Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduce Hugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop e integrante de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El decreto presidencial conocido el viernes 8 lejos de sentar reglas para enfrentar el rebrote, es una contradicción en sus términos: un “decreto” que no “decreta”, sino que “sugiere” medidas a los gobernadores y a los municipios que pueden o no tomarlas. Es la renuncia a una política centralizada para enfrentar el nuevo pico. De esta manera, cada jurisdicción podrá dictar las normas que vayan fijando los intereses económicos patronales locales.

Un rebrote de incierto futuro

El gobierno del Frente de Todos acaba de reconocer que a partir del 14 de diciembre pasado estamos viviendo un ascenso en el número de contagios diarios. Un estudio hecho por infectólogos de hospitales del conurbano sobre el AMBA muestra que desde esa fecha los contagios diarios han trepado hasta alcanzar la misma cantidad que a principios de agosto y continúan en crecimiento.

Si aumentan los contagios, aumentan las muertes. La cantidad de muertes diarias alcanzó el mismo nivel que había a principios de agosto. Los casi 45.000 decesos acumulados desde el comienzo son la misma cantidad de habitantes de una ciudad como Río Tercero. En esta ciudad, la explosión dolosa de una fábrica militar en 1995 dejó siete muertos y 300 heridos, lo que en su momento fue considerada una verdadera tragedia nacional. Cuánto más lo es ahora, en que debemos lamentar la muerte, no de siete, sino de una cantidad igual a la totalidad de los habitantes de esa ciudad.

Según el trabajo citado, el 85 % de la población sigue siendo susceptible al virus. “No aprendimos de la Europa actual […] Este invierno vamos a estar en el infierno con la segunda ola, si no conseguimos vacunar a un alto porcentaje de la población, especialmente a los que están en riesgo […]” Pero no basta la vacuna. Para estos infectólogos, además de la continuación de las medidas de cuidado, son importantes “los hisopados y el rastreo de contactos”, con lo que coincidimos. Veamos, entonces, que hace el gobierno peronista y la oposición patronal de Cambiemos.

La política del gobierno ante el nuevo auge de la pandemia

Fruto de los desaciertos del gobierno peronista de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, hemos llegado a la actual situación de ascenso de los contagios y las muertes. Para esto fue decisivo el levantamiento cada vez más irrestricto de las medidas de aislamiento y la casi nula actividad de testeo y rastreo que podría haber regulado el aflojamiento de las restricciones y detectado los focos de contagio. Lejos de eso, gobierno peronista y oposición patronal no buscaron satisfacer las necesidades de salud del pueblo trabajador sino los requerimientos de los grandes empresarios y multinacionales de volver a la “normalidad” para mantener sus ganancias. Así fue como la aglomeración en los lugares de trabajo sin prevención y el transporte público de la “nueva normalidad” ayudaron a diseminar el virus mucho más que las “juntadas” de los jóvenes, tan condenadas por todos los partidos patronales.

Al mismo tiempo, se desarrolla una importante campaña mediática contra los encuentros sociales a los que demoniza como causantes del contagio y oculta el papel que juega la “normalización” de la actividad económica. Hacen aparecer a las víctimas como los responsables de su propia enfermedad y enmascaran las verdaderas causas sociales de la extensión de la misma.

Lo que habría que hacer y no se hace

Una de las principales críticas de la comunidad científica internacional ha sido que en casi ningún país hubo un mando centralizado de la lucha contra la pandemia. Esa crítica le cabe al gobierno de Alberto Fernández. Es necesario centralizar una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. No puede ser que haya testeos para quienes puedan pagarlo y no alcance para las campañas públicas. Por eso, junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados, deben serlo también los laboratorios clínicos y puestos al servicio de una campaña nacional, como por ejemplo hizo Irlanda.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y sectores populares (incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera) que deban aislarse y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia. 

