Escribe Adolfo Santos

El viernes 9 de abril el gobierno nacional estableció que los empleadores podrán convocar a retornar a la actividad laboral presencial a los trabajadores mayores de 60 años y pertenecientes a grupos de riesgo, como por ejemplo trabajadoras embarazadas, entre otros. La decisión, publicada en una resolución conjunta por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, determina que “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos catorce días de la inoculación” con apenas la aplicación de una dosis de la vacuna contra el Covid-19, vuelvan a trabajar.

Sin perder tiempo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adhirió a la medida, que tuvo el apoyo del sindicato Sutecba. Los burócratas de ese sindicato, encabezados por Amadeo Genta, que fueron parte del vacunatorio vip, actuaron como verdaderos funcionarios del gobierno y amenazaron que perderán el presentismo quienes no se presenten. Es el colmo de la traición.

Es increíble que unos días después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara en cadena nacional drásticas medidas restrictivas limitando actividades y la movilidad pública y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof describiera la “segunda ola” como un verdadero tsunami, se obligue a los trabajadores de riesgo a exponer sus vidas.

“Es tremendo, los supervisores del Roca, en complicidad con la burocracia de la lista Verde, venían enviando mensajes citando a compañeros mayores de 60 desde antes que saliera este decreto. Un guarda de Plaza Constitución, de 64 años, que estaba de licencia por pertenecer a un grupo de riesgo, tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva contagiado de Covid-19 y está sumamente grave. Ahora puede ser peor”, nos contó un ferroviario. No se puede poner en riesgo la vida de los trabajadores por ceder a las presiones de los grandes empresarios.

Nos unimos a los trabajadores de la salud que rechazan esta decisión del gobierno nacional y de CABA y apoyaremos cualquier medida para revertir esta medida. No aceptamos un decreto que amenaza de muerte a los trabajadores que no tienen certeza del nivel de inmunidad de una sola dosis y no saben cuándo recibirán la segunda. Es inadmisible una medida de este tipo en momentos en que la segunda ola bate récord de contagiados. La CGT y los sindicatos deben hacer un claro pronunciamiento contra este decreto y exigir al gobierno del Frente de Todos a rever esta siniestra decisión.

Escribe Martín Fú

A mediados de la semana pasada, el gobierno del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio se reunieron en soledad en el Congreso con el ministro del Interior, Wado de Pedro, y Sergio Massa para continuar “negociando” cuál será el futuro de las PASO. Con la pandemia como argumento principal, el gobierno nacional propuso que las primarias se realicen el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre, un mes después de lo previsto en el cronograma electoral.

El Frente de Izquierda Unidad y otros bloques no fueron invitados a participar. Esto rápidamente fue repudiado por el diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, quien había mandado una carta a Sergio Massa para participar. Consultado por El Socialista sobre el carácter de la reunión, Giordano fue rotundo: “Es repudiable que en medio de la segunda ola y la falta de vacunas el gobierno de Alberto Fernández y la oposición patronal de Macri-Larreta-Bullrich estén en la rosca política especulando qué les conviene electoralmente, obligando a millones a movilizarse para ir a votar en unas elecciones donde no se elige nada definitivo, como son las PASO, justo en medio de los mayores contagios y la falta de vacunas”.

Somos claros con nuestros lectores una vez más, las PASO hay que eliminarlas de raíz. Ni ahora con pandemia y el riesgo de movilizar a millones a votar en dos oportunidades distintas y lo que eso conlleva, ni cuando no había pandemia. Porque las PASO son proscriptivas y muestran, como la reunión a solas del gobierno con Juntos por el Cambio, que están ideadas para que los partidos mayoritarios se alternen en el poder y logren la mayor cantidad de cargos, intentando proscribir a la izquierda para imposibilitar que sus propuestas lleguen a millones y tener más bancas obreras y socialistas que denuncien las roscas y los negociados de los partidos patronales, sus políticas de ajuste y las prebendas que se votan en el Congreso para los grandes empresarios y las multinacionales.

