Es parte de nuestro día a día  la lucha en las calles y la exigencia a la justicia para que se  condene a quienes violentan y arrebatan la vida de mujeres e identidades disidentes, mientras la justicia nuevamente demuestra su carácter machista, patriarcal, de menosprecio hacia las víctimas, y  que sólo actúa cuando existe la presión del movimiento feminista. Rechazamos  las libertades condicionales a violentos, femicidas, abusadores  y violadores.

Sobre finales de abril como respuesta a distintos reclamos en unidades penitenciarias en grave situación sanitaria y de superpoblación, el gobierno “sugirió” que se otorguen prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles. Denunciamos este doble discurso, ya que producto del desfinanciamiento de décadas por parte de distintos gobiernos hoy el 60% de la población carcelaria se encuentra sin sentencia firme, una población compuesta en el 90%  por detenidos por atentar contra la propiedad privada o narcomenudeo, donde  también se encuentran mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos de la sociedad, en algunos casos con sus hijes.

Pero también existen otros detenidos como violadores, femicidas, genocidas y poderosos corruptos de guantes blancos; estos últimos gozando de privilegios y aprovechando cuanta oportunidad tienen para ser beneficiados, con el aval y complicidad de jueces, como lo demuestra el reciente caso del partero de la ESMA, Carlos Capdevila o el represor Lucio Nast en la provincia de Santa Fe.

Rechazamos que intenten dar  marcha atrás con las conquistas de nuestras luchas utilizando la pandemia como excusa. 

Hay decenas de casos donde distintos Juzgados del país le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a violentos, femicidas y violadores, y otra decena que “están estudiando”, como el Juzgado N°2 de Morón, desde donde se intenta liberar a Gabriel Ireneo Lopez Rodriguez condenado a 18 años por abuso de menores. Por eso decimos con claridad: ¡Ni estudio de los casos, ni prisión domiciliaria para estos sectores! Quienes en las calles conseguimos sus condenas repudiamos que reciban prisión domiciliaria.

Es responsabilidad de los gobiernos y la justicia proveer al sistema penitenciario de los insumos de higiene y bioseguridad necesarios,  la aplicación de los protocolos que rigen y dar una solución a esta problemática; pero en ningún caso los jueces deben permitir que los femicidas, violentos, abusadores y violadores gocen del beneficio de la prisión domiciliaria; con ésto sólo facilitan la reincidencia y ponen en peligro la vida de las mujeres e identidades disidentes.

Plata hay. Por eso exigimos al gobierno que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género con presupuesto ya, en base a un impuesto a las grandes fortunas, multinacionales y empresarios, y el NO pago de la deuda externa. Para que la crisis que desató y agudizó la pandemia la paguen los capitalistas, y NO las mujeres e identidades disidentes.

El 3 de junio de 2015 marcó un hito en la historia del movimiento de mujeres de nuestro país. Aquel miércoles, frente al Congreso Nacional, fuimos centenares de miles de personas, la mayoría mujeres, quienes nos manifestamos con un simple pedido: paren de matarnos. Así surgió el grito común #NiUnaMenos que recorrió el mundo entero y puso en el centro de la escena la lucha contra la violencia de género. Desde entonces hemos logrado que, por ejemplo, lo que antes llamaban “crímenes pasionales” ahora se conozcan como femicidios. Aunque, aún hoy, nos genera asombro que en los medios no se habló de femicidio en el caso del odontólogo Barreda, que mató a cuatro mujeres, y hasta hacían chistes de mal gusto sobre que la víctima era el asesino.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

Pasaron cinco años desde aquella movilización, que quedará marcada en nuestra memoria para siempre. El detonante fue el femicidio de Chiara Pérez, una adolescente de la localidad de Rufino asesinada por su novio, quien la enterró en el patio trasero de la casa de su abuelo. Conmovida, la periodista Marcela Ojeda escribió el 11 de mayo en su cuenta de Twitter: “¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”. La retuiteó Florencia Etcheves y, con una decena de mujeres periodistas, organizaron la convocatoria frente al Congreso para el 3J. En el documento, que fue leído por Maitena, Érica Rivas y Juan Minujín, se sintetizaron los principales reclamos, entre los que se encontraba la exigencia de un presupuesto acorde para la ley 26.485, de erradicación de la violencia hacia las mujeres, que había sido sancionada en 2009. 

El registro de femicidios en 2015 era de uno cada treinta horas. Lamentablemente, las cifras al 2020 no son nada alentadoras. Según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, hasta el 30 de abril se registraron 117 femicidios, uno cada veintiséis horas. Cinco años después, nuestras demandas siguen siendo las mismas porque del presupuesto nacional se destinan solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, una miseria. Presupuesto que viene de la era Macri y que mantiene Alberto Fernández que, aunque haya creado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, nunca lo aumentó. 

Por eso, desde Isadora, junto con otras organizaciones de mujeres y feministas, estamos convocando a que el próximo miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, salgamos a las calles (con todos los cuidados necesarios) para gritar nuevamente que paren de matarnos porque la violencia de género y los femicidios no entraron en cuarentena, sino que, al contrario, aumentaron con el encierro.

Presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda

Mientras el gobierno de Alberto Fernández renegocia la deuda externa y paga de contado a los bonistas 320 millones de dólares en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta confirmó que hubo un aumento de 40% de las denuncias por violencia de género y que todos los delitos bajaron, menos los femicidios, durante la cuarentena. Un informe estadístico del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro señaló que entre el 20 de marzo y el 14 de mayo de este año se habían contabilizado 49 casos de femicidios. Frente a esta realidad no hubo, por ejemplo, un aumento de 40% del presupuesto para la línea 144, que atiende esas denuncias. Ni tampoco hubo una política de evitarlos separando, por ejemplo, al agresor, ya que en la mayoría de los casos las víctimas habían hecho denuncias previas. 

Contar con el presupuesto acorde para atender a esta problemática es fundamental, no solo para construir más refugios y acondicionar los que ya existen, sino también para garantizar una política integral de atención a las víctimas. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico con perspectiva de género y el patrocinio legal gratuito, una vivienda para las víctimas que la necesiten y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica. Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El gobierno nacional debe declarar la emergencia en violencia de género con un presupuesto que la respalde. Ese dinero debe salir de un impuesto especial a las grandes fortunas, de la quita de subsidios a la Iglesia Católica y el no pago de la deuda externa. Por estos reclamos te invitamos a que participes de las diferentes acciones que haremos con Isadora el próximo 3J para que se cumpla el #NiUnaMenos.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la pandemia se complica aún más el problema de las mujeres que están obligadas a abortar en la clandestinidad. Un reciente informe de la ONU, titulado “Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus”, alerta sobre esta problemática a nivel mundial, en la que por falta de acceso a métodos anticonceptivos habrá unos siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses. En la misma investigación (con una proyección de seis meses de confinamiento) analizan que serán unas 47 millones de mujeres quienes no accederán a los anticonceptivos y, a la vez, por el aumento de la violencia de género, habrá unos 31 millones de abusos adicionales. Es urgente que se tomen medidas al respecto para así evitar esta otra cara de la pandemia.

La lucha por acceder a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual y por el derecho al aborto es una pelea constante que desde el feminismo venimos dando contra los gobiernos y las iglesias. Es más, algunos gobernantes se aprovechan de la pandemia para intentar avanzar en la restricción de lo ya conquistado, como sucedió en Polonia hace unas semanas. Allí, por iniciativa de legisladores ultraconservadores en el Parlamento, intentan restringir el aborto y penalizar a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que las polacas están en estado de alerta y no van a permitir semejante atropello. 

Recordemos que en nuestro país el aborto voluntario sigue siendo ilegal y los abortos por las causales que existen desde 1921 son de difícil cumplimiento por las trabas de las iglesias y demás sectores antiderechos. En este contexto, las personas con posibilidad de gestar que no quieren continuar con un embarazo durante la cuarentena tienen mayores dificultades para acceder a un aborto. 

Quince años de lucha por el aborto legal

El 28 de mayo es una fecha clave en el calendario feminista porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, hace quince años, se lanzaba en nuestro país la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dos años después, en 2007, se presentaba en el Congreso el primer proyecto de ley para legalizar el aborto voluntario, que fue cajoneado sistemáticamente hasta 2018, cuando se logró que se abriera el debate. Sin embargo, fueron legisladorxs del PJ, la UCR, kirchneristas y de Cambiemos quienes en alianza con las iglesias votaron en contra, negando un derecho elemental para decidir sobre nuestro futuro.

Como no bajamos los brazos y seguimos dando la pelea, el año pasado, por octava vez, volvimos a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por la Campaña. Este es nuestro proyecto, el que fue discutido con las organizaciones feministas y que recupera el debate parlamentario de 2018, el de la #MareaVerde que conquistó las calles y ganó la despenalización social. Este proyecto tiene actualmente estado parlamentario y cuenta con las firmas de legisladorxs de todos los bloques políticos. Sin embargo, Alberto Fernández decidió impulsar otro proyecto –no el de la Campaña– que lo viene anunciando desde el 1° de marzo, pero al día de hoy seguimos sin conocer su redacción. Desde Isadora e Izquierda Socialista insistimos en que el aborto debe ser ley y para eso debe aprobarse inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.   

Escribe Paola Mariani

Un grupo de referentes feministas publicó una solicitada avalando la propuesta de renegociación de la deuda externa presentada por el gobierno de Fernández, calificándola como “razonable y realista”, argumentando que “la propuesta elevada por el gabinete económico es adecuada para iniciar un camino de crecimiento y de disminución de las desigualdades presentes en nuestra sociedad”.

Ante estas afirmaciones realizadas en nombre del feminismo, al igual que otras organizaciones, desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT Unidad planteamos un enérgico repudio y las rechazamos. Porque la renegociación es una estafa y porque no existe posibilidad de crecimiento y disminución de las desigualdades si la plata que necesitamos para solucionar las más urgentes necesidades se sigue destinando a la fraudulenta deuda externa.

El feminismo grita fuerte ¡la deuda es con nosotras!

