Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Las luces rojas en los tableros del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la CABA se encendieron. La cantidad de contagios dejó de bajar, las negociaciones con Pfizer siguen estancadas y la vacuna rusa no estaría disponible antes de fin de año.

Cuando hablamos de vacunas estamos hablando de negocios de las multinacionales

Cuando hablamos de negocios, hablamos de capital imperialista, es decir de monopolios y de su influencia en los gobiernos. Al explicar las causas del estancamiento con la multinacional, Ginés deslizó una perlita: “Se nos pidió una ley que les diera inmunidad y esa ley salió. Dijeron que no era suficiente, que había que hacer otra ley […]”. Se confirma nuestra denuncia, la ley 27.573, llamada de vacunación obligatoria, fue hecha a medida de la industria farmacéutica y por eso le da inmunidad por adelantado de los efectos indeseables y la Argentina reconoce que todos los litigios con las multinacionales deben ser ventilados en los tribunales del país de origen. Pfizer pide más impunidad para venir a la Argentina.

Bajo la dirección de las multinacionales, la distribución de las vacunas no beneficiará por igual a la población mundial. Según investigaciones de la Universidad de Duke, las farmacéuticas han vendido anticipadamente 7.300 millones de dosis que podrían vacunar la mitad de la población mundial en 2021 si se repartieran de modo equitativo. Los países ricos, con 13% de la población mundial, han comprado el 52,7 por ciento. Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, impulsado por la OMS para garantizar el acceso de los países pobres, solo ha podido comprar para el 7% de la población mundial.

El peso de los monopolios también se hace sentir en la Organización Mundial de Comercio. La propuesta de India y Sudáfrica que, apoyada por noventa y nueve países, planteaba suspender transitoriamente la propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos, no prosperó por “falta de consenso”. Más allá de las medidas propuestas por este numeroso grupo de gobiernos patronales, nosotros seguimos sosteniendo que es necesario luchar por la abolición de las patentes para vacunas y medicamentos porque son patrimonio de la humanidad. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores, Jonas Salk y Alexander Fleming, renunciaron a los derechos de patentamiento. Cada vez es más necesaria una coordinación internacional de lucha contra la pandemia que enfrente las políticas de los gobiernos patronales nacionales al servicio de los monopolios.

Nueve meses de pandemia y nueve meses de fracaso del gobierno de Alberto Fernández

Los contagios y las muertes no dejan de crecer. Con 40.000 fallecidos, estamos en el puesto 13 del luctuoso ranking mundial de decesos por millón de habitantes y la vacunación no está garantizada. El plan del gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, que era gastar lo menos posible enfrentando la pandemia solamente con el recurso de la cuarentena y el esfuerzo del personal de salud, fracasó. Como el aislamiento no fue sostenido con medidas de apoyo económico a los trabajadores, pasadas algunas semanas la necesidad de salir a ganarse el sustento diario junto con la enorme presión patronal por seguir produciendo, permitieron al gobierno ir aflojando los controles. Así creció el contagio mientras se liberaba la cuarentena.

No se fortaleció el sistema de salud, que siguió arrastrando el déficit asistencial de décadas de descuido y ahogo presupuestario por parte de los gobiernos peronistas, radicales y de PRO. No se cuidó al personal de salud que debió librar, y aún libra, verdaderas batallas para obtener los elementos de protección, las licencias y los salarios adecuados. En lugar de centralizar bajo un solo mando al sector privado y al estatal de todas las jurisdicciones y, al mismo tiempo, nacionalizar las camas y los laboratorios para garantizar la atención igualitaria de toda la población, el gobierno permitió a cada provincia fijar sus normas e, incluso, subsidiar a los prestadores privados. Tampoco se salió a buscar el virus ni se tuvo una política de testeos y rastreos en la población. Argentina, el país que ha dado tres premios Nobel en ciencias vinculadas a la salud, está en el puesto 115 del ranking mundial de testeos por millón de habitantes, menos que Irak y Sudáfrica y apenas algo más que Malasia.

Finalmente, y no menos importante, el Congreso aprobó un impuesto a las grandes fortunas que solo abarca a 12.000 millonarios y deja afuera a las grandes empresas, las financieras y los bancos. Completamente distinto del proyecto presentado por el FIT Unidad y absolutamente insuficiente para financiar las necesidades de la lucha contra la pandemia, enfocada no solo desde el punto de vista epidemiológico sino también en sus aspectos sociales.

