Cami era una persona increíble, una de lxs mejores entre nosotrxs y eso que acá hay una calidad humana hermosa que se vio reflejada en la manera en que nos acompañamos y acompañamos a su familia en este trance tan doloroso. En estos días, de la manera más triste, la conocí mucho más, y conocí a muchas de las personas que la querían. Me hubiese gustado conocerla desde la perspectiva de sus amigas o de su familia pero me tocó conocerla como compañera, como luchadora y fue muy lindo ver su inteligencia, su solidaridad, su integridad, su nobleza. Me llena de orgullo haber compartido con ella convicciones tan fundamentales como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la libertad de amar a quien queramos, el derecho a una educación pública de calidad y principalmente la convicción de que hay que luchar para terminar de raíz con las desigualdades sociales y la injusticia capitalista que para Cami, como para nosotros significa luchar por un mundo socialista.

Isadora-Oeste

La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas. 

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.  

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con  las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del  aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos. 

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, porque la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

¡Separación de la iglesia y el estado!

¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores - Unidad

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva décadas en nuestro país y tuvo un gran impulso durante 2018, cuando miles de jóvenes la tomaron en sus manos junto con el reclamo por la educación sexual. Con esa poderosa #MareaVerde se ganaron el debate y las calles. Pero el Congreso y sus legisladorxs radicales, peronistas, kirchneristas y de PRO, sin grieta que los separe, se encargaron de que la ley no salga, tal como querían las iglesias. Así se perdió la oportunidad histórica de adecuar nuestra legislación a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo donde las mujeres sí pueden elegir sobre su cuerpo, su futuro y su vida.

Si miramos el mapa de la región, actualmente el aborto voluntario es legal solamente en Cuba, Uruguay, Guayana, Puerto Rico y en dos estados mexicanos (CDMX y Oaxaca). En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam está prohibido totalmente. En el resto de los países está permitido por causales. Como en el caso de la Argentina que, desde 1921, es legal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta la salud o vida de la persona gestante. Por esta situación es que las feministas reunidas en San Bernardo declararon al 28 de septiembre como el día de lucha por el derecho al aborto, mientras se realizaba el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990.

Que se sienta nuestro reclamo

Alberto Fernández, que fue el primer presidente en reconocer en una asamblea legislativa de inicio de sesiones que el aborto debía dejar de ser clandestino, hasta ahora no hizo nada para legalizarlo en sus casi diez meses de gestión. Primero dijo que tenía el proyecto de ley listo, del cual solo sabemos que no es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y que estaría para ser presentado, pero del que hasta ahora nunca se lo vio. 

La realidad es que el presidente Alberto Fernández sigue negando el derecho al aborto y ahora quiere esperar a que pase la pandemia para, recién ahí, debatirlo en el Congreso. Sin embargo, mientras más se demore, las consecuencias de la clandestinidad siguen siendo muy graves para la salud y la vida de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Es más, en lo que va de la cuarentena solo en la provincia de Buenos Aires murieron tres mujeres en los hospitales públicos por abortos inseguros y cientos de niñas violadas fueron obligadas a parir.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch fue contundente al decir que en la Argentina se violan los derechos humanos de las personas gestantes a causa de la clandestinidad del aborto e instó al gobierno a que presente un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, titulado “Es hora de saldar una deuda”, se recogen datos que surgen al entrevistar a personas que vieron en el modelo de causales del artículo 86 del Código Penal un verdadero obstáculo para acceder al aborto legal en la Argentina. La falta de protocolos para la interrupción legal de los embarazos (ILE) provinciales y municipales y la intervención de los agentes antiderechos que ponen trabas para que no se garanticen los abortos legales que ya existen desde hace casi cien años, son responsabilidad de los gobiernos de turno. Como también lo es el hecho de que, en nuestro país, las niñas violadas sean obligadas a parir. Por esta alarmante situación es que el próximo 28S, desde el Frente de Izquierda-Unidad, convocamos a una gran jornada de lucha por el derecho al aborto.  

La lucha por nuestros derechos es esencial

El 28S nos movilizamos en varias ciudades del país. En Buenos Aires vamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, con firmas de más de setenta legisladorxs de todos los bloques políticos, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018. Ese es nuestro proyecto, el de la #MareaVerde, el que tiene que ser ley. El próximo 28S te invitamos a participar junto con Isadora de las actividades en todo el país y frente al Congreso. Vamos a conquistar el aborto y todos nuestros derechos.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.