Escribe José Castillo

Los compañeros de la junta interna de ATE Indec han dado ha conocer el nuevo valor mínimo que debe alcanzar toda familia trabajadora tipo (pareja con dos hijos en edad escolar) para no caer en la pobreza, al mes de octubre. El monto asciende a 76.507,50 pesos. Se compone de 25.729 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y 50.778,50 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Tenemos que destacar este auténtico aporte al conjunto de la clase trabajadora que hace años vienen realizando los compañeros del Indec. Para entender su importancia tenemos que compararlo con los datos oficiales de lo que se conoce como “línea de pobreza”. Según este indicador, que es el que periódicamente dan a conocer las autoridades del Indec, llamado “canasta básica total”, una familia tipo no sería pobre si percibe 49.912 pesos al mes.

¿Por qué ambos cálculos dan números distintos? Fundamentalmente porque la canasta de consumos mínimos construida y seguida mes a mes por los compañeros de la junta interna de ATE Indec responde mucho mejor a la realidad de las necesidades de consumo de una familia trabajadora. El dato donde se observa la mayor diferencia está en que en la medición oficial no se incluye el pago por alquiler de vivienda. Se supone, entonces, que esa familia “tipo” es propietaria. Más aún, que no tiene deudas relacionadas con su vivienda (no está pagando cuotas de una hipoteca, por ejemplo). La realidad del pueblo trabajador es muy distinta. Millones de compañeras y compañeros no tienen vivienda propia y se ven obligados a alquilar. Acá está la diferencia fundamental. ATE Indec dice, blanco sobre negro, que una familia trabajadora necesita por mes al menos 76.507,50 pesos, contando dentro de ello el monto que debe separar para el pago mensual de la vivienda que habita.

La mayoría de los trabajadores, por debajo de la línea de pobreza

Frente a estos números, la inmensa mayoría de los asalariados de nuestro país son pobres. Midiendo solamente a la franja de trabajadores en blanco, con convenios colectivos de trabajo y paritarias, 57,7% está por debajo de la línea de pobreza del Indec (cobran menos de 50.000 pesos). Mucho peor es la situación de los tercerizados, que suelen percibir en promedio ingresos 30% inferiores. Y ni qué hablar de los que figuran en negro, como no registrados.

Para estos últimos, el indicador clave es el salario mínimo, vital y móvil, que hoy está fijado en 16.875 pesos. Este monto se encuentra  incluso por debajo de la línea de indigencia oficial, que es de 20.710,20 pesos. Como vemos, no es “vital” ni “móvil”. Recordemos que este monto se toma como referencia para pagarle a una enorme cantidad de asalariados en negro. Dato no menor, casi 40% del total de los trabajadores está en esa categoría, cínicamente denominada “informal”.

El poder adquisitivo, en el tobogán

La clase trabajadora ha perdido entre 20% y 25% del poder de compra de sus salarios en los años del macrismo. Alberto Fernández subió prometiendo “llenar la heladera” y “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Nada de eso sucedió, en 2020 las paritarias han sido a la baja, en muchos casos luego de estar virtualmente suspendidas durante todo el año.

La tendencia es a que el salario se siga deteriorando. El fin del programa de “precios máximos”, las nuevas subas de los combustibles, de la medicina prepaga y el anuncio de nuevos tarifazos a partir de 2021 van a seguir echando leña al fuego a una inflación que, de lejos, le siga ganando la carrera a los salarios.

Tenemos que exigir un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar calculada por ATE Indec. Al mismo tiempo, se impone la inmediata reapertura de todas las paritarias, sin techo ni ningún tipo de limitaciones, con paritarios electos por la base de cada gremio, para así romper el pacto de la burocracia sindical de la CGT y las CTA con las patronales y el gobierno, que es lo que está haciendo pasar este ajuste.

Escribe José Castillo

Hoy un trabajador casado con dos hijos empieza a sufrir descuentos por el impuesto “a las ganancias” a partir de los 73.102 pesos. Recordemos que la canasta básica para no ser pobre calculada por la junta interna de ATE Indec es de 76.507,50. ¡A trabajadores que ni siquiera han alcanzado ese monto ya les empiezan a descontar por impuesto a las ganancias! Se trata de una auténtica vergüenza.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández se llena la boca hablando de cobrarle a los que más tienen. Ahora lo hace con el debate sobre el llamado impuesto a la riqueza, que no le hace ni cosquillas a los grandes millonarios, muchos de los cuales ya se pusieron a cubierto trasladando su domicilio legal al extranjero, además de que no lo pagan las empresas y, escandalosamente, parte importante de lo que se recaude incluso “volverá” a manos de los grandes capitalistas, como es el caso de los monopolios del gas y el petróleo. Del mismo modo que todo el pueblo trabajador paga cotidianamente un IVA con una tasa escandalosa de 21%, una de las más altas del mundo. En síntesis, la estructura tributaria argentina es tremendamente regresiva, armada bajo el principio de que “los que menos tienen, más paguen”.

