Escribe Guido Poletti

La escena fue más que sugestiva. Mientras se encontraba en España, en gira de negociaciones con los pulpos acreedores de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se hizo tiempo para almorzar con el empresario Hugo Sigman. En el encuentro también estuvo presente el embajador argentino en el Estado Español, Ricardo Alfonsín.

Recordemos que Hugo Sigman es el empresario argentino, amigo personal del presidente Alberto Fernández, dueño de la planta de mAbxience en Garín, donde se están produciendo millones de vacunas contra el Covid-19 que, en vez de servir para la vacunación en nuestro país, son embarcadas hacia los Estados Unidos, ya que son “propiedad” de AstraZeneca.

Por supuesto, no conocemos los detalles de lo que se negoció en ese almuerzo. Pero resulta llamativo que poco después Sigman sacó un comunicado, buscando deslindarse, diciendo que él no es responsable por los retrasos en las entregas comprometidas, y ya pagadas, de vacunas de AstraZeneca hacia la Argentina.

Todo es, evidentemente, una auténtica vergüenza. En vez de negociar cómo taparse unos a otros, lo que se debería estar haciendo en el pico de la segunda ola de la pandemia es vacunar a toda velocidad. Por eso, insistimos una vez más, ¡las vacunas existen y están en Garín! Hay que incautarlas ya mismo y proceder a distribuirlas masivamente. 

Escribe Martín Fú

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, fue designado miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, considerado como el “ministerio social y ambiental” de la Iglesia Católica. Grabois, hombre cercano al papa Francisco, ya contaba desde 2016 con un cargo en el Vaticano como consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y es ahora reconocido nuevamente por una de las instituciones más reaccionarias del planeta. Grabois es conocido por jugar en todos los frentes, hombre cercano a los movimientos de desocupados y las economías populares y férreo negador del derecho de las mujeres a abortar. Maestro también del doble discurso, dice que el gobierno hizo “muchísimo menos de lo que se podría haber hecho”, pero que lo volvería a elegir a Alberto porque sigue “teniendo esperanza en que el año que viene vamos a estar mejor”.

El crecimiento de contagios producto de la segunda ola del coronavirus está provocando un auténtico colapso sanitario. Cada vez son más las personas con síntomas que no logran ser atendidas, ante el desborde de los servicios sanitarios. Las unidades de terapia intensiva están al límite. Mientras se dan estas situaciones dramáticas, la discusión de la presencialidad en las escuelas del AMBA desbordó totalmente la manipulación electoral con que pretendieron manejarlo tanto el presidente Alberto  Fernández como el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. La no presencialidad fue impuesta por la bronca creciente de los docentes, que se reflejó, entre otras cosas, en los paros de la semana pasada. Y cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la vuelta a la presencialidad se provocó una auténtica rebelión, con paros masivos y asambleas de 1.000 docentes, como la que se dio en Ademys. La suspensión de clases presenciales en provincia de Buenos Aires y la pelea abierta en CABA les dio la razón a las y los trabajadores de la educación que venían explicando que era una locura empujar a millones de alumnos, docentes y padres a estar en las aulas a cualquier costo, en medio del crecimiento de los contagios y cuando las escuelas no estaban preparadas.

Pero mientras Alberto Fernández y Larreta siguen haciendo declaraciones, jugarretas jurídicas y pedidos de intervención de la Corte Suprema, a la vez que miran como todo eso les “mide” en términos de encuestas preelectorales, la realidad se impone incluso fuera del AMBA. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén están llevando adelante una fuerte lucha con gran apoyo popular, con movilizaciones en toda la provincia y cortes de ruta en la estratégica zona de Vaca Muerta, rechazando el 15% de aumento que se les quiere imponer después de más de un año sin reajustes. Se trata de trabajadoras y trabajadores de la salud en plena pandemia, dejados solos por la burocracia de la CGT, que no toma ninguna medida de lucha para romper su aislamiento. Una vez más, sólo el sindicalismo combativo y la izquierda se hicieron presentes, llevando su solidaridad y apoyo incondicional.

Ante la evidencia de la segunda ola del Covid-19, Alberto Fernández anunció improvisadamente la semana pasada una serie de medidas totalmente insuficientes y parciales. Lo hace cuando gran parte del sistema de salud ya se encuentra colapsado. Hay que señalar la responsabilidad del gobierno en todo lo que está sucediendo. Hasta hace menos de una semana, el gobierno le venía echando la culpa a la gente que “no se cuidaba”. Cuando desde hace un año tanto el gobierno como la oposición de Juntos por el Cambio habilitaron que se trabaje en prácticamente todas las actividades, provocando las aglomeraciones que vemos todos los días en trenes y colectivos. No es cierto que las patronales cumplan con los protocolos y en las fábricas “nadie se contagia”, cómo afirmó increíblemente el propio presidente Fernández. En Toyota y Volkswagen, por citar dos ejemplos, hubo que cerrar turnos completos por la cantidad de casos positivos.

