Escribe Diego Martínez

A pocos días de una nueva fecha de desalojo, el gobierno del Frente de Todos sigue sin ofrecer una solución. Haciendo uso de su doble discurso, dice que quiere resolver la situación a través del diálogo, pero lo único que propone es la represión, política que ya aplicaron en la toma del barrio Unión, de Laferrere, en La Matanza, que fue desalojada violentamente.

En Guernica, el gobierno de Kicillof anunció la existencia de 3.000 lotes. En la última mesa de negociación se comprometió a impulsar una visita a estos terrenos, que luego fue cancelada. El gobierno peronista sostenía que podrían estar disponibles en seis meses, pero nunca explicó dónde vivirían los vecinos en ese lapso.

Canceló también reuniones que tenían el propósito de llegar a un acuerdo y no recibió a los vecinos que se movilizaron hasta la gobernación. Aunque se disfrace de “dialoguista”, Kicillof cortó toda instancia de diálogo y prepara el terreno para el desalojo. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la intendenta Blanca Cantero se pronunciaron varias veces en ese sentido.

El ministro Larroque, de La Cámpora, dijo que el desalojo se va a llevar adelante y que no volverán a pedir una prórroga,  mientras sale a embarrar la cancha usando a la izquierda como chivo expiatorio para justificar la represión. En las últimas horas anunció que el 80% de las familias ya fueron reubicadas, mentira. En los días previos manifestó que el gobierno quiere llegar a un acuerdo, pero que no se puede porque la izquierda “está jugando irresponsablemente a un proceso pseudorrevolucionario” y “obstruye con mentiras permanentes el accionar del Estado  (Página/12, 8/10/2020). El que miente es el gobierno, que busca demonizar a la izquierda y a las organizaciones sociales combativas, los únicos que apoyamos el reclamo de vivienda y queremos una solución, para encubrir el hecho de que no tiene una respuesta al problema más que la de la represión. Funcionarios declararon que la toma es “ilegal” por ser violatoria de la propiedad privada, aunque no haya persona alguna que pueda acreditar la titularidad del predio. El gobierno desconoce la ley 14.449, que señala que los countries deben ceder el 10% de los terrenos para el loteo social. En la zona lindera a la toma hay dieciocho countries.

El objetivo del gobierno es el desalojo. Si no lo pudo hacer hasta ahora fue por la fortaleza y organización de los vecinos, que ya lograron que se postergue en cinco oportunidades y están dispuestos a seguir haciéndolo las veces que sea necesario. Es por eso que el intento del gobierno de desalojar a las 2.500 familias ofreciéndoles 40.000 pesos fracasó. Las familias quieren un lugar donde vivir, ofrecerles dinero demuestra que Kicillof insiste en desconocer esa necesidad. Algunas personas que abandonaron la toma denunciaron además que esa plata nunca les llegó.

Guernica es la expresión más aguda de un problema que se expresa en todo el país. Son cuatro millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Esa cifra creció durante la cuarentena, producto del ajuste del gobierno nacional, que pagó 4.500 millones de dólares al FMI mientras cientos de miles de trabajadores fueron despedidos y otros tantos sufrieron una pérdida significativa de sus ingresos. De las 2.344 personas que censó el Ministerio de Desarrollo Social en Guernica, 1.544 declararon que se volcaron a la toma porque quedaron desocupadas y/o se quedaron sin ingresos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda (Página/12, 8/10/2020).

Situaciones similares se viven en todo el país, por eso es indispensable apoyar esta lucha. Si gana esta pelea dejando atrás el desalojo y se logra avanzar con el loteo de las tierras, como proponen los vecinos, se fortalecerá la lucha por la vivienda y estaremos en mejores condiciones para dar la pelea por imponer un plan de construcción de viviendas populares que solucione este problema en todo el país sobre la base del no pago de la deuda externa y estableciendo un verdadero impuesto a la riqueza.

Debemos rodear de solidaridad a la toma llevando donaciones, participando de las acciones para evitar el desalojo y denunciando las mentiras del gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación, sumando apoyo entre los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y los sectores populares. La campaña de mentiras busca preparar el terreno para que el desalojo tenga apoyo popular. Pero con la organización de la toma, la campaña de solidaridad y la difusión de la lucha sigue creciendo el sentimiento de que todos somos Guernica.

