Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Son más de 2.500 familias las que están sobreviviendo en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. El predio tiene unas 100 hectáreas aproximadamente y está abandonado. Es allí donde, con chapas, bolsas de nailon y algunas maderas, se armaron unas casillas precarias con las que vienen resistiendo el frío y las lluvias desde hace meses. La mayoría de las personas asentadas allí son las más afectadas por la crisis social y económica que deja la pandemia. Son personas que trabajan de changas, feriantes, o en casas particulares que en los últimos meses, por la falta de trabajo, han sido desalojadas de las piezas que alquilaban por no poder pagarlas.

Las mujeres que están allí con sus hijxs a cargo le enviaron una carta a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, titulares de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y Buenos Aires, respectivamente. Les piden que intercedan frente al desalojo inminente, pero por ahora las flamantes ministras no han dicho una sola palabra. Tampoco respondieron la carta. En el final del texto agregan que tienen miedo al desalojo y que esa decisión las arrojará nuevamente a la calle de donde vienen, y lo que están defendiendo es el derecho a la vivienda también de lxs tres mil niñxs que se encuentran allí.

El silencio de las funcionarias avala la postura de los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes sí tienen una respuesta al problema de la vivienda, desalojo y represión. Es lo que pasó el viernes pasado en la toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza, municipio gobernado desde hace casi cuarenta años por el peronismo. Esto se suma al discurso de Berni, quien a través de un video publicado en las redes los primeros días de septiembre hizo propaganda de su política represiva. Se lo ve orgulloso, mostrando que desalojó 868 tomas de terrenos y que, producto de ello, encarcelaron a 524 personas.

Desalojo inminente

La orden de desalojo está en marcha y se espera que se ejecute entre el 23 y el 25 de septiembre. De concretarse, será una muestra más de cómo a este gobierno, por más que diga lo contrario, en realidad no le importan los derechos de las personas más humildes. Por eso, desde las organizaciones feministas y de izquierda estamos acompañando las tomas y su justo reclamo, el derecho a la vivienda. Sabemos que las tomas de tierras y el drama de la falta de viviendas no es una problemática nueva, sino todo lo contrario, lleva décadas por la falta de políticas públicas que resuelvan el grave déficit habitacional que hay en el país. Son 3,5 millones de familias las que no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en 4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país, según los datos del Observatorio Social de la UCA. Por eso insistimos en que la represión y el desalojo ejecutados por el gobierno no son una solución.

La pandemia está profundizando la miseria y la pobreza, en especial entre mujeres y niñxs. Ejemplo de ello es lo que se ve en la toma de Guernica, que muestra el crecimiento de la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las primeras despedidas en épocas de crisis por tener los trabajos más precarios. Esta situación desigual es la que combatimos desde Isadora y te invitamos a organizarte con nosotras para transformarla juntas. Para ello es necesario pelear contra este gobierno que profundiza el ajuste contra la clase trabajadora con la excusa de la pandemia, mientras les garantiza ganancias millonarias a los poderosos de siempre.

Exigimos una solución inmediata al problema habitacional actual con la implementación de un plan de emergencia basado, en primer lugar, en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie, en una casilla, y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios. A la vez, peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de millones de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda- Unidad.

Ludmila Pretti, de 14 años, salió con una amiga el sábado a la noche y no volvió a su casa. La peor de las noticias se la confirmaron a su mamá, al día siguiente. Según la autopsia, la mataron por asfixia. Este nuevo femicidio es el octavo que se produce en lo que va de la pandemia en Moreno, el municipio del oeste del conurbano bonaerense que tiene la mayor cantidad de femicidios. Con mucha tristeza, y sobre todo con mucha bronca, familiares, amigxs y vecinxs de la víctima se movilizaron para exigir justicia.

Fue la policía la que no hizo nada frente a las denuncias que había recibido el día anterior por parte de vecinxs que escucharon gritos que venían de la casa donde ocurrieron los hechos. Fue la policía, también, la que dejó escapar a Cristian Jerez, el principal sospechoso. Y fue esa misma policía la que reprimió y persiguió a las personas que se manifestaban pidiendo justicia por Ludmila.

