Escribe Guillermo Sánchez Porta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmaron con los dirigentes de Ctera, UDA, CEA, Sadop, AMET y el Consejo Federal de Educación (CFE), por unanimidad, que el salario mínimo docente nacional será de 27.500 pesos a partir de diciembre de 2020. Este monto incluye el Fonid, material didáctico y una suma extraordinaria.

Trotta celebró el acuerdo paritario alcanzado: “Para nosotros es fundamental cuidar estas instancias de negociación y de concertación entre el Estado y los trabajadores. Por eso estamos celebrando poder discutir, no solo el salario, sino las condiciones de trabajo”. Agradeció a “las cinco organizaciones sindicales nacionales por un año de diálogo constante, las mejores políticas para poder garantizar el derecho a una educación transformadora”.

La noticia, textual, no da margen para comentarios. Para Alberto Fernández y Trotta es un gran logro que el salario de un docente sea de 27.500 pesos, cuando la canasta familiar es de 76.500 pesos, según ATE Indec, y la canasta de pobreza está en 49.912. ¡Una vergüenza que muestra la realidad de su doble discurso sobre “la importancia de la educación y la docencia”!

Párrafo aparte merecen Sonia Alesso y Baradel, de Ctera, y los burócratas de UDA, CEA, Sadop y AMET que firmaron de manera “unánime” y sin consultar a un solo docente del país. Esto confirma que son dirigentes vendidos al gobierno y que es necesario coordinar, en la Nación y las provincias, a toda la oposición para poder echarlos de todos los sindicatos docentes para recuperarlos para la democracia sindical y la lucha por nuestras reivindicaciones. Repudiamos este acuerdo y llamamos a la lucha por salarios y más presupuesto.

El gobierno peronista de Alberto Fernández hace malabares alrededor de una palabra, ajuste. “Ajuste era el de Macri, lo nuestro es privilegiar a los postergados”, se escuchaba no hace mucho. “Lo que hacemos no es ajuste, sino correcciones”, dijeron después. Finalmente, la semana pasada el presidente se sinceró: “Hay un ajuste, pero no lo van a pagar los más necesitados”. A este doble discurso del “ajuste que no es ajuste” abonan también periodistas, como Alfredo Zaiat, que en Página/12 “explicó” increíblemente que reducir el déficit fiscal de 8% a 4,5% del PBI “no es ajuste” (22/11). O a la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, mintiendo alevosamente afirmando que “los jubilados le ganaron a la inflación” mientras anuncia un aumento que no llega a 30 pesos por día.

Vamos a la realidad que vive el pueblo trabajador. El gobierno eliminó la cuarta cuota del IFE y anunció que nunca más se pagará, como si la pandemia y sus consecuencias sociales se hubieran terminado. El gobierno dice que lo va a reemplazar por nuevos programas sociales, pero no los van a cobrar los nueve millones que percibían el IFE, sino muchos menos. Los jubilados, por su parte, terminarán el año cobrando mucho menos, en todas las categorías, que lo que les hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula vigente en diciembre pasado. Además, los aumentos jubilatorios por decreto de este año terminarán siendo inferiores a la inflación. Y, sobre llovido mojado, la nueva fórmula de reajuste previsional no tendrá en cuenta la evolución de los precios.

Sigamos. A los aumentos casi continuos de los combustibles se les va a agregar el año próximo el descongelamiento de las tarifas, con incrementos de entre 30% y 60% para el gas y la luz. Se liberan los precios máximos, que se sumarán a una inflación creciente, pegando en particular sobre los productos de la canasta familiar. Los salarios siguen a la baja con paritarias que, congeladas por meses, ahora quieren ser arregladas con aumentos muy inferiores a lo perdido. Podríamos sintetizar todo esto preguntando ¿si esto no es ajuste, qué es?