El gobierno peronista ha hecho gran alharaca de la llegada de 300.000 dosis de vacuna Sputnik V. Asimismo, en los próximos meses arribarán la vacuna de AstraZeneca y la Pfizer. Para firmar los contratos, el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio han aprobado una ley vergonzosa que otorga inmunidad legal a los monopolios farmacéuticos. Pero, que existan distintas vacunas no garantiza la cobertura contra el Covid-19. Por el contrario, la pelea entre los monopolios farmacéuticos por las ganancias de las vacunas conspira contra la producción masiva necesaria para que la reciba una gran mayoría de la población mundial y, consecuentemente, pueda ser erradicada la pandemia. La existencia de las patentes monopólicas impide que otros países produzcan las vacunas como así también los reactivos para análisis, medicamentos y otros insumos necesarios para enfrentar la pandemia. De esa escasa producción, los grandes países imperialistas ya tienen comprometido el 52%, a pesar de que nuclean solo a un 13% de la población del planeta.

Los medicamentos son patrimonio de la humanidad y, así como la penicilina y la vacuna para la poliomielitis nunca fueron patentadas, hay que suspender las patentes, en el camino de abolirlas, para poder producir todos los insumos necesarios.  El gobierno ha firmado, junto con 99 países encabezados por la India y Sudáfrica, un pedido de suspensión transitoria de patentes durante la pandemia. Obviamente los países imperialistas se han negado. Debemos reclamar que se tome esa medida en forma unilateral y encarar su producción local.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por el conjunto de estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, debe servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.

Termina 2020. Se va el año de la pandemia que millones quisieran borrar del calendario. También se va el primer año de gobierno de Alberto Fernández y del peronismo del Frente de Todos. Es una buena oportunidad para reflexionar, hacer un balance y preguntarnos hacia dónde irá el país en 2021. Una Argentina inserta en un mundo capitalista que muestra ante millones su verdadero rostro, con la propagación de enfermedades, pobreza y más destrucción ambiental.

El presidente Alberto Fernández dice que gobernó “priorizando a los más vulnerables”. Y que si no se logró más fue por las dos pandemias, la que dejó Macri y la del coronavirus. De esta manera trata de ocultar su responsabilidad ante el agravamiento de la crisis económica y social. También usa la campaña de que “la derecha” no lo deja gobernar, mientras se aferra al anuncio de la vacuna para ir con algo bajo el brazo a las elecciones del año próximo.

Por supuesto que acordamos en que el gobierno de Macri y Cambiemos fue un desastre para el pueblo trabajador. Por eso lo combatimos en sus cuatro años en momentos en que el peronismo jugaba de cómplice. También sostenemos que la pandemia agravó el grave panorama social, pero estamos en contra de que el gobierno use todo esto como justificativo para encubrir su política de salvar las ganancias capitalistas.

Apenas asumido, el gobierno peronista debutó ajustando a los jubilados al eliminar la cláusula de reajuste para 2020, concluyendo ahora su tarea, en el medio de las fiestas, con un Senado que le da otro mazazo cambiando la movilidad jubilatoria a la baja. Los resultados están a la vista, la gran mayoría de jubiladas y jubilados terminan el año con ingresos de pobreza e indigencia. Un ajuste capitalista que aplicaron también el gobierno de Francia (resistido con grandes huelgas), el de Chile de Piñera (donde se lucha contra el negociado de la jubilación privada) y el de Brasil de Bolsonaro, que aprobó una reforma previsional siguiendo los lineamientos del FMI.

Millones de trabajadores, al mismo tiempo, vieron cómo se derretía la promesa de “la heladera llena” al compás de una inflación que ha llevado los precios de la carne, la leche y los principales alimentos a las nubes, culpa de los monopolios formadores de precios y del mismo gobierno que autorizó subas en los combustibles (de la “estatal” YPF), las prepagas, nuevos aumentos en las tarifas, etcétera. La promesa de que se le iba a “poner plata en el bolsillo a la gente” fue quedando al descubierto. Apenas si hubo un miserable bono en febrero y las paritarias casi estuvieron congeladas. Los estatales nacionales que dependen directamente del gobierno de Alberto Fernández, no “de la derecha”, recibieron la burla de 7% de aumento. Ni qué hablar del personal de salud, con constantes protestas por falta de insumos, salarios miserables y precarización laboral.