Con una delegación de compañeras encabezada por la diputada bonaerense (mc) Mercedes Trimarchi y la legisladora porteña electa Mercedes De Mendieta, el pasado miércoles la agrupación de mujeres Isadora estuvo en el predio de Guernica visitando a las familias que allí resisten el desalojo. Se conversó especialmente con las mujeres de la toma que nos hablaron de la importancia de la organización feminista y la solidaridad entre las familias del predio para garantizar entre todes los cuidados. A su vez, relataron que muchas de ellas fueron víctimas de violencia de género y que han tenido que huir de sus casas con sus hijes para escapar de los violentos. A pesar de haber mandado dos cartas al nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad contándoles sobre su situación, no tuvieron respuesta favorable. Es más, la única respuesta del gobierno es insistir con el desalojo y echarlas de esas tierras sin darles alguna solución habitacional.  

La campaña de solidaridad con las familias de Guernica está creciendo día a día porque el problema de la vivienda en nuestro país es un flagelo de miles. Muchas trabajadoras, en este contexto de crisis económica y social, se ven obligadas a tomar un pedacito de tierra para tener un lugar donde vivir. Desde Isadora impulsamos activamente la campaña de solidaridad con las familias de Guernica y para ello estamos recolectando donaciones junto con Izquierda Socialista, que llevamos cada semana. Te invitamos a sumarte a esta campaña solidaria y que hagas correr la voz de las mujeres de Guernica para que seamos miles las que, junto con ellas, gritemos “tierras para vivir”, “no al desalojo”.

Agrupación de mujeres Isadora

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Inexplicablemente, y de manera insostenible, la dirección del PTS una vez más ha lanzado una campaña de ataques al sindicalismo combativo, a sus principales referentes (la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por el Pollo Sobrero, el Sutna con Alejandro Crespo, Ademys con Mariana Scayola y Jorge Adaro y los Suteba Multicolores) y a sus socios del Frente de Izquierda (Izquierda Socialista y el PO). Lo más grave es que lo hace con mentiras y difamaciones tan absurdas que son imposibles de sostener.

Por un lado, la dirección del PTS plantea que esos sindicatos combativos, Izquierda Socialista y el PO no tomamos a fondo el apoyo a los vecinos de Guernica, la ocupación de las tierras, el repudio al gobierno y sus acciones represivas. Son difamaciones tan absurdas que a cualquiera de los vecinos de Guernica le daría vergüenza respaldarlas. Ya desde el inicio de la toma, además de declarar nuestro apoyo y denunciar al gobierno y sus mentiras, hemos mostrado diferentes acciones solidarias y nuestra participación permanente. Los reportajes a referentes de Guernica y sus agradecimientos así lo ratifican.

El ataque a los ferroviarios del Sarmiento, Ademys, Suteba Multicolores y al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), además de la gravedad de la difamación, nos coloca en el mismo lugar que los traidores de la burocracia sindical peronista. Pero es tan ridícula la campaña que nos obliga a denunciar el verdadero accionar de los dirigentes del MAC/PTS en el PSC respecto de Guernica.

Varias de las organizaciones sociales que integran el PSC, no el PTS, estuvieron desde el primer día interviniendo en la toma de Guernica. Por eso, fuimos los primeros en pronunciarnos en su apoyo, y no fue por iniciativa del PTS. En la jornada nacional de lucha del PSC del 17 de septiembre fuimos justamente los dirigentes ferroviarios, del Sutna, de Izquierda Socialista y el PO los que propusimos que participara la delegación de Guernica en la columna de los sindicatos en lucha, delante de todos los movimientos sociales, y tuvieron oradores y representantes en el palco. ¿Cómo que el PSC no estuvo a la cabeza del apoyo? ¿Qué hicieron la CGT o la CTA por Guernica? De más está decir que Suteba Multicolores y Ademys votaron en sus asambleas la solidaridad y aportaron dinero y junto a los ferroviarios del Sarmiento llevaron mercaderías que fueron entregadas a los vecinos de la toma.

Llamamos a los honestos militantes del PTS a que les exijan a sus dirigentes que terminen con mentiras y difamaciones, que solamente los hacen quedar en ridículo en los sindicatos combativos y entre los luchadores de izquierda.

“Ademys entregó donaciones a las familias”

“Suteba La Matanza y Docentes en Marcha llevaron la solidaridad a las familias de Guernica”

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

La última sesión de la Legislatura porteña incurrió en un nuevo escándalo político. Con los votos del oficialismo larretista, que incluyen legisladores de Lousteau y al “socialista” Roy Cortina, se avanzó con la rezonificación de terrenos de la Costanera Norte. ¿Qué significa esto? Que se cambiaron las limitaciones para la construcción y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con edificios de hasta diez pisos que terminarán de tapar no solo el acceso, sino hasta la propia vista al Río de la Plata.