Lo dijimos una y mil veces, ¡el salario no es ganancia! Hay que terminar con ese escandaloso tributo. También hay que eliminar el IVA a todos los artículos de la canasta familiar. A la vez que instaurar un verdadero impuesto a las grandes riquezas y fortunas, tal como el propuesto por el Frente de Izquierda Unidad. Solo así se empezará a hacer realidad el principio de que, realmente, los impuestos los paguen los ricos y las grandes patronales con sus superganancias y no el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández anunció que no pagará la cuarta cuota del IFE, dando fin a este programa. Así, nueve millones de familias que recibieron 10.000 pesos en las tres ocasiones en que se pagó este subsidio ya no lo cobrarán. Seamos claros, siempre dijimos que era un monto absolutamente insuficiente y, peor aún, que ni siquiera se pagaba todos los meses, por lo que terminaba siendo menos de 5.000 pesos mensuales por familia. Pero ahora el gobierno empeora la situación, millones no recibirán siquiera esta limosna. ¿Por qué? La respuesta es simple y sencilla por más que se la quiera esconder con discursos retorcidos: es parte de las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que el IFE será reemplazado por los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Inclusión Joven. Se trata de una auténtica cortina de humo. La realidad es que el Potenciar Trabajo es para personas que ya están incluidas en programas anteriores, como “hacemos futuro” y “proyectos productivos comunitarios”. Los beneficiarios están cobrando hoy 9.450 pesos, con el aumento de diciembre llegarán a apenas 10.293. Por su parte, el Potenciar Inclusión Joven sólo estará disponible para personas de entre 18 y 29 años, que cobrarán durante doce meses 8.500 pesos a cambio de una contraprestación laboral. Lo decimos con todas las letras, se trata de trabajo precario, con un sueldo miserable que alcanzará apenas a una porción menor de los que cobraban el IFE.

La pandemia del coronavirus no terminó, sanitariamente ni en sus consecuencias sociales. Por eso, todos aquellos que se han quedado sin ingresos deben acceder a un subsidio de 40.000 pesos por mes. En medio de la emergencia, es escandaloso que prime el programa de ajuste exigido por el FMI. Necesitamos otro plan económico, obrero y popular, que resuelva las más urgentes necesidades populares. Dejando de pagar la deuda externa, rompiendo con el Fondo e implementando un auténtico impuesto a las grandes riquezas alcanzaría y sobraría para financiar todos los programas que permitan atender las consecuencias del Covid-19. 

Escribe Adolfo Santos

La caída de un helicóptero en Salta, que provocó la muerte de sus dos ocupantes, causó gran repercusión. No era para menos, uno era Jorge Horacio Brito, uno de los hombres más ricos de nuestro país, dueño del banco Macro, de negocios inmobiliarios, energéticos y emprendimientos agropecuarios. 

Junto con su cuñado, Delfín Carballo, construyó su poderío económico a partir de una compañía financiera que comenzó a funcionar en los años ’70, durante la dictadura. Se asociaron con una empresa de José María Dagnino Pastore (ministro de Economía de Onganía) y los dirigentes radicales Mario Brodersohn, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción. En 1976 fundaron el banco Macro. Durante el Proceso hicieron fortunas favorecidos por la reforma financiera de 1977, que otorgó facilidades a los bancos y al capital especulativo.

En febrero de 1989, previo a que el Banco Central liberara el mercado cambiario disparando el proceso de hiperinflación, el banco Macro hizo un gran negocio comprando una enorme cantidad de dólares. Fueron los años de Brito ligado al gobierno de Raúl Alfonsín y su hombre fuerte, Enrique “Coty” Nosiglia. Esa maniobra de comprar millones de dólares antes de una devaluación usando información privilegiada no es novedosa. En 2008 Néstor Kirchner compró 2 millones de dólares durante el gobierno de su esposa, Cristina Fernández, en plena crisis económica internacional.

Después vinieron los años del Brito peronista. Durante la era privatista de Menem y el efecto Tequila comenzó a adquirir bancos provinciales. En 1996 se apoderó de los bancos de Salta, Misiones y del Noroeste, en 1998 del Banco de Jujuy y en 1999 del banco Mayo. Después de la crisis de 2001, entre 2002 y 2010, compró Bansud, parte del Scotiabank Argentina, el Nuevo Banco Suquía, el Banco Empresario de Tucumán, el Nuevo Banco Bisel, el de Tucumán y el Banco Privado de Inversiones. Actualmente, el holding del Macro está formado por Macro Bank Limited con sucursal en las Bahamas, territorio de la corona británica que ofrece secreto financiero y corporativo, un lugar perfecto para lavar dinero. En todo ese tiempo dejaron a miles de trabajadores en la calle.

Brito, además, era dueño de la inmobiliaria Vizora, que actúa en Latinoamérica y tiene propiedades en Puerto Madero. Posee 90.000 hectáreas de campos en Salta, con miles de cabezas de ganado. En esta provincia fue denunciado por destruir cientos de hectáreas de flora nativa. Era dueño de empresas de energía eólica. La Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social denunció penalmente al ex titular de la Anses Emilio Basavilbaso (PRO) por fraude en la compra de deuda de la empresa energética de Jorge Brito con dinero de los fondos de jubilados. Durante el kirchnerismo se lo vinculó al financiamiento de la compra de la empresa Ciccone a través del fondo Old Fund, por lo que fue procesado junto con el ex vicepresidente Amado Boudou.

