El pasado 21 de noviembre fue el Día de la Enfermería. En diversos puntos del país se desarrollaron acciones de lucha en reclamo del merecido reconocimiento del sector que ha sido parte esencial de la tan mentada primera línea de pelea contra la pandemia del coronavirus. Con actos en distintas ciudades las y los enfermeros hicieron oír sus demandas, tanto salariales como por sus condiciones de trabajo. Y con particular fuerza se hizo sentir, una vez más, el reclamo de reconocimiento profesional para las y los trabajadores de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a los aprietes del Sutecba y las direcciones de los hospitales, centenares de compañeras y compañeros pararon y se organizaron para llevar a la Plaza de Mayo sus exigencias. La jornada terminó con un acampe y homenaje a las enfermeras y enfermeros que murieron víctimas del pluriempleo y las malas condiciones laborales. 

Pero no solo enfermería salió a las calles. Los días previos, y el propio 20 de noviembre, se llevaron adelante protestas de otros sectores del equipo de salud. Los médicos residentes y concurrentes el martes 17 llevaron adelante una muy nutrida movilización a las puertas de la Jefatura de Gobierno de Larreta. También hubo convocatorias en todo el país, como la del Sindicato Tucumano de Enfermería (SITE), que hizo un acto con más de un centenar de compañeras y compañeros en la capital provincial. La Cicop, que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, convocó el 20 en apoyo a enfermería y ahora llama a un nuevo paro el 25N por paritarias.

Una vez más se destacaron las y los trabajadores del hospital Garrahan tras dos jornadas de paro y movilizaciones dentro y fuera del hospital para rechazar el 7% miserable acordado por UPCN y la dirección del hospital. Las asambleas previas impulsadas por la combativa junta interna de ATE y la Asociación de Profesionales han sido el ámbito para desarrollar en unidad los reclamos de los distintos sectores.

Desde Salud en Marcha venimos impulsando todas estas luchas con el objetivo de que triunfen. Es por eso que creemos que hoy más que nunca es clave avanzar en la unidad del equipo de salud desde cada hospital o dependencia. Fomentando métodos democráticos para resolver entre todos y todas e impulsando la genuina coordinación de las distintas profesiones y especialidades.

Salud en Marcha

Escribe Marcela Martín, delegada del hospital Domingo Funes 

En el marco de una jornada de lucha nacional, por ser el 21 de noviembre el Día de la Enfermería, el viernes 20 la Multisectorial de la Salud de Córdoba rebajó la medida a solo un paro con asistencia que, tal como se preveía, se cumplió muy desigualmente por los aprietes y las persecuciones de las patronales en los establecimientos privados y de los directivos en los públicos. Veníamos de hacer el día 10 otro paro, también parcial, pero con una contundente caravana de unos setecientos autos y un masivo acto ante la Casa de Gobierno.

En la última reunión multisectorial, los dos sindicatos que la conforman, ATE y UTS, se negaron a movilizar a la tarde como fue el reclamo de nuestra agrupación Salud en Marcha y otras, incluidos los Médicos Autoconvocados, que el último 25 de mayo habían realizado otra inmensa caravana. Su excusa fue que se convocaría a una movilización el 3 de diciembre, Día del Médico. Con lo cual queda claro que se niegan a impulsar un verdadero plan de lucha, aun cuando no hay respuesta del gobierno a los reclamos, y que de esta forma se está haciendo una acción cada quince días, y cada vez más débil. Esto desmoraliza a la base, que ya demostró que tiene disposición para pelear cuando las medidas son correctas y se garantizan.

Es por eso que este jueves a la tarde varias agrupaciones y la CTA Autónoma estamos convocando a movilizar desde el centro de la ciudad, en Colón y General Paz a las 18, al Patio Olmos, para realizar una radio abierta en defensa de los trabajadores de la salud y con vistas a que el día 3 se profundicen las medidas. El gobierno de Schiaretti no retrocederá si no ganamos las calles. Por eso está haciendo todas las maniobras posibles para  impedirlo y pretende negociar con los representantes sindicales por separado. Para evitar que cualquiera se pueda cortar solo, la Multisectorial acordó que no se aprueba nada sin consultar a la base. Y que los reclamos no se rebajan. Ellos son: un básico de 50.000 pesos; pase a planta de todas las precarizadas y los precarizados; ingresos de personal para completar los planteles; insumos de protección suficientes y de calidad y reincorporación de todos los despedidos. Estamos convocando a todos los sectores de la Multisectorial y a la población a sumarse a esta medida.

Llamó la atención la carta al FMI enviada el fin de semana por el bloque de senadores del Frente de Todos, con el evidente aval de Cristina Fernández. En el escrito le dicen al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas para los próximos años”, además de acusar al Fondo de “irresponsable” por el préstamo que le otorgó a Macri, cuyo gobierno lo utilizó para financiar la fuga de capitales.

Al día siguiente, lunes, el presidente Alberto Fernández elogió la carta reconociendo que el acuerdo con el Fondo significa un ajuste, minimizando su alcance al decir que “no lo van a pagar los más necesitados”. 