Contradiciendo la propia Constitución de la Ciudad, que señala que los bordes costeros no pueden ser privatizados, se estaría avanzando a toda marcha en la venta y cementación de tierras públicas que deberían haber sido destinadas a garantizar nuevos espacios verdes. En el contexto de enorme crisis habitacional y hacinamiento que quedó a la luz con la actual pandemia, Larreta sigue manteniendo como prioridad levantar barrios de lujo en la ciudad. En medio de la preocupación creciente por el calentamiento global y las inundaciones, se avanza en una edificación costera que representa justamente un agravante de ambos problemas. Mientras el gobierno nacional y el macrismo están en una cruzada contra quienes pelean por tierra para vivir, por la ventanilla de al lado, en la ciudad (en la provincia de Buenos Aires y en todo el país), los “desarrolladores”, las patronales de la construcción, los millonarios de la especulación inmobiliaria, reciben favores de todo tipo de todos los gobiernos.

El peronismo porteño, a través de sus legisladores y medios afines, instaló durante el día en redes sociales (el único lugar donde “protestan” contra Larreta) el hashtag #LainmobiliariadeLarreta. Incluso, más “jugadas” aún, algunas de sus organizaciones sacaron flyers con la consigna “No vendan la Costanera”. Algo que puede haber llevado a confusión a parte de los y las trabajadoras y las organizaciones ambientales de la ciudad que estuvieron siguiendo el debate. Pero se trata de una impostura.

La venta de estos terrenos públicos no era el tema de esta sesión. El remate de los terrenos en cuestión había sido habilitado en 2017, y para la mayoría especial requerida para la enajenación de tierras Larreta había contado con la inestimable ayuda del bloque peronista. En ese momento la venta era para habilitar negocios privados gastronómicos, lo que se trató en esta sesión fue cambiar esa finalidad para pasar directamente a edificar edificios de diez pisos. Así las cosas, quienes dicen “no vendan la Costanera” deberían buscar la forma de viajar en el tiempo para cambiar sus propios votos. El título de martillero a PRO se lo dio el peronismo porteño.

Así es que los gobiernos de Macri y Larreta remataron 500 hectáreas públicas. Y como se denunció en la sesión desde la bancada del FIT-Unidad, el peronismo habilitó la entrega del Parque de la Ciudad, del Autódromo, diecisiete predios al arzobispado, el Tiro Federal, el Parque Thays, terrenos ferroviarios de distintos barrios porteños, el Edificio del Plata y también la Costanera Norte. No hay una gran diferencia entre la política del peronismo, que en el conurbano arrasa humedales o niega el acceso a la tierra para desarrollar countries, y la del larretismo, que liquida la costanera para hacer un barrio de lujo.

Para que se consume el cambio de zonificación y con ello la privatización, el proyecto debe pasar por una audiencia pública y una segunda lectura en la Legislatura. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a redoblar los esfuerzos y la movilización porque es en la calle, y no dentro de #LainmobiliariadeLarreta, donde podemos frenar este escandaloso remate.

Esta semana estará en la Argentina una nueva misión del FMI. Viene a continuar las negociaciones para implementar el plan de ajuste con que se pretende que nuestro país le pague la deuda. Deuda que, recordemos, fue tomada durante el gobierno de Macri y utilizada en su totalidad para la fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández ha dicho que, en el pacto con el organismo, se juega un “segundo tiempo” del partido que empezó con el acuerdo con los bonistas privados cerrado en agosto. El gobierno peronista del Frente de Todos, de esta forma, confirma lo que venimos diciendo desde que asumió, que su objetivo central es cumplir con los acreedores internacionales y el FMI. 

Habrá compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se pregunten si, luego de estas dos negociaciones, no comenzará realmente el “paquete de medidas” a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Lamentablemente no será así. De hecho, el acuerdo con el Fondo comenzó cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hace un par de semanas un presupuesto que contenía un fortísimo ajuste, el mayor desde 2002, en línea con las exigencias del organismo. Que, como en todos los temas vinculados al ajuste y a los pagos de la deuda, tendrá el pleno acuerdo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

Toda la política económica del gobierno nacional está alineada entonces a “conseguir los dólares”, en última instancia para cumplir con los buitres de la deuda. Y que eso se debe hacer a costa del pueblo trabajador. Por eso la semana pasada Alberto Fernández bajó las retenciones (impuestos a la exportación) pactando con los monopolios agroexportadores, las mineras y las multinacionales automotrices. ¡La misma semana en que se conocieron los datos récord de pobreza!

