Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

Las demandas del movimiento de mujeres y disidencias deben ser conquistadas con la movilización. Sigamos en las calles por nuestros derechos.

La creación del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, sin dudas fue la novedad de la semana en lo que respecta al cambio de gobierno. Luego de varios nombres que circularon como posibles aspirantes al cargo, terminaron siendo nombradas Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala y Estela Díaz, la secretaria de Género de la CTA. Ambas se definen como feministas y del “campo popular” y se reconocen como parte del activismo que organiza las movilizaciones del calendario de mujeres como por ejemplo, el 8M. 

Hace cuatro años atrás, el nombramiento de Fabiana Tunez, a cargo del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) también fue sorpresivo ya que ella era parte de las que organizaban las movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Pero lamentablemente, su trayectoria no bastó para mejorar la situación de las mujeres en nuestro país. La cifra de femicidios no bajó y continúa siendo la de uno por día. La clandestinidad del aborto, sigue vigente y mata a las mujeres más pobres que no acceden a métodos seguros como el caso de la joven que murió el domingo 8 en la ciudad de La Plata. Y la justicia patriarcal nos sigue condenando como ocurrió en Córdoba, tras el escandaloso fallo que condena a 23 años de prisión a Flavia, por denunciar en Facebook a su ex pareja.

El fracaso de las políticas del INAM a cargo de Fabiana Tunez está directamente ligado al poco presupuesto que tuvo ese organismo. Porque cualquier política pública que se anuncie debe ir acompañada de presupuesto para poder llevarla adelante. Por eso, sería importante que el nuevo gobierno diga con cuánta plata contará el nuevo Ministerio. Sin embargo, ni Fernández ni Kicilof lo dicen. Es más, Fernández dijo que discutirá el presupuesto luego de la renegociación de la deuda. Léase: primero pagar la deuda y si sobra algo, irá a los Ministerios.

La pelea por el aborto legal

Por otro lado, Alberto Fernández aunque no lo nombró en su discurso inaugural en el Congreso, ya había hecho declaraciones anunciando que sería él, quien impulsaría un proyecto por la despenalización del aborto. Aunque sin decir fechas ni de qué se trataría. Es muy importante que nuestro reclamo histórico como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tome visibilidad y los funcionarios estén obligados a pronunciarse. Sin dudas, es fruto de nuestra lucha, de años de movilización y sobretodo, de la marea verde que impulsamos en 2018 y que logró movilizar millones de personas a favor del aborto legal, seguro y gratuito como nunca antes había ocurrido.

Pero, más allá de las promesas y anuncios, lo cierto es que el aborto al día de hoy sigue siendo clandestino en nuestro país. Y en el Congreso duerme el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que tiene estado parlamentario, es decir que se podría votar ahora. Sin embargo, ni los legisladores del Frente de Todos ni los de Cambiemos, impulsan su tratamiento. No lo hacen, porque continúan dándole prioridad a la relación privilegiada que tienen con las iglesias (católicas y evangélicas) en vez de legislar en favor de las mujeres.

Por eso, el desafío que tenemos para el próximo año es el de seguir en las calles, movilizadas e impulsando acciones que nos permitan conquistar nuestros derechos. Ningún gobierno a lo largo de la historia, nos regaló nada. Todo lo que fuimos obteniendo fue por nuestra propia lucha y por nuestra propia movilización. Sigamos el camino de la “Marea Verde” del 2018 y no abandonemos las calles hasta que el aborto #SeaLey.

Escribe Mercedes De Mendieta, legisladora porteña electa

El domingo 1 de diciembre, una joven de 17 años fue violada en “manada” por un grupo de siete varones en la localidad de Luján. La joven apareció drogada y ensangrentada y fue trasladada al hospital.

Familiares acompañados por el movimiento feminista de la zona dos días después, se movilizaron a la Fiscalía exigiendo justicia y el acompañamiento a la víctima. Ante la falta de respuesta se realizó una segunda movilización para repudiar el encubrimiento a los violadores. La respuesta de la justicia patriarcal y el gobierno municipal fue la represión con balas de goma y gases lacrimógenos. El operativo a cargo de la Infantería provincial hirió a las compañeras presentes, entre las que se encontraban la candidata a intendente por el FIT-Unidad, Daniela Cooper y la diputada nacional Mónica Schollotahuer quienes, junto a otras manifestantes, debieron ser trasladadas al hospital municipal, por inhalación de gases. Repudiamos la represión y exigimos cárcel para los violadores. Ni Una Menos. Los gobiernos son responsables.

Desde la banca de Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista se presentó en el Congreso un proyecto de ley por el cupo femenino y trans para todo el transporte público y privado del país. Participaron de la audiencia pública, la diputada nacional Romina del Plá (PO), nuestra compañera diputada provincial Mercedes Trimarchi, ferroviarias de “Mujer Bonita es la que lucha”, representantes de ATTTA (Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de Argentina) y referentes de la agrupación de mujeres Isadora.

