Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia aumentan la desigualdad de género. Desde ya que estas diferencias son anteriores a la aparición del Covid-19, pero en este contexto se profundizan. Las mujeres que somos las más pobres entre los pobres estamos sufriendo una mayor precarización de nuestra vida. La informalidad de nuestros trabajos hace que seamos las primeras despedidas y las jefas de los hogares más humildes.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

Empecemos por recordar algunos datos que marcan la brecha salarial entre los géneros. Según la ONU (2017), “las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre”, es decir 23% menos. Estos datos son a escala global, pero si los analizamos por regiones la desigualdad se profundiza. En la Argentina la brecha salarial alcanza a 27%, pero aumenta a 36% si se considera el trabajo informal. ¿Por qué sucede esto? Porque en el mercado laboral los puestos destinados para nosotras son los más precarios, informales y, por lo tanto, los peor pagos.

Sí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI hay algunos trabajos que son considerados masculinos y otros, femeninos, ligados a los estereotipos de géneros. Así es que se asocia el hombre con la fuerza y la productividad, mientras que a la mujer con las tareas domésticas y de cuidado. Esto lleva a que haya ramas de la economía feminizadas, como las áreas de limpieza, salud y educación. Por ejemplo, en nuestro país casi el 60% de las trabajadoras registradas figuran en estos tres sectores cobrando los salarios más bajos.

De acuerdo con los últimos datos publicados del Indec, el 35,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza (diciembre 2019). En esa franja la mayoría son mujeres. Quienes están a cargo de estos hogares trabajan limpiando casas, haciendo changas o vendiendo en la calle, pero desde que comenzó la cuarentena dejaron de hacerlo y, como consecuencia, aumentó su miseria. Por eso son más las personas que asisten a los comedores sociales en busca de la vianda de comida. El subsidio de 10.000 pesos (si tuviste la suerte de que te lo den) no alcanza. Estamos ante un verdadero drama social que expone aún más a las mujeres que están a cargo de los hogares más humildes.

Otro tanto ocurre con las trabajadoras de la salud, monotributistas y precarizadas, que deben hacer guardias extenuantes para poder llegar a fin de mes. En el mundo el 85% de los puestos de enfermería están ocupados por mujeres. El contacto con personas contagiadas, su atención, y sin la protección necesaria, hace que estén en peligro. Además son la mayoría de quienes trabajan en geriátricos y residencias para ancianos. Muchas también son madres y, a la vez, cuidadoras de otros miembros de su familia.

Una vez más somos las trabajadoras quienes nos encontramos expuestas y desprotegidas ante esta situación que profundiza la desigualdad preexistente a la pandemia. Necesitamos una cuarentena sin despidos ni suspensiones, sin rebaja salarial y un subsidio –que cubra la canasta básica– para quienes lo soliciten, sin ningún tipo de restricción. El próximo viernes a las 17 el FIT-Unidad realizará un acto virtual por el Día Internacional de lxs Trabajadorxs. Desde Isadora te invitamos a participar a través de las redes de Izquierda Socialista y que conozcas lo que #LaIzquierdaPropone para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista /FIT Unidad

Mediante un comunicado del 22 de abril titulado “¿Quién cuida a las trabajadoras?” se realizó una denuncia pública. Se trata de la Brigada de Protección a la Mujer compuesta por psicólogas y trabajadoras sociales, encargada de atender las situaciones de emergencia y crisis, las activaciones de botón antipánico y tobillera, así como también el acompañamiento en femicidios e intentos de femicidio.

Desde que comenzó la cuarentena las trabajadoras alertaron a las autoridades sobre la situación de uno de los refugios de la institución y señalaron la falta de medidas de bioseguridad. Lamentablemente fueron desoídas y, al poco tiempo, una persona fue diagnosticada con Covid-19. Esta noticia dejó al descubierto que Schiaretti y la ministra Claudia Martínez no protegen del contagio del virus a las trabajadoras y a las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia.

