Durante la cuarentena, la organización de los hogares colapsó. El cuidado de niños y niñas en las casas, hacer la comida, pensar juegos para que no se aburran tanto y ayudarlos con la tarea escolar es un desgaste tremendo que recae mayoritariamente sobre las mujeres. Por supuesto que no empezó con el aislamiento, pero puso al descubierto las desigualdades que ya existían en relación con el trabajo reproductivo y que desde el feminismo venimos alertando.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/Frente de Izquierda Unidad

Comencemos por definir qué es el trabajo reproductivo. Es aquel que engloba las tareas necesarias para garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de todas las personas. Este trabajo abarca desde la reproducción biológica, la gestación, el parto y la lactancia, hasta la reproducción social: mantenimiento del hogar, hábitos y normas que incluyen la crianza, la educación, la alimentación, etcétera. Esta tarea sumamente necesaria para vivir en sociedad actualmente está feminizada, es decir que la realizan mayoritariamente mujeres producto de la división sexual patriarcal del trabajo, de la cual el capitalismo se aprovecha para usufructuar mayores ganancias. 

Veamos algunos datos que aporta el Indec con la Encuesta sobre el Trabajo No Remunerado y el Uso del Tiempo que se realizó en 2013 (único documento oficial que existe). Entre otras cosas, se mide la cantidad de horas que le dedican varones y mujeres a las tareas dentro del hogar y no remuneradas, que incluyen quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de personas. Los resultados establecen que, en promedio, los varones le dedican dos horas diarias a estas tareas, mientras que las mujeres, seis. Lo primero para resaltar de la encuesta es que las mujeres tenemos cuatro horas menos por día que los varones para  estudiar, trabajar fuera del hogar o para hacer alguna actividad recreativa. En definitiva, tenemos menos tiempo libre. Lo segundo, es que las mujeres estamos realizando un trabajo que nos insume seis horas diarias y nadie nos está pagando por ello. 

Ahora bien, si le asignáramos un valor monetario a este trabajo reproductivo, ¿cuánto deberíamos cobrar? Es una incógnita, pero se puede calcular un estimativo en nuestro país, de acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) para estas tareas. Según la Cntcp, el valor por hora que deben cobrar quienes se dedican al cuidado de otras personas es de 150 pesos y, para quienes realicen tareas generales como limpieza, lavado o cocina es de 139 pesos por hora (datos actualizados a marzo 2020, según el Boletín Oficial). Entonces, un cálculo rápido nos da que en promedio deberíamos cobrar como mínimo 26.000 pesos por mes por realizar estas tareas, cuenta que demuestra la tremenda precarización y mal paga que sufren las trabajadoras domésticas, que en el país son el 95% mujeres. 

¿Pero por qué no nos pagan? Básicamente, porque vivimos en un sistema capitalista patriarcal que busca obtener ganancias de prácticamente todo y por ello nos inculcaron por medio de todas las  instituciones (iglesias, medios de comunicación, escuelas, etcétera) que estas tareas las debemos hacer las mujeres por amor y no por un salario. Así, los gobiernos de todo el mundo se están ahorrando unos cuantos billetes. Por ejemplo, en la Argentina el equivalente al 125% del PBI de la industria manufacturera, según el Centro de Estudios Atenea (BAENegocios, 19/4/2020). Desde Isadora e Izquierda Socialista, como parte del movimiento feminista peleamos desde hace años para que estas tareas sean reconocidas como trabajo y, por lo tanto, remunerado con un salario igual a la canasta familiar. 

En este contexto de pandemia mundial las mujeres estamos garantizando nuestro cuidado y el de todas las personas que conviven en el hogar, lo hacemos gratuitamente e incluso a costa de nuestra salud sin ningún tipo de ayuda ni acompañamiento estatal. Por eso exigimos una cuarentena con derechos: sin despidos, sin suspensiones, sin rebaja salarial y con licencias pagas para las madres y padres que tengan a su cargo hijos, hijas y adultos mayores.  

No son pocos los gobiernos que intentan aprovechar la desmovilización provocada por la cuarentena para aprobar proyectos reaccionarios. En 2018, las masivas movilizaciones de mujeres obligaron al gobierno ultracatólico liderado por el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski a archivar el proyecto sobre la limitación del aborto que ahora quiere desempolvar. Los legisladores ultraconservadores polacos rescataron ese proyecto que pretende limitar aún más el aborto, y otro para penalizar a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas y adolescentes.