Con todo este palabrerío podrá haber compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se crean que, “ahora sí”, el gobierno hará realidad lo que decía en la campaña cuando declamaba que “no vuelve el FMI” y “con los jubilados no”. 

Lamentablemente, nada de esto sucederá. Toda esta ida y venida de declaraciones y discursos no son más que maniobras para tratar de esconder la única realidad, que el centro de la política del gobierno peronista de los Fernández pasa por aplicar un ajuste para alcanzar, lo antes posible, un acuerdo con el FMI. En esto hay pleno y total acuerdo entre Alberto y Cristina. Se vienen realizando innumerables reuniones, prácticamente cotidianas, con la misión del Fondo instalada en Buenos Aires. El ajuste reclamado por el FMI, el revés de cómo dice el presidente, ya tiene “quién lo paga” en concreto, ¿o qué es sino la nueva fórmula previsional, donde los jubilados no solo no recuperan todo lo que les robaron sino que perderán el año próximo una vez más contra la inflación? ¿Y las paritarias a la baja? ¿Y el anuncio de que incluso el miserable monto del IFE ya no se pagará más? ¿Y el lanzamiento de los aumentos de tarifas de servicios públicos? Si esto no es ajuste contra los trabajadores y los más necesitados, ¿qué es?

El Fondo Monetario ordena. El gobierno cumple. Vamos a un nuevo ajuste, mayor aún que el de este año, donde mientras crecen la pobreza, el desempleo, la inflación y la desigualdad social no se aumentan las partidas para salud, se sigue beneficiando a los grandes empresarios, a la UIA, al agronegocio, a las petroleras y a los banqueros. 

No hay ninguna política independiente del Fondo, ni nada parecido, por más que se gasten con palabras y corran ríos de tinta en las cartas. Si Cristina y el peronismo kirchnerista quisieran realmente “diferenciarse” y plantear una política alternativa, en vez de votar el presupuesto exigido por el FMI tendrían que plantear romper con el Fondo, dejar de pagar la deuda y priorizar las necesidades de los más postergados, como decimos desde el Frente de Izquierda Unidad.

El ajuste que se viene es tan brutal que hasta la CGT tuvo que mostrar “preocupación”, amagando con tomar alguna acción o medida de protesta. Por supuesto, todo esto no es más que para negociar sus propios intereses burocráticos, como la plata de las obras sociales, aunque no deja de reflejar la presión de la bronca por abajo. Por eso le tenemos que tomar la palabra, exigiendo a la CGT que rompa su actual pacto con el gobierno, por el que está dejando pasar todas y cada una de las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador.

Por nuestra parte, decimos que tenemos que salir unidos a luchar para enfrentar todas y cada una de las medidas de ajuste. Peleando por un aumento de salarios de emergencia, haciendo una gran campaña contra el robo jubilatorio. Acompañando y fortaleciendo todas las luchas en curso, como la de los trabajadores de la salud, que otra vez salen en caravana. Como la de los ferroviarios del Sarmiento, que marcharán el viernes desde Once reclamando por los aumentos miserables de su paritaria, o tantas otras. Todas peleas que acompañamos y daremos en conjunto junto con el sindicalismo combativo, reclamando a la vez un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y las CTA.

Mientras damos estas luchas y seguimos exigiendo medidas urgentes contra una pandemia que no ha concluido, también tenemos que plantear, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la necesidad de un plan económico alternativo, obrero y popular. Que, como dijimos, arranque con la suspensión de los pagos de la deuda externa y rompa los pactos políticos y económicos con el FMI, que imponga un impuesto a las grandes riquezas de verdad, como el que proponemos desde el FIT Unidad, y que nacionalice la banca y el comercio exterior para así obtener los recursos que permitan resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

El gobierno convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este martes 17 de noviembre a fin de tratar su proyecto de “impuesto a la riqueza”. Una iniciativa presentada siete meses después de haber sido anunciada, completamente insuficiente y a la que hasta le cambiaron el nombre por el de “aporte extraordinario por única vez” que ayudará, según dicen, “a morigerar los efectos de la pandemia”. Pero sus propios voceros dicen que “no le hace mal a nadie” y que “los ricos no van a dejar de serlo” por ello. Sin embargo, hacen campaña de que con esto se van a combatir los males sociales, tratando de confundir a los trabajadores mientras, como contraparte, el gobierno acaba de sacar el IFE y prepara un robo jubilatorio más.

¿De verdad es un proyecto para tocar a los de arriba? Lo que proyecta recaudar, ¿va a alcanzar para “combatir la pandemia”? ¿Esa plata va a ir centralmente a los hospitales o a aumentar los salarios y las jubilaciones? ¿Representará, aunque sea en parte, un alivio para el pueblo trabajador? Respondemos que no. Veamos.