Escribe Diego Martínez

El ranking de los supermillonarios argentinos lo lidera Marcos Galperín, titular de Mercado Libre, que ostenta la friolera de 6.100 millones de dólares como consecuencia de haber sumado a su patrimonio 4.000 millones de dólares en el último año. Mercado Libre es la empresa que más se valorizó en Latinoamérica en los últimos doce meses.

Galperín tiene un vínculo estrecho con Macri y en su gobierno hizo jugosos negocios, pero también fue favorecido por el actual gobierno peronista, que impulsó en el Congreso nacional la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento, sucesora de la ley de software sancionada por el gobierno peronista kirchnerista, que le permitió realizar descuentos de 70% en las contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias.

Sectores reaccionarios acusan al gobierno de “subsidiar a los pobres” pero la realidad demuestra que se subsidia mucho más a los ricos. Durante la cuarentena del año pasado se destinó muchísimo más dinero para subsidiar los gastos de las grandes empresas que lo que se destinó en ayuda social a los más necesitados.

El segundo supermillonario argentino es Paolo Rocca, con 3.700 millones de dólares, titular de Techint, grupo empresario que tiene inversiones en más de cien países. A través de su brazo petrolero, Tecpetrol, que opera en Vaca Muerta, recibió en 2019 subsidios por 700 millones de dólares de parte del Estado argentino. El Grupo Techint tiene sede legal en Luxemburgo, paraíso fiscal donde sus ganancias están exentas de cualquier impuesto. Pese a estas enormes ventajas y a las fabulosas ganancias que Rocca y Techint siguieron generando aun en la pandemia, el empresario italoargentino el año pasado fue noticia por despedir a 1.500 trabajadores en el momento de mayor impacto social de la cuarentena. Una actitud miserable digna de su clase.

A Rocca lo sigue Gregorio Perez Companc, con 2.400 millones de dólares. Goyo es dueño de la alimentaria Molinos, rubro en el que se registran los mayores índices de aumentos de precios de la economía pese a tratarse de bienes de primerísima necesidad. Continúa en la lista Alberto Roemmers, representante de la industria farmacéutica que gana cifras astronómicas en la pandemia. Completa el listado Eduardo Eurnekian, de Corporación América, que tiene intereses que van de los aeropuertos a cultivos bajo riego.

No figuran otros megamillonarios argentinos, como el zar del petróleo Alejandro Bulgheroni, que posee una fortuna de 3.300 millones y se radicó en Uruguay, donde paga menos impuestos, y Hugo Sigman, titular del Grupo Insud, que está involucrado en el fabuloso negocio de la producción de vacunas, fabricando 24 millones de dosis que se fugan del país. Seguramente tendrá un lugar destacado en el ranking de 2022 como ya lo tuvo en 2020, año en el que acreditó, junto con su esposa Silvia Gold, un patrimonio personal de 2.000 millones de dólares.

Al igual que en el resto del mundo, en la Argentina unos pocos concentran una fortuna cada vez más escandalosa mientras la mayoría de la población se hunde en la pobreza, el 42% no llega a satisfacer sus necesidades básicas. Los cinco supermillonarios argentinos suman unos 15.700 millones de dólares, una cifra que permitiría otorgar un ingreso familiar de emergencia de 56.000 pesos para los 19 millones de pobres que hay en el país. Vergonzoso.

Ya estamos en la segunda ola de la pandemia de Covid-19. Las cifras son escalofriantes: 20.870 casos el martes 6 de abril, récord absoluto desde el comienzo del coronavirus, con la Ciudad de Buenos Aires y 43 municipios bonaerenses a la cabeza, junto con otros 87 departamentos de distintas provincias con “alto riesgo epidemiológico”.