Este es el famoso “programa económico” del Frente de Todos. Ni reactivación, ni prioridad para los más postergados. Más de un compañero se preguntará ¿por qué el gobierno peronista de los Fernández no cumplió con “llenar la heladera” o “priorizar a los jubilados antes que a los banqueros”, como prometía hace poco más de un año en la campaña electoral? La respuesta es simple, porque tiene que cumplir con los compromisos que se están negociando con el FMI. Aquí están las primeras consecuencias del plan que se está terminando de cerrar con el Fondo. Y todo este ajuste (insistimos con la palabra, aunque el gobierno quiera esconderla) tiene un destino claro, cumplir con los pulpos acreedores de la deuda externa.

Veníamos del ajuste de Macri. A lo largo de este año, mientras se desarrollaba la pandemia del coronavirus, se profundizó a través de lo que llamamos la “pandemia social”, se perdieron tres millones de puestos de trabajo, aumentó exponencialmente la pobreza, decenas de miles perdieron hasta los lugares donde vivían por no poder seguir pagando los alquileres, crecieron el hambre y la marginación social. Ahora, con el acuerdo con el Fondo, se plantea profundizar más aún el ajuste. Mientras, no nos olvidemos, la pandemia del Covid-19 todavía no se terminó, los contagios siguen siendo muchos y lo de la eventual vacuna todavía está en veremos. Frente a este panorama, lógicamente, la pregunta que surge en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios populares es ¿qué hacer? En muchos sectores se salió a pelear. Así lo están haciendo, casi desde el primer día de la pandemia, los trabajadores de la salud. O los que han perdido sus puestos de trabajo, como los aeronáuticos de Latam, los docentes de muchas provincias y tantos otros.

Si el ajuste viene pasando en muchos lugares, es por la traición de las burocracias sindicales de la CGT y las CTA, que siguen jugadas al pacto con el gobierno. Sin embargo, esta semana, la impactante caravana y marcha convocada por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, de Once a Plaza de Mayo,demostró que, cuando a la cabeza hay una conducción combativa y  democrática como la de la Bordó, la base responde y sale masivamente a luchar. Este es el camino para dar la pelea contra el ajuste, tal como lo venimos planteando desde el sindicalismo combativo.

En las próximas semanas también se dirimirá en las calles si efectivamente logramos imponer, de una vez por todas, el aborto legal, seguro y gratuito. La lucha por que se apruebe dependerá, otra vez, de que se ponga nuevamente en marcha la “ola verde” que conmocionó al país en 2018. Desde Isadora e Izquierda Socialista ya estamos ahí, convocando a acciones masivas para que el grito de “aborto legal en el hospital” resuene por millones.

Se acerca el fin de año. Tenemos que dar todas estas peleas. Pero además tenemos que plantear una perspectiva, distinta del plan que nos quieren imponer el gobierno y el FMI. Por eso decimos que es necesario postular un programa económico alternativo, obrero y popular, que priorice las necesidades del pueblo trabajador por sobre las de las patronales y los banqueros. El primer paso para llevarlo adelante pasa justamente por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI, imponer un auténtico impuesto a las grandes fortunas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Porque de ahí saldrá la plata para que haya trabajo, salario igual a la canasta familiar, un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite y presupuesto para salud, vivienda y educación. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad trabajamos por una alternativa política que lleve adelante este programa.

Escribe Claudio Funes

A partir de diciembre los haberes de los jubilados y pensionados del sistema nacional que gestiona la Anses subirán 5 por ciento. Fue anunciado el miércoles 18 en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. De esta manera, la jubilación mínima ascenderá a 19.035 pesos, un incremento de apenas 906 pesos. Un chiste de mal gusto.

El porcentaje otorgado es inferior al aumento de la canasta básica de alimentos -parte muy importante en los gastos de los jubilados-, que en octubre subió 6 por ciento.

En 2017, en medio de una feroz represión, el gobierno de Macri impuso una nueva movilidad jubilatoria. Significó el robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Durante el gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo de los haberes se depreció 19,5 por ciento. Con Alberto Fernández continúa el ajuste al servicio del FMI. Con las subas por decreto, decididas de manera discrecional, el gobierno ejecutó un ajuste anual en el gasto de seguridad social de, por lo menos, 72.000 millones de pesos, el equivalente a más de 2.6 millones de jubilaciones de 27.193 pesos, una mínima y media.