La lucha popular contra la pandemia sigue. En la Argentina, como en otras partes del mundo, está centrada en la movilización de los trabajadores de la salud que, al luchar por sus condiciones de trabajo, están defendiendo también el derecho de toda la población a la salud.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Este 2020 fue un fracaso gubernamental en la educación pública. Impericia, improvisación, ajuste, privatización y oportunismo mercantilista son algunas de las marcas que Fernández, Trotta, acompañado por Larreta, Acuña y los gobernadores, impregnaron en política educativa.

En la segunda quincena de marzo, cuando el mundo mostraba las tremendas consecuencias del Covid-19 y cerraba todo, el ministro de Salud, Ginés González García, decía que faltaba mucho para que llegara a la Argentina y Trotta se negaba a parar las clases presenciales. Luego suspendió la presencialidad de alumnos, ¡pero exigía que los docentes siguiéramos yendo! Recién en abril, ante el repudio de la docencia, Trotta impuso el sistema de educación virtual.

El gobierno aprovechó la pandemia para ahorrar plata y no nombrar a miles de docentes que debían cubrir cargos y módulos vacantes. Así, miles trabajamos con el doble de alumnos y miles pasaron hambre en la docencia por no tener ningún ingreso o tener poquísimas horas. Una vergüenza de Fernández y los gobernadores.

Improvisó un sistema de “educación virtual” sin preparación de la docencia ni las familias. Debimos aprender a manejarnos con aplicaciones novedosas. Docentes y alumnos no tuvimos un esquema de horarios fijos de trabajo y estudio, llegando a estar en jornadas interminables, recibiendo preguntas o trabajos prácticos a cualquier hora, aceptándolos comprendiendo la enorme dificultad de los estudiantes de tener celulares o computadoras a su disposición.

Los gobiernos se negaron a invertir en conectividad y tecnología gratuitas para docentes y estudiantes, fundamentalmente para los sectores más empobrecidos y marginados. Tuvimos que pagar más en electricidad, en internet y arreglos o compra de celulares y PC para poder estar en el sistema educativo. Y quienes no pudieron quedaron más marginados aún que antes de la pandemia. Esta es la realidad de la política educativa del gobierno de Fernández, Kicillof, Larreta, Kirchner, Schiaretti, etc. En esto no tuvieron “grieta”.

Otra vergüenza fue el ataque gubernamental permanente a los docentes, queriendo dejarnos ante la comunidad como “los responsables” de que las clases presenciales no volvieran. La figura estelar de esta política fue Soledad Acuña, que realizó declaraciones semifascistas contra la docencia, los profesorados, la izquierda y los sindicatos, dichos que fueron masivamente repudiados. Pero tanto Acuña como Trotta y los gobernadores que quisieron posar de “fanáticos” de volver a clases presenciales, quedaron en ridículo, ya que ni siquiera pudieron implementar los absurdos sistemas de “burbujas” que tanto pregonaron.

Un párrafo aparte merecen las burocracias de Ctera, UDA, CEA, AMET y su pleno acuerdo con los gobiernos y el apoyo a sus medidas. Firmaron paritarias de pobreza permitiendo que la miseria y la desocupación golpearan fuertemente a la docencia.
Sin dudas vamos a un 2021 donde la lucha por la escuela pública, por presupuesto, infraestructura, conectividad gratuita, salarios y trabajo estará al orden del día desde febrero. Desde Izquierda Socialista, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo docente opositor de todo el país impulsaremos la coordinación nacional para defender el salario y la escuela pública, con plata para educación, no para el FMI ni para la educación privada.

El Senado ya dio media sanción a la ley de movilidad jubilatoria. Un verdadero robo. Una fórmula que no resolverá sus problemas, los profundizará. Para repudiarla, el FIT Unidad marchará al Congreso el 22 de diciembre.

Escribe Claudio Funes

Mientras la marea verde llegaba al Congreso para imponer la legalización del aborto que se debatía en Diputados, la Cámara de Senadores daba media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con algunas modificaciones.
Tras el escándalo que desató el anuncio de que el miserable 5% de incremento para diciembre sería tomado a cuenta del aumento de marzo de 2021, los senadores maquillaron el ajuste exigido por el FMI.

Derogaron el artículo 6°, de esta manera en marzo se cobrará el aumento correspondiente con el 5% incluido. El proyecto enviado por Alberto Fernández contemplaba dos aumentos por año, ahora serán trimestrales. Por último, de los dos índices, el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que realiza el Ministerio de Trabajo y el Índice Salarial del Indec, se tomará el mejor.

