Escribe Fernanda Giribone

Este miércoles 30 de septiembre, familiares y amigos de Iara Rueda y Gabriela Cruz vuelven a manifestarse por justicia para Iara y por la aparición con vida de Gabriela. La cita será en Plaza Belgrano, de la capital. Esta acción se inscribe en el marco de la conmoción que generó el femicidio de Iara y la gran movilización en la ciudad de Palpalá que lo repudió. Al calor de la indignación surgen nuevas convocatorias, y en distintas ciudades, que prometen no cesar hasta alcanzar sus reclamos.

Iara y Gabriela faltaron de sus hogares casi al mismo tiempo y en la misma ciudad. Sus familias lidiaron con las trabas burocráticas y la indiferencia del gobierno de Morales, de Cambiemos, que no las buscaba. Durante el fin de semana pasado sus familias, con vecinos, amigos y organizaciones sociales comenzaron por cuenta propia un rastrillaje. El lunes 28, cuando este grupo autoconvocado realizaba un corte en la ruta 66, la brigada de investigaciones encontró el cuerpo de una joven, que horas después sus familiares confirmaron que era el de Iara Rueda.

Esa misma tarde cientos de personas se convocaron para sostener el corte de ruta, que era amenazado por la policía, y luego, junto con otros miles marcharon por la ciudad copando las calles de Palpalá con canciones, ruidos y bocinazos. Al paso de la marcha los vecinos salían de sus casas y los comerciantes dejaban sus negocios para sumarse a la larga columna, en un hecho histórico de la lucha contra la violencia de género en esta ciudad. Pese a que la jornada culminó con represión, la organización y movilización de las mujeres y los palpaleños no cesan y se suman día a día, ciudad a ciudad, nuevas convocatorias para exigir justicia. 

Los reclamos ahora apuntan contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, a cargo de Alejandra Martínez –que ha mantenido total silencio–, el Ministerio de Seguridad, la policía y la fiscalía como responsables políticos, siendo que la policía no se puso a disposición para la búsqueda de Iara, aunque no faltó para reprimir. Ahora exigen además celeridad en la búsqueda de Gabriela Cruz, la joven de 24 años y madre de dos niños, que continúa desaparecida.

En Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas

En lo que va del año, en Jujuy ya hubo ocho femicidios. En los últimos veinte días mataron a dos mujeres y falta Gabriela Cruz. El pasado 8 de septiembre encontraron asesinada en la ciudad puneña de Abra Pampa a Cesia Nicole Reinaga. Los números de este año en la provincia ya están cerca de triplicar los casos de femicidios de todo 2019, lo que no hace más que demostrar que en esta pandemia los problemas que sufrimos las mujeres se agudizaron y que las políticas públicas, provinciales y nacionales, son realmente insuficientes. Es así que uno de los lemas de esta movilización afirma que “en Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas”, demostrando que no logra actuar a tiempo para evitar los hechos de violencia machista, encontrar a nuestras compañeras, prevenir los abusos, etcétera. Es por esto que insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. 

Desde Isadora exigimos mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género sobre la base del no pago de la deuda externa, de un verdadero impuesto a la riqueza y el retiro de subsidios a las iglesias, enemigas declaradas de los derechos de las mujeres.

El jueves de esta semana se vivió un hecho repudiable en plena sesión virtual de la Cámara de Diputados donde el diputado salteño Juan Emilio Ameri del Frente de Todos, apareció en la transmisión realizando un acto sexual con una mujer. Rápidamente las escenas se difundieron por los medios y las redes sociales, generando un gran repudio que obligó al jefe de la cámara, Sergio Massa, a disponer la suspensión inmediata del diputado y al día siguiente, se vio forzado a renunciar por la presión producto de la bronca social. Cabe resaltar que el FDT no actuó con la misma inmediatez e indignación cuando recibieron varias denuncias de acoso sexual, incluidas de su propia militancia. Sino, todo lo contrario, fue premiado con la candidatura a la banca de diputados. Hecho que refleja la doble moral del peronismo que sostiene en sus filas acosadores, desacredita las denuncias de las mujeres víctimas y que solo actuó con rapidez ante este hecho porque fue en vivo y se difundió rápidamente.