Alberto Fernández llegó a decir también que hay un “relajamiento del sistema de salud” y la ministra Vizzotti acusó de “irresponsables” a las y los trabajadores del sector. Ante el repudio generalizado a estas declaraciones, quisieron arreglarlo anunciando el otorgamiento de un bono miserable de 6.500 pesos, cuando hay todavía quienes tienen pendiente de cobro el pago anterior otorgado el año pasado.

Los anuncios de medidas para paliar las consecuencias sociales de la pandemia también son claramente insuficientes. Se insiste en que no hace falta reponer el IFE, pretendiendo reemplazarlo por un pago de 15.000 pesos por única vez para la AUH, que representan apenas 100 millones de dólares, ¡cuando pagó de deuda externa 60 veces más desde que asumió! Tampoco hay anuncios para asistir a los talleres, kioscos y pequeños comercios. El gobierno sigue empujando a que millones tengan que salir a buscarse el sustento sin tomar medidas para que se pueda, por lo menos, aminorar la circulación por las calles.

Lo venimos diciendo desde hace meses: hacen falta, ya con carácter más que de urgencia, tomar medidas de fondo. Hay que poner toda la plata que haga falta para fortalecer la infraestructura sanitaria, incorporando más trabajadoras y trabajadores de la salud, pagándole salarios que les permita alcanzar la canasta familiar.

Al mismo tiempo, se tienen que tomar todas las medidas sociales frente a la pandemia social, con el 42% de la población en la pobreza. Es necesario un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, hoy una vez más pulverizados por el aumento de la inflación. Ningún trabajador activo debe ganar menos que el valor de la canasta familiar, ya en 85.590 pesos según los cálculos de la Junta Interna de ATE-Indec y ningún jubilado menos de 64.039, el valor de la canasta de la Tercera Edad. A esto tenemos que sumarle que todo aquel que lo necesite, por haber perdido sus fuentes de ingresos, debe poder acceder a un IFE o salario social de 59.000 pesos. En el marco de esta pelea, el próximo 27, día en que se reúne el Consejo del Salario Mínimo, el Plenario Sindical Combativo realizará una jornada para exigir su aumento y denunciar la traición de la burocracia sindical y su pacto con el gobierno.

Tomar estas medidas elementales requiere de un dinero que existe. Hay que suspender los pagos de la deuda externa y romper el acuerdo con el FMI. E imponer reales impuestos especiales a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. ¡Ahí está la plata que se necesita ante la emergencia!

Por supuesto, la solución de fondo requiere también vacunar ya masivamente a todas y todos, empezando por los trabajadores esenciales y las personas de riesgo. Para hacerlo, una medida elemental es que las 24 millones de dosis de vacunas por mes que se están produciendo en Garín queden y se utilicen en nuestro país. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad hemos presentado un proyecto de ley exigiendo la incautación de las mismas y la intervención de la empresa, juntando miles de firmas que entregaremos el próximo jueves movilizándonos al ministerio de Salud junto con personalidades y dirigentes políticos y sindicales.

La segunda ola del coronavirus ha llegado a nuestro país. Es el momento de las grandes definiciones. Este programa de emergencia  que estamos planteando desde la izquierda es más necesario que nunca. Luchemos para imponerlo.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El país sigue, como una telenovela o un programa de chimentos, las chicanas entre Fernández y el peronismo contra Larreta y Juntos por el Cambio por “la presencialidad” en las escuelas porteñas. Pero a ninguno le interesa la educación pública.
Esta pelea desnuda la mentira de la “independencia de poderes” entre el judicial y el ejecutivo, porque cada sector busca a “su juez” para que le dé la razón. Un día “la Justicia” dicta la presencialidad, otro la virtualidad y a la hora da marcha atrás. En el medio están las familias trabajadoras que no saben qué pasará en las escuelas públicas al día siguiente. Mientras que los dueños de las grandes escuelas privadas y las familias que llevan a sus hijos allí no dudan en salir a las calles para que no haya clases virtuales.

