Escribe Guido Poletti

Los beneficiados con la baja de retenciones del gobierno de Alberto Fernández tienen nombre y apellido.

Los monopolios agroexportadores extranjeros

Cofco (China), Bunge, Cargill y ADM (Estados Unidos), 

Dreyfuss (Francia) y las grandes empresas argentinas Vicentin, Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata.

Las multinacionales megamineras

Barrick Gold,Goldcorp, Yamana Gold y Lithium Americas (Canadá), Glencore (Suiza), Anglogold Ashanti (Sudáfrica) y Gangfeng Lithium (China).

Las terminales automotrices

Toyota, Honda y Nissan (Japón), Volkswagen y Mercedes-Benz (Alemania), Peugeot-Citröen (Francia), Fiat e Iveco (Italia), Ford y General Motors (Estados Unidos). 

Los bancos

Los locales Galicia, Macro y Credicoop, junto con los extranjeros Santander y BBVA (España), HSBC e ICBC (China) y Citibank (Estados Unidos).

En este caso ganan porque se les suben las tasas de interés de “pases” (dinero que se recibe simplemente por depositar en el Banco Central).

Escribe José Castillo

1• Aumento de salarios y jubilaciones

Incremento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por la junta interna de ATE-Indec en 70.000 pesos. Apertura inmediata de todas las paritarias. 

Aumento de emergencia de todas las jubilaciones y pensiones, incluyendo la prestación universal de los que reciben menos que la mínima, al valor de la canasta familiar. Aplicación del 82% móvil.

2• Ingreso de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesita

El pago debe realizarse mensualmente, no como el IFE actual que es de 10.000 pesos y se termina cobrando en forma bimestral. Y debe mantenerse todo el tiempo que sea necesario hasta que se termine la emergencia de la pandemia y la economía se recupere.

3• Prohibición efectiva de despidos y suspensiones

Por contraposición a lo que viene sucediendo actualmente, no se aceptarán “excepciones” por acuerdos entre las patronales y la burocracia sindical. Toda violación a esta disposición será castigada con la expropiación de la empresa, que pasará a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

4• No pago de la deuda externa y ruptura con el FMI

Esta será la principal medida para obtener los fondos necesarios para llevar adelante este programa alternativo. Con el dinero que, en vez de enviárselo a los pulpos acreedores y el FMI, quedará en nuestras manos, se pondrán en marcha planes para resolver las más urgentes necesidades populares en salud, trabajo, salario, vivienda y educación.

5• Impuesto a las grandes riquezas

Tal como sostiene el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, debe afectar con alícuotas promedio de 10% a todas las grandes fortunas personales de los multimillonarios, así como a las superganancias de las principales empresas. Tiene que alcanzar tanto a empresarios argentinos como a los extranjeros que operan en el país. Así se podrán recaudar 15.000 millones de dólares para financiar la emergencia sanitaria y social.

6• Nacionalización de la banca y el comercio exterior

Para terminar con la especulación, la fuga de divisas y el chantaje con la suba del dólar. Todas las operaciones de comercio exterior, sean exportaciones o importaciones, deben ser realizadas por un ente estatal que tendrá el monopolio del ingreso y egreso de divisas, terminando con la especulación de los grandes exportadores. A la vez, la nacionalización de la banca dará término a la bicicleta financiera y la fuga de capitales por el circuito financiero, volcando todos esos recursos a créditos baratos para el consumo popular.

Escribe José Castillo

Esta semana arriba a la Argentina una nueva misión del FMI. Será la primera desde que gobierna Alberto Fernández. Y, dato de color, también la primera vez que el Fondo movilizará a sus funcionarios “en vivo” desde que se desató la pandemia del coronavirus. Hasta ahora todas las negociaciones y reuniones se venían realizando por vía virtual.

Los funcionarios del Fondo, el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozak, contarán para sus tareas con las oficinas que, ya desde la época de Macri, les cedió el Banco Central, donde trabaja cotidianamente Trevor Alleyne, el jamaiquino representante del organismo en la Argentina. El trío tendrá como tarea producir un paper acerca de qué se exigirá al gobierno argentino, que será elevado a su jefe en el FMI, el director del Departamento Occidental, el mexicano Alejandro Werner. Recién después de todo este circuito por el staff “técnico” del Fondo, entrarán en juego las autoridades políticas, encabezadas por la búlgara, directora general, Kristalina Georgieva y, lo más importante de todo, por el directorio ejecutivo, donde los países “votan” los distintos planes de ajuste. Allí, los Estados Unidos tienen un peso decisivo y, junto con el resto de los países imperialistas, mayoría absoluta. Ellos serán los que, al final, decidirán qué se hace con la economía argentina.