Nuevamente, las mujeres están en pie de guerra. Han protestado en Cracovia y organizado movilizaciones contra ese debate en el Parlamento, que no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. “La cuarentena no va a impedir que nos manifestemos”, dice Marta Lempart, del movimiento feminista Huelga Nacional de Mujeres. “Hemos organizado hoy una protesta desde los coches, pegamos pancartas en las tiendas abiertas y hacemos acciones en internet”.

Las mujeres polacas están llamando la atención de Europa. Ya 170 parlamentarios de veinticuatro países miembros del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos han expresado su profunda preocupación por ambas propuestas. Exigen el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos y funciones reproductivas y “condenan el cambio hacia la desinformación de los y las jóvenes y la estigmatización y prohibición de la educación sexual”.

La cobardía de los legisladores ultraconservadores polacos, de aprovecharse de la “ventaja” que les ofrece la cuarentena, ya la habían utilizado hace unos días para convocar a elecciones presidenciales para este 10 de mayo aprobando la votación por correo. Un verdadero escarnio. Sin embargo, no está dicha la última palabra, el movimiento de mujeres ya los detuvo una vez. Los legisladores polacos ultrarreaccionarios están jugando con fuego, pero corren el serio riesgo de acabar quemados en la hoguera. 

Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia aumentan la desigualdad de género. Desde ya que estas diferencias son anteriores a la aparición del Covid-19, pero en este contexto se profundizan. Las mujeres que somos las más pobres entre los pobres estamos sufriendo una mayor precarización de nuestra vida. La informalidad de nuestros trabajos hace que seamos las primeras despedidas y las jefas de los hogares más humildes.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

Empecemos por recordar algunos datos que marcan la brecha salarial entre los géneros. Según la ONU (2017), “las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre”, es decir 23% menos. Estos datos son a escala global, pero si los analizamos por regiones la desigualdad se profundiza. En la Argentina la brecha salarial alcanza a 27%, pero aumenta a 36% si se considera el trabajo informal. ¿Por qué sucede esto? Porque en el mercado laboral los puestos destinados para nosotras son los más precarios, informales y, por lo tanto, los peor pagos.

Sí, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI hay algunos trabajos que son considerados masculinos y otros, femeninos, ligados a los estereotipos de géneros. Así es que se asocia el hombre con la fuerza y la productividad, mientras que a la mujer con las tareas domésticas y de cuidado. Esto lleva a que haya ramas de la economía feminizadas, como las áreas de limpieza, salud y educación. Por ejemplo, en nuestro país casi el 60% de las trabajadoras registradas figuran en estos tres sectores cobrando los salarios más bajos.

De acuerdo con los últimos datos publicados del Indec, el 35,5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza (diciembre 2019). En esa franja la mayoría son mujeres. Quienes están a cargo de estos hogares trabajan limpiando casas, haciendo changas o vendiendo en la calle, pero desde que comenzó la cuarentena dejaron de hacerlo y, como consecuencia, aumentó su miseria. Por eso son más las personas que asisten a los comedores sociales en busca de la vianda de comida. El subsidio de 10.000 pesos (si tuviste la suerte de que te lo den) no alcanza. Estamos ante un verdadero drama social que expone aún más a las mujeres que están a cargo de los hogares más humildes.

Otro tanto ocurre con las trabajadoras de la salud, monotributistas y precarizadas, que deben hacer guardias extenuantes para poder llegar a fin de mes. En el mundo el 85% de los puestos de enfermería están ocupados por mujeres. El contacto con personas contagiadas, su atención, y sin la protección necesaria, hace que estén en peligro. Además son la mayoría de quienes trabajan en geriátricos y residencias para ancianos. Muchas también son madres y, a la vez, cuidadoras de otros miembros de su familia.

