Ante la muerte dudosa del fiscal Nisman y su impacto político, las fuerzas del FIT hemos tenido amplias coincidencias pero también algunas diferencias. Esto ha llevado a que, lamentablemente, haya impedido lograr una declaración común
Escribe: Luis Covas
Son importantes las coincidencias que tenemos ante el caso Nisman las fuerzas que integramos el FIT. Ellas nos distinguen claramente del gobierno y de todas las fuerzas políticas de la oposición patronal. Las tres fuerzas (PO, PTS e Izquierda Socialista) hemos denunciado categóricamente el carácter dudoso de la muerte de Nisman; la complicidad del gobierno con la ex SIDE y sus agentes; que todos los servicios son instrumentos represores de este gobierno y los demás que han gobernado; la exigencia de su disolución y que se abran todos los archivos desde la época de la dictadura. Como así también sobre la denuncia del genocida Milani y la exigencia de su separación inmediata, como también la denuncia y anulación del Proyecto X y la derogación de la ley antiterrorista, instrumentos contra el pueblo trabajador.
Es un error diluir la responsabilidad del gobierno en el caso Nisman
¿Dónde están las diferencias con PO y PTS? Una importante es en relación a las causas y la responsabilidad política que tiene el gobierno nacional en esta muerte dudosa o posible crimen. Tanto los compañeros del Partido Obrero como del PTS no denuncian claramente al gobierno como el principal responsable de lo sucedido con Nisman. Para el PO se trata de “Un crimen de Estado, responsabilidad de todo el régimen político” (titula la Declaración del CN del PO, 24 de enero). Para PTS, detrás de la muerte de Nisman habría “la llamada “guerra de los servicios”... por el cambio de rumbo de gobierno respecto a la causa AMIA”, según el dirigente Christian Castillo, (LVO N° 593, enero de 2015).
Desde Izquierda Socialista discrepamos con esta interpretación porque no pone en el centro la responsabilidad directa o indirecta del gobierno en la muerte de Nisman. Justamente el gobierno y la propia presidente vienen tratando de deslindar su responsabilidad y pasársela a otros. A punto que Cristina ha dicho categóricamente que el posible crimen sería parte de un “complot” (opositor) contra su gobierno. Tratando de hacer crecer la teoría de una “guerra de servicios” que buscaría “perjudicar” al gobierno.
Los socialistas estamos contra el estado (basado en la Constitución burguesa de 1853) y contra el régimen parlamentario en vigencia. Luchamos por un gobierno de los trabajadores. Pero los trabajadores y la juventud enfrentan diariamente al gobierno patronal de turno. Y esto no se puede diluir, menos en un caso tan delicado como la muerte de un fiscal. La dudosa muerte de Nisman no fue por una “guerra de servicios”, aunque hayan intervenido. Ni fue, solamente, por una pelea por cuotas de poder del régimen político. Sino que se produce porque un fiscal apuntaba a denunciar a la presidente y esto no lo podía aceptar el kirchnerismo. El marco de este posible crimen es la política del gobierno de acusar a todo opositor patronal o de izquierda de complotar para “desestabilizar” al gobierno y a la “democracia”. Por eso el gobierno y sus ministros vienen ya hace tiempo acusando de “saboteadores” a jueces, periodistas y a luchadores sindicales como el “Pollo” Sobrero y a los ferroviarios del Sarmiento o a los trabajadores de Lear.
O sea, estamos ante una escalada autoritaria y muy peligrosa del gobierno K. Al punto que la gente común dice “Si esto le pasó a un fiscal que nos espera a nosotros”. El olfato popular apunta a que la muerte de Nisman pudo originarse en las esferas del gobierno o de un sector del mismo. Esto no puede ser ignorado por la izquierda, ya que no podemos aceptar que esta metodología criminal llegue a los que luchan y denuncian al gobierno. Por eso es un grave error diluir la responsabilidad del gobierno o de sectores del mismo en “todo el régimen” o en una “guerra de servicios”.
La salida no pasa por una “sesión abierta del Congreso”
El PO al centrar tanto en la “responsabilidad del régimen” cae en el error de proponer, como gran salida, una “movilización política” para reclamar “una sesión abierta del Congreso, sin límite de tiempo, televisada en directo, para interpelar al gobierno y a partir de ahí a todos los funcionarios... implicados... opositores u oficialistas”. Postura que han manifestado tanto Altamira como Pitrola en los grandes medios.
No vemos que se abran expectativas ante las masas en “soluciones” dentro del régimen político parlamentario y menos en un debate bicameral, ya que sabemos de su intrascendencia. Tampoco cambia el hecho de que el FIT tenga diputados y pueda dar su opinión. Al contrario. Estar en el parlamento es precisamente para tener una voz de la izquierda y los trabajadores para llamar a movilizar por salidas de fondo, en este caso para terminar con el aparato represivo y contra el gobierno K y su política antiobrera y antipopular.
Mientras seguimos nuestra lucha estratégica por un cambio de fondo y por un gobierno de los trabajadores, la postura de la izquierda debe pasar por denunciar la responsabilidad del gobierno en lo sucedido y mostrar que es parte de su política de criminalización de la protesta. En el contexto de seguir mostrando que los Macri, Carrió, Massa, Cobos o Binner no son alternativa ni solución de nada. Llamando a movilizar contra el gobierno, su impunidad, su aparato represivo, sus servicios de inteligencia, fuera Milani, contra el Proyecto X y por el desprocesamiento de los luchadores.