A esto se le suma la precarización laboral, ya que en su gran mayoría son monotributistas y no cuentan con obra social, ART, ni se les respetan derechos laborales básicos. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos sumamos al reclamo de las trabajadoras que exigen medidas de seguridad, un bono de emergencia, salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todas las trabajadoras y trabajadores. Solo así se cumplirá el lema “Cuidar a quienes nos cuidan”.

Anisa Favoretti, nuestra compañera referente de Isadora en Santiago del Estero, nos envió el 16 de abril el comunicado que redactó la Coordinadora por la Aparición con Vida de Priscila Martínez, integrada por organizaciones de mujeres de la zona. El texto empezaba con el peor anuncio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicidio de Priscila”. Bronca, mucha bronca y más bronca nos dio porque hacía menos de veinticuatro horas que nos habíamos enterado de otros dos femicidios: el de Camila Tarocco en Moreno, y el de Jésica Minaglia en Santa Cruz. Rápidamente convocamos al #ViernesDeFuria en las redes exigiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT

¿Por qué reclamamos esto? Simplemente porque nos están matando y lo hacen a diario. Con la movilización logramos imponer que ya no se hable de “crímenes pasionales” y que se reconozcan como lo que son: femicidios. A pesar de que aún no existe ningún organismo oficial que lleve un registro unificado, distintos observatorios ligados a organizaciones feministas hacen un seguimiento de los casos.

En los últimos años distintos gobiernos provinciales, tomando esos datos como referencia, fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (ley 14.407) y luego se extendió hasta 2016. En Salta se estableció mediante el decreto 2.654 en el año 2014. En Chaco, también por dos años desde junio de 2019, y así en varias provincias más. Pero estos proyectos fracasaron en sus intenciones porque no fueron acompañados con presupuestos acordes para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas.

Las personas que sufren diferentes formas de violencia necesitan asistencia y acompañamiento por parte del Estado para poder salir de esa situación. Lo primero y básico es garantizar la posibilidad efectiva de denunciar cuando van a la comisaría o al juzgado, ser escuchadas y que se arbitren las medidas necesarias para separar al agresor del lugar donde conviven. Luego, que se le dé prioridad a la causa por su urgencia y se les otorgue patrocinio legal gratuito para que las causas avancen, reclamo que está legislado pero que no se implementa. Recordemos que, en la mayoría de los casos de femicidio, se habían realizado denuncias previas. ­

Además, es muy importante el acompañamiento psicológico inmediato con perspectiva de género para garantizar la estabilidad y el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también fueron víctimas. Los refugios transitorios son necesarios cuando se corre peligro de vida, pero no alcanzan. Es clave garantizar también una vivienda para ellas y sus hijes y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica, pues sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo de la violencia.

Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El presupuesto actual, heredado de la gestión de Macri, que destina 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género no alcanza. Por eso, insistimos que se necesita declarar la emergencia nacional en violencia de género con una asignación económica acorde. Estas medidas básicas de acompañamiento a las víctimas se pueden garantizar con un impuesto especial a las grandes fortunas, dejando de subsidiar a la Iglesia Católica y no pagando la deuda externa.  

En el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, desde el movimiento feminista venimos exigiendo soluciones urgentes para nuestros reclamos que, por supuesto, no empezaron con ella, sino que tienen que ver con un sistema capitalista y patriarcal que nos ubica como ciudadanas de segunda, es decir con menos derechos que los varones. Además de los problemas económicos con los que cargamos por ser las jefas de los hogares más humildes se nos suma el estar condenadas a sufrir todo tipo de violencias.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el mundo del trabajo, a la precarización e informalidad laboral se les suma la discriminación y que solo accedemos a los puestos peores pagos. Además, recaen sobre nosotras, casi de manera exclusiva, las tareas de cuidado y limpieza dentro de la casa.

Al ser las jefas de los hogares más pobres debemos realizar malabares para poder hacer la comida, por ejemplo, ya que los precios de los alimentos aumentan casi a diario y nadie los controla. Es más, los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia (IFE), si tuviste la "suerte" de salir asignada, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y menos si siguen subiendo los precios de los alimentos. Necesitamos un bono de 30.000 pesos y que sea para toda aquella persona que lo solicite, sin discriminación.