Obviamente que el agravamiento de la situación hace que convivan dos miedos en el pueblo trabajador. El miedo a contagiarse, por un lado. Y también el lógico temor a qué sucedería si todo vuelve a cerrarse. Hay preocupación, y con razón, a que se pierdan más puestos de trabajo. O a que una nueva cuarentena estricta pegue con todo sobre aquellos que sobreviven de changas que requieren que haya algún tipo de apertura.

Frente a todo esto, el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobiernos provinciales, peronistas o de Cambiemos, siguen responsabilizando a la gente, que “no se cuidaría”, “sería irresponsable”, etcétera. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, llegó a culpar a los propios trabajadores de la salud de que se contagian por “tomar mate” en el lugar de trabajo, afirmación repudiable que fue denunciada por nuestro diputado Juan Carlos Giordano en la interpelación que se hizo en el Congreso nacional.

En el gobierno prevalece el planteo de que hay que “convivir con el virus”. Pero la realidad es que la segunda ola crece porque en el transporte público se viaja cada día más abarrotado, absolutamente todas las actividades industriales y comerciales están abiertas y en muchos casos funcionando sin que las patronales respeten los mínimos protocolos sanitarios.

Alberto Fernández (él también contagiado) hizo una reunión virtual con Rodríguez Larreta. Ni en este encuentro, ni en los posteriores, entre funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires se tomó alguna decisión seria. Se habla de “medidas para reducir la circulación”, pero ni siquiera se ponen de acuerdo de qué se trataría en concreto. La realidad es que, para permitir que las patronales sigan acumulando ganancias, se hace la vista gorda ante una situación sanitaria cada día más crítica que sigue empeorando y generando cada vez más demandas sobre los trabajadores de la salud, que continúan con salarios de miseria y ni siquiera están todos vacunados. No es casual, entonces, que en estas últimas semanas se hayan dado varios conflictos en hospitales y clínicas, como el importante conflicto de los autoconvocados de Neuquén, que incluyó cortes de rutas y caravanas por distintos lugares de la provincia.

Para los sectores populares, ya golpeados por la pandemia social del año pasado, no hay nada. Ni siquiera están previstas las medidas parciales, mínimas, como el IFE, hoy directamente borradas del presupuesto 2021.

En este marco, lo de la vacuna es lo más grave. Por supuesto que la especulación con las dosis es mundial y forma parte de lo más miserable del capitalismo imperialista, que pone en riesgo la vida de cientos de millones con tal de preservar las ganancias de los laboratorios farmaceúticos. Pero eso no es excusa, nuestro país es uno de los que tiene menos vacunas por cantidad de habitantes de toda Latinoamérica. Y encima, se siguen destapando casos de vacunatorios vip. Pero la campaña sigue a paso de tortuga, ni siquiera se terminó de vacunar a los mayores de edad, un sector de los trabajadores de la salud todavía sigue esperando, así como la mayoría de los docentes y otros trabajadores esenciales.

Lo grave, gravísimo, es que la vacuna la elaboramos en el país. A apenas 42 kilómetros de la Casa de Gobierno, en Garín. Pero sucede que Hugo Sigman, el empresario amigo del gobierno que produce millones de dosis, lo hace para AstraZeneca, por lo que estas van a Estados Unidos. ¡Increíble! Tenemos capacidad tecnológica para producir las vacunas, de hecho se están haciendo, pero no quedan en el país y, entonces, no existen para nuestro propio pueblo trabajador.

Desde el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, los responsables de este desmadre son los gobiernos. En primer lugar, el nacional de Alberto Fernández, y luego los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esto no se salva nadie, ni el peronismo del Frente de Todos, ni la oposición de Juntos por el Cambio, que además de los desastres sanitarios en sus propios distritos, ha salido, con Patricia Bullrich, a plantear la “privatización” de las vacunas.

