Escribe José Castillo

Acaba de terminar la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional. Julie Kozak, directora adjunta del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para Argentina, volvieron a los Estados Unidos llevándose con ellos a Sergio Chodos, el representante argentino ante el organismo. Así, seguirán trabajando en Washington, precisando los detalles del plan de ajuste que el Fondo le exigirá a la Argentina a cambio de correr un poco los vencimientos de la deuda de 49.000 millones de dólares.

En el mismo momento en que se encontraba la misión en nuestro país, se dieron a conocer declaraciones de la directora general del Fondo, Kristalina Georgieva, quien afirmó: “No venimos con la idea de recortar aún más el gasto en estas circunstancias”. Inmediatamente, funcionarios  y periodistas cercanos al gobierno salieron a decir que esa era otra señal de que el Fondo “había cambiado” y que ahora era un organismo que “comprendía” las necesidades sociales. Nada más alejado de la realidad. Para muestra, bastan las comparaciones.

¿FMI bueno? Miremos Ecuador

Hace un mes y medio, por otra parte, Ecuador acordó un crédito con el Fondo por 6.500 millones de dólares a diez años a cambio de profundas reformas financieras y tributarias. Entre ellas, subir el IVA de 12% a 15%, eliminar su devolución a las personas de la tercera edad y subir el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que a la vez incluirá a más trabajadores. Al mismo tiempo, se exigirá un durísimo achicamiento del gasto, que afectará no solo las partidas hoy dedicadas a atender la pandemia del coronavirus, sino que también implica reducciones de sueldos de estatales y despidos en el sector. En total, es una reducción del déficit fiscal del actual 8,9% del PBI a 2,9% entre 2020 y 2021 y un ajuste aún mayor, hasta llegar a 0,6% en 2022.

También, el FMI publicó la semana pasada un reporte sobre la revisión de la economía de Brasil, en el que elogió al gobierno de Bolsonaro y, en particular, el ajuste sobre las pensiones (jubilaciones) y los proyectos de ley enviados al Congreso para bajar el gasto social.

¿Y por casa cómo andamos?

Volvamos a la frase de Kristalina. Ella sostuvo que no hace falta ajustar “aún más”. ¿A qué se refiere? A que, en concreto, el FMI ya acordó con el gobierno de Fernández hace dos meses el proyecto de presupuesto 2021, en el que se plantea reducir el actual déficit fiscal de 8,5% del PBI a 4,5% para 2021. Es una reducción enorme, la más grande desde 2002. Significa recortar, como mínimo, todo el gasto destinado a la pandemia.

Y esto no es todo. El acuerdo con el Fondo va a incluir revisiones “bajo el artículo IV”. Eso quiere decir más exigencias para los años posteriores y una inspección constante del organismo sobre el cumplimiento del ajuste. Significa, de hecho, resignar toda capacidad independiente para hacer política económica de acá a varios años. 

No hay salida con el FMI

El Fondo es el de siempre. El principal “perro guardián” de los intereses políticos y económicos del capitalismo imperialista, sus gobiernos, las grandes multinacionales y los buitres de la deuda externa. Nada bueno salió nunca de los veintiún acuerdos anteriores con el FMI. Lo mismo sucederá ahora. Por eso, insistimos, la única salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda externa para así tener capacidad soberana y dinero para volcarlo a resolver las más urgentes necesidades populares: comida, trabajo, vivienda, salud y educación.

Escribe Adolfo Santos

En los últimos días la CGT se mostró muy activa. No reclama en favor de los trabajadores, pero es cada vez más servicial a los planes del gobierno. Después de permitir rebajas salariales y ser cómplice en los despidos, las suspensiones y los proyectos de flexibilización laboral, ahora se dispone a firmar un “acuerdo social” con el gobierno y las grandes patronales. Una traición más para ayudar a pasar el plan de ajuste.

No es casual que esta movida se dé en medio de la llegada del FMI. El gobierno necesita mostrar a los usureros del sistema financiero que es capaz de controlar la situación, condición necesaria para aplicar los planes que el Fondo exige. Para pergeñar este acuerdo se sentaron a la misma mesa el ministro de Economía, Martín Guzmán, dirigentes sindicales de la CGT y la CTA y de movimientos sociales, como la CTEP, además de organizaciones patronales con representantes de la UIA, la Cámara de la Construcción, el Consejo Agroindustrial y las asociaciones de banqueros Adeba y ABA.