De haberse mantenido la suspendida ley, todos los ingresos jubilatorios habrían aumentado durante el presente año 42 por ciento. En cambio, con el 5% que se aumentará en diciembre, los haberes acumularán un incremento de entre 24,3% y 35,3% dependiendo del nivel de ingresos (el porcentaje más alto corresponde al haber mínimo).

Por su parte, la inflación desde enero a octubre trepó a 26,9%, con una expectativa anual de 36,9%, según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central en septiembre. Con los aumentos de noviembre y diciembre la inflación acumulada de todo 2020 puede superar 37 por ciento.

Estas cifras contradicen la afirmación que hizo Santiago Cafiero, quien manifestó que ​“el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación y estamos recomponiendo las pérdidas que se arrastraban desde 2018 y 2019, pérdidas reales con la fórmula del gobierno anterior”.

Con este aumento, las jubilaciones y pensiones más bajas no solo no recortan sino que acrecientan la pérdida de 2018 y 2019, que fue de 19,5% y que afectó a todos los beneficios, mientras las medianas y más altas retroceden aún más (Clarín, 18/11/2020).

Horas antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández, en declaraciones radiales, expresó: “No queremos que los haberes queden debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y lo voy a cumplir”.

La realidad es muy distinta. De las 6,64 millones de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que paga la Anses, 63,1% corresponde al haber mínimo, según los datos al mes de septiembre de la Secretaría de Seguridad Social. Estamos hablando de 18.129 pesos, cuando la canasta básica de los jubilados ya alcanza los 49.614 pesos, según la Defensoría de la Tercera Edad. 

La totalidad de los jubilados ya no solo quedan por debajo de la inflación, sino que en su gran mayoría están por debajo de la línea de pobreza. Alberto Fernández es doble discurso.

El paupérrimo 5% representa el valor de su compromiso con los más vulnerables, a la vez que reafirma que nada bueno se puede esperar de la nueva movilidad jubilatoria, que no incluye actualización por inflación. El 5% es ajuste, no aumento.

“Si la Argentina no crece, no hay fórmula de movilidad, ni fórmula de la Coca-Cola que pueda favorecer a nadie. Nuestro gobierno vino a hacer crecer a la Argentina. Esta fórmula es la que permitió que cuando creció la Argentina los jubilados también crecieron”, manifestó la camporista Fernanda Raverta.

Lamentablemente, las perspectivas serán otras. Solo crecerán la pobreza y la desocupación, porque el gobierno ya eligió pagar miles de millones de dólares a los acreedores de la deuda externa y al FMI.

La economía de los jubilados no mejorará en 2021. Se continuará por ley con el ajuste que hoy se impone por decretos. Con la fórmula de Macri los jubilados perdieron. Con la nueva también perderán. Se consolidará así el robo a los jubilados. Porque no se puede estar con ambos. ¡Se está con los jubilados, o con el FMI! 

Desde Izquierda Socialista repudiamos el miserable 5% de aumento y la nueva fórmula de movilidad peronista. Por ello proponemos luchar por las siguientes medidas:

• Un aumento de emergencia para que la jubilación mínima tenga el valor de la canasta del jubilado, según la Defensoría de la Tercera Edad, 49.614 pesos.
• Restablecer el valor histórico de los aportes patronales, que se redujeron 50% con Menem y Cavallo.
• Aplicar las fórmulas indexatorias que correspondan de acuerdo a la inflación mensual.
• Aplicar el 82% móvil del salario en actividad.

¿Esto es posible? Sí. Requiere que se suspendan los pagos de la deuda externa y se rompa la sumisión al Fondo Monetario Internacional.

Escribe Claudio Funes

Claudio Lozano se refirió críticamente al proyecto de ley de movilidad jubilatoria que impulsa el gobierno del que forma parte como miembro del directorio del Banco Nación.