Afortunadamente, la amplia mayoría de la docencia porteña está en lucha por el cuidado de la salud y la vida y los paros de Ademys y UTE son masivos. Es que el gobierno de Fernández tuvo que reconocer que teníamos razón cuando denunciamos que la principal causa de la explosión del Covid-19 era el regreso a las clases presenciales, poniendo en movimiento al encuentro con el virus a millones de personas (ver nota en El Socialista N° 496 https://bit.ly/3abkalv). El mismo presidente y sus ministros, que hace una semana nos atacaban, ahora repiten nuestros argumentos. Es que el colapso sanitario en el AMBA parece incontenible porque no se tomaron las medidas necesarias.

Larreta y Juntos por el Cambio se pusieron la camiseta de “defensores de la educación” y por eso reclaman la presencialidad. ¡Qué caraduras! Son los mismos que durante todo el gobierno de Macri y años de PRO en CABA atacaron a la educación pública, impusieron su privatización, dejaron a miles de alumnos en las calles, cerraron escuelas nocturnas y rurales y hace solo un mes achicaron el presupuesto educativo de CABA. ¡No tienen vergüenza! No les interesa la educación sino ganar votos de familias que no saben cómo hacer para sostener la virtualidad sin plata. Quieren que no se cierren escuelas para que nadie falte a trabajar y ningún empresario pierda plata, aunque se sigan llenando los hospitales de pacientes con Covid.

Por su parte, lo de Fernández y el peronismo también es una fachada política, totalmente insuficiente, que no está al servicio de la salud y la educación. Si la preocupación fuera la salud no se entiende por qué no avanza con la vacunación masiva y la virtualidad no se instala en casi todo el país. El índice de contagios supera los 150 cada 100.000, clasificación epidemiológica que el propio gobierno da como referencia. Al contrario, solo lo decreta en el AMBA, donde ya estamos colapsando, y no en Buenos Aires ni en las decenas de provincias que lo superan.

Pero tampoco les interesa la educación. No han repartido a todos los estudiantes y docentes computadoras o celulares para que puedan estudiar en virtualidad. Ni resuelven la falta de conectividad, dejando a miles sin educación. El gobierno de Kicillof dice que las escuelas estarán abiertas con wifi para que los chicos puedan ir a conectarse para estudiar. ¿En qué quedamos, van o no van? También pide que los negocios y comercios pongan wifi libre. ¿Por qué no decreta la gratuidad para estudiantes y docentes para la conectividad para las clases? Porque no quiere que las telefónicas pierdan plata.

Tampoco se nombran docentes para los cargos faltantes. Hay alumnos sin profesores y docentes sin trabajo. ¡Que los nombren ya! Y los salarios están por debajo de la línea de pobreza. ¿Dónde está el interés del gobierno en la educación? ¡Hace falta un inmediato aumento de salarios para que la docencia salga de la línea de pobreza!
Hay que salir a reclamar por la virtualidad en todo el país, con insumos y conectividad gratuita. Vacunación para todos, docentes y familias trabajadoras, para acabar con esta situación insoportable. Nombramientos de docentes y aumento salarial. Estas medidas son necesarias para defender la salud y la educación.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Hugo Sigman publicó el 16 de abril una carta pública bajo el título “Algunas aclaraciones sobre la vacuna”. Sigman es el empresario fundador del Grupo Insud, propietario del laboratorio mAbxience instalado en la localidad bonaerense de Garín, donde se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna Astrazeneca que se van a México y a Estados Unidos, sin que ninguna de ellas, hasta ahora, se haya destinado a Argentina y a Latinoamérica como se prometió. El gobierno había anunciado a finales del año pasado un contrato diciendo que entre febrero y marzo de este año llegarían 22 millones de esas vacunas. Pero a pesar de que el propio gobierno compró esa cantidad y habiendo pagado ya el 60% por adelantado (60 millones de dólares), la vacuna no aparece.

Luego de meses de silencio, Sigman tuvo que salir a dar explicaciones. Esto solo se explica por el éxito de la campaña que iniciamos desde hace meses desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, junto a otras organizaciones sindicales, políticas y personalidades de la salud, como la Fesprosa, el epidemiólogo Carlos Ferreyra, el doctor Avila Vázquez, los periodistas Walter Goobar y Rolando Graña, entre otros, denunciando esta situación que tanto el gobierno como Sigman escondían y millones desconocían.

