Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional, Izquierda Socialista/FIT Unidad

¿Sabías que en la Argentina se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y se van a los Estados Unidos? ¿Sabías, además, que ninguna de esas dosis se usó en el país, ni en Latinoamérica, como prometía el gobierno? Estas preguntas, a modo de disparadores, son para llamar la atención sobre lo que ocurre en el país con la complicidad del gobierno nacional.

El gobierno compró 22 millones de dosis (ya pagó el 60%, reconocido por funcionarios de Salud -ver interpelación a la ministra Vizzotti en esta nota-) y Alberto Fernández, en vez de reclamarlas, está dejando que se las lleven.

Cuando anunciaron el proyecto de hacer la vacuna en el país decían que era una gran iniciativa “pública-privada” entre los gobiernos de Alberto Fernández y López Obrador (México) y los empresarios Hugo Sigman (Argentina), Carlos Slim (México) y la multinacional AstraZeneca para producir millones de dosis para Latinoamérica. ¿En qué quedó esto? En nada.

Las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca se producen en el laboratorio mAbxience de Garín, provincia de Buenos Aires, perteneciente al empresario Hugo Sigman, del Grupo Insud-Pharma. Esas dosis van a México, donde un laboratorio del empresario Carlos Slim tiene que envasarlas y reenviarlas. Pero al día de hoy no ha mandado una sola dosis y no se sabe cuándo lo hará. Argumenta problemas de insumos. Pero acá en la Argentina hay dos plantas con capacidad de envasarlas, como el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón, de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma capacidad y una industria centenaria del vidrio que se podrían poner a producir al ciento por ciento.

Hay que incautar ya esas vacunas y prohibir que se las lleven del país. Esto también lo dicen científicos y médicos especializados. Para así poder inmunizar ya a los adultos mayores, profesionales y trabajadores de la salud, docentes, personas en riesgo y al resto del pueblo trabajador. Es la batalla que estamos dando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Para ello hicimos un acto frente a las puertas del laboratorio en Garín y presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con ese planteo (ver en esta nota). Es parte de la lucha contra las multinacionales y por la liberación de las patentes en el mundo para terminar con la escasez de vacunas.

Alberto Fernández se la pasa hablando contra el neoliberalismo de Macri y de que hay que impulsar un mayor “rol del Estado”, pero protege el negocio privado que hacen estos empresarios y laboratorios con la vacuna. Por la misma razón Macri, Larreta y Juntos por el Cambio guardan silencio.

A pesar de que la noticia de que se producen en el país millones de dosis no es tomada por los grandes medios nacionales, nuestra campaña está incomodando al gobierno. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, dijo que le parecía “una falacia” e “ignorancia” el planteo por parte de lo que llama “un grupo poco identificado de médicos y algunos grupos de izquierda”. Dice que no se puede impedir la exportación de esas dosis de vacunas porque “la vacuna es de AstraZeneca, no de la Argentina, así que impedir su exportación sería algo así como expropiarlas”. Y que “en Argentina no tenemos la capacidad tecnológica y humana” para ello (Perfil, 5/4/2021). En definitiva, este representante del gobierno miente para salir en defensa del negocio privado Sigman-Slim-AstraZeneca, diciendo que el gobierno solo tuvo “contratiempos y meros retrasos” mientras reconoce que de acá se va la vacuna a granel.

Más de doscientos referentes de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y Nora Cortiñas, le han enviado una carta al presidente que dice que “la Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”. Piden que se suspendan las remesas al exterior y se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. Cicop (gremio de los profesionales de la salud de Buenos Aires) exige que “la vacuna sea declarada de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales”.

Llamamos a impulsar pronunciamientos para que las vacunas que se producen en nuestro país se usen para inmunizar a nuestra población. Y que el gobierno impulse un plan de producción nacional de millones de dosis. A hacer actos, protestas, marchas y otras iniciativas con todos aquellos dirigentes y organizaciones que peleamos por lo mismo. Llamamos a Fesprosa, Cicop y a dirigentes de la CTA Autónoma y de otros gremios que se han pronunciado a coordinar distintas acciones. Estamos en emergencia. No se puede esperar más. Que aparezca la vacuna y se use para vacunar a todas y todos en nuestro país y en Latinoamérica.