Una vez más somos las trabajadoras quienes nos encontramos expuestas y desprotegidas ante esta situación que profundiza la desigualdad preexistente a la pandemia. Necesitamos una cuarentena sin despidos ni suspensiones, sin rebaja salarial y un subsidio –que cubra la canasta básica– para quienes lo soliciten, sin ningún tipo de restricción. El próximo viernes a las 17 el FIT-Unidad realizará un acto virtual por el Día Internacional de lxs Trabajadorxs. Desde Isadora te invitamos a participar a través de las redes de Izquierda Socialista y que conozcas lo que #LaIzquierdaPropone para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista /FIT Unidad

Mediante un comunicado del 22 de abril titulado “¿Quién cuida a las trabajadoras?” se realizó una denuncia pública. Se trata de la Brigada de Protección a la Mujer compuesta por psicólogas y trabajadoras sociales, encargada de atender las situaciones de emergencia y crisis, las activaciones de botón antipánico y tobillera, así como también el acompañamiento en femicidios e intentos de femicidio.

Desde que comenzó la cuarentena las trabajadoras alertaron a las autoridades sobre la situación de uno de los refugios de la institución y señalaron la falta de medidas de bioseguridad. Lamentablemente fueron desoídas y, al poco tiempo, una persona fue diagnosticada con Covid-19. Esta noticia dejó al descubierto que Schiaretti y la ministra Claudia Martínez no protegen del contagio del virus a las trabajadoras y a las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia.

A esto se le suma la precarización laboral, ya que en su gran mayoría son monotributistas y no cuentan con obra social, ART, ni se les respetan derechos laborales básicos. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos sumamos al reclamo de las trabajadoras que exigen medidas de seguridad, un bono de emergencia, salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todas las trabajadoras y trabajadores. Solo así se cumplirá el lema “Cuidar a quienes nos cuidan”.

Anisa Favoretti, nuestra compañera referente de Isadora en Santiago del Estero, nos envió el 16 de abril el comunicado que redactó la Coordinadora por la Aparición con Vida de Priscila Martínez, integrada por organizaciones de mujeres de la zona. El texto empezaba con el peor anuncio: “Con gran dolor confirmamos la noticia del femicidio de Priscila”. Bronca, mucha bronca y más bronca nos dio porque hacía menos de veinticuatro horas que nos habíamos enterado de otros dos femicidios: el de Camila Tarocco en Moreno, y el de Jésica Minaglia en Santa Cruz. Rápidamente convocamos al #ViernesDeFuria en las redes exigiendo que se declare la emergencia en violencia de género ya.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT

¿Por qué reclamamos esto? Simplemente porque nos están matando y lo hacen a diario. Con la movilización logramos imponer que ya no se hable de “crímenes pasionales” y que se reconozcan como lo que son: femicidios. A pesar de que aún no existe ningún organismo oficial que lleve un registro unificado, distintos observatorios ligados a organizaciones feministas hacen un seguimiento de los casos.

En los últimos años distintos gobiernos provinciales, tomando esos datos como referencia, fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (ley 14.407) y luego se extendió hasta 2016. En Salta se estableció mediante el decreto 2.654 en el año 2014. En Chaco, también por dos años desde junio de 2019, y así en varias provincias más. Pero estos proyectos fracasaron en sus intenciones porque no fueron acompañados con presupuestos acordes para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas.

Las personas que sufren diferentes formas de violencia necesitan asistencia y acompañamiento por parte del Estado para poder salir de esa situación. Lo primero y básico es garantizar la posibilidad efectiva de denunciar cuando van a la comisaría o al juzgado, ser escuchadas y que se arbitren las medidas necesarias para separar al agresor del lugar donde conviven. Luego, que se le dé prioridad a la causa por su urgencia y se les otorgue patrocinio legal gratuito para que las causas avancen, reclamo que está legislado pero que no se implementa. Recordemos que, en la mayoría de los casos de femicidio, se habían realizado denuncias previas. ­

Además, es muy importante el acompañamiento psicológico inmediato con perspectiva de género para garantizar la estabilidad y el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también fueron víctimas. Los refugios transitorios son necesarios cuando se corre peligro de vida, pero no alcanzan. Es clave garantizar también una vivienda para ellas y sus hijes y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica, pues sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo de la violencia.

Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El presupuesto actual, heredado de la gestión de Macri, que destina 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género no alcanza. Por eso, insistimos que se necesita declarar la emergencia nacional en violencia de género con una asignación económica acorde. Estas medidas básicas de acompañamiento a las víctimas se pueden garantizar con un impuesto especial a las grandes fortunas, dejando de subsidiar a la Iglesia Católica y no pagando la deuda externa.