Esto explica la suba a 40% de la pobreza (con el escalofriante 60% de niñas y niños sumergidos en ese flagelo) y la desigualdad social, precisamente porque a millones se les redujeron sus salarios, las jubilaciones y los planes sociales. El Indec lo confirmó, el 40% de los hogares cuenta con al menos un miembro despedido, suspendido o que vio disminuir sus ingresos; casi el 50% de los trabajadores vio reducido su ingreso total y el 33% de las familias se encuentran obligadas a achicar el consumo de algún alimento esencial.

A todo esto, la Argentina está entre los países con mayor número de contagios y muertes por habitante debido al Covid-19, mientras el gobierno, en vez de invertir en salud, se la pasó subsidiando a las patronales u otorgando un IFE miserable, que ya fue eliminado.  
 
Las flaquezas del doble discurso

El gobierno oculta la palabra “ajuste” desplegando su consabido doble discurso, que cada vez hace más agua. Anunció la estatización de Vicentin y dio marcha atrás. Se la pasó prometiendo el impuesto a la riqueza que terminó siendo un “aporte solidario” completamente insuficiente. Sigue adelante con las megafábricas de cerdos para la dictadura capitalista china, pero recibió a organizaciones veganas mostrando un cartel con el eslogan “no al acuerdo porcino”. Presentó el acuerdo con los bonistas como un “éxito”, mientras les reconoció 15.000 millones de dólares más. Y ahora dice que el Fondo Monetario nos va a salvar cuando los ajustes que impone están a la vista, como en Ecuador.

Otro tanto ocurre con el falso ideario de creer que todo esto es culpa de Alberto y que con Cristina sería distinto. Lo cierto es que, más allá de los roces por espacios de poder al interior de la coalición del Frente de Todos, el peronismo kirchnerista, encabezado por la propia Cristina Fernández, apoya las políticas centrales del gobierno. Sostuvo al ministro Guzmán en la renegociación de la deuda, avaló el pacto con el FMI, fue gestora del acuerdo con el agronegocio, apoyó el pacto con la UIA para rebajar los salarios poniendo en la foto a Hugo Yasky, de la CTA kirchnerista, y un largo etcétera.

Que no hay “enfrentamientos” insalvables entre ellos lo prueba el hecho de que el gobierno viene recibiendo el apoyo de los Estados Unidos, el Papa, Merkel y los presidentes del denominado Primer Mundo capitalista, reconfirmando que el peronismo va a seguir, bajo otras formas, gobernando para los de arriba. Por eso es que la política de endeudamiento y sometimiento al FMI fue aplaudida por las cámaras empresarias, los economistas del establishment y la oposición patronal de Macri, Bullrich, Larreta y la UCR de Juntos por el Cambio.

Ahora queda más clara la frase del economista ultraliberal Guillermo Calvo cuando confesó que, si bien el peronismo no era santo de su devoción, consideraba que ante el desgaste de Macri veía de buen grado a un gobierno peronista para que aplique el ajuste porque tiene un discurso más popular y atento a que cuenta con el apoyo más directo de las CGT-CTA y los movimientos sociales, dándole una mayor solidez al sistema capitalista semicolonial argentino para tal fin.

Como conclusión, se sigue demostrando que el peronismo del siglo XXI es claramente funcional para seguir garantizando las ganancias de los bancos, las multinacionales y los usureros de la deuda. Lejos de salvar al país de los desastres que provocan los gobiernos “neoliberales”, como les gusta alardear a los políticos peronistas, el “capitalismo productivo” que fomenta Alberto Fernández apunta a lo opuesto.
 