Al centrar su intervención en las negociaciones del gobierno con el FMI, Guzmán dejó claro el objetivo del gobierno con este acuerdo social, disciplinar a los trabajadores y a los movimientos sociales para poder aplicar los ajustes necesarios para continuar pagando una deuda fraudulenta. “Con el FMI lo que buscamos es un programa que ayude a la Argentina”, dijo el ministro. Y agregó: “Queremos involucrarlos a todos ustedes para trabajar de forma articulada en este proceso”. Como si alguna vez al FMI le hubiese importado ayudar a la Argentina. En este “acuerdo social” el gobierno intenta “involucrar” a la mayor cantidad de sectores en el apoyo a las negociaciones con el Fondo para tratar de frenar las luchas y las protestas.

Contra los acuerdos de la burocracia, frenar los planes de ajuste

Se equivocan las direcciones burocráticas y los mentores de este plan si piensan que los trabajadores y los sectores populares van a aceptar mansamente la reducción de derechos y el continuo aumento de la pobreza. La lucha que los enfermeros y las enfermeras vienen llevando a cabo de forma autoorganizada frente a la traición de los dirigentes sindicales es un ejemplo a tener en cuenta. No podemos quedar a merced de burócratas que se reúnen con el FMI para “rogarle” que no aplique más ajustes a los trabajadores, o que en medio de una inflación galopante firmen acuerdos paritarios a la baja, con sumas fijas que significan pérdidas salariales. Es inconcebible que, en medio de esta crisis, el centro de la CGT sea la organización de un acto virtual el 17 de octubre en apoyo al gobierno de Alberto Fernández. ¡No hay nada que apoyar del plan de ajuste del gobierno que pacta con el FMI! 

Es hora de organizarse para frenar la entrega y el aumento de la miseria y la indigencia, que ya llega a casi 12 millones de argentinos, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Es necesario llevar el IFE a 40.000 pesos y exigir un salario mínimo de 72.000 pesos para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Para eso hay que frenar los planes de ajuste del gobierno y el FMI y luchar por un plan económico alternativo que comience por el no pago de la deuda externa y por imponer un impuesto a las grandes riquezas, como proponemos del FIT Unidad, que permita recaudar 15.000 millones de dólares. De esa forma habrá recursos para cumplir con esas medidas e implementar, también, un plan de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos genuinos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop 

El récord de contagios por el Covid-19, a pesar de una cuarentena de casi siete meses, es una demostración palpable del fracaso de la política del gobierno de Alberto Fernández para atender la salud del pueblo trabajador y de los más vulnerables. El “modo profesor” del presidente, bien recibido al comienzo, fue perdiendo todo efecto con la falta de resultados concretos. Queda claro que con “sarasa” no alcanza. Sin embargo, las autoridades no actuaron de la misma manera cuando se trató de beneficiar los intereses de los grandes grupos farmacéuticos internacionales votando una ley que es un escándalo.

La noche del miércoles 7 de octubre no hubo “grieta”. Aprovechando la expectativa que genera la producción de una vacuna para combatir el coronavirus, el gobierno peronista y toda la oposición radical y de Cambiemos votaron juntos en el Congreso a favor de un proyecto de ley que protege los laboratorios multinacionales y acepta las condiciones aberrantes impuestas para comercializar la vacuna en nuestro país. Los diputados del Frente de Izquierda Unidad votaron en contra de este proyecto escandaloso de sumisión a las exigencias de las multinacionales. El diputado tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin fue el autor de la iniciativa. Motivos tiene, es hombre de Manzur, ex ministro de Salud de la provincia y amigo del multimillonario Hugo Sigman, uno de los que se beneficiará con la norma votada.

El proyecto prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” para los laboratorios. O sea que los efectos indeseados que produzca la vacuna no serán de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado nacional, que deberá asumir el costo. Garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Como ocurre con los acreedores de la deuda, si se decidiera llevar a juicio a un laboratorio deberá hacerse dónde éste lo decida.

Además, determina “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” y exime del “pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”. Este proyecto escandaloso es una decisión política del gobierno peronista del Frente de Todos. Alberto Fernández agradeció al bloque de diputados de Juntos por el Cambio por “acompañar al oficialismo para blindar jurídicamente a los laboratorios”. Aprovecharse de la necesidad urgente de la vacuna para hacer semejantes concesiones a estas multinacionales es de una perversidad inaudita.