La violencia de género no cesa

En plena cuarentena, los femicidios siguieron y, desde el 20 de marzo (inicio del aislamiento obligatorio) hubo dieciocho, según la organización civil "Ahora que sí nos ven" que, por supuesto, se cometieron en su mayoría en la vivienda de la víctima. Que el encierro y aislamiento aumentan la violencia de género no es ninguna novedad. Es más, hasta la ONU alertó sobre esta situación y les sugirió a los gobernantes que tomen medidas al respecto. Sin embargo, poco se está haciendo.

La semana pasada la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en una videoconferencia con senadoras, confirmó que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron 39% las llamadas para denunciar situaciones de violencia de género. Pero lo que no dijo es que las condiciones de trabajo de las operadoras que atienden esas llamadas son pésimas. Es más, están teniendo una sobrecarga de tareas sin precedentes que ni siquiera van a cobrar, porque su contrato temporal y precario no considera las horas extras. Es urgente que pasen a planta permanente y que se nombren más operadoras para hacerle frente a esta situación como paso número uno para atender todas las denuncias.

A la vez, frente al aumento de los casos, es necesario que se declare la emergencia nacional en violencia de género con presupuesto para combatirla porque, evidentemente, con el presupuesto de 11 pesos por mujer por año, que viene de la gestión Macri, no alcanza. Si de verdad se quiere erradicar la violencia machista se necesita una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país, que se deben aplicar ahora. Es por la vida y la salud de las mujeres.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense, por Izquierda Socialista/FIT Unidad. 

En 2019 hubo 327 femicidios y trans-travesticidios en el país. Producto de ello, 235 niñes quedaron sin su cuidadora responsable. El  67% de los casos fueron las parejas o ex- parejas los femicidas. Otro dato es importante, en la mayoría de los casos (63% ) el femicida convivía con la víctima. En 2020, este escenario no cambió y hubo unos 86 femicidios según el observatorio "Ahora que sí nos ven" que solo registra los casos que salen en los medios. Marzo cerró con 24 femicidios y como consecuencia de ellos, son 23 niños y niñas que perdieron a sus mamás. El lunes pasado en la localidad bonaerense de Escobar, Jerónimo Cruz mató a su pareja María Yusco de 45 años, delante de su hija de siete años.

Según un informe de ONU-Mujeres, la violencia de género aumenta durante el aislamiento, el encierro y la cuarentena. De hecho, ese mismo organismo instó a los gobiernos de todo el mundo a que tomen medidas específicas para asistir a las víctimas. En Argentina, a través del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros poco están haciendo al respecto, más que insistir en que las mujeres deben hacer la denuncias. Pero lo que omite el gobierno de Alberto Fernández es que quienes trabajan en la línea 144 de atención a las víctimas de violencia de género, lo hacen de manera totalmente precarizada. Es más, son quienes vienen reclamando condiciones de higiene y seguridad en su lugar de trabajo y que les paguen las horas extras que realizan ya que desde el inicio de la cuarentena las llamadas aumentaron en un 30%.

Frente a este panorama es urgente que se declare la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla. Esto es fundamental, porque frente al aumento de las denuncias lo que falta son políticas públicas que solucionen esta problemática. Por ejemplo, para escapar de una situación extrema de violencia en donde corre peligro la vida de una mujer, tiene que haber un refugio al cual recurrir. A su vez, a cada una se le debe garantizar la atención psicológica y el asesoramiento legal gratuito, al igual que a las niñas y niños que también fueron víctimas del círculo de la violencia. Otra cuestión fundamental es darle una solución habitacional para las víctimas de violencia de género, ya sea mediante las habitaciones de los hoteles en desuso, la utilización de las viviendas ociosas (dónde no vive nadie) o sacando de los hogares a los violentos. Estas medidas mínimas y urgentes como también deberían ser los subsidios económicos para no depender materialmente de los violentos, deben tener una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país. Estas son algunas de las propuestas que se deberían tomar de carácter urgente para ayudar a las víctimas de violencia de género. Por eso insistimos en que no nos engañen más, sin presupuesto no hay un combate serio a la violencia de género.