En el día de ayer, en el marco de la masiva jornada nacional contra el acuerdo Gobierno-FMI, se produjeron varios ataques, coordinados, que violentaron a las organizaciones participantes de la movilización realizada en la ciudad de Córdoba.

Personas encapuchadas irrumpieron en distintos puntos, exhibiendo armas de fuego y armas blancas. Hubo disparos al aire y un menor de 15 años apuñalado que se encuentra internado en grave estado.

Se trata de un salto de calidad en una provincia donde se intenta militarizar y reprimir las movilizaciones, así como se promueve criminalizar la protesta social en todo el país.

Este accionar de bandas armadas coordinadas en distintos puntos de la movilización, no podría haber sucedido sin el accionar de la policía de Schiaretti, que dejó correr las agresiones, sugiriendo una zona liberada.

Desde el FITU, exigimos una urgente investigación para llegar al fondo de la verdad y castigar a los responsables políticos y materiales. Hacemos responsable tanto al gobierno provincial como al nacional por la integridad de nuestros compañeros y reclamamos las mayores garantías y el respecto al derecho a la protesta callejera y demás libertades democráticas.

Llamamos también a todos los sectores que se reclaman democráticos a repudiar este ataque, en unidad, exigiendo verdad y justicia sobre estos gravísimos hechos.

Conferencia de prensa en el obelisco mañana 10:30 hs

Frente de Izquierda Unidad
(PTS, PO, Izquierda Socialista, MST)

En la inauguración de sesiones de la legislatura de Córdoba, nuestra legisladora y docente Noelia Agüero (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) exhibió un cartel con las consignas: “No al acuerdo con el FMI - No a los pagos de la deuda externa”. Noelia denunció al gobernador peronista no K, Juan Schiaretti, por defender una política que “garantiza mayores ganancias a los grandes grupos empresarios para quienes pidió eliminarles las retenciones”.  Y señaló que “no dijo una palabra del reciente acuerdo mafioso con el FMI”, mostrando un silencio cómplice. Y que el gobernador mantiene en el “presupuesto anual el robo a los jubilados que continúan sin el 82% móvil, la toma escandalosa de deuda para obras faraónicas mientras, miles de ciudadanos padecen la falta de agua y los centros de salud carecen del personal en medio de la tercera ola del Covid”. En Córdoba se volvió a aumentar el boleto de transporte urbano y los impuestos que tanto Schiaretti como Llaryora hicieron aprobar en la Legislatura y Concejo Deliberante, respectivamente.

Este 8 de febrero también se ganaron las calles en esa provincia, en contra del acuerdo con el FMI y el pago de la deuda. “Porque Córdoba no es una isla”, sentenció Agüero, presentando a su vez un proyecto de declaración en la legislatura rechazándolo de plano.

Nos movilizamos el Jueves 27 del Obelisco al Ministerio de Economía a las 10hs

En los próximos días están previstos vencimientos con el FMI que rondan los 1.100 millones de dólares. Es parte del pago del préstamo tomado por Macri por 44.000 millones de dólares, usado en gran medida para financiar fuga de capitales, y que incrementó la deuda tomada por los gobiernos previos.

El gobierno, que desde su asunción ha pagado puntualmente al Fondo y otros acreedores internacionales unos 6.000 millones de dólares mientras aplicó un fuerte ajuste en medio de la pandemia, está negociando contra reloj para llegar a un nuevo acuerdo que le permita sobrellevar esos vencimientos. Dicho acuerdo, según confesó el propio presidente y su ministro de Economía, implicaría un ajuste aún más fuerte que el que se aplicó hasta el momento y el tutelaje colonial del FMI sobre la economía nacional.

Ante esta situación el Frente de Izquierda Unidad plantea con claridad: rechazamos tanto el pago de los vencimientos próximos como todo acuerdo con el FMI que, más allá de cualquier disfraz o disimulo, traerá aparejado más ajuste y un alineamiento político y económico con el imperialismo y el gran capital internacional.

El sometimiento al FMI y el ajuste aplicado ha agravado la crisis en todos los planos. Ahora incluso un sector del gobierno hace correr la versión de que Argentina podría no pagar el próximo vencimiento. Pero esto a lo sumo implicaría una forma de presionar para acelerar el acuerdo con el Fondo, no un planteo para terminar con las ataduras a las que el país está sometido.

Si el gobierno decidiera postergar los pagos lo haría bajo el objetivo de arribar a un pacto con el Fondo lo más rápido posible. Fue lo que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el 2020 con la deuda privada, cuando la postergación unilateral de los pagos fue el preludio de un acuerdo que le entregó a los bonistas un monto adicional de casi 20.000 millones de dólares.

El Frente de Izquierda Unidad denuncia que ninguna fracción del gobierno es partidaria de una ruptura con el FMI y el repudio a la deuda. Sus peleas fraccionales se limitan a formas de ese acuerdo, mientras todos avalan el ajuste en marcha.

Los 1.100 millones de dólares que vencen en los próximos días son solo una parte del saqueo económico y financiero del país. Ya que, como si eso fuera poco y en un contexto de exiguas reservas en el Banco Central, a este dineral hay que sumarle los 692 millones de dólares que el gobierno ya pagó en los primeros días de mes. Además de los 130 millones de dólares que piensan pagar con U$S 68 millones al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), más U$S 17 millones al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), más U$S 45 millones por otras deudas. Así, solo en enero, se evaporan 1.553 millones de dólares que son cruciales para las necesidades sociales, para la salud, el trabajo, los salarios y jubilaciones.

En febrero además, a lo que va para el FMI, hay que sumarle otros US$ 50 millones más para el BID, U$S 4 millones más al BIRF, U$S 195 millones para el Club de París y otros U$S 107 millones para “otros pagos”. Eso totaliza, entre enero y febrero, pagos en dólares por 2.281 millones, los que en pesos equivalen a más de $ 250.000 millones.

Para tener idea de la plata que eso implica, sobraría para multiplicar por cinco las viviendas que el gobierno anuncia construir en la provincia de Buenos Aires, la mayor del país. Con eso se podrían construir 50.000 viviendas populares y generar 250.000 puestos genuinos de trabajo. Así de sencillo: es la deuda o el trabajo, los ingresos y la vida del pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda Unidad seguimos optando por lo segundo.

Con un Banco Central quebrado y sin reservas para hacer frente a los vencimientos próximos, el pago de la deuda está en la base del saqueo financiero y económico que destruye la moneda y acelera la inflación que opera como un recurso de ajuste para los trabajadores, los jubilados y el gasto social del Estado.

De esta manera y más allá de los discursos, de la supuesta “firmeza” y “valentía” de Fernández y su ministro Guzmán ante el Fondo Monetario, lo cierto es que en este primer trimestre los vencimientos a pagar alcanzan un total de U$S 4.838 millones. Los que se suman a los más de 6.000 millones de dólares de deuda que el gobierno pagó entre 2020 y 2021. Lo reconoció Cristina en su carta, diciendo que este gobierno pagó más de la deuda de Macri que lo que pusieron para combatir la pandemia. Y se paga con ajuste, antes, ahora y hacia adelante. Desde que asumieron vienen haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad llevándolas a la indigencia,  en los salarios, con sueldos y jubilaciones que “cayeron un 6 por ciento en términos reales en 2021” por la inflación. Y se anuncian nuevos tarifazos con una inflación de más del 50% que es un robo a todos los ingresos populares.

Por otra parte, como ya denunciáramos, la profundización de la histórica caída de los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por la burocracia de UPCN y ATE al igual que de la CGT y la CTA. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical.