Llamar a luchar y a fortalecer al FIT Unidad en 2021

¿Qué va a pasar en 2021? Este interrogante recorre a todo el pueblo trabajador. El gobierno trata de imponer un discurso optimista. Sostiene que la economía se está recuperando. Pero esconde que el acuerdo con el FMI lo obligará a aplicar un mayor ajuste. El Fondo Monetario Internacional fue, es y será el principal brazo financiero del capitalismo imperialista y el ejecutor de planes de sometimiento, dependencia y entrega. Eso lo percibe el pueblo trabajador. Por eso, en medio de las importantes expectativas que tuvo al comienzo con el gobierno, protagonizó luchas importantes. Desde los trabajadores del frigorífico Penta, reprimidos por Berni-Kicillof, pasando por los choferes de la UTA, docentes de varias provincias, aeronáuticos-Latam, trabajadores de la salud, ferroviarios y tantos otros gremios. Chubut está movilizada contra la megaminería del gobernador Arcioni, apoyado por el gobierno nacional, sumado a otras peleas en defensa del ambiente y un movimiento de mujeres que, con la marea verde, impuso la media sanción del aborto legal en Diputados. Esto ocurrió a pesar de que el gobierno hizo campaña de que no había que salir a pelear “para no contagiarse”, mientras abría las actividades a pedido de las grandes patronales.
Si estas peleas quedaron aisladas y no se unificaron nacionalmente, fue exclusivamente por la traición de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTA, que mantienen a rajatabla su pacto con el gobierno dejando pasar el ajuste, los despidos y las rebajas salariales.

El marco en el que se tienen que inscribir los próximos rounds en la pelea contra el ajuste en el país será el de un mundo convulsionado, donde con desigualdades se están retomando las movilizaciones, como en Chile (con el triunfo rotundo en el plebiscito), las enormes manifestaciones en Perú o Guatemala, por citar solo un par de ejemplos. O la derrota electoral del magnate Donald Trump, festejada por los pueblos del mundo como consecuencia indirecta del golpe que le propinó la furiosa rebelión antirracista ante el asesinato de George Floyd. En ese espejo se deberá mirar el gobierno de Alberto Fernández.

Al calor de la aplicación del mayor ajuste se irán disipando las dudas que hoy embargan a grandes sectores sobre la responsabilidad central del gobierno sobre lo que sucede en el país. Las próximas luchas y enfrentamientos serán el tubo de ensayo donde miles seguirán haciendo su experiencia política. El desgaste del gobierno y su pérdida de popularidad ante las luchadoras y luchadores aumentarán las posibilidades para salir a pelear más abiertamente y despertará aún más la necesidad de que hace falta otra alternativa política si se quieren tomar medidas de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. El “yo no lo voté para esto” que ya se empieza a percibir se acrecentará con nuevos decepcionados. Desilusionados que tampoco ven salida en la oposición patronal de Juntos por el Cambio con sus banderazos al servicio de la propiedad privada capitalista o en defensa de una justicia patronal.

El desafío que tenemos desde la izquierda es seguir fomentando el sindicalismo combativo para apoyar los reclamos obreros y populares y barrer a la burocracia sindical. Fortaleciendo al movimiento de mujeres desde una perspectiva feminista y socialista. Y, fundamentalmente, postular al Frente de Izquierda Unidad como alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda. La izquierda viene dando muestras de compromiso, convicción y seriedad a la hora de enfrentar y desenmascarar al gobierno, despegándose correctamente de las maniobras de los Macri y Larreta. Lo demostramos en las luchas, con nuestras bancas obreras y socialistas, en  el movimiento de mujeres, en la lucha ambiental, entre la juventud. Eso al gobierno le molesta. Por eso acusó falsamente al Frente de Izquierda de usar partidariamente a los vecinos de Guernica o trata de ensuciarlo diciendo que la izquierda quiere salvar las fortunas de los empresarios junto al macrismo, por tener la valentía de enfrentar su falso impuesto a la riqueza y postular uno de verdad. Por eso hoy más que nunca es necesario fortalecer una salida de fondo ante la crisis.