Sigman responde que existe una “intoxicación de noticias falsas”. Trata así de lavarse las manos del ya evidente escándalo público de que no tengamos esos millones de vacunas que se producen en su laboratorio. Pero las noticias falsas son las que dice Sigman. Desmenucemos su carta.
Sigman dice que “El equipo científico y técnico de mAbxience que se encarga de producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca trabaja contrarreloj desde noviembre del 2020” y que puso “toda su capacidad de producción del año 2021 y parte del año 2022”. Está reconociendo que su laboratorio hace la vacuna y que produce millones de dosis desde noviembre del año pasado. Pero esas dosis no llegaron aún al país.

La explicación “técnica” de la “demora” que da Sigman, ya la conocemos: que en México el laboratorio Liomont, del magnate Carlos Slim, tuvo problemas para envasar las dosis. Faltaron “los equipos e insumos específicos”, es decir, faltaron frasquitos y otros elementos. Una respuesta insólita que muestra la irracionalidad del negocio capitalista. Pero ante el reclamo de que se paren los envíos de millones de dosis de Garín y se envasen de emergencia en el país, Sigman responde que eso es imposible. “Prohibir la exportación del principio activo, como reclaman algunos, implicaría poner en cuestión un proyecto que tiene como objetivo garantizar que América Latina acceda a la vacuna de manera equitativa y económica”, dice. Pero el proyecto está cuestionado desde su origen. Si las dosis se mandaron a México para fraccionar y envasar allá y las tenían que reenviar a Argentina, ¿qué pasó? El proyecto fue claramente para fomentar las ganancias de su Grupo.

Sigman agrega: “Hasta donde tengo conocimiento ninguna planta activa hoy en Argentina puede realizar esta tarea de manera inmediata”. Lo cual es una mentira. Hay muchos especialistas que dicen lo contrario. Hay decenas de laboratorios e institutos que lo podrían hacer acá, como el Hemoderivados de Córdoba o el Tomás Perón de La Plata, entre otros. Y en todo caso, si hiciera falta, se podría poner a producir al cien por ciento la industria del vidrio que hay en el país.

Sigman dice que acá no se podría envasar, pero el problema es que en México con el negocio que hizo con Slim y AstraZeneca, no la han envasado. Esto se llama “incumplimiento de contrato”. Y no se trata de un contrato para producir caramelos o alfajores, sino vacunas para combatir una pandemia que lleva millones de contagiados y muertos en Argentina y el mundo. Por eso, ante la emergencia sanitaria y ese incumplimiento, lo que corresponde es incautar los millones de dosis que se producen en Garin y planificar un envasamiento masivo en el país con los laboratorios mencionados, empresas del vidrio y los recursos que hagan falta, junto a nuestros profesionales y científicos. En Argentina se envasan vacunas todos los días y hay personal especializado al respecto.

Sigman dice que la vacuna no se puede terminar acá, pero al mismo tiempo se pisa al reconocer que mAbxience se dedicaba a otra cosa, “pero cuando nos solicitaron reconvertirla para producir el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 lo hicimos con entusiasmo”. Es decir, se reconvirtió para producir la vacuna contra la pandemia, mecanismo que podría usar cualquier laboratorio si hubiera una decisión política del gobierno para ello. Ahora ya se anunció que un laboratorio privado empieza a envasar la vacuna rusa Sputnik V, por ejemplo.

A su vez, Sigman se quiere salvar diciendo “mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega”. Sigman debería aclarar entonces quien firmó el contrato con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sigman acaso no es parte del negocio? ¿Tampoco cobra nada? No suena creíble que trabaje gratis. Su fortuna personal de 2.000 millones de dólares fue difundida en estos días por la revista Forbes, lo desmiente. Sigman trabaja para AstraZeneca. Es con ella y el magnate mexicano Slim con quienes hizo el negocio. Con ellos y el gobierno peronista del Frente de Todos cubren el secretismo del contrato.

Sigman miente cuando en su carta dice que no se puede terminar la vacuna en el país. Defiende de esta manera a su socia, la multinacional inglesa AstraZeneca, y su negocio capitalista, de negar la liberación de la patente de su vacuna. Niega que la vacuna sea un bien público de la humanidad, igual que lo hacen Pfizer, Moderna y demás multinacionales farmacéuticas que marginan de la vacuna a la mayor parte de los pueblos del mundo.

En resumen, la carta de Hugo Sigman no hace más que confirmar lo que venimos proponiendo desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad  junto a médicos y distintas organizaciones, que ese laboratorio debe ser declarado de utilidad pública. Y que se debe proceder a frenar la exportación de las vacunas, envasarlas acá y que el gobierno inicie un inmediato plan de emergencia de producción nacional de millones de ellas para vacunar a todas y a todos en Argentina y en Latinoamérica.