Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

El ex gobernador de la provincia de Tucumán y actual senador peronista fue denunciado por su sobrina, por abuso sexual.

La denunciante lo hizo en los tribunales de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, en los dos lugares donde ocurrieron los hechos mientras ella se desempeñaba como secretaria, desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Alperovich, quien todavía sigue en Miami lo primero que dijo al enterarse de la denuncia es que no iba a suspender sus vacaciones y que volvería para estar en la asunción del presidente Alberto Fernández. Luego, mediante una maniobra para mantener los fueros parlamentarios y evadir la justicia, presentó una licencia por tiempo indeterminado. De esta manera desarticula de antemano una posible convocatoria de sesión para tratar su caso. Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista, presentó un proyecto para que se le quiten los fueros al senador y que esté obligado a responder a la justicia, tal como lo solicita el abogado de la víctima. En la conmovedora carta la denunciante dice: “No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe”. La mujer que se anima con estas palabras a denunciarlo es muy valiente, sobretodo porque se trata de un empresario multimillonario y con mucho poder político. Por eso lo primero que se debe hacer es garantizarle total protección y cuidado a la víctima. No olvidemos que Alperovich tiene una acusación en la justicia por encubrimiento frente al femicidio de Paulina Lebbos, la estudiante que en febrero de 2006 fue asesinada y que once años después en el juicio fue absuelto el único acusado, Roberto Gómez, por partícipe secundario en el secuestro y posterior asesinato. A su vez, mientras fue gobernador se desarrolló el juicio por la desaparición de Marita Verón, víctima de las redes de trata, redes de proxenetas que continúan operando con total impunidad gracias a la complicidad de empresarios, políticos, jueces y policías, tal como se demostró en el histórico juicio que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de la hija de Susana Trimarco. Saludamos la valentía de la denunciante y nos ponemos a su disposición. Exigimos que se haga justicia, que este caso no quede impune y que se condene al agresor.

Escribe Malena Lenta

Causaron revuelo las declaraciones de Alberto Fernández en México a favor de la despenalización del aborto y, más aún, su presencia en la presentación del libro “Somos Belén” de Ana Correa organizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En dicho acto, el presidente electo se pronunció a favor del contenido del libro que denuncia las injusticias vividas por la joven tucumana Belén, quien estuvo presa dos años acusada de homicidio agravado por el vínculo tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público de su provincia y ser denunciada por los médicos en el año 2014.

Allí Fernández aprovechó para manifestar su propuesta de presentar un proyecto de ley para que se despenalice el aborto en Argentina y que sea tratado como un problema de salud pública. Y en una entrevista a Página/12 realizada a los pocos días (17/11) señaló que “Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde. No tiene que haber dos pañuelos, tenemos un problema”.

Con todas estas declaraciones queda claro que el futuro gobierno acusó recibo de los millones de mujeres que se vienen movilizando por la legalización del aborto, luego de más de una década de gobierno en la que el kirchnerismo se enfrentó enfáticamente a la legalización. De hecho, el caso de Belén se dio en Tucumán bajo un gobierno peronista y fue su justicia quien la condenó. Y actualmente, esa provincia está gobernada por el peronista Manzur, amigo del futuro presidente y ex ministro de salud de la nación, uno de los principales referentes políticos antiderechos.
Sin embargo, lo que no queda claro es qué proyecto pretende tratar el nuevo gobierno. Porque a pesar de existir un proyecto consensuado desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que garantiza los derechos de las mujeres y personas gestantes, su propuesta de “nuevo proyecto sin enfrentamiento con las iglesias” (pañuelos celestes) genera muchas sospechas sobre qué contenido tendrá. Por eso, no les damos ninguna confianza a las salidas oportunistas desde arriba. Sigamos confiando, en cambio, en la fuerza de la movilización para exigir la aprobación de nuestro proyecto.