Disentimos con María Rachid del Frente de Todos, que salió a igualar este hecho con situaciones en donde los diputados duermen o juegan videojuegos en plena sesión. Más allá que repudiamos la irresponsabilidad del conjunto de lxs diputadxs patronales durante las sesiones, este hecho en particular representa el entramado del mundo de estos políticos "todopoderosos" que desde su lugar de poder disponen también de las mujeres como objetos de su propiedad para tocar y divertirse a su antojo. No nos parece un ataque de moral conservadora repudiar el hecho, lo que se repudia es una acción patriarcal que a todas luces pone al desnudo la impunidad con la que cuentan estos funcionarios denunciados por violencia de género.

Funcionarios entramados en situaciones de violencia, ya que hace más de diez meses se hizo pública una denuncia por parte de una joven militante de su misma organización por acoso sexual, violencia verbal, física y sexual hacia ella y otras compañeras, mostrando que la conducta de Ameri no es un hecho aislado, y que gozaba de impunidad ante estas denuncias. El Frente de Todos, conociendo esta situación lo habilitó para que sea diputado.

Más allá de que el gobierno de Fernández utilice un doble discurso en relación a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, es cómplice de que estos varones violentos ocupen cargos políticos. Porque el caso de Ameri no es una excepción, recordemos que el kirchnerista José Alperovich sigue en el senado pese a las denuncias por abuso sexual de su sobrina, por lo que seguimos exigiendo –tal como lo hizo nuestra diputada Mónica Schlottauer- que se le quiten los fueros para que sea obligado a responder a la justicia. También el caso en la legislatura tucumana donde el antiderechos Ricardo Bussi continúa desempeñándose pese a las denuncias por abuso sexual y robo de la identidad.

Esta es la repudiable doble moral del gobierno nacional de Alberto Fernández y de los gobernadores provinciales.
Son estos mismos diputadxs de los partidos patronales quiénes al decidir en el recinto por sobre el dinero de millones de trabajadorxs y jubiladxs, votan seguir pangando la fraudulenta deuda externa, que sólo traerá más ajuste y sometimiento al país. Diputados que votan con mano de yeso mientras cobran abultadas sumas, como en el caso de Ameri que su dieta anual ronda los 7 millones de pesos, mientras lxs trabajadorxs vivimos con salarios de miseria. Y son los mismos diputadxs que nos niegan sistemáticamente el derecho al aborto y cajonean el proyecto de ley de la Campaña nacional por el derecho al aborto, condenándonos a la clandestinidad y a la muerte a quienes decidimos interrumpir un embarazo no deseado.

Desde Isadora decimos que con la renuncia no alcanza, ya que esto permite que en un futuro inmediato Ameri pudiera volver a ser candidato. Seguiremos peleando para que a todos los diputados con denuncias de abuso sexual (Ameri, Alperovich, Bussi, y otros) se les quite los fueros y se los investigue y castigue. Exigimos la aplicación de la Ley Micaela con presupuesto real, pero siendo claras que con esta ley no vamos a terminar con la violencia de género si no se castiga a los funcionarios y diputados que la ejercen. Necesitamos medidas de fondo que comiencen por la sanción de la emergencia en violencia de género y políticas que cuenten con el presupuesto necesario en base al no pago de la deuda externa e impuesto a las grandes fortunas.

El gobierno de Fernández tiene un doble discurso en relación a nuestros derechos, porque mientras posan de ser un “Gobierno feminista” nos someten a la violencia del aborto clandestino y a un ajuste que recae especialmente sobre las trabajadoras y mujeres de los sectores populares. Lo vemos en como las funcionarias del Ministerio de mujeres, géneros y diversidad no apoyan el reclamo de las mujeres de las tomas de Guernica.

Por eso, tenemos el desafío de seguir organizadas e impulsando un movimiento feminista independiente de los gobiernos, para que se apruebe el proyecto de la campaña nacional por el aborto y pelee por la separación de la iglesia y el estado y por todos nuestros derechos en las miras de terminar con este sistema capitalista y patriarcal.