Plata para salud pública, no para el FMI y los laboratorios

Mientras tanto, el pueblo trabajador, los sectores populares y más vulnerables continúan sufriendo las consecuencias del coronavirus. La estabilización de casos en el AMBA, si bien en niveles muy altos, ha dado pie tanto al gobierno peronista de Axel Kicilof como al de Cambiemos, de Horacio Rodríguez Larreta, a liberar las actividades económicas sin reaseguros para la población. Esta acción abre un incierto pronóstico sobre la evolución de la pandemia en el área.

En el interior, los contagios se disparan y saturan un sistema sanitario ya desmantelado por la falta de inversiones. Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta registran una línea ascendente, con lo que nos acercamos al millón de contagios y a casi 25.000 muertes. A partir de estos datos, el gobierno peronista ha determinado endurecer las restricciones de circulación en dieciocho provincias, repitiendo una fórmula que ya no da resultados positivos.

Además de las medidas de aislamiento son necesarios testeos masivos para detectar los grupos y sectores de riesgo y hacer el control. Es necesario centralizar las camas y recursos estatales y privados para lograr una atención de calidad, igual para todos. También aumentar el presupuesto de salud pública que garantice salarios dignos para los trabajadores de la salud y completar las vacantes de personal. Aumentar el IFE a 40.000 pesos y asistir con alimentos a todas las familias que los necesiten. Para eso, la salida no es negociar con el FMI ni votar proyectos que benefician a los billonarios laboratorios. Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.

Escribe Joel Rojo

Por responsabilidad del gobernador Schiaretti y los intendentes, y por la complicidad de la burocracia sindical y de ineptos como Diego Cardozo, ministro de Salud provincial, el sistema está al borde del colapso. El 5 de octubre había 833 internados graves con Covid-19 en el sector privado, que tiene 948 unidades intensivas entre intermedias y coronarias que, si bien están destinadas a patologías cardíacas, se usan para la pandemia. Es decir 88% de ocupación. Esto en el sistema público llega al 77 por ciento. Pero los contagios entre los trabajadores de la salud han llegado al 30%, por lo que no hay personal suficiente para atender las camas críticas, razón por la cual las ambulancias deben esperar hasta cinco horas para poder ubicar a un paciente, que en muchos casos ya tienen intubado en el móvil.

Hace una semana, un hombre que sufrió descompensación y fiebre luego de una operación tuvo que recurrir a la Justicia para conseguir una cama de terapia intensiva. El juez de Control Carlos Romero ordenó a Salud provincial que ubique en forma urgente al paciente, que a pesar de tener obra social fue internado en el hospital San Roque, lo que demuestra una vez más la necesidad de un sistema único estatal de salud, ya que el privado tampoco asume su responsabilidad cuando le corresponde.

Esta realidad también muestra que es una mentira que, ante la disyuntiva entre la salud y la economía, tanto Schiaretti como Alberto Fernández priorizan la salud. Esta saturación es la consecuencia de haber priorizado la ganancia de los empresarios. Mientras tanto efectúan restricciones irrelevantes y sin ningún control, como suspender el tránsito entre las 20 y la 6. Es que aun cuando obligaron a la cuarentena, lo hicieron con un miserable IFE de 10.000 pesos cada dos meses, permitieron despidos, suspensiones y rebajas salariales que elevaron la pobreza a más del 40 por ciento. Mientras tanto garantizaban las ganancias de las patronales bajándoles aportes, concediéndoles moratorias, rebajando retenciones a los exportadores y pagando el 50% del salario de todos sus trabajadores. Al mismo tiempo se arrodillaban ante los bonistas, y ahora ante el FMI.

Para ocultar su responsabilidad acusan a la “gente” y a las “reuniones sociales” de los 50.262 contagios y las 591 muertes. Para evitar una situación aún peor hay un solo camino. Hay que tomar medidas de aislamiento y testeos masivos, otorgar 40.000 pesos a quienes no poseen recursos y aumentar salarios y jubilaciones de inmediato. Plata que debe salir de dejar de pagar la deuda externa y de aplicarle a los ricos y a las ganancias empresarias el impuesto que propone el FIT Unidad en su proyecto.