En lo que queda del año, y en 2021, a la vez que impulsamos la pelea contra el ajuste del gobierno y el FMI y redoblamos en estos días la presencia en las calles para conquistar junto al movimiento de mujeres el aborto legal, seguro y gratuito, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a las nuevas generaciones a sumarse para sacar de la postración a las amplias mayorías obreras y populares peleando por un gobierno de los trabajadores. Para todos estos desafíos tenemos un puesto de lucha en nuestro partido. A eso convocamos.

Escribe Rodolfo Sánchez

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad repudiamos la represión a los mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu y la militarización de la zona ocurrida el 16 de diciembre.

El pasado lunes, vecinos denunciaron el intimidante convoy que llegaba a Bariloche de la Policía Federal con más de 100 efectivos y unos 20 vehículos que incluían carros de asalto, tanquetas, inhibidores de señales y bomberos. El juez Zapata había requerido la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Sabina Frederic, quien designó a la Policía Federal para que asumiera estas acciones represivas. Ayer, también se dio a conocer que el Tribunal de Impugnaciones rechazó el reclamo de la comunidad mapuche y ordena su desalojo, restitución del predio al Arzobispado de San Isidro y procesamiento de varios de sus ocupantes.

El 16 de diciembre por la mañana desplegaron los equipos y efectivos, supuestamente para que la Fiscal Sylvia Little haga una inspección ocular de la zona, pero los efectivos entraron a los tiros al predio. Lamentablemente como ya se ha realizado en otras oportunidades que desembocaron en la muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería y posteriormente, en esta misma zona, ocurrió el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en manos de la Prefectura.

Recordemos que de las 327 hectáreas de la zona, unas 127 están en manos privadas y otras 200 bajo administración del Estado. El arzobispado por décadas ha sido un ocupante y usurpador de varias parcelas y el Episcopado, recién hizo los trámites formales de escritura posterior al asesinato de Rafael Nahuel (2017). Y son “los propietarios” que en 2020 piden el desalojo de la comunidad mapuche. Es indignante la celeridad y recursos destinados, cuando en la zona hay magnates como Lewis que han cercado lagos incumpliendo la justicia de que permita el acceso libre al mismo, hay jeques árabes con emprendimientos turísticos para una casta selecta de millonarios y varias multinacionales como Benetton y otras los cuales gozan con total impunidad y apoyo por parte de las autoridades.

Repudiamos el accionar temerario de los gobiernos de Alberto Fernández, de la Ministra Frederic, de la gobernadora Arabela Carreras y del juez Zapata, que no escatiman recursos para reprimir a pueblos originarios, militarizando la zona y por otro lado amparando a los verdaderos usurpadores millonarios y privilegiados de nuestra tierra.
No a la represión del Lof Lafken Winkul Mapu. Repudiamos la militarización de la zona. No al doble discurso de reprimir pueblos originarios y a la vez proteger magnates y millonarios.

El 3 de diciembre, el Encuentro Cachito Fukman y organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre ellas Izquierda Socialista, hicimos entrega del petitorio con miles de firmas que reclama la apertura de los archivos de los años 1974-75 y los siguientes de la dictadura.

El petitorio, dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue entregado en la Casa Rosada momentos antes de la realización de la XL Marcha de la Resistencia de las Madres Línea Fundadora.

Este reclamo se viene haciendo desde la caída de la dictadura y fue desoído por todos los gobiernos. Los archivos contienen información comprometedora sobre las complicidades con los crímenes cometidos. Su publicación permitiría continuar con la tarea de esclarecer el destino de centenares de niños nacidos en cautiverio y la de hacer memoria, verdad y justicia con los 30.000 desaparecidos. La recolección de firmas continúa, invitamos a impulsarla en todos los rincones del país.