“Medir” el ajuste

El gobierno de Fernández llamó al Fondo para renegociar los vencimientos de 44.000 millones de dólares (49.000 con los intereses), correspondientes al préstamo que se le otorgó a Macri en 2018 y 2019, y que el gobierno de Cambiemos utilizó para fugar capitales y favorecer a sus amigos especuladores. Dichos vencimientos constituyen una montaña impagable de dólares en 2021, 2022 y 2023, por lo que el Frente de Todos apuesta a correr esos vencimientos hacia 2024 y los años sucesivos.

El FMI sabe que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de cumplir con esos pagos. Por eso ha comenzado esta renegociación. Con las reglas del Fondo no habrá ningún tipo de quita y, a cambio del nuevo acuerdo, se tendrá que llevar adelante un feroz plan de ajuste a fin de garantizar que el organismo efectivamente cobre. Parte de esto ya comenzó a negociarse con los mismos tecnócratas del FMI por vía virtual, así fue cuando el ministro Guzmán presentó las planillas del proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso, donde plantea reducir el déficit fiscal desde el 8% o 9% actual hasta 4,5% del PBI. Estamos hablando de un recorte de 1,6 billones de pesos, el más grande desde 2002.

¿Hasta dónde exactamente se puede tirar de la cuerda con el ajuste? ¿Se podrá incorporar también la exigencia de avanzar ya con una reforma laboral y otra previsional? ¿O habrá que dejar eso para un par de años más adelante? Eso es exactamente lo que vienen a medir los funcionarios del Fondo.

Por eso no puede dejarse pasar la reunión que el lunes tuvieron los burócratas de la CGT, las CTA y la CTEP con las patronales y el gobierno. Allí, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo claramente que el motivo del encuentro era que los presentes apoyaran la negociación con el FMI, cosa que todos se encargaron de reafirmar en sus declaraciones posteriores. El mensaje al Fondo es claro, no deben preocuparse, el gobierno tiene “alineada a la tropa” para hacer pasar el ajuste. Así lo ratificó la CGT, que cínicamente sostuvo que le pedirá al FMI una postura “flexible para la renegociación de la deuda, que permita a la Argentina implementar políticas de reactivación laboral y productiva del país”.

Tal como se hizo hace un par de meses, cuando se firmó el acuerdo con los bonistas, el gobierno de Fernández dice que negociar con el FMI es el paso que sigue, “antes” de que se ponga en marcha un programa para reactivar la economía. Mentira. Este camino nos lleva a más ajuste, hambre, miseria, desocupación, salarios y jubilaciones por el piso. 

La única salida es justamente la opuesta, tal como venimos planteando desde el Frente de Izquierda Unidad. Dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner en marcha un programa económico alternativo, obrero y popular, que ponga todos los recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Adolfo Santos

No es necesario ser experto para saber que nuestro país está inmerso en una pobreza creciente. Los indicadores del primer semestre son alarmantes. Según el Indec, 40,9% de las personas están por debajo de la línea de pobreza, o sea que apenas pueden cubrir algunas de sus necesidades básicas. De esas personas, 10,5% está por debajo de la línea de indigencia, lo que significa que no consiguen cubrir ninguna necesidad básica porque son extremadamente pobres o viven en situación de calle.

El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, siendo que la canasta básica total promedio alcanzó los 43.785 pesos, una brecha de más de 40%, el valor más alto comparando los últimos cuatro trimestres. Además de aumentar el número de pobres, la calidad de vida de ese segmento se deterioró considerablemente.

Estos datos son peores cuando analizamos la situación de los menores. La Encuesta Permanente de Hogares del Indec muestra que 56,3% de los niños de cero a 14 años son pobres. Pero las proyecciones realizadas por Unicef, basadas en datos del Indec y de los pronósticos del producto bruto interno, calculan que en diciembre el porcentaje de niños y niñas pobres llegará a 62,9 por ciento. 