El proyecto propone recaudar 300.000 millones de pesos, alrededor de 2.000 millones de dólares, un monto claramente insuficiente, menos de la mitad de lo que ya se pagó este año en concepto de deuda externa. Precisamente porque no grava las ganancias de los grandes empresarios, los bancos y las multinacionales, sino a una parte ínfima de “personas físicas”, dejando afuera a grandes empresarios, petroleras o aceiteras que tienen domicilio en el exterior, como Mercado Libre, de Galperin, que tiene valuada su empresa en 60.000 millones de dólares y quedará exenta, entre tantas otras.

A su vez, la mitad de lo recaudado va a ir a subsidiar a las empresas que bajo el nombre de pymes encubren en muchos casos a las grandes, y a los pulpos petroleros que nos roban el gas. Solo 20% va a ir a salud, lo cual es un verdadero saludo a la bandera.

Es un gran doble discurso que el gobierno quiera hacer creer que de esta forma va a atacar a los de arriba, cuando precisamente Alberto Fernández le viene reduciendo impuestos a las mineras, las petroleras y les bajó las retenciones a los exportadores y el agronegocio.

El Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto

El Frente de Izquierda Unidad presentó su proyecto en marzo de este año (que hace suyo Izquierda Socialista), el primero y único durante meses. 

¿Qué dice el proyecto del Frente de Izquierda Unidad? Propone recaudar 20.000 millones de dólares, diez veces más que el oficial, gravando progresivamente a las grandes empresas, bancos, multinacionales, especuladores inmobiliarios y terratenientes. Ese dinero permitiría dar respuesta, por ejemplo, a todas las demandas del personal de salud e invertir prioritariamente en los hospitales; otorgar 40.000 pesos de emergencia como salario social para quienes lo necesitan (o como seguro al desocupado) e implementar un plan de viviendas populares para reactivar la economía y dar trabajo genuino. Con esta recaudación y la suspensión inmediata de todos los pagos de la deuda externa, habría fondos suficientes para empezar a combatir de verdad la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y la pobreza. 

Por todo esto, el Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto en la sesión del martes. Y denunció al proyecto oficial por insuficiente y como parte del doble discurso del gobierno, absteniéndose de votarlo, con el compromiso de seguir luchando por una salida de fondo mediante otro plan económico, obrero y popular, opuesto a lo que hace el gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Desde cuentas de redes sociales vinculadas al Frente de Todos, se ha lanzado una furiosa campaña sosteniendo que el FIT Unidad “le hace el juego a la derecha” por no votar el proyecto del Frente de Todos. Ya explicamos más arriba las mentiras y limitaciones del mismo. Pero también debemos insistir en la maniobra mediática. Porque con esta sesión el gobierno de Fernández quiere “compensar” en parte el malhumor creciente por el ajuste que está aplicando con la complicidad de la CGT y las CTA, o la terrible represión en Guernica. El mismo Frente de Todos que no tuvo vergüenza en votar conjuntamente con Juntos por el Cambio la negociación con los bonistas privados de la deuda, donde el FIT Unidad quedó solo oponiéndose, mientras todos aplaudían lo que terminó siendo un gran negocio para los pulpos acreedores. O, cuando en medio del agravamiento de la pandemia, en una sesión que se hizo en mayo, los diputados del FIT pidieron que se trate su proyecto de impuesto a las grandes riquezas, pero el peronismo, en acuerdo con Juntos por el Cambio, lo impidieron votando en contra. Por eso, no nos confundimos: el “juego a la derecha se lo hacen quienes negocian con el FMI, votan un presupuesto de ajuste, le roban otra vez a los jubilados o reprimen a los que no tienen donde vivir. Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, somos coherentes: votamos por un auténtico impuesto a las grandes riquezas, así como nos opusimos y seguimos oponiendo a ajustar al pueblo trabajador con el sometimiento al FMI.

Escribe Guido Poletti

El impuesto a la riqueza del Frente de Todos tiene sus multimillonarios exentos. La de aquellos que zafan por tener domicilio en el exterior, como Marcos Galperin, de Mercado Libre, la empresa cuya cotización más creció en la pandemia, pero cuyo dueño no pagará un peso por tener domicilio en el Uruguay. Idéntica situación tiene Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, y Gustavo Grobocopatel, por citar los más importantes. 

También están todos aquellos que no pagarán por tratarse de empresas extranjeras. No importan que ganen millonadas en nuestro país: este impuesto no alcanza a las firmas como tales, solo a las personas. Así todos los dueños de los bancos privados (BBVA, Santander, City, HSBC, ICBC), que se la llevaron “en pala” con todos los gobiernos (según una conocida expresión de la actual vicepresidenta), los monopolios agroexportadores como ADM, Cargill o Dreyfuss; las transnacionales de la megaminería y tantas otras empresas que hacen superganancias en nuestro país, también estarán exentas. 

Y, por último, están aquellos empresarios que no sólo no pagan, sino que incluso recibirán parte de la recaudación del impuesto. El caso más escandaloso serán las multinacionales del gas y el petróleo, que se terminarán apropiando de una porción de lo que se junte, con la excusa de “promover a la producción energética”. Así, sin duda, no se “redistribuye la riqueza” ni se resuelven los problemas de la pandemia.