiendo libremente los precios de los combustibles (no importa si extraídos en forma convencional o por medio del fracking) o no habrá inversiones en Vaca Muerta. Por eso el futuro gobierno del Frente de Todos se cuida muy bien de hablar de congelamiento de naftas o gasoil (ni qué decir de volver los precios anteriores). Es que saben que parte de los privilegios que les deben garantizar a los pulpos depredadores del gas y el petróleo incluye que sigan subiendo el precio de los combustibles al compás de las alzas internacionales (lo que no los limitará para que, en el caso de que el valor internacional del barril descienda, pasen a reclamar ser “compensados” por este hecho).

En síntesis, el planteo del futuro gobierno de Fernández no solo significa continuar con el saqueo y destrucción del ambiente de las multinacionales. También es la “excusa perfecta” para garantizarles a los pulpos del sector la continuidad de sus super-ganancias, incluso con los métodos convencionales. Como lo dijimos infinidad de veces, la salida pasa por la estatización de todo el complejo gasífero-petrolero, que debe pasar a funcionar gestionado por sus propios trabajadores. Y de la prohibición del fracking como método extractivo contaminante utilizado por las multinacionales al servicio de sus superganancias.