Manifestó, entre otros conceptos, que “resulta insólito que en una economía inflacionaria como la de la Argentina no se incluya en una fórmula de movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales la cuestión central, un piso equivalente al aumento de la inflación”. Y agregó: “El objetivo de la fórmula de movilidad por lo menos debe ser mantener el poder adquisitivo de los haberes, máxime cuando los jubilados perdieron un 23% en el período del gobierno de Mauricio Macri y no han recuperado ese deterioro desde la asunción del nuevo gobierno”. Lozano, entre otras críticas, también afirmó: “la propia fórmula establece que si los salarios crecen más que la recaudación esa mejora no va a los jubilados, y si la recaudación sube más que los salarios tampoco se les traslada a los jubilados ese plus recaudatorio. Es más, en contextos de recesión y caída de la recaudación los haberes jubilatorios perderían, al tiempo que su deterioro no haría más que profundizar la recesión”.

La conclusión de Lozano es clara: “estamos frente a una fórmula que privilegia el sostenimiento de las cuentas fiscales antes que el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. La razón es simple. Está pensada en clave de FMI antes que en función de las necesidades que hoy exhiben la mayoría de nuestros jubilados”.

El interrogante que no responde Lozano es el de su lugar como miembro del gobierno de Alberto Fernández. Es que Claudio Lozano es uno de los principales dirigentes de Unidad Popular, un partido de centroizquierda que es parte del Frente de Todos. 

Su intención es mostrarse “distinto” dentro de un gobierno que ajusta al servicio del FMI. Que pagó, apenas asumió, 4.500 millones de dólares y que se entregó a los fondos buitres.

Lozano y Unidad Popular alientan la falsa expectativa de que dentro del peronismo hay alternativas progresistas, intentando de este modo evitar rupturas con el gobierno de franjas de trabajadores, sectores populares, juventud y, evidentemente, de jubilados. Enfrentar de verdad  la reforma jubilatoria requiere salir a luchar contra ella, y oponer un programa alternativo, donde los jubilados no queden sacrificados en manos del ajuste al servicio del FMI y los pulpos acreedores de la deuda externa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Un zócalo del canal progobierno C5N sorprendió el día que se trataba el impuesto a la riqueza con un texto que afirmaba: “El macrismo y la izquierda, socios en defensa de las grandes fortunas” (ver imagen). Esa mentira formó parte de una furibunda y grosera campaña del oficialismo contra los diputados del Frente de Izquierda que hacían valer su propio proyecto, que disponía gravar de verdad a la riqueza y que habría recaudado 20.000 millones de dólares y no 2.000 millones como el que se terminó votando. El proyecto del FIT, por supuesto, nada tiene que ver con el macrismo que, como se sabe, tanto Macri, como Patricia Bullrich, Larreta, la UCR y todos los representantes de Juntos por el Cambio, cuando fueron gobierno se dedicaron a salvar las ganancias capitalistas y ahora, con sus banderazos albicelestes, defienden la propiedad privada de Vicentin. ¿Alguien puede en su sano juicio decir que la izquierda coincide con Macri? Nadie. Sin embargo, el gobierno hace esta campaña burda para decir que la única alternativa sensata, “progre”, que “combate a los ricos” y está a favor de los vulnerables sería la del peronismo y el Frente de Todos.

A nuestros lectores, trabajadores y jóvenes que les llegó la campaña del gobierno o que se pudieron hacer eco de esta operación, les decimos que, lejos de “combatir a las grandes fortunas” el gobierno viene aplicando políticas para salvarlas. Por ejemplo, con la ley de emergencia de diciembre de 2019 les perdonó y les quitó impuestos y retenciones a las petroleras y las mineras. Luego, con la UIA, les robó el 25% de los salarios a los trabajadores. Firmó un acuerdo con China para transformar a la Argentina en una fábrica de cerdos en beneficio del agronegocio contaminante que, en buena hora, fue frenado por la movilización ambiental. Y el gobierno simula estar contra los ricos, y defender a los más vulnerables, diciendo que va a beneficiar a la “salud”, cuando solo destinará un insuficiente 20% de lo recaudado para ello, mientras se dispone a pagar 50.000 millones de dólares al FMI. ¿Se imaginan nuestras lectoras y lectores cuántos respiradores, barbijos o camas se podrían adquirir, cuánto mejorarían los salarios de los profesionales de la salud y enfermeros con este monto sideral? Aun así, el gobierno hace la campaña.  