Como cada año, recordamos en esta fecha a María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, tres hermanas que fueron asesinadas en 1960 por la dictadura del General Trujillo en República Dominicana. A ellas las mataron por enfrentarse a un estado genocida pero además, por el sólo hecho de ser mujeres fueron brutalmente vejadas y mutiladas. Para recordar este triple femicidio, y porque decimos nunca más a estos crímenes de odio, es que salimos a las calles a gritar con fuerza ¡Basta de violencia machista!

Sí, este 25N las mujeres del mundo nos solidarizamos con el pueblo chileno que lucha contra Piñera y su brutal represión que tiene una especial saña contra las mujeres, quienes al ser detenidas además son violadas. Sí, también nos movilizamos contra el golpe de estado en Bolivia y la derechista Jeanine Áñez, quien con biblia en mano le dio vía libre al ejército para que reprima con balas de plomo, garantizándole la impunidad. Nos solidarizamos con las “mujeres de pollera” quienes son las más denigradas por el racismo de la oligarquía blanca santacruceña avalada por la reaccionaria Iglesia Católica.

En Argentina, las mujeres saldremos a las calles a denunciar la violencia que significa ser las más pobres entre los pobres, las más precarizadas y las primeras despedidas. Denunciamos también que mientras sigan las políticas del FMI no habrá mejora en nuestras condiciones de vida. Por eso, es necesario que se deje de pagar la deuda externa y que esa plata vaya a salud, educación, vivienda, trabajo y a combatir la violencia de género. Parece mentira pero en el país del #NiUnaMenos, solo se destinan 11 pesos por mujer por año para erradicar la violencia machista. Y los crímenes de odio continúan: un femicidio cada 26 horas y un travesticidio cada 96 horas.

Desde Isadora e Izquierda Socialista te invitamos a que marches este 25N junto a nosotras. Hagamos sentir el grito de las que ya no tienen voz y que se cumpla el #NiUnaMenos. Exigimos presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda externa. Y con la fuerza de la #MareaVerde reclamamos la inmediata aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto que duerme en el Congreso. Y vamos también, por la efectiva separación de la Iglesia del Estado. ¡Las mujeres y las disidencias no abandonamos las calles porque aún tenemos muchos derechos por conquistar!

En su reciente viaje a México, el electo presidente Fernández se pronunció contra la penalización del aborto y lo nuevo fue que dijo por primera vez que el estado debería garantizarlo. Pero, siendo él quien asumirá el próximo 10 de diciembre, no habló de plazos concretos, ni tampoco dijo cómo hará para revertir la mayoría “celeste” que hoy tiene el Congreso y de la que las bancas del Frente de Todos forman parte. Por eso, hay que seguir en las calles, movilizadas, enfrentando a los antiderechos para que el aborto sea ley. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires. Izquierda Socialista/FIT

“El aborto nunca debió haber sido un delito” respondió Alberto Fernández ante una pregunta del público en su conferencia realizada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 5 de noviembre. Y aclaró que considera que el estado tiene que garantizar el acceso al aborto en condiciones de asepsia. Sin embargo, no explicó por qué en los doce años de gobierno del peronismo kirchnerista, en los que él fue jefe de gabinete durante un gran período, el tema fue rechazado de plano, tanto por Néstor Kirchner como por la actual vicepresidenta electa Cristina Fernández y futura presidenta del Senado. Más aún, mantuvo silencio sobre el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Recordemos que este no solo plantea la despenalización del aborto voluntario, es decir, que deje de considerarse un delito, sino que también propone su explícita legalización en el sistema de salud para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan alcanzar la práctica en las mejores condiciones, junto con la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. 

Para legalizar el aborto, hay que romper con la Iglesia 

Hoy el mayor escollo para lograr la legalización del aborto sigue siendo el mismo: la voluntad política de los partidos mayoritarios patronales (peronistas –K o no K-, PRO, UCR) para el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley presentado por octava vez este año en el Congreso. En las calles, durante todo 2018 quedó claramente expresado que un amplio sector de la población acuerda en la necesidad de terminar con las muertes evitables, los abortos clandestinos y la criminalización de las mujeres. Pero haciendo oídos sordos a las calles, Alberto Fernández llenó sus listas de candidatos y candidatas con pañuelos celestes, es decir, de referentes antiderechos aliados a las iglesias.