Más que nunca, es necesario un programa de emergencia ante esta segunda ola. Hay que poner todos los recursos para enfrentarla en términos sanitarios. Incautar las vacunas producidas en Garín para que se produzcan millones de dosis y nadie quede sin ser vacunado. Planteando, ante las superganancias que están haciendo las transnacionales farmacéuticas, la suspensión inmediata de las patentes sobre vacunas y otros medicamentos necesarios para combatir el coronavirus. Hay que centralizar todos los recursos del sistema de salud y masificar los testeos. Y, como reclaman la Cicop y Fesprosa, se tiene que otorgar inmediatamente aumentos salariales a todos los trabajadores de la salud.

Pero también hay que atender la pandemia social, que está dejando un porcentaje récord de pobres y desocupados. Es necesario aumentar salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar. Hay que otorgar un salario social de emergencia a todo el que lo necesite. Y se debe lanzar un gran plan de obras públicas para dar trabajo genuino a los millones de desocupados.

¿De dónde saldrá la plata para financiar todo esto? De la suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo en esto la ruptura del acuerdo con el FMI y de un auténtico impuesto a las grandes fortunas y superganancias de las empresas.

El Frente de Izquierda Unidad plantea la necesidad urgente de implementar esta salida y te invita a luchar para imponerlo.

Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones

Los trabajadores y jubilados vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación. En los últimos tres años, ya se llevan acumulados un retraso del 30% promedio. Y este año, la inflación volverá a ganar a las paritarias por el acuerdo con la burocracia sindical. 

Se requiere un aumento de emergencia, para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 85.000 pesos) y el 82% móvil para los jubilados.

¡Vacunas para todas y todos!

Incautación de las 24 millones de dosis por mes que produce el grupo Insud para AstraZeneca en nuestro país y lo exporta a Estados Unidos. A partir de ahí, lanzar un plan nacional de producción de vacunas que garantice la vacunación masiva, bajo control de las organizaciones sindicales del sector (Cicop-Fresprosa). 

Apelando para dicho plan a todos los recursos de ciencia y tecnología local y a la centralización y unificación de todo el sistema de salud, en camino a su nacionalización. Liberación inmediata de las patentes de vacunas, medicamentos y tratamientos contra el Covid-19.

¡Basta de hambre, miseria y desocupación! plan de obras públicas para combatir el desempleo

La pobreza y el desempleo han alcanzado valores récords. Todo aquel que lo necesite debe poder acceder a un salario social de 56.000 pesos, al mismo tiempo que se deben otorgar aumentos dignos en las tarjetas Alimentar y en los planes sociales. Hay que incrementar urgentemente la comida que reciben los comedores populares. 

Al mismo tiempo, se deben prohibir de verdad las suspensiones y los despidos. Expropiando toda fábrica que viole esta disposición, para ponerla a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores. Se tiene que implementar de inmediato un plan de obras públicas para otorgar trabajo genuino a todos los desocupados.

¡Qué paguen más los que más tienen! impuestos a las grandes fortunas

En nuestro país, quien paga impuestos es el pueblo trabajador, esquilmado con un IVA altísimo. También trabajadores y jubilados aún hoy siguen sufriendo descuentos por el impuesto al salario. Hay que eliminar esos tributos injustos. 

y cobrar un impuesto de verdad a las grandes fortunas, con tasas de 10%, que afecte a las fortunas de los multimillonarios y a las superganancias de las grandes empresas multinacionales y locales. 

Con lo recaudado se podrá financiar una parte importante de los gastos sanitarios que requiere la pandemia y atender a aquellos que más se vieron perjudicados por la misma.

No pago de la deuda externa. Romper con el Fondo monetario

El gobierno de Alberto Fernández ya lleva pagados 6.000 millones de dólares en concepto de intereses de deuda. Este año vence una cifra similar, entre pagos al FMI y al Club de París. 

Cualquier acuerdo de renegociación con el Fondo, obligará a un mayor ajuste y a un sometimiento más grande aún a los dictados del imperialismo. 

Por eso hay que suspender ya mismo todos los pagos y romper el acuerdo con el Fondo, para volcar todo ese dinero a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador.