Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El voto de Alberto Fernández condenando a Venezuela por violaciones a los derechos humanos en la ONU (ver nota Rechazamos la resolución de la ONU sobre Venezuela, acompañada por el gobierno argentino) generó una crisis interna en su gobierno. Sectores del peronismo kirchnerista salieron a criticarlo. Alicia Castro, postulada para la embajada en Rusia y delfín de Cristina Kirchner, declinó el cargo en repudio. Luis D’Elía, Hebe de Bonafini, Juan Grabois, el periodista ultra K Roberto Navarro, el Frente Grande y el Partido Comunista, que son parte de este gobierno, hicieron lo mismo. Días antes, Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, se había pronunciado a favor de Maduro.

Desde Izquierda Socialista no coincidimos con ninguna de las dos posturas. Una, por ser funcional al imperialismo, y la otra por apoyar al gobierno hambreador y represor de Maduro.

Repudio a la ONU y a las sanciones contra Venezuela

El gobierno votó contra Venezuela a iniciativa del imperialismo norteamericano y los gobiernos que también violan los derechos humanos, empezando por Donald Trump. Precisamente, en los Estados Unidos hubo una rebelión contra la policía racista que asesinó a George Floyd y viola permanentemente los derechos humanos de la población afrodescendiente. ¿La ONU va a sacar algún repudio por esto? Claro que no.

La Argentina votó un informe de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet. ¿Bachelet dice algo de la feroz represión de los carabineros de Piñera contra el pueblo chileno? ¿Y de los cientos de presos políticos de ese país por enfrentar el plan económico de hambre que se viene aplicando desde que ella era gobierno? Por supuesto que no.

La Argentina también votó junto a Bolsonaro, que reivindica a las dictaduras militares. Y a Colombia, donde el gobierno derechista de Iván Duque viene asesinando a cientos de luchadores sociales.

Hay razones de sobra para repudiar el voto y el alineamiento de Alberto Fernández con los Estados Unidos y los gobiernos más reaccionarios y derechistas del continente, incluido el de la golpista Añez. Esto ha generado una gran decepción entre los votantes del Frente de Todos. Defensores del gobierno levantaron la voz. El periodista Eduardo Aliverti dijo: “Es un sapo dificilísimo de digerir que Argentina haya votado como votó. Más que un sapo, un batracio gigantesco” (Página/12, 12/10). Aliverti lo dice para terminar defendiendo al gobierno, destacando que, a pesar del sapo, nada justifica lo que hacen, a quienes tildó de “delirantes”.

¿Apoyar a Maduro?

¿Adónde apuntan las críticas de Alicia Castro, D´Elía y Grabois? A defender a Maduro y su régimen represivo y hambreador. Detrás de una postura supuestamente “antiimperialista”, dicen que no es cierto que en Venezuela se violen los derechos humanos. Niegan que Maduro y su aparato represivo sean responsables de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los presos políticos desde 2014 a esta parte. Estas conductas son claros crímenes contra la humanidad, salvo en Venezuela, según estos referentes kirchneristas. Sin ir más lejos, desde el pasado 22 de septiembre hasta hoy ya hubo treinta y cinco detenidos en protestas en Urachiche y otros municipios, imputados en la mayoría de los casos de “incitación al odio” (a quien enfrente al gobierno) y “terrorismo”. Y el 7 de octubre hubo una feroz represión de la Guardia Nacional Bolivariana con un importante saldo de heridos, presos y allanamientos sin orden judicial contra pobladores originarios Wayúu y Añú en territorio ancestral, Guajira, que exigían electricidad, agua, gas, transporte y alimentos. ¿Y del hambre y la miseria creciente en Venezuela dice algo el kirchnerismo? Ocho millones de personas viven con un salario mínimo mensual que no llega a un dólar, cuando hacen falta 229 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria familiar.

La crisis aguda en Venezuela es culpa de una política económica y social que llevó a la hiperinflación, la miseria extrema y la persecución, que provocó una emigración masiva como nunca en su historia. Esto no lo desconocen D’Elía y Grabois. Pero dicen que todo es culpa de los Estados Unidos, como siempre. Si bien es cierto que existen sanciones económicas impuestas por los yanquis y los ingleses, las cuales repudiamos, se suman a los males que ya asolan a Venezuela culpa de la política del chavismo. Los gobiernos chavistas se la pasaron hablando “contra el imperio” para justificar sus políticas de ajuste, quitas de los convenios, la entrega del petróleo, los pagos de la deuda y la criminalización de la protesta.

El peronismo kirchnerista cuando fue gobierno tuvo alianzas con el chavismo. En especial, enarbolando ambos un doble discurso “nacional y popular” y del “socialismo del siglo XXI”, respectivamente, diciendo que eran una salida para el pueblo trabajador. Una trampa que llevó a que las masas confiaran en ellos y terminó en un desastre. En Latinoamérica, tanto Chávez como ahora Maduro, Lula y Dilma Rousseff, Evo Morales, Correa, Lugo y el peronismo kirchnerista gobernaron largos años al servicio de los bancos, las multinacionales y los usureros internacionales. Ahora el gobierno venezolano, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, controlada totalmente por el chavismo, acaba de aprobar la Ley Antibloqueo cuestionada hasta por figuras aliadas de Maduro, como el prestigioso jurista Luis Brito García. Una ley que permite las privatizaciones, los negocios en hotelería y turismo, blanqueo de capitales y más saqueo minero y petrolero con la excusa de atraer capitales. Todo en nombre de un falso socialismo. El PC venezolano, que apoya a Maduro, tuvo que decir que “profundizará aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de los trabajadores”. Esto es Maduro hoy.

 Por cambios de fondo

Con sus críticas, estos sectores kirchneristas intentan reacomodarse ante el creciente malhumor social que existe contra el gobierno peronista del Frente de Todos para no quedar pegados. Pero Cristina Kirchner es la vicepresidenta que dio la orden para “aflojar” en las negociaciones con los bonistas, bendijo el agronegocio y sentó a Yasky y a Baradel junto con la CGT y la UIA para avalar las negociaciones con el FMI y pagar la deuda fraudulenta que contrajo Macri. No hay que dejarse engañar.

Repudiamos entonces el voto del gobierno y las sanciones imperialistas contra Venezuela. Y a la vez denunciamos que el jueguito del kirchnerismo es para terminar apoyando al gobierno represivo y hambreador de Maduro. No hay nada progresivo en esta disputa entre sectores del gobierno. Y llamamos tanto en la Argentina como en Venezuela, a luchar por planes económicos obreros y populares en el camino de gobiernos de trabajadores y un verdadero socialismo. Apoyando los reclamos populares para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Llamando a fortalecer alternativas políticas de los trabajadores, como lo hacemos con nuestro partido hermano venezolano, el PSL, y con Izquierda Socialista y el FIT Unidad en nuestro país. 

Veintidós países de la ONU, entre ellos la Argentina, aprobaron una resolución presentada por la llamada “Misión de Determinación de Hechos”, con la que la organización investiga la situación de los derechos humanos en Venezuela. La resolución, entre otras cuestiones, condena las violaciones a los derechos humanos, llama a celebrar “elecciones libres”, manifiesta alarma por la crisis “civil, política, económica, social y cultural” y la “falta de independencia de poderes”. La Argentina acompañó esta resolución junto con los gobiernos de Bolsonaro, de Brasil; Piñera, de Chile; Márquez, de Colombia; Jeanine Añez, de Bolivia; o Donald Trump, de los Estados Unidos. ¿Qué moral tienen estos personajes nefastos, asesinos y golpistas para hablar de derechos humanos o democracia en algún lugar de la Tierra?

Nuestro rechazo a la resolución de la ONU no significa apoyo alguno al gobierno patronal y dictatorial de Maduro, de doble discurso, hambreador y represor, que explota y oprime al pueblo venezolano y que nada tiene que ver con el socialismo. Por eso llamamos a los trabajadores y jóvenes del mundo a repudiarla y a solidarizarse con el pueblo venezolano y sus luchas. Pero no le damos a esa “cueva de bandidos”, que es la ONU, ninguna autoridad para tomar medidas de injerencia en ese país.

Repudiamos la decisión del gobierno peronista de los Fernández que se definió a favor de esta política proyanqui. Esta postura la toma cuando le abre las puertas de la Casa Rosada al FMI para negociar el pago de la fraudulenta deuda externa y aceptar sus imposiciones de ajustes antipopulares. Toda una señal de sumisión.

Ese mismo día, con Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, realizamos un acto frente al Banco Central repudiando la intromisión del FMI y exigiendo el no pago de la deuda externa y un plan económico opuesto, que use ese dinero para invertir en salud, salarios, jubilaciones, vivienda, trabajo y demás necesidades de los trabajadores y el pueblo argentino.

Izquierda Socialista

7/10/2020

Escribe José Castillo

Acaba de terminar la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional. Julie Kozak, directora adjunta del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para Argentina, volvieron a los Estados Unidos llevándose con ellos a Sergio Chodos, el representante argentino ante el organismo. Así, seguirán trabajando en Washington, precisando los detalles del plan de ajuste que el Fondo le exigirá a la Argentina a cambio de correr un poco los vencimientos de la deuda de 49.000 millones de dólares.

En el mismo momento en que se encontraba la misión en nuestro país, se dieron a conocer declaraciones de la directora general del Fondo, Kristalina Georgieva, quien afirmó: “No venimos con la idea de recortar aún más el gasto en estas circunstancias”. Inmediatamente, funcionarios  y periodistas cercanos al gobierno salieron a decir que esa era otra señal de que el Fondo “había cambiado” y que ahora era un organismo que “comprendía” las necesidades sociales. Nada más alejado de la realidad. Para muestra, bastan las comparaciones.

¿FMI bueno? Miremos Ecuador

Hace un mes y medio, por otra parte, Ecuador acordó un crédito con el Fondo por 6.500 millones de dólares a diez años a cambio de profundas reformas financieras y tributarias. Entre ellas, subir el IVA de 12% a 15%, eliminar su devolución a las personas de la tercera edad y subir el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que a la vez incluirá a más trabajadores. Al mismo tiempo, se exigirá un durísimo achicamiento del gasto, que afectará no solo las partidas hoy dedicadas a atender la pandemia del coronavirus, sino que también implica reducciones de sueldos de estatales y despidos en el sector. En total, es una reducción del déficit fiscal del actual 8,9% del PBI a 2,9% entre 2020 y 2021 y un ajuste aún mayor, hasta llegar a 0,6% en 2022.

También, el FMI publicó la semana pasada un reporte sobre la revisión de la economía de Brasil, en el que elogió al gobierno de Bolsonaro y, en particular, el ajuste sobre las pensiones (jubilaciones) y los proyectos de ley enviados al Congreso para bajar el gasto social.

¿Y por casa cómo andamos?

Volvamos a la frase de Kristalina. Ella sostuvo que no hace falta ajustar “aún más”. ¿A qué se refiere? A que, en concreto, el FMI ya acordó con el gobierno de Fernández hace dos meses el proyecto de presupuesto 2021, en el que se plantea reducir el actual déficit fiscal de 8,5% del PBI a 4,5% para 2021. Es una reducción enorme, la más grande desde 2002. Significa recortar, como mínimo, todo el gasto destinado a la pandemia.

Y esto no es todo. El acuerdo con el Fondo va a incluir revisiones “bajo el artículo IV”. Eso quiere decir más exigencias para los años posteriores y una inspección constante del organismo sobre el cumplimiento del ajuste. Significa, de hecho, resignar toda capacidad independiente para hacer política económica de acá a varios años. 

No hay salida con el FMI

El Fondo es el de siempre. El principal “perro guardián” de los intereses políticos y económicos del capitalismo imperialista, sus gobiernos, las grandes multinacionales y los buitres de la deuda externa. Nada bueno salió nunca de los veintiún acuerdos anteriores con el FMI. Lo mismo sucederá ahora. Por eso, insistimos, la única salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda externa para así tener capacidad soberana y dinero para volcarlo a resolver las más urgentes necesidades populares: comida, trabajo, vivienda, salud y educación.

Escribe Adolfo Santos

En los últimos días la CGT se mostró muy activa. No reclama en favor de los trabajadores, pero es cada vez más servicial a los planes del gobierno. Después de permitir rebajas salariales y ser cómplice en los despidos, las suspensiones y los proyectos de flexibilización laboral, ahora se dispone a firmar un “acuerdo social” con el gobierno y las grandes patronales. Una traición más para ayudar a pasar el plan de ajuste.

No es casual que esta movida se dé en medio de la llegada del FMI. El gobierno necesita mostrar a los usureros del sistema financiero que es capaz de controlar la situación, condición necesaria para aplicar los planes que el Fondo exige. Para pergeñar este acuerdo se sentaron a la misma mesa el ministro de Economía, Martín Guzmán, dirigentes sindicales de la CGT y la CTA y de movimientos sociales, como la CTEP, además de organizaciones patronales con representantes de la UIA, la Cámara de la Construcción, el Consejo Agroindustrial y las asociaciones de banqueros Adeba y ABA.

Al centrar su intervención en las negociaciones del gobierno con el FMI, Guzmán dejó claro el objetivo del gobierno con este acuerdo social, disciplinar a los trabajadores y a los movimientos sociales para poder aplicar los ajustes necesarios para continuar pagando una deuda fraudulenta. “Con el FMI lo que buscamos es un programa que ayude a la Argentina”, dijo el ministro. Y agregó: “Queremos involucrarlos a todos ustedes para trabajar de forma articulada en este proceso”. Como si alguna vez al FMI le hubiese importado ayudar a la Argentina. En este “acuerdo social” el gobierno intenta “involucrar” a la mayor cantidad de sectores en el apoyo a las negociaciones con el Fondo para tratar de frenar las luchas y las protestas.

Contra los acuerdos de la burocracia, frenar los planes de ajuste

Se equivocan las direcciones burocráticas y los mentores de este plan si piensan que los trabajadores y los sectores populares van a aceptar mansamente la reducción de derechos y el continuo aumento de la pobreza. La lucha que los enfermeros y las enfermeras vienen llevando a cabo de forma autoorganizada frente a la traición de los dirigentes sindicales es un ejemplo a tener en cuenta. No podemos quedar a merced de burócratas que se reúnen con el FMI para “rogarle” que no aplique más ajustes a los trabajadores, o que en medio de una inflación galopante firmen acuerdos paritarios a la baja, con sumas fijas que significan pérdidas salariales. Es inconcebible que, en medio de esta crisis, el centro de la CGT sea la organización de un acto virtual el 17 de octubre en apoyo al gobierno de Alberto Fernández. ¡No hay nada que apoyar del plan de ajuste del gobierno que pacta con el FMI! 

Es hora de organizarse para frenar la entrega y el aumento de la miseria y la indigencia, que ya llega a casi 12 millones de argentinos, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Es necesario llevar el IFE a 40.000 pesos y exigir un salario mínimo de 72.000 pesos para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Para eso hay que frenar los planes de ajuste del gobierno y el FMI y luchar por un plan económico alternativo que comience por el no pago de la deuda externa y por imponer un impuesto a las grandes riquezas, como proponemos del FIT Unidad, que permita recaudar 15.000 millones de dólares. De esa forma habrá recursos para cumplir con esas medidas e implementar, también, un plan de obras públicas para reactivar la economía y generar empleos genuinos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop 

El récord de contagios por el Covid-19, a pesar de una cuarentena de casi siete meses, es una demostración palpable del fracaso de la política del gobierno de Alberto Fernández para atender la salud del pueblo trabajador y de los más vulnerables. El “modo profesor” del presidente, bien recibido al comienzo, fue perdiendo todo efecto con la falta de resultados concretos. Queda claro que con “sarasa” no alcanza. Sin embargo, las autoridades no actuaron de la misma manera cuando se trató de beneficiar los intereses de los grandes grupos farmacéuticos internacionales votando una ley que es un escándalo.

La noche del miércoles 7 de octubre no hubo “grieta”. Aprovechando la expectativa que genera la producción de una vacuna para combatir el coronavirus, el gobierno peronista y toda la oposición radical y de Cambiemos votaron juntos en el Congreso a favor de un proyecto de ley que protege los laboratorios multinacionales y acepta las condiciones aberrantes impuestas para comercializar la vacuna en nuestro país. Los diputados del Frente de Izquierda Unidad votaron en contra de este proyecto escandaloso de sumisión a las exigencias de las multinacionales. El diputado tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin fue el autor de la iniciativa. Motivos tiene, es hombre de Manzur, ex ministro de Salud de la provincia y amigo del multimillonario Hugo Sigman, uno de los que se beneficiará con la norma votada.

El proyecto prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” para los laboratorios. O sea que los efectos indeseados que produzca la vacuna no serán de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado nacional, que deberá asumir el costo. Garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Como ocurre con los acreedores de la deuda, si se decidiera llevar a juicio a un laboratorio deberá hacerse dónde éste lo decida.

Además, determina “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” y exime del “pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”. Este proyecto escandaloso es una decisión política del gobierno peronista del Frente de Todos. Alberto Fernández agradeció al bloque de diputados de Juntos por el Cambio por “acompañar al oficialismo para blindar jurídicamente a los laboratorios”. Aprovecharse de la necesidad urgente de la vacuna para hacer semejantes concesiones a estas multinacionales es de una perversidad inaudita.

Plata para salud pública, no para el FMI y los laboratorios

Mientras tanto, el pueblo trabajador, los sectores populares y más vulnerables continúan sufriendo las consecuencias del coronavirus. La estabilización de casos en el AMBA, si bien en niveles muy altos, ha dado pie tanto al gobierno peronista de Axel Kicilof como al de Cambiemos, de Horacio Rodríguez Larreta, a liberar las actividades económicas sin reaseguros para la población. Esta acción abre un incierto pronóstico sobre la evolución de la pandemia en el área.

En el interior, los contagios se disparan y saturan un sistema sanitario ya desmantelado por la falta de inversiones. Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta registran una línea ascendente, con lo que nos acercamos al millón de contagios y a casi 25.000 muertes. A partir de estos datos, el gobierno peronista ha determinado endurecer las restricciones de circulación en dieciocho provincias, repitiendo una fórmula que ya no da resultados positivos.

Además de las medidas de aislamiento son necesarios testeos masivos para detectar los grupos y sectores de riesgo y hacer el control. Es necesario centralizar las camas y recursos estatales y privados para lograr una atención de calidad, igual para todos. También aumentar el presupuesto de salud pública que garantice salarios dignos para los trabajadores de la salud y completar las vacantes de personal. Aumentar el IFE a 40.000 pesos y asistir con alimentos a todas las familias que los necesiten. Para eso, la salida no es negociar con el FMI ni votar proyectos que benefician a los billonarios laboratorios. Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.