La denominada “ley antidespidos” propuesta por peronistas y renovadores cada vez “se achica más”. En realidad nunca pasó de una doble indemnización. Aun así es resistida por el macrismo. Los trabajadores necesitan otra cosa.
Escribe: José Castillo
Todo empezó con un proyecto de ley presentado por Facundo Moyano del Frente Renovador con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria. Se la promocionó como una ley “que prohibía las suspensiones y despidos”. En realidad no era así: prohibía los “despidos injustificados”. Las empresas debían presentar un procedimiento “de crisis” para echar trabajadores, tras lo cual, si el Ministerio de Trabajo las habilitaba, quedaban autorizadas a despedir pagando una doble indemnización. Además, sólo contemplaba al empleo en blanco, no dando ninguna señal para el sector más desprotegido de la clase trabajadora y que más sufre las cesantías: el 40% que está en negro.
El presidente Macri y el conjunto de la patronal pusieron el grito en el cielo: querían “vía libre” para seguir echando sin ninguna limitación. Por eso se lanzaron a cuanta maniobra fuera posible para evitar tener que pagar un centavo de más. Macri les garantizó a los empresarios que, si la ley era aprobada, él la vetaría. Pero el objetivo de los Moyano-Massa y el kirchnerismo tampoco era detener la ola de despidos. Sólo querían dar “una señal” de que ellos son opositores. A la vez, reflejaba la presión de las bases a la burocracia sindical, apretada por la bronca de que “no hacían nada”. El proyecto recibió su primer guadañazo en el Senado: aprobaron una versión que de movida sólo limita el alcance de la ley a 180 días a partir de su promulgación cuando el proyecto original de Facundo Moyano era retroactivo a marzo y duraba hasta fin de 2017. Es decir que la ley no contemplará en absoluto a los 150 mil trabajadores ya despedidos. Luego, a pedido del diputado renovador (y dirigente empresario) José De Mendiguren, se metieron todos en el debate de “excluir a las pymes” de la ley.
El macrismo, mientras tanto, juega a varias puntas. Atrasa todo lo que puede el tratamiento pero a la vez se mete a negociar pequeñas modificaciones cosméticas, proponiendo un capítulo especial para pymes y otro para “primer empleo”. Lo que en realidad es sólo exención de pago de contribuciones patronales, cuando esto ya fracasó en los 90, porque no impidió millones de despidos, pero sí desfinanció las cajas jubilatorias en 47.000 millones de dólares. El plan de Macri es claro: “agregar” todo esto y de última aceptar que se apruebe un proyecto inofensivo, donde sólo tendrá que vetar el artículo que obliga a pagar doble indemnización.
De un proyecto original que no prohibía nada y sólo planteaba pagar doble indemnización a los despedidos entre marzo de 2016 y diciembre de 2017 se pasa a un segundo que sólo las pagará durante los 6 meses posteriores a la promulgación de la ley. Luego, a un tercer proyecto que excluye a las pymes (o sea que el 70% de los trabajadores -ese es el número de los que trabajan en las “pequeñas y medianas empresas”- ni siquiera cobraría doble indemnización). Ahora estamos ante la posibilidad de un “cuarto proyecto” donde lo único que quedaría son beneficios para las patronales, ya que Macri vetaría el artículo de la doble indemnización.
No sabemos cómo va a terminar esta comedia parlamentaria. Sí podemos afirmar algo: todo es un gran verso para teatralizar que “se hace algo” frente a la ola de despidos. La única salida, tal como la establece el programa del Frente de Izquierda, es la prohibición total de las prohibiciones y despidos, la estatización inmediata de toda empresa que viole esta disposición para ponerla en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores, la rebaja de la jornada laboral sin afectar el salario para incrementar los puestos de trabajo y la puesta en marcha de un gran plan de obras públicas para generar trabajo genuino, financiada por el no pago de la deuda externa.
Lamentable posición de Myriam Bregman
PTS quiere votar con kirchneristas y renovadores
Bajo el argumento de “derrotar las maniobras de Cambiemos para frenar la ley anti-despidos”, PTS plantea votar junto al kirchnerismo dicha normativa en el parlamento. La diputada Myriam Bregman al respecto señaló: “aunque tenemos un proyecto más abarcador consideramos que es urgente que se trate el proyecto del Senado”. Le lavan así la cara a un proyecto mentiroso que no es simplemente “menos integral” que el del programa del Frente de Izquierda, sino una mera cortina de humo.
No es la primera vez que PTS, aduciendo que se trata de algo “urgente para frenar a la derecha”, hace lo mismo. Ya lo hizo durante el debate sobre el pago de la deuda a los buitres donde votaron una moción con el FpV para solicitar un pedido de llamado a plebiscito que fue una pantalla que usó en esa ocasión el kirchnerismo para tratar de encubrir su verdadero planteo, el de pagarle a los buitres.
Llamamos fraternalmente a los compañeros de PTS a retractarse, cambiar de posición y respetar el programa del Frente de Izquierda por el que fueron votados.
J.C.