Para bendecir todo esto fue convocada, este lunes, una reunión de lo que pomposamente se denomina “acuerdo social”. Allí estuvieron presentes los burócratas de la CGT, de las CTA y de la CTEP, junto con los banqueros de Adeba, la Unión Industrial Argentina (presidida por uno de los líderes de Aceitera General Deheza, Miguel de Acevedo, justamente uno de los beneficiados por la baja de retenciones), la Cámara de la Construcción y el Consejo Agroindustrial. ¿Para qué fue la reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales se sentaron a esa mesa para exigir aumentos de salarios o que se terminen los despidos? Nada de eso. El encuentro lo abrió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien le pidió a los presentes que hagan público su respaldo al gobierno en la negociación con el Fondo. Ni lerdos ni perezosos, así cumplieron los presentes. Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP, informó que “manifestamos nuestro apoyo en las negociaciones que se inician con el FMI”, lo que fue acompañado por Roberto Baradel (CTA), que concurrió a la reunión junto con Hugo Yasky, que sostuvo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que “nos parece fundamental que se siga negociando como hasta ahora para que el pago de la deuda no se vincule a un programa de ajuste” (Página/12, 6/10).

Todo esto sucede mientras siguen las dos pandemias, la sanitaria del Covid-19 y la social. Con respecto al coronavirus, mientras nuestro país continúa subiendo en la tabla mundial de posiciones de contagiados y fallecidos, los gobiernos peronistas nacional y de la provincia de Buenos Aires y el porteño de Cambiemos se dedican a pelearse por los números, acusándose mutuamente de “esconder” contagiados. Pero no hacen nada para incrementar la infraestructura ni la cantidad del personal de salud que debe salir a enfrentar la pandemia. Por el contrario, todas las medidas van en la dirección de abrir más actividades, sometiendo más trabajadores al riesgo del contagio. Después de más de seis meses de cuarentena, la política del gobierno de Fernández conduce a la resignación de que “tenemos que convivir con el virus”.

La pandemia social, por su parte, muestra su imagen más clara y dramática en la toma de Guernica. Miles de familias siguen esperando una solución a su problema acuciante de tener un lugar donde vivir. Y del lado del gobierno solo reciben promesas, maniobras para dividirlas y confundirlas, mientras lo único que sigue firme es la amenaza del desalojo por la fuerza que, si todavía no ha sucedido y se pospuso ya en dos ocasiones, fue exclusivamente por la organización y la firmeza de los ocupantes y por la solidaridad que ha rodeado a la toma. Conscientes de esto, desde Izquierda Socialista ya nos hemos hecho presentes con nuestros militantes y dirigentes, como los diputados nacionales electos Juan Carlos “Gringo” Giordano y Mónica Schlotthauer, para brindar toda nuestra solidaridad. Esta semana volveremos a hacerlo, así como participaremos de la marcha que se realizará el jueves a la mañana a La Plata, y a la tarde de Congreso a Plaza de Mayo con la consigna “Ni desalojo ni represión en Guernica y todas las tomas. Tierra para vivir”. El próximo domingo volveremos a Guernica para llevar las donaciones que estamos recolectando.

La otra expresión de la pandemia social es la pulverización de los salarios y las jubilaciones, que no solo nunca recuperaron lo que se perdió durante el gobierno de Macri, sino que ahora están cayendo más aún producto de la inflación en curso. Por eso, la semana pasada salieron y marcharon los trabajadores de enfermería, esta semana hubo paro y movilización de los estatales de ATE, así como de los docentes universitarios. Sigue la pelea de los trabajadores de la UTA y de los empleados de call centers de Córdoba. Luchas todas que tenemos que apoyar y plantear su coordinación, como venimos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, exigiendo aumentos de emergencia y la apertura inmediata de todas las paritarias.

Frente a un gobierno que nos quiere hacer creer que el “único camino” es someterse a los dictados del FMI y que, con otro nombre y doble discurso, nos lleva a un ajuste aún mayor que el actual, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que la salida es oponerle un programa económico alternativo, obrero y popular. Que dé vuelta completamente las prioridades, que en vez de pagarle a los pulpos acreedores y al Fondo, o beneficiar a las patronales, cumpla con los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares. Para llevar esto adelante el primer paso es dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Juntamente con el cobro de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como plantea el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Se obtendrían así los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, salario, vivienda y educación.