Escribe: Sebastián Sancevich Integrante APDH Rosario y candidato a diputado Nacional Santa Fe
Gerardo “Pichon” Escobar, empleado municipal de 23 años, desapareció la madrugada del 14 de agosto tras salir del boliche La Tienda, apareciendo muerto en el río Paraná una semana después. Están con prisión preventiva tres patovicas y dos policías provinciales. El juez, con el apoyo del fiscal, rechazó que el caso fuera investigado como desaparición forzada de persona en los tribunales federales, beneficiando a patovicas y policías, con la posibilidad de tener penas menores. Se siente el ajuste y con ello aumenta la represión y el gatillo fácil.
En Santa Fe, según el Ministerio Público de la Defensa, en 2014, 15 jóvenes fueron asesinados por la “nueva” policía de Bonfatti en el departamento Rosario. En su mayoría, los gatilleros no fueron siquiera imputados por los fiscales. Lo mismo ocurrió en los 10 casos registrados en 2015.
Una estadística triste y trágica que atraviesa la realidad de nuestras barriadas populares muestra que todos los asesinados tenían entre 16 y 25 años. Todos vivían en barrios periféricos. Todos fueron acusados de ser ladrones. La criminalización de la pobreza también encuentra apoyo en un Poder Judicial que hace la vista gorda a la hora de investigar. Por otro lado, sabemos el rol que cumplen los medios de comunicación masiva: confundir e impartir lo que la policía quiere que se escuche.
Las políticas de mano dura contra la juventud y los sectores populares son también propiedad del Frente Progresista, que las utiliza como mecanismo de control social, como sucede en Córdoba o en la provincia de Buenos Aires. Y en épocas de crisis económica y social esta política recrudece. Y una de sus nefastas consecuencias es el accionar policial fusilando metódicamente adolescentes, en especial de los barrios humildes.
El gatillo fácil tiene por objetivo disciplinar a la clase trabajadora, de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación a las políticas de los gobiernos de turno, y los jóvenes son su blanco favorito, que con su mayor potencial de rebeldía, primero deben ser disciplinados.
Incluso se acaba de conocer que el gobierno del socialista Bonfatti trajo a la provincia un experto israelí en “seguridad” para capacitar a la Policía Comunitaria. Se trata de Elías Soae Freue, quien durante 30 años trabajó como policía en Israel. Su propuesta en meter a la policía en las escuelas para “colaborar” en la educación de los niños, siendo parte de un gobierno que asesinó a centenares de niños en la Franja de Gaza y lo sigue haciendo en toda la Palestina ocupada. Sabiendo que la policía mata a un pibe cada 28 horas y que mucho del delito se organiza desde las comisarías, nos cabe una profunda pregunta ¿cómo puede una policía asesina y corrupta entrenada por un mercenario traernos seguridad?
En síntesis: no hay purga que pare el gatillo fácil, que no se puede atribuir a “desbordes individuales”. Es necesario desmantelar el aparato represivo, imponiendo el control popular sobre la policía, con la elección de los comisarios en cada barrio, y su revocabilidad inmediata cuando los propios vecinos lo decidan. Lo mismo con la Justicia, eligiendo democráticamente a los jueces y estableciendo el Juicio por Jurados en todos los delitos.