Esa relación con los políticos patronales de turno, a los que les devolvía favores con generosos aportes para sus campañas, es lo que explica tanta congoja ante su muerte. Boudou fue el primero que lo despidió, pero Alberto Fernández, Sergio Massa, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz (con quien acababa de almorzar antes del accidente) y Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur de Tucumán y Gerardo Morales de Jujuy, entre otros, también lo elogiaron. De nuestra parte, nos limitamos a contar hechos de su historia para que nadie piense que es posible “crear un imperio financiero desde la nada”.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Científicos estadounidenses acuñaron la expresión “pandemia paralela” para referirse al sufrimiento que ocasiona a los trabajadores de salud el hecho de prestar atención sanitaria en condiciones de pandemia y, al mismo tiempo, correr el riesgo de convertirse en sus víctimas. Efectivamente, las tremendas exigencias que les impone el cumplimiento de su deber, multiplicadas por las pésimas condiciones de trabajo, disminuyen sus defensas y los vuelven vulnerables al contagio o a contraer otras enfermedades.

El riesgo de ser trabajador de la salud en pandemia

Al inicio de la pandemia fue la lucha por tener los elementos de protección personal en cantidad y calidad suficientes. No hubo un establecimiento donde los trabajadores no se vieran obligados a reclamarlos una y otra vez. En muchas ocasiones, cansados de los oídos sordos prestados a sus reclamos, los trabajadores compraron sus propios equipos. La Cicop en la provincia de Buenos Aires lo tuvo como planteo central durante meses hasta que lo logró. En CABA, la denodada lucha de los trabajadores autoconvocados hospitalarios y a pesar del saboteo de sus gremios, obligó a que, aun con cuentagotas, el gobierno fuera respondiendo parcialmente a algunos de los reclamos de bioseguridad.

El escaso o casi nulo testeo a los trabajadores de la salud crea en ellos la incertidumbre, ¿estaré contagiado?, ¿lo estará mi compañero? Convierte en permanente el temor a contagiar a pacientes, compañeros y familiares y crea la inseguridad de cuál será la respuesta del empleador si yo estoy contagiado.  Por otra parte, el déficit de personal aumenta la exigencia laboral.

Párrafo aparte merece el deterioro emocional que produce la imprevisible posibilidad de lograr curaciones en una enfermedad desconocida y cuyos efectos posteriores al período agudo son desconocidos. A estas tremendas presiones que actúan sobre el estado de ánimo del trabajador de la salud se le suma, en muchas oportunidades, el temor a la estigmatización social, es decir, el rechazo social por su actividad sanitaria y el consiguiente riesgo de ser portador del virus.

Las cifras que desnudan el drama

Los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que hasta el 19 de noviembre se habían contagiado 58.721 trabajadores de la salud. Fallecieron 347, de los cuales 216 eran hombres y 131, mujeres. De esa cifra total, 214 eran los que tenían por lo menos un factor de riesgo. Si se los hubiera licenciado, como pedían la Cicop y otros sindicatos, esos compañeros estarían vivos y habría sido mucho menor la cantidad de muertos. Lejos de eso, los gobiernos peronistas, radicales y de PRO se empeñaron en mantener al personal de salud fuera de las licencias otorgadas a los trabajadores en riesgo. Así, por ejemplo, la resolución 90/2020 del Ministerio de Salud bonaerense estipula que el personal de salud debe contar con dos factores de riesgo para optar por esa licencia. Resoluciones como esa son las que expusieron al contagio a esos compañeros.

Los trabajadores de salud están reaccionando contra arbitrariedades como ésta y al maltrato de los gobiernos como de las empresas privadas. Las movilizaciones se suceden todas las semanas. Para esta semana se esperan movilizaciones en todo el AMBA. Médicos municipales de Capital, residentes también de Capital, enfermería y la Cicop saldrán a las calles o concentrarán en los hospitales para continuar su lucha, correspondiendo a Córdoba realizar una marcha el jueves. Es una lucha que recién empieza y está en expansión. Los trabajadores de salud dicen basta.

No se puede vencer la pandemia esperando pasivamente la vacunación de millones

El gobierno de Alberto Fernández ha anunciado con bombos y platillos la vacuna rusa y otra más para enero. El dicho popular “de ilusión también se vive” nunca estuvo mejor aplicado que a este gobierno peronista, que pretende tapar sus desaciertos y su inacción ofreciendo ilusiones. Lejos de las ilusiones, lo que debe hacerse es tomar las medidas políticas que permitan sostener el aislamiento de los que lo requieran con un sueldo de 40.000 pesos, cuidar al personal de salud satisfaciendo sus reclamos salariales y otorgando el reconocimiento profesional. Para ello será necesario no pagar la deuda externa y crear un impuesto a las grandes fortunas, como dice el proyecto del Frente de Izquierda.