Cuando hablamos de pobreza no significa solo falta de dinero para comprar, es un concepto más amplio y complejo. Implica la falta de acceso a una educación de calidad, a la salud, a la cultura, al esparcimiento, al transporte, al conocimiento, a una alimentación saludable. Esa falencia intensifica la marginalidad de amplios sectores que no tienen medios para integrarse socialmente. Esta situación no es obra de una herencia maldita, como trata de explicar el gobierno de Alberto Fernández. Es producto de una política a favor de los ricos y poderosos para mantener sus privilegios a costa de una desigualdad social creciente. Es la misma que han aplicado los gobiernos radicales, peronistas de todos los colores y de Cambiemos.

El gobierno alardea que la situación no es peor por los subsidios que viene otorgando. Este discurso no se sustenta, los miserables 10.000 pesos establecidos para el IFE no cubren las necesidades de un hogar pobre. La realidad es que, desde que asumió, el gobierno peronista de Alberto Fernández ha venido priorizando a las patronales, pagando la mitad de los salarios, otorgando subsidios o exenciones a pagos de contribuciones patronales o impuestos. Y las medidas para combatir la pobreza fueron absolutamente insuficientes o brillaron por su ausencia.

El FMI acaba de desembarcar en nuestro país para imponer nuevos ajustes que generarán más pobreza y marginalidad. Vivimos una situación insustentable, si queremos combatir la pobreza hay que tocar los intereses de los más ricos, empezando por los bonistas usureros y el FMI. Por eso proponemos suspender de inmediato el pago de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a la riqueza presentado por el FIT-Unidad, que sumaría más de 15.000 millones de dólares. Con estas medidas tendríamos recursos para otorgar un IFE de 40.000 pesos y comenzar a reactivar la economía para sacar de la pobreza y la indigencia a millones de argentinos.

Escribe Claudio Funes

El proyecto de impuesto a la riqueza del peronismo viene “flojo de papeles” desde el inicio. Con una alícuota bajísima, solo afectaba a los patrimonios personales y no a las superganancias de las empresas, por lo que todas las multinacionales que operan en el país quedarían fuera del pago del tributo.

Pero ahora se conocieron más detalles, solo harán el pago por única vez las personas físicas y sucesiones indivisas con domicilio legal en el país. Con esto quedan eximidos supermillonarios argentinos como Alejandro Bulgheroni (Panamerican Energy), Hugo Sigman (laboratorios Sigman) y Marcos Galperín (Mercado Libre), con domicilios en el exterior.  

Para favorecer a los capitalistas se modificó además la fecha de la declaración jurada a partir de la cual se cobrará el impuesto. No será al 31/12/19, como estaba previsto, sino a la fecha de la promulgación de la ley, lo que les permitirá hacer maniobras para reducir su exposición patrimonial.

Esto no es todo, el presidente Fernández invitó a Olivos, para anunciarles más beneficios, a las grandes patronales. Entre otros, a Miguel Acevedo (UIA), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza), Luis Betnaza (Grupo Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar). No satisfechos con los anuncios del presidente, cuestionaron el impuesto a la riqueza. Consideran que “discrimina a empresarios locales y beneficia a las multinacionales”. Por supuesto que su propuesta no es cobrarle también a los extranjeros. Ellos también quieren ser eximidos. El lobby continúa y no sería raro que lo que se termine aprobando, o después reglamentando, les permita a estas patronales salvarse de tener que realizar cualquier pago sustantivo.

 Frente al doble discurso del gobierno con el impuesto a la riqueza, el Frente de Izquierda Unidad propone cobrar el impuesto no solo a algunos millonarios, sino también a empresas, bancos y multinacionales que se vienen enriqueciendo hace décadas.

Como la industria farmacéutica, con Bayer, Pfizer, Abbot y Merck Sharp & Dohm, que en 2019 facturó 59.764,2 millones de pesos, 70,7% más que en 2018. O Telecom, que durante el primer trimestre de 2020 alcanzó una utilidad 39,5% mayor que el año anterior pese al congelamiento de tarifas. O los bancos, que en 2019,  mientras el PBI descendió 2,2%, obtuvieron una utilidad neta 51% más grande que en 2018. Entre ellos están los extranjeros Citibank, HSBC, ICBC o Santander, además de los locales Galicia y Macro.

Con nuestra propuesta se podrán recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno,  y se cobrará anualmente y no “por única vez” como propone el proyecto oficialista. Junto con el no pago de la deuda externa, se podría impulsar un plan económico obrero y popular que comience a dar soluciones a las necesidades del pueblo trabajador.