Escribe José Castillo

“No hay motivos para otorgar otro IFE”. Esta afirmación increíble salió hace apenas diez días de la boca del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con la pobreza por arriba del 42% y en medio de la segunda ola del coronavirus, ahora el gobierno del Frente de Todos intenta tapar el ostensible ajuste sobre las partidas sociales con el otorgamiento de un bono de 15.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los monotributistas de las categorías más bajas (A y B), que residan en el AMBA. Según declaraciones de la titular de la Anses Fernanda Raverta, esto alcanzará a “casi” un millón de personas, por un monto total de 13.900 millones de pesos.

Para ilustrar la insuficiencia de la medida, basta con compararla con el IFE que se pagaba el año pasado. Este alcanzaba a nueve millones de beneficiarios, y aún siendo extremadamente insuficiente, implicó que el estado gastara 90.000 millones de pesos por cada cuota del mismo (fueron tres, por un monto total de 270.000 millones). Los números saltan a la vista: ahora se está destinando para el bolsillo del pueblo trabajador afectado por la pandemia ¡18 veces  menos! Y será  cobrado por 8 millones de personas menos.
Todo esto es parte del ajuste que se plasma en el presupuesto nacional de este año, redactado a pedir de boca del FMI, para mostrarle a este organismo el “ahorro” que permitiría reducir el déficit fiscal y así garantizar los pagos de deuda.
Los números ya van quedando a la vista: la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional   muestra que el gasto destinado a las asignaciones familiares y por hijo se redujo 15,5% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) en los tres primeros meses de ese año, comparados con igual período de 2020.

El Frente de Todos quiere esconder estos datos diciendo que dicho retroceso fue “compensado”con el aumento de otras partidas sociales. Pero es una vulgar mentira. Veamos: para planes sociales (programa Potenciar Trabajo) se destinó 31.912 millones de pesos, para políticas alimentarias 29.251 millones, al Repro II 14.012 millones y a salarios complementarios 10.296 millones. Todo sumado da 85.471 millones.¡Menos que una sola cuota del IFE, borrado de un plumazo en 2021!

La pandemia social arrecia y la segunda ola del coronavirus se agrava día a día. Es más urgente que nunca terminar con este ajuste a las partidas sociales, implementando un salario social de emergencia para todo el que lo necesite de 59.000 pesos. Con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa o con un impuesto a las grandes fortunas de verdad (a diferencia del actual) alcanzaría y sobraría para financiarlo.                                       

Escribe Martín Fú
 
El anuncio de las nuevas medidas ha puesto nuevamente en lugar central el papel de las fuerzas de seguridad. En marzo de 2020, cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), los casos de violencia institucional y la represión aumentaron estrepitosamente a pesar de la menor circulación en las calles. Informes de la Correpi y Amnistía Internacional desnudaron el alto impacto represivo que tuvo, principalmente en la juventud. Desde marzo hasta agosto de 2020, se registraron noventa y dos asesinatos a manos del aparato represivo estatal.

Detenciones arbitrarias seguidas por excesos como apremios ilegales, casos de gatillo fácil, desapariciones o simulación de enfrentamientos fueron el resultado de procedimientos que buscaban “hacer cumplir la cuarentena”. El caso de Facundo Astudillo Castro, ocurrido en abril de 2020, detenido por un control policial y luego desaparecido, mostró la “mano dura” de la policía bonaerense de Berni y Kicillof –a la cabeza en la cantidad de casos–, lo que también se replicó a lo largo del país por las policías provinciales y fuerzas como Gendarmería, Prefectura, la Federal o la PSA.

La pandemia no se combate con más policías o gendarmes en las calles. Que la violencia institucional no alimente la otra pandemia, la de los crímenes contra el pueblo trabajador.

Escribe Martín Fú

En una rosca política entre el Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio se llegó a un acuerdo sobre las PASO. Las van a postergar un mes, de agosto a septiembre, empujando en plena pandemia a millones a ir a votar dos veces este año. Encima, son unas PASO donde no se elige nada definitivo e imponen un filtro de 1,5% de los votantes para pasar a las generales en un claro intento proscriptivo hacia la izquierda. Por esto atento a ello es que las rechazamos desde su implementación. Mucho más este año en plena pandemia y saturación del sistema hospitalario. Desde su aplicación en 2009 en pleno gobierno peronista kirchnerista las hemos denunciado como un intento más de dejar a la izquierda fuera de las elecciones. Así lo volvió a denunciar nuestro diputado Giordano en el Congreso en la reunión con el ministro Wado De Pedro junto a otros bloques. Y anunció en esa reunión la presentación del proyecto de ley de su bloque de Izquierda Socialista, planteando la suspensión de las mismas “y su eliminación”. Lamentablemente PTS nuevamente vuelve a defender las PASO. Así lo dice el diputado Nicolás Del Caño: “El debate alrededor de las PASO lo vemos como un oportunismo de los gobernadores peronistas y de los gobiernos de Cambiemos, que pretenden cambiar las reglas de juego a último momento en función de su conveniencia política.” (La Nación,26/03/2021). Como si el problema fuera un supuesto “cambio de reglas” -al trasladarse solo la fecha en donde se las realizará- y no en el piso proscriptivo contra la izquierda.