El 8M pasado, desde el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, sostuvimos como consigna principal de nuestras convocatorias masivas en las principales ciudades del país “La deuda es con nosotres, ni con el FMI ni con las iglesias”, demostrando en las calles que estamos dispuestas a pelear contra todas las instituciones que pretenden arrebatarnos nuestros derechos. Cuando las firmantes de la solicitada apoyan al gobierno que decide renegociar la deuda, entre otras cosas están avalando el miserable presupuesto de 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género (que viene de la era Macri) y el pago de la semana pasada de 320 millones de dólares al FMI en el medio de la emergencia sanitaria.

Las desigualdades de género se profundizan en situaciones de crisis como la que vivimos. Por eso exigimos ya mismo a los gobiernos medidas concretas, con presupuesto sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Solo así se podría destinar plata para crear refugios para las víctimas de violencia machista, un ingreso de emergencia igual a la canasta familiar para todas las mujeres, trans y travestis que lo necesiten y presupuesto para las trabajadoras de diversos organismos que atienden casos de violencia de género, entre otras necesidades urgentes. Llamamos a las compañeras con las que compartimos las calles luchando por nuestros derechos a seguir organizándonos en forma independiente de todos los gobiernos.

Con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica capitalista crece la cantidad de personas pobres en el mundo, dentro de las cuales las mujeres somos mayoría, produciendo un crecimiento de las desigualdades de género. El capitalismo muestra su cara patriarcal: la feminización de la pobreza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

Más que nunca, hoy con la crisis las mujeres trabajadoras y de los sectores populares estamos siendo afectadas, engrosando las filas de personas desocupadas y arrojando a la miseria creciente a millones de mujeres, niñas, niños y disidencias. La pandemia actual no solo muestra el crecimiento de la violencia de género, sino que una vez más desenmascara la combinación de opresión patriarcal y explotación capitalista sobre nuestro género.

La pobreza no se mide solo en la escasez de ingresos sino que se puede observar desde varias dimensiones, por eso ahora se habla de pobreza multidimensional. La misma refiere a la falta de educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otras carencias que afectan al nivel de vida en general. ¿Pero por qué hablamos de feminización de la pobreza? Si miramos los ingresos, en el mundo las mujeres ganamos un 23% menos que los varones, de acuerdo a la brecha salarial. En el mercado laboral la discriminación hace que las mujeres accedamos a los puestos más precarizados y peor pagos. A su vez, somos las primeras despedidas en épocas de crisis y aportamos el mayor número de desocupadas.  

En cuanto al acceso a la educación, también corremos por detrás de los varones. En todo el mundo, el 80% de las mujeres adultas sabe leer y escribir (entre los varones el 90%), pero cuando se mira a los países menos desarrollados, sólo el 51% de las mujeres está alfabetizada, según datos que publicó la ONU en 2015. El informe relata que las causas del abandono escolar son varias: los matrimonios a temprana edad, el trabajo doméstico y el embarazo adolescente, entre otras. 

La discriminación condicionada por factores socioculturales también interfiere en el acceso a la salud de mujeres, niñes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, por ejemplo, las mujeres y niñes son más vulnerables al VIH/SIDA. Por supuesto, hay situaciones que son exclusivas de las mujeres y personas con posibilidad de gestar y son quienes experimentan sus repercusiones negativas (como el embarazo y el parto). Se estima que cada año mueren 2,8 millones de embarazadas y recién nacidos, es decir, uno cada once segundos, la mayoría por causas prevenibles.

El conocimiento de las estadísticas feminizadas y que se visibilice nuestra situación se da gracias a las luchas feministas en el mundo. Desde Isadora denunciamos la hipocresía con la que los gobiernos capitalistas hablan sobre las desigualdades de género, cuando son sus políticas de ajuste responsables de que se profundice este fenómeno.

La igualdad en la pobreza y en la explotación no es nuestro horizonte

En el mundo las 2.153 personas más ricas poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial, según el informe anual de Oxfam. El estudio también dice que la desigualdad social es sexista y, por ejemplo, los veintidós hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que toda la población femenina de África. 

El sistema capitalista patriarcal obliga a que cada noche unas 821 millones de personas se vayan a dormir con hambre (la mayoría, mujeres y niñas) y que por el crecimiento de la pobreza y el hambre podrían morir 300.000 personas por día. Esta desigualdad social va en aumento y, en pleno siglo XXI, con una pandemia en curso, hay 2.100 millones de personas que no acceden al agua potable. Estas cifras por sí solas  demuestran que este sistema no es viable porque ya no tiene nada que ofrecernos, solo miseria, explotación y opresión para las mayorías, quienes somos parte de la clase trabajadora y de los sectores populares. 

Desde Isadora luchamos contra todos los gobiernos porque con sus políticas favorecen siempre al mismo puñado de ricos multimillonarios y al sistema capitalista patriarcal. Y desde nuestro feminismo, que es socialista, peleamos para transformar la sociedad y organizarla sobre la base de las necesidades de toda la humanidad, es decir, luchamos por el socialismo mundial. Es la hora de organizarnos para transformarlo todo y que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.