La bronca popular estalló y rápidamente cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres indignadas, se movilizaron frente a la comisaría e hicieron piquetes en la ruta 7 al grito de “Señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”. A medida que la situación se fue poniendo cada vez más tensa, el cántico fue “yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”, denunciando su rol encubridor y machista. La respuesta fue una feroz represión policial, con motos y a los tiros perseguían a las manifestantes. Pero no las iban a amedrentar así de fácil, y con la movilización se logró un primer triunfo, y fue que se busque y encarcele a Cristian Jerez. Pero la lucha continúa y se debe investigar para que los cómplices también sean castigados.

La pandemia de los femicidios no se detiene

En Moreno gobierna Mariel Fernández, del Frente de Todos, y a pesar de ser una mujer no resolvió en sus nueve meses de gestión el drama de que sea uno de los municipios con mayor tasa de femicidios. Tampoco lo solucionó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia, a cargo de Estela Díaz, como tampoco el nacional, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta. Si hay algo que dejó al descubierto esta pandemia es la falta de políticas públicas para actuar rápido y prevenir estos hechos aberrantes.

Por eso insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. Porque en vez de destinar mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, lo que viene haciendo es destinar esos recursos para pagar una deuda externa ilegítima e impagable. Cada dólar que se llevan los bonistas usureros o el FMI es plata que no va a escuelas, no va a salud, tampoco a generar empleo, ni mucho menos a combatir la violencia de género.

Es urgente que los gobiernos destinen mayor presupuesto para terminar con la violencia machista, y más en el marco de la pandemia en la que se profundizan todas las desigualdades, entre ellas las de género. Las mujeres sufrimos una triple pandemia, la sanitaria, la social y la de la violencia patriarcal con los femicidios.

Exigimos que el gobierno de Alberto Fernández declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla, sobre la base del no pago de la deuda externa, la implementación de un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como lo plantea el FIT Unidad, y el retiro de subsidios a las iglesias, en especial a la católica, enemiga declarada de los derechos de las mujeres.

Escribe Noelia Agüero, diputada cordobesa electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hace meses, en Córdoba venimos dando una incansable lucha acompañando a la familia y amigxs de Nora, nombre ficticio para resguardar la privacidad de una joven que durante meses fue víctima de una red de trata. El gobierno de Juan Schiaretti no solo es responsable, sino que una vez más se encuentra directamente involucrado ya que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por Eduardo Garzuzi, miembro del Poder Judicial de nuestra provincia y uno de los principales acusados de captación para redes de trata con fines de explotación sexual. Este hombre la obligaba a concurrir a fiestas, donde debía tener relaciones con sus amigos y la sometía al consumo de drogas, ambiente del cual estaba intentando alejarse asistiendo a rehabilitación.

Fue el mismo 3 de junio, icónico día en el calendario feminista, de este año, en que la familia de Nora realizó una denuncia por trata de persona en la justicia federal. Sin embargo, una vez más la Justicia cómplice de estas redes no siguió los procedimientos indicados en los allanamientos, cometiendo incontables irregularidades, perdiendo pruebas clave para la investigación. A partir de este momento, la familia y amigxs de Nora se apoyaron en el movimiento de mujeres, participando activamente en las asambleas del Ni Una Menos, confiando en que para obtener respuestas la única salida es la lucha y la movilización. Es así que a pocas semanas de comenzar nuestra lucha, conseguimos que Nora se encuentre resguardada en una institución donde realiza su rehabilitación.

No obstante, la lucha no terminó aquí. Aún exigíamos que el tratante fuese detenido, por lo cual, una vez más estuvimos en las calles al grito de ¡cárcel para Garzuzi! Es así que el pasado 26 de agosto se consiguió que la fiscalía y el juzgado a cargo hicieran lugar al pedido de detención con prisión preventiva. Además, junto con esto se logró que la familia sea aceptada como querellante, ya que, recordemos, en un principio no la admitieron por no existir imputación alguna. Un gran triunfo del movimiento feminista.

El poder de las redes de trata

La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico, siendo uno de los delitos con menor cantidad de arrestos y denuncias y generando aún más miedo a las familias y las víctimas.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, de trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres, recibiendo cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada. Así como también es vergonzoso el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata. Sin embargo, el caso de Nora nos permite dar cuenta de la posibilidad de revertir esta situación mediante la organización y la movilización en las calles.