Llamamos a PTS a rever esta equivocada postura. La realización de las PASO en este contexto obedece puramente a especulaciones electorales y a acomodar las internas de las dos variantes patronales. No existe ningún “cambio de reglas de juego” entre ellos, sino un pacto. Y si
fuera por eso, la izquierda está para cambiar las “reglas de juego” de los partidos patronales y de este sistema capitalista, que además le imponen a la izquierda un piso del 3% del padrón para entrar en el reparto de bancas o la quita de la personería jurídica si en dos elecciones consecutivas no se llega a obtener los votos del 2% del padrón.

Invitamos a los compañeros del PTS a usar las bancas del FIT para denunciar una vez más a las PASO como un intento proscriptivo, defendiendo el programa del FIT, y no prestarse a maniobras parlamentaristas entre los partidos patronales.

En medio de la segunda ola de la pandemia del covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires se baten records de contagios y los hospitales ocupan casi la totalidad de las camas de terapia intensiva. En el marco de un masivo paro docente en la Ciudad encabezado por Ademys y otros gremios y en la Provincia por los SUTEBAS combativos, el gobierno de Fernández se vio obligado a anunciar el paso a virtualidad temporal,  dejando en claro que aunque lo quieran esconder la presencialidad en las escuelas es un gran foco de contagios.

Por el otro lado, H. Larreta en la Ciudad dice que llevará a la justicia la medida de virtualidad en las escuelas, basándose en estadísticas manipuladas y falsas que ponen en peligro la vida de la comunidad educativa.  Larreta dice preocuparse por que los niñxs estén en las escuelas, pero no dice nada de los miles que todos los años quedan sin vacantes en las escuelas.

 Al respecto el legislador porteño Pablo Almeida declaró “Larreta directamente nos miente, niega la realidad que vemos todos los días. Las escuelas son focos de contagio, las escuelas no están en las condiciones sanitarias adecuadas, falta personal docente y auxiliar y esos protocolos perfectos de los que habla son inaplicables. Todo esto producto de la desinversión creciente en la educación pública. No lo decimos solo nosotros, lo dijo la docencia con el contundente paro de ayer.”

En este contexto el bloque del Frente de Izquierda-Unidad presentó un proyecto en la legislatura porteña para poner la capacidad productiva de la Ciudad para el combate de la pandemia.

“Nuestra propuesta es volcar a los laboratorios y la industria farmacéutica de la Ciudad a la producción masiva de vacunas y medicamentos contra el coronavirus. Proponemos  utilizar la capacidad productiva de la Ciudad junto con las millones de dosis de la vacuna Astra-Zeneca que se producen en Garín que deberían quedar en el país. En nuestro proyecto también proponemos que se haga un aumento salarial de emergencia a las y los trabajadores de salud en primera línea de combate contra la pandemia.  Necesitamos una vacunación masiva para lograr inmunizar a la población” declaró Pablo Almeida legislador por Izquierda Socialista en el FIT-U

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El 4,8% de marzo acumuló en el primer trimestre un incremento de 13% de inflación según el INDEC. La suba fue fogoneada por los aumentos en Educación (28,5%), prendas de vestir y cuando no, los alimentos, como la leche, huevos, aceites, carnes, verduras y el pan.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista FIT-U, señaló: “Si hacemos una proyección de la inflación 2021 rondará el 45/50%, lejos del 29% anunciado por el gobierno. Y lejos del 29/31% y en cuotas en que se están firmando las paritarias con la complicidad de la CGT y la CTA. Este aumento subirá considerablemente los índices de pobreza. Es la otra pandemia, la del hambre e indigencia que golpea contra el pueblo trabajador”.

Giordano puntualizó: “Los empresarios, multinacionales y formadores de precios aumentan todo con total impunidad. El gobierno aplicó precios cuidados y máximos pero las cosas aumentan todos los días. Hay que imponer precios máximos y proceder a aplicar la Ley de Abastecimiento para tomar fuertes sanciones e intervenir la cadena de precios y obligar a que pongan los alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles. No puede ser que cae el consumo y los precios sigan subiendo”.

Juan Carlos Giordano, finalizó: “Hay que exigir un aumento de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar. Por eso están peleando ejemplarmente el personal de Salud de Neuquén. Y un IFE de emergencia de $59.000, un seguro al desocupado, asistencia a los pequeños y medianos talleres en la emergencia a tasa cero y eximición de impuestos. Para esto hace falta plata, que hay que lograr con la suspensión de todo pago de la deuda externa y un impuesto especial extraordinario a las ganancias de grandes empresas, bancos y multinacionales para lograr 20.000 millones de dólares y combatir de verdad la segunda ola y la pandemia del hambre y la pobreza”.

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