Escribe Diego Martínez

Hace pocos días el Indec dio a conocer los datos de pobreza e indigencia correspondientes al segundo trimestre de 2020. En el último año la pobreza ascendió de 35% a 42%, con lo cual hay 19 millones de personas en esa situación.

Los datos son de terror, una auténtica fotografía de la crisis que viene cayendo sobre las espaldas del pueblo trabajador. Si en lugar de tomar solamente como referencia el nivel de ingresos hacemos un análisis multidimensional de la pobreza, tomando en cuenta salud, educación y vivienda, son 21 millones los pobres del país. Con el análisis más optimista tres millones de personas entraron en la pobreza en tan solo doce meses. Pero no se trata de un fenómeno exclusivamente relacionado con la pandemia. Si tenemos en cuenta los últimos tres años, la cantidad de nuevos pobres en ese período es escalofriante, son 7,7 millones.

El bolsón más grande de pobreza del país está en el conurbano bonaerense, con 51%, más de 5 millones de pobres. Los que más sufren son los chicos. El 60% de los niños del país viven en hogares pobres, realmente terrorífico.

Los pobres son cada vez más pobres. La brecha entre los ingresos de los pobres y el valor de la canasta básica de bienes y servicios que necesita una familia tipo para vivir aumentó en el último año de 35,5% a 41,9 por ciento. Consecuentemente, aumentó también la cifra de indigencia, 4,4 millones de argentinos no llegan a garantizar siquiera su alimento diario. A esto tenemos que sumarle que la desocupación aumentó de 7,2% en 2018 a 11% en la actualidad.

Pasan los gobiernos y la pobreza sigue creciendo

El crecimiento de la pobreza no es un fenómeno nuevo. Producto de la política de ajuste y saqueo al servicio del imperialismo que llevan adelante los gobiernos capitalistas, aun con vaivenes, hay una tendencia sostenida al crecimiento de la misma desde hace décadas, al punto de que existe lo que se denomina una “pobreza estructural”. Generaciones y generaciones que quedaron marginadas del mercado laboral. Desde la dictadura del ’76, pasando por gobiernos peronistas, radicales y de PRO, se acrecentó la pobreza como consecuencia del pago de la deuda externa, la aplicación de planes de ajuste contra el pueblo trabajador y el favorecimiento del saqueo de nuestros recursos de parte de las potencias imperialistas y el gran empresariado local.

Con el gobierno de Macri este proceso se profundizó. Tomó deuda por 44.000 millones de dólares, que se usaron para financiar la fuga de capitales y además aplicar un feroz plan de ajuste. Esta política tuvo consecuencias nefastas. Así, si a fines de 2017 la pobreza era de 25,7%, en el primer semestre de 2020 la cifra ya alcanzaba 40,9 por ciento.

El gobierno de Alberto Fernández habla de la pesada herencia que dejó Macri. Sin hacerse cargo que el propio kirchnerismo, luego de 12 años de mandato, se fue con casi 30% de pobres. Por supuesto que creció con el macrismo. Pero después el presidente reconoció cada peso de la deuda contraída por Macri y se apresta a pagarla a costa de seguir empobreciendo a la población. La pobreza en el último año siguió creciendo por la política del gobierno de seguir beneficiando a los empresarios, aún en el peor momento de la pandemia. Es una consecuencia directa de la inflación, los cierres de empresas y los despidos, la pérdida de poder adquisitivo del salario y el recorte en los planes de ayuda social (IFE). El problema de la inflación lo reconoció el propio Arroyo, ministro de Desarrollo Social, cuando dijo: “ La situación es crítica, hay más actividad pero el problema sigue siendo el precio de los alimentos” (Clarín, 31/3/2021), aunque no tomó ninguna medida para solucionarlo.