Se paga además recortando fuertemente las partidas sociales, al pasar del 6,8% al 4,8% en Salud del total del presupuesto entre el 2021 y el 2022. Con Educación al bajar del 6,7% en 2021 al 6,1% este año, Promoción y Asistencia Social del 5% al 4,7% o Trabajo que pasó del 1,2% en 2021 al 0,8% proyectado para este año, mientras que para Mujer, Género y Diversidad apenas destinan un mísero 0,08% del Presupuesto total (Fuente: Min. Economía, Presupuesto 2022, pág. 138).

A pesar de esto, mientras más pagamos, más debemos. Y así lo reconoció la Secretaría de Finanzas al difundir que la deuda pública bruta total del Estado nacional ascendió, a diciembre del año pasado a U$S 363.362 millones. Por eso lo que la Argentina debería pagar solo al FMI es inadmisible desde todo punto de vista: entre capital e intereses 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. El acuerdo contemplaría nuevos fondos del FMI para cubrir estos vencimientos a partir de revisiones trimestrales de sus enviados, los que tienen que dar el acuerdo para que se liberen los desembolsos.

Además, entran en vigencia nuevos pagos de la deuda con los bonistas privados renegociada por este gobierno. El crecimiento de la deuda a niveles que superan ya el PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y que siguió con un aumento exponencial que abarcó a todos los gobiernos, sin excepción.

Desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, hasta Milei y Espert, con el aval de los grandes empresarios, las multinacionales y la burocracia sindical, bregan por un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que implicará más ajuste, miseria, dependencia y atraso para el país durante las próximas décadas. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras, el agronegocio y las automotrices.

Como sostuvimos en la crisis abierta en setiembre y en el programa constitutivo del FIT Unidad, decimos claramente que no hay que pagar la deuda externa y desconocer el acuerdo Macri-FMI, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educación. Ni un dólar más al FMI, los bonistas y fondos buitres. Desde el FIT Unidad llamamos al pueblo trabajador y sus organizaciones a rechazar estos pagos previste en enero, febrero, marzo y todo el año. La única deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares.

Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.

Llamamos a continuar la movilización después de la extraordinaria jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI del 11 de diciembre que colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente.

Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida obrera y popular y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes. Sobre la base de estas consideraciones, el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, participará el jueves de la movilización en repudio al pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
Buenos Aires, 26 de enero de 2022

La diputada Graciela Calderón, de Izquierda Socialista, junto a la bancada del FIT Unidad presentaron un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para la reestatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Los cortes de luz que venimos padeciendo demuestran que el sistema eléctrico nacional no puede estar en manos de empresarios vaciadores que reciben millones de dólares en subsidios mientras exigen tarifazos como sucede con Edenor, Edesur y Edelap, entre otras.
El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, un servicio público básico que no puede ser tratado como una mercancía. Sin ese acceso los trabajadores y sectores populares no tendrán vivienda digna, sana alimentación, salud ni educación.

Por todo esto nuestra propuesta es la creación de un sistema eléctrico único, estatal y controlado por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Lejos está nuestra propuesta de lo que fue el modelo Segba, al servicio de los negociados de los políticos patronales y la burocracia sindical peronista.

A continuación los principales aspectos del proyecto de Ley:
• Declarar la emergencia en la generación, transporte y distribución eléctrica.
• Compra inmediata de materiales y generadores eléctricos e ingreso a planta permanente de personal idóneo para la reconexión de usuarios sin servicio.
• Resarcimiento económico para los damnificados de cumplimiento inmediato.
• Declarar de nulidad absoluta los contratos de concesión sin indemnización alguna.
• Crear la “Empresa Eléctrica del Estado”, que operará bajo control, gestión y administración de los trabajadores y organizaciones de usuarios electos democráticamente.
• La incorporación con plenos derechos a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras que revistan en empresas tercerizadas.
• Crear una comisión investigadora compuesta por trabajadores elegidos democráticamente y revocables para supervisar el traspaso del sistema eléctrico actual a la Empresa Eléctrica del Estado, y con plenos poderes para investigar y denunciar todos los ilícitos de los responsables y cómplices del saqueo privatizador.
 
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