Tal vez algunos no se enteraron, o repararon, de que el denominado “aporte solidario” del gobierno no toca precisamente la riqueza de los bancos ni de los grandes empresarios. Sería bueno que el gobierno, en vez de hacer campaña contra el Frente de Izquierda, explique por qué solo impuso un ínfimo porcentaje a personas físicas y no a las ganancias capitalistas. Como decimos en nuestro proyecto de ley, los bancos privados obtuvieron una ganancia de 319.000 millones de pesos en 2019 y las quinientas empresas que más venden en el país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias entre 2016 y 2018, pero no se los toca. ¿No debería explicar el gobierno por qué los deja exentos en vez de atacar a la izquierda?

¿Cuál es el trasfondo de la campaña del gobierno contra el Frente de Izquierda? Son tres las razones centrales. Primero, porque quiere desacreditar la salida de fondo que proponemos para combatir de verdad a los de arriba, cosa que no hace el gobierno. Solo el FIT Unidad propone un verdadero impuesto a las ganancias de las grandes patronales, bancos y multinacionales; la reestatización de las privatizadas para terminar con el negocio de los servicios públicos. Solo la izquierda dice que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para atacar la riqueza obscena de los bancos o Cargill y propone el no pago de la deuda y el repudio al FMI. Esto es atacar de raíz a los de arriba.

Segundo, el gobierno hace campaña contra el Frente de Izquierda porque le duele que, junto con el sindicalismo combativo, está en todos los reclamos obreros y populares. Y, ¡ojo!, el gobierno hace campaña contra la izquierda para tirar de ese modo contra los que luchan. Por ejemplo, el gobierno atacó a la izquierda en Guernica a través de Larroque, Kicillof y Berni diciendo que “hacía política” y que boicoteaba un acuerdo para justificar el violento desalojo de miles de familias necesitadas.

Esta campaña contra la izquierda también la hizo el macrismo, tildándola de violenta por enfrentar dignamente el robo jubilatorio frente al Congreso a fines de 2017, o diciendo que, por culpa de la izquierda, se cerraban fábricas, como Pepsico. Yendo más atrás en el tiempo, el peronismo kirchnerista metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de quemar trenes.

Tercero, la campaña del gobierno es un intento por retener en el Frente de Todos a parte de su base social que lo está criticando por el ajuste en curso para impedir que se vaya a la izquierda. Recordemos cuando Néstor Kirchner aspiraba a que hubiera solo dos expresiones políticas, su “gobierno popular” y una “derecha democrática” que se alternaran en el poder. Y agregaba: “A la izquierda del kirchnerismo está la pared”. Pero en 2011 surgió el Frente de Izquierda sobre la base de la mayor unidad de la izquierda que se logró en el país. Desde ese momento, el FIT vino avanzando con más inserción en el movimiento obrero con el sindicalismo combativo peleando contra la nefasta burocracia sindical peronista, en el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental y en la vida política del país, postulando una salida de fondo para combatir los males capitalistas a los que nos llevaron todos los gobiernos patronales. Esto es lo que le molesta al gobierno y al peronismo, por eso apela a campañas mentirosas.

En todo este tiempo hemos sabido desenmascararlas y clarificarlas a pesar de la confusión que generan, logrando que cientos de miles de luchadores abracen un programa alternativo, de izquierda, por una salida obrera y socialista. Mientras hacemos estos debates, desde Izquierda Socialista nos dirigimos a las nuevas generaciones de luchadoras y luchadores que se suman a la pelea política para que no se dejen llevar por falsas campañas y, en cambio, luchemos juntos por una salida de fondo para el país.