Pero aquí no termina esta lucha, no nos detendremos hasta conseguir la prisión efectiva de Garzuzi, así como de los otros acusados, entre ellos otro miembro del Poder Judicial y un funcionario público del gobierno local. Pero además seguiremos, para que este hecho no sea considerado como algo individual, sino como un delito de trata, con todo lo que esto implica. Continuaremos organizadxs por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida. Desde Isadora seguimos exigiendo el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición inmediata de todas sus víctimas, junto con el presupuesto para combatir la violencia de género, que se podría obtener dejando de pagar la deuda. ¡Protección urgente para Nora e investigación y justicia ya!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.

Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.

María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.

La Justicia es clasista, patriarcal y misógina

Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.

Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.

Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista de C5N Mariela Fernández contó en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli que durante su infancia había sido víctima de abuso. Rápidamente, en las redes sociales se vieron mensajes de acompañamiento y aliento a la periodista, quien relató lo que había sufrido siendo niña y que luego de años pudo poner en palabras. Ella dijo: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”. Y agregó: “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

El relato de la periodista conmovió a muchas personas. Incluso se puede ver en él algo que es similar a otros y es que, luego de años de sufrir en silencio, se logra poner en palabras situaciones de abuso sexual sufridas durante la infancia o la adolescencia. Sin dudas, hay un trabajo individual y personal necesario para poder contarlo y sobre todo en un programa de TV, pero más allá de ese valioso proceso interno lo que es muy importante de destacar es el acompañamiento que hoy existe dentro del movimiento feminista y que pegó un salto en los últimos años al calor de las movilizaciones y luchas contra la violencia de género. Esto es lo que permite que muchas víctimas de abuso puedan dejar de verse como culpables y poder contar ese “secreto” guardado muchas veces bajo la amenaza del abusador. Algo que quizás era impensable años atrás, por vergüenza o por miedo, hoy empieza a ser escuchado y acompañado socialmente.  

La Justicia patriarcal garantiza la impunidad

El abuso sexual hacia las infancias y adolescencias tiene números escalofriantes. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, se estima que por la complejidad del fenómeno, solo el 10% de los casos son denunciados y solo entre el 1% y el 2% de los casos denunciados recibe condena.

El grado de impunidad en este tipo de delitos es altísimo y se debe a la desastrosa intervención de la Justicia patriarcal que vulnera los derechos de, justamente, los más vulnerables. Ejemplo de ello es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el accionar de la Justicia patriarcal, que con estos métodos no escucha y revictimiza a niñas, niños y adolescentes.

Es esta misma Justicia la que llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. Es la que mira para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad. Es también la que condena a las mujeres que abortan. Y es la misma Justicia que les otorgó la domiciliaria a violadores y femicidas cuando comenzaron los primeros contagios de Covid-19 en nuestro país.

Con educación sexual se puede avanzar en la prevención

La pelea por la educación sexual lleva años, y más allá de las limitaciones que tiene la redacción actual de la ley 26.150, es una herramienta muy importante para abordar en todos los niveles educativos temas como el cuidado y el respeto del cuerpo, las distintas formas de violencia y maltratos, los estereotipos de género, entre tantos otros. A pesar de su escasa aplicación, es gracias a la lucha de las docentes que llevan la ESI a las aulas que se han logrado detectar varios casos de abusos en los que se logró intervenir. Por eso decimos que la Ley de Educación Sexual es una conquista del movimiento feminista y es una herramienta para la docencia pero, sobre todo, es un derecho para les estudiantes que debe ser garantizado sin obstáculos.

Por eso exigimos que se cumpla en todo el país y, a la vez, que sea laica, científica y con perspectiva de género. La educación sexual debe aplicarse en todos los niveles educativos acompañada por capacitaciones en servicio y gratuitas para el conjunto de la docencia. Exigimos a los gobiernos la creación de los dispositivos necesarios, con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas condiciones tan graves. Para todo esto se necesita presupuesto de manera urgente y ese dinero bien podría salir del no pago de la deuda externa.