Isadora - Mujeres en Lucha

Cami era una persona increíble, una de lxs mejores entre nosotrxs y eso que acá hay una calidad humana hermosa que se vio reflejada en la manera en que nos acompañamos y acompañamos a su familia en este trance tan doloroso. En estos días, de la manera más triste, la conocí mucho más, y conocí a muchas de las personas que la querían. Me hubiese gustado conocerla desde la perspectiva de sus amigas o de su familia pero me tocó conocerla como compañera, como luchadora y fue muy lindo ver su inteligencia, su solidaridad, su integridad, su nobleza. Me llena de orgullo haber compartido con ella convicciones tan fundamentales como el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la libertad de amar a quien queramos, el derecho a una educación pública de calidad y principalmente la convicción de que hay que luchar para terminar de raíz con las desigualdades sociales y la injusticia capitalista que para Cami, como para nosotros significa luchar por un mundo socialista.

Isadora-Oeste

La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas. 

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.  

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con  las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del  aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos. 

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, porque la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

¡Separación de la iglesia y el estado!

¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores - Unidad

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva décadas en nuestro país y tuvo un gran impulso durante 2018, cuando miles de jóvenes la tomaron en sus manos junto con el reclamo por la educación sexual. Con esa poderosa #MareaVerde se ganaron el debate y las calles. Pero el Congreso y sus legisladorxs radicales, peronistas, kirchneristas y de PRO, sin grieta que los separe, se encargaron de que la ley no salga, tal como querían las iglesias. Así se perdió la oportunidad histórica de adecuar nuestra legislación a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo donde las mujeres sí pueden elegir sobre su cuerpo, su futuro y su vida.

Si miramos el mapa de la región, actualmente el aborto voluntario es legal solamente en Cuba, Uruguay, Guayana, Puerto Rico y en dos estados mexicanos (CDMX y Oaxaca). En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam está prohibido totalmente. En el resto de los países está permitido por causales. Como en el caso de la Argentina que, desde 1921, es legal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta la salud o vida de la persona gestante. Por esta situación es que las feministas reunidas en San Bernardo declararon al 28 de septiembre como el día de lucha por el derecho al aborto, mientras se realizaba el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990.

Que se sienta nuestro reclamo

Alberto Fernández, que fue el primer presidente en reconocer en una asamblea legislativa de inicio de sesiones que el aborto debía dejar de ser clandestino, hasta ahora no hizo nada para legalizarlo en sus casi diez meses de gestión. Primero dijo que tenía el proyecto de ley listo, del cual solo sabemos que no es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y que estaría para ser presentado, pero del que hasta ahora nunca se lo vio. 

La realidad es que el presidente Alberto Fernández sigue negando el derecho al aborto y ahora quiere esperar a que pase la pandemia para, recién ahí, debatirlo en el Congreso. Sin embargo, mientras más se demore, las consecuencias de la clandestinidad siguen siendo muy graves para la salud y la vida de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Es más, en lo que va de la cuarentena solo en la provincia de Buenos Aires murieron tres mujeres en los hospitales públicos por abortos inseguros y cientos de niñas violadas fueron obligadas a parir.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch fue contundente al decir que en la Argentina se violan los derechos humanos de las personas gestantes a causa de la clandestinidad del aborto e instó al gobierno a que presente un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, titulado “Es hora de saldar una deuda”, se recogen datos que surgen al entrevistar a personas que vieron en el modelo de causales del artículo 86 del Código Penal un verdadero obstáculo para acceder al aborto legal en la Argentina. La falta de protocolos para la interrupción legal de los embarazos (ILE) provinciales y municipales y la intervención de los agentes antiderechos que ponen trabas para que no se garanticen los abortos legales que ya existen desde hace casi cien años, son responsabilidad de los gobiernos de turno. Como también lo es el hecho de que, en nuestro país, las niñas violadas sean obligadas a parir. Por esta alarmante situación es que el próximo 28S, desde el Frente de Izquierda-Unidad, convocamos a una gran jornada de lucha por el derecho al aborto.  

La lucha por nuestros derechos es esencial

El 28S nos movilizamos en varias ciudades del país. En Buenos Aires vamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, con firmas de más de setenta legisladorxs de todos los bloques políticos, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018. Ese es nuestro proyecto, el de la #MareaVerde, el que tiene que ser ley. El próximo 28S te invitamos a participar junto con Isadora de las actividades en todo el país y frente al Congreso. Vamos a conquistar el aborto y todos nuestros derechos.