Los sacerdotes Nicola Bruno Corradi y Hugo Corbacho Blanc recibieron penas de 42 y 45 años de cárcel respectivamente y el jardinero Armando Ramón Gómez por 18 años. En los tres casos la condena es por los abusos sexuales que cometieron a once niños sordomudos durante el 2005 y el 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

“Una condena ejemplar”, sostuvieron los abogados de las víctimas en relación a la cantidad de años que pedían. Sin embargo, los familiares alertaron sobre el problema del silencio cómplice del Papa Francisco y la cúpula de la Iglesia Católica, quienes no solo no colaboraron con pruebas, sino que además encubrieron todo el tiempo a los implicados. Ahora esperan que la iglesia los expulse pero por el momento nada de eso ocurre.

Los abusos y los casos de pederastia por parte de la iglesia son bien conocidos. Como también su forma de encubrirlos. Por ejemplo, cuando la cúpula eclesiástica se entera de un abuso, lejos de acompañar a la víctima lo que hace es proteger al abusador, trasladándolo a otra provincia o a otro país. Lo hacen amparándose en el derecho canónico para evitar que vayan a la justicia ordinaria y persuaden a las familias para que no se hagan eco del caso.

Esto tiene aval legal en nuestro país desde 1966, cuando bajo el gobierno de Onganía se homologa el Concordato entre la Santa Sede y Argentina (Ley 17.032). El mismo otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio, nombrar directamente a los obispos y aplicar el derecho canónico para juzgar a los miembros de las cúpulas eclesiásticas garantizándoles la impunidad. A partir de ese momento, toda una batería de leyes siguieron para garantizarle a la Iglesia Católica innumerables privilegios que van desde exenciones impositivas, subsidios, donaciones y hasta la injerencia en áreas centrales como la salud y la educación.

El papa Francisco sabía todo

El nombre Corradi se conoció públicamente en 2009 gracias a la denuncia de 67 chicos sordos que lo señalaron junto a otros 23 religiosos por abusos sexuales dentro del Instituto en la sede de Verona (Italia). Por aquel entonces Corradi ya había sido traslado a Argentina. Primero hizo escala en La Plata y luego tras más denuncias de abuso en la sede platense lo trasladaron a Mendoza. En 2014, las víctimas italianas le enviaron una carta a Francisco en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en la institución educativa de Mendoza. Sin embargo, Francisco nada hizo frente a este nuevo alerta, continuó en silencio y permitió que siga abusando a los niños mendocinos.

Una vez más denunciamos a la cúpula de la Iglesia Católica cómplice de estos abusos y también de lo peor de nuestra historia, como la última dictadura militar en la que bendijeron las armas con las que torturaban y entregaron a los bebés nacidos en cautiverio. No solo fue en el pasado: ahora juega un rol nefasto junto a los gobiernos y partidos patronales, negándonos el derecho al aborto y a la educación sexual a miles de niños, niñas y adolescentes. Exigimos la anulación de todas las leyes que benefician a la Iglesia Católica, como la del pago de los sueldos a los curas y el fin de los subsidios a las escuelas confesionales. Vamos por la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Escribe Mercedes De Mendieta, Legisladora porteña electa

Una trabajadora trasladada y perseguida desde hace meses por defender un paradigma de derechos dentro del Organismo de Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires presentó el día 16 de octubre una grave denuncia por hostigamiento, abuso sexual y acoso laboral contra Gerardo Peralta, quién ocupa funciones como director operativo de este organismo.

También se realizó la denuncia penal y la fiscalía dispuso una restricción de acercamiento de Gerardo Peralta a la denunciante que fue enviada al organismo. ​Sin embargo la violencia institucional se mantiene. Peralta es sostenido por las autoridades como director operativo. A pesar de que la compañera solicitó el cambio de dirección general para continuar ejerciendo sus funciones, dicha reubicación aún no se dispuso y el director operativo en septiembre dio la orden de que le descuenten los días de trabajo por supuestas ausencias injustificadas, sacándola de sus funciones, pasando a ser parte del equipo técnico del dispositivo. Mientras tanto, el denunciado sigue circulando por los pasillos donde la mayoría de los empleados son mujeres.

Como ocurre en la mayoría de las instituciones que transitan las mujeres, las prácticas patriarcales caen sobre las trabajadoras mujeres y disidencias, dónde la mayoría trabaja precarizada bajo la figura de fraude laboral, con contratos basura que son utilizados como una herramienta de presión con la amenaza de despedidos.

Bajo la dirección de Gerardo Peralta se han realizado otras relocalizaciones y dos despidos a partir de denuncias presentadas a la coordinadora del CAT2, Patricia Dodera. A pesar de esto y de varias medidas de fuerza llevadas a cabo, tanto Dodera como Peralta continúan en sus puestos de trabajo mientras los compañeros despedidos aún no han sido reincorporados.
Exigimos la inmediata separación de Gerardo Peralta y de Patricia Dodera del organismo y el fin del hostigamiento y del abuso laboral y sexual. Y seguiremos luchando por el pase a planta permanente de las y los trabajadores y el fin de la precarización laboral.