Escribe Diego Martínez

A pocos días de una nueva fecha de desalojo, el gobierno del Frente de Todos sigue sin ofrecer una solución. Haciendo uso de su doble discurso, dice que quiere resolver la situación a través del diálogo, pero lo único que propone es la represión, política que ya aplicaron en la toma del barrio Unión, de Laferrere, en La Matanza, que fue desalojada violentamente.

En Guernica, el gobierno de Kicillof anunció la existencia de 3.000 lotes. En la última mesa de negociación se comprometió a impulsar una visita a estos terrenos, que luego fue cancelada. El gobierno peronista sostenía que podrían estar disponibles en seis meses, pero nunca explicó dónde vivirían los vecinos en ese lapso.

Canceló también reuniones que tenían el propósito de llegar a un acuerdo y no recibió a los vecinos que se movilizaron hasta la gobernación. Aunque se disfrace de “dialoguista”, Kicillof cortó toda instancia de diálogo y prepara el terreno para el desalojo. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la intendenta Blanca Cantero se pronunciaron varias veces en ese sentido.

El ministro Larroque, de La Cámpora, dijo que el desalojo se va a llevar adelante y que no volverán a pedir una prórroga,  mientras sale a embarrar la cancha usando a la izquierda como chivo expiatorio para justificar la represión. En las últimas horas anunció que el 80% de las familias ya fueron reubicadas, mentira. En los días previos manifestó que el gobierno quiere llegar a un acuerdo, pero que no se puede porque la izquierda “está jugando irresponsablemente a un proceso pseudorrevolucionario” y “obstruye con mentiras permanentes el accionar del Estado  (Página/12, 8/10/2020). El que miente es el gobierno, que busca demonizar a la izquierda y a las organizaciones sociales combativas, los únicos que apoyamos el reclamo de vivienda y queremos una solución, para encubrir el hecho de que no tiene una respuesta al problema más que la de la represión. Funcionarios declararon que la toma es “ilegal” por ser violatoria de la propiedad privada, aunque no haya persona alguna que pueda acreditar la titularidad del predio. El gobierno desconoce la ley 14.449, que señala que los countries deben ceder el 10% de los terrenos para el loteo social. En la zona lindera a la toma hay dieciocho countries.

El objetivo del gobierno es el desalojo. Si no lo pudo hacer hasta ahora fue por la fortaleza y organización de los vecinos, que ya lograron que se postergue en cinco oportunidades y están dispuestos a seguir haciéndolo las veces que sea necesario. Es por eso que el intento del gobierno de desalojar a las 2.500 familias ofreciéndoles 40.000 pesos fracasó. Las familias quieren un lugar donde vivir, ofrecerles dinero demuestra que Kicillof insiste en desconocer esa necesidad. Algunas personas que abandonaron la toma denunciaron además que esa plata nunca les llegó.

Guernica es la expresión más aguda de un problema que se expresa en todo el país. Son cuatro millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Esa cifra creció durante la cuarentena, producto del ajuste del gobierno nacional, que pagó 4.500 millones de dólares al FMI mientras cientos de miles de trabajadores fueron despedidos y otros tantos sufrieron una pérdida significativa de sus ingresos. De las 2.344 personas que censó el Ministerio de Desarrollo Social en Guernica, 1.544 declararon que se volcaron a la toma porque quedaron desocupadas y/o se quedaron sin ingresos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda (Página/12, 8/10/2020).

Situaciones similares se viven en todo el país, por eso es indispensable apoyar esta lucha. Si gana esta pelea dejando atrás el desalojo y se logra avanzar con el loteo de las tierras, como proponen los vecinos, se fortalecerá la lucha por la vivienda y estaremos en mejores condiciones para dar la pelea por imponer un plan de construcción de viviendas populares que solucione este problema en todo el país sobre la base del no pago de la deuda externa y estableciendo un verdadero impuesto a la riqueza.

Debemos rodear de solidaridad a la toma llevando donaciones, participando de las acciones para evitar el desalojo y denunciando las mentiras del gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación, sumando apoyo entre los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y los sectores populares. La campaña de mentiras busca preparar el terreno para que el desalojo tenga apoyo popular. Pero con la organización de la toma, la campaña de solidaridad y la difusión de la lucha sigue creciendo el sentimiento de que todos somos Guernica.