Pese a que el gobierno declaró que no iba a permitir despidos en pandemia en 2020, se perdieron 700.000 puestos de trabajo. Pasaron  los cierres de empresas y los despidos encubiertos. En este punto las empresas cuentan con la complicidad absoluta de las burocracias sindicales que no salen a luchar para evitar los despidos, así como tampoco para pelear por aumentos salariales que logren frenar la enorme pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación.

Frente al caótico aumento de la pobreza en el país es necesario tomar medidas contundentes: el otorgamiento inmediato de un aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores del país y un ingreso familiar de emergencia de 56.000 pesos, la prohibición de despidos y la expropiación, estatización y puesta bajo control de los trabajadores de toda empresa que despida o cierre, la aplicación de sanciones que pueden llegar a la expropiación a los grandes formadores de precios que aumenten de forma desmedida, medidas a ser financiadas sobre la base de la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa y la implementación de un verdadero impuesto a las riquezas y superganancias.

Escribe Adolfo Santos

La relación entre los altos índices de pobreza y el deterioro salarial es directa. El incremento de la miseria es el resultado de las pérdidas salariales de los últimos años. Según el Indec, en los últimos doce meses, mientras que los aumentos salariales alcanzaron 29,6%, la inflación fue de 38,5%, lo que representa una pérdida salarial de 8,9 por ciento. En el gobierno del Frente de Todos los trabajadores quedaron aún más pobres, profundizando las pérdidas salariales de 2018 y 2019. Alberto Fernández llegó al gobierno prometiendo heladeras llenas, las está dejando más vacías.

El deterioro salarial no se puede atribuir a la pandemia. La caída libre viene de años anteriores y es responsabilidad de los gobiernos de Macri y de los Fernández, que no les paran la mano a los formadores de precios. Los grupos supermercadistas Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima o Walmart, y los de producción de alimentos como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever o Danone actúan con poder total para aumentar los productos alimenticios. Todos ellos aumentaron sus patrimonios en estos años mientras la población trabajadora se ha empobrecido a niveles insoportables.

Lejos de proteger a los más vulnerables, el gobierno peronista aprobó un proyecto de movilidad jubilatoria donde los haberes de los trabajadores pasivos no se reajustarán más por la inflación. Por otra parte, le pide a los sindicatos que no pidan aumentos salariales mayores al índice inflacionario de 29% calculado para el presupuesto de este año. Una aberración. Todos los cálculos de la economía real proyectan una inflación superior al 50 por ciento.

Repudiamos la pasividad de los burócratas sindicales frente a estos atropellos. El gobierno no podría ir tan lejos sin la complicidad de estos dirigentes que dejan correr las políticas de ajuste, de aumentos de tarifas y le dan la bendición a los acuerdos del gobierno con los usureros de la deuda. La CGT no ha hecho nada para impedir las pérdidas salariales. Es cómplice y corresponsable de este deterioro y, por consiguiente, de la pobreza creciente entre los trabajadores.

Es indigno que la mayoría de la clase trabajadora esté sumida en la pobreza y la indigencia. Para superar esa situación no queda otra que organizar la lucha. Ningún trabajador, activo o jubilado, debería ganar menos de los 85.000 pesos que demarcan la línea de pobreza según ATE-Indec. Eso sin contar que, por la disparada de los precios de los alimentos, remedios y servicios de la vivienda, la canasta básica de los jubilados y pensionados vale 64.039 pesos, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Para defender el salario y enfrentar la pobreza necesitamos luchar y, al calor de esa lucha, construir una nueva dirección. Hay que seguir el ejemplo de los sectores que se han movilizado a pesar de la pandemia. En ese proceso viene surgiendo una alternativa para los trabajadores. Encabezados por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, Sutna (neumático) los ceramistas de Neuquén, trabajadores de la salud y de los sindicatos docentes multicolor, entre otros, el Plenario Sindical Combativo ha sido el único sector que ha enfrentado de forma consecuente al gobierno, los empresarios y la propia burocracia sindical.