Por eso, no basta con pronunciarse a favor del derecho al aborto en una conferencia de prensa, sino que es necesario, y más con la responsabilidad que tiene, que sea claro en cómo lo garantizaría. A su vez, debería tener un posicionamiento firme de ruptura con la iglesia católica y el Papa Francisco. Pero hace lo opuesto. Entonces ¿En qué quedamos?

Reclamamos que empiecen por romper los lazos y los compromisos que sus diputados/as y senadores/as tienen con las iglesias, en especial, con la iglesia católica. Ese sería un punto inicial fundamental para que se apruebe el proyecto de ley. Pero no lo hacen. Para votar presupuestos de ajuste al pueblo trabajador, usura y deuda externa, los partidos patronales no dudan en bajar línea a sus legisladores/as y disciplinarlos a las decisiones de los bloques. Sin embargo, ante los sentidos reclamos de las mujeres se excusan detrás de las “opiniones” y “decisiones personales” de cada uno/a, con la trampa del argumento de “libertad de conciencia” ¡Basta de hipocresía y doble discurso de Fernández! La única manera de garantizar que el aborto no sea un delito y que se considere un asunto de salud pública es #QueElAbortoSeaLey. Desde el movimiento feminista debemos seguir organizadas e impulsando la movilización para conquistar este y cada uno de nuestros derechos.

Escribe Malena Lenta

Sin lugar a dudas, las mujeres con nuestras luchas y demandas venimos ganando visibilidad. Las enormes movilizaciones contra las violencias, por el derecho al aborto o contra la brecha salarial son parte del fenómeno mundial que desde hace algunos años se conoce como la cuarta oleada de luchas feministas. Tanto es así que los políticos patronales, sean gobierno o estén de campaña, para no quedar mal hacen declaraciones abstractas por la igualdad de género.

El mejor ejemplo lo vemos en nuestro país cuando se sacan la foto con el cartel del #NiUnaMenos. Pero nuestras demandas van más allá de la foto o de las medidas cosméticas que puedan anunciar. Nuestra lucha es por conquistar cada uno de nuestros derechos y poder vivir una vida sin violencias ni discriminación.

Cuando Alberto Fernández anunció en campaña que de ser gobierno crearía el Ministerio de la Mujer, seguramente muchas lo vieron con simpatía. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando Macri anunció el paso del Consejo Nacional de la Mujer a Instituto Nacional de la Mujer (INAM) con el objetivo de “profundizar y jerarquizar las políticas públicas que lleva adelante para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación y la violencia de género”, según el comunicado de la Casa Rosada de aquel momento. Sin embargo, dos años después de la creación del mismo y luego de sufrir este año un recorte en el presupuesto destinado al Plan Nacional de Acción para erradicar los femicidios del 38%, poco se le puede reconocer a ese organismo.

En ese sentido, desde Isadora e Izquierda Socialista en el FIT Unidad, insistimos en que no sirven los cambios de nombres de los distintos organismos gubernamentales si no discutimos qué políticas llevarán adelante y con qué presupuesto. Actualmente, se destinan once pesos por mujer por año para combatir la violencia machista. Y las cifras de femicidios no bajan: seguimos contando uno cada 26 horas. Por eso, denunciamos que en el país del #NiUnaMenos se siga destinando millones de dólares a pagar la deuda externa y solo 11 pesos para combatir la violencia de género. Si de verdad quisieran combatirla, se tiene que empezar por declarar la emergencia en violencia de género y poner todo el presupuesto que se necesita para terminar con ella. Incluso deberían garantizar también la plata que falta para implementar las leyes que ya están vigentes, como la 26.485 o la Ley Micaela, entre otras, que por falta de presupuesto no se cumplen.