Escribe Martín Fú

Nuevamente las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) son noticia. La propuesta de postergar las elecciones para septiembre, ante la preocupación de si el contexto sanitario será el adecuado para que se movilicen millones de personas para votar, empieza a visibilizar la crisis y las internas en el peronismo y Juntos por el Cambio.

En Casa de Gobierno, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Eduardo “Wado” De Pedro y otros dirigentes de la primera línea oficialista, se reunieron con referentes de Juntos para el Cambio, entre ellos Jorge Macri y Cristian Ritondo, buscando acordar qué sucederá con las PASO.

Hacia adentro del oficialismo no existe todavía una posición unificada en torno de aplazarlas o prorrogarlas, pero sí en posponerlas un mes y hasta unificarlas con la elección general, aunque esto último no es bien visto por los sectores más cercanos a Alberto Fernández y espacios peronistas no kirchneristas.

En Juntos por el Cambio la reunión profundizó su interna. Bullrich, presidenta de Pro, rechazó de plano la propuesta de cualquier modificación. Cornejo, presidente de la UCR, y los gobernadores de las provincias acuerdan no apresurar definición alguna en tiempos donde la segunda ola de la pandemia golpea las puertas. En la oposición macrista, entonces, están orbitando dos propuestas: que ambas jornadas se mantengan en el cronograma original o se posterguen un mes.

En el oficialismo como en la oposición se cuecen las habas de la crisis política y las internas mezquinas, (¡cuando no!) de los partidos patronales y qué hacer con las PASO pone nervioso a más de uno. Toda esta especulación no tiene la menor intención de buscar consensos o acuerdos para mejorar los acuciantes problemas que vive la mayoría de los trabajadores y los sectores populares.

Más allá de lo que el gobierno nacional y los provinciales especulen electoralmente para mejor posicionarse ante las elecciones, desde Izquierda Socialista queremos ser claros y seguimos manteniendo el mismo criterio de siempre: las PASO son proscriptivas y buscan marginar a la izquierda en la contienda electoral, dejándola afuera y garantizando la alternancia en el poder de los partidos patronales, que gobierne quien gobierne, lo harán contra los trabajadores y sectores populares.

La ley fija un piso (filtro) proscriptivo de 1,5% de los votantes que necesita ser superado para estar habilitados a participar en elecciones, buscando asegurar la “competencia” entre los partidos patronales y  censurar las propuestas de la izquierda, como las del Frente de Izquierda y los Trabajadores, para que las bancas de las legislaturas y el Congreso no puedan estar ocupadas por quienes denunciamos las políticas de ajuste de todos los gobiernos y a su vez acompañar y llevar solidaridad a  las luchas que se van dando fruto de las leyes y políticas de hambre de quienes pretenden lavarse la cara con las PASO y otras propuestas de falsa democracia.

Escribe Martín Fú

La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y las jubilaciones. Nuestro diputado, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad), denunció el carácter insuficiente de la modificación. Señaló que el impuesto al salario es un robo, que ningún trabajador o jubilado debe pagar Ganancias porque las ganancias son de los capitalistas, los bancos, las multinacionales, el agronegocio y los usureros de la deuda.

El proyecto exime temporalmente del pago a 1,2 millones de trabajadores. Y decimos “temporalmente”, porque si tienen un aumento pueden volver a quedar comprendidos y porque el mínimo no imponible no se va a actualizar por la inflación. Y un millón de trabajadores y jubilados van a seguir pagando ese impuesto nocivo.

El mismo oficialismo reconoce que la medida solo es “un alivio” parcial. “El gobierno va a usar esta medida en un año electoral diciendo que se le pone plata al bolsillo de la gente, mientras sacó el IFE y millones ganan salarios de pobreza, están en negro y precarizados con la complicidad de la CGT y la CTA”, señaló Giordano en la sesión. Y dijo que “si el gobierno quiere estimular el consumo, ¿por qué no usó los 6.000 millones de dólares que destinó al pago de la deuda externa para construir 200.000 viviendas populares?”.

¡Que ningún trabajador o jubilado pague Ganancias! ¡Que paguen ganancias los bancos, las multinacionales y los grandes empresarios!