¿Con estas modificaciones la nueva fórmula será favorable a los jubilados? Afirmamos que no. Veamos por qué.

Para calcular los aumentos de marzo, junio y septiembre se suman el 50% de los aumentos salariales y el 50% de la recaudación de la Anses. Pero en el incremento de diciembre el cálculo cambia. Aparece la recaudación total anual de la Anses incrementada en un 3%, que actúa como límite o techo. Si los salarios de los trabajadores en actividad aumentan más que la recaudación de la Anses, siempre descontados los aumentos de marzo, junio y septiembre, los jubilados cobrarán según la recaudación. Si la recaudación anual aumenta más que los salarios, cobrarán el porcentual de incremento de estos últimos.  

La fórmula está diseñada para que los jubilados no participen de la mejora de los salarios ni de la mejora del crecimiento de la recaudación de la Anses. Al final de cada año siempre perderán en relación con alguna de estas variables, porque se toma la peor. Así, los jubilados solo participarán de las pérdidas de la recaudación o de la pérdida de valor de los salarios, nunca de sus incrementos. La nueva ley no resolverá sus problemas, los profundizará.

Agreguemos dos cuestiones que no son menores. La recaudación de la Anses será un dato poco transparente, informado por la peronista kirchnerista Fernanda Raverta, y los aumentos salariales, negociados por la burocracia sindical peronista, serán a la baja. Tienen los flancos cubiertos.

Ya vimos cómo la fórmula, aun con sus cambios cosméticos, es un engaño, pero no es el único. ¡La nueva ley de movilidad no toma en cuenta la inflación! Un verdadero flagelo para el pueblo trabajador y los sectores populares.
Según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de octubre, elaborado por el Banco Central, el “mercado” espera una inflación de 48,9% en 2021. El ingreso de los jubilados estará muy por detrás del costo de vida.
A pedido del FMI, el gobierno de Alberto Fernández no resuelve el problema de fondo, la jubilación mínima, ni la recuperación del 40% perdido en los últimos tres años.

Con el incremento de 5% otorgado en diciembre por decreto de Alberto Fernández, la mínima pasa de 18.128 pesos a 19.035 pesos, ¡907 pesos de aumento, 30 pesos por día! Menos que una limosna.
Son 4.4 millones los jubilados que cobran esta miseria que solo cubre el 38% del valor de la canasta básica del jubilado, que en noviembre ya estaba en 49.000 pesos.

Para los jubilados no hay mejoras, hay ajuste. Con los aumentos por decreto el gobierno ahorró 100.000 millones de pesos y en esto todos están de acuerdo, incluso la oposición patronal.
Debemos enfrentar este nuevo saqueo con acciones de repudio, como la radio abierta que el viernes 11 de diciembre llevaron adelante, frente al Senado, distintas agrupaciones de jubilados, entre las que estaban nuestros compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel)

Solo la izquierda apoya el genuino reclamo de los abuelos y se opone a esta ley. Así lo expresarán en la Cámara de Diputados nuestro compañero Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS). Por ello el día 22 de diciembre a las 17.30 el FIT Unidad realizará una concentración y acto en el Congreso para rechazar este robo.
Invitamos a las organizaciones de jubilados y a los trabajadores activos a dar juntos la pelea.

Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que le permita adquirir la canasta básica del  jubilado. La Defensoría de la Tercera Edad la calcula hoy en 49.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Con él se fija el piso ¿y de ahí para arriba? La respuesta es sencilla, el 82% de su salario en actividad, “móvil”, es decir actualizándose acorde con los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.
Mientras tanto, la realidad es que en nuestro país el 70% de los jubilados cobra la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza y cercano a la de indigencia.

El robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que no hay plata para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. El problema sería que “la gente hoy vive más que antes”. Una gran mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años de la década del ’60. Hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban del dinero que entraba en las cajas para financiarse.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica, reducir los aportes patronales y utilizar los fondos previsionales para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo se produjo en la década del ’90. Menem y Cavallo hicieron una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca serán restituidos.
En 1993 se crearon las AFJP. La inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones que alcanzaron niveles de miseria nunca vistos.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o con valores muy cercanos. En esos doce años de kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales, lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones.

La reestatización de las jubilaciones durante el kirchnerismo brindó la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios que pertenecía a los jubilados y pensionados. Sin embargo, ese fondo fue utilizado para otros fines. En particular para pagar deuda externa, y reemplazarlo por más “papelitos”, bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017, y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, cambió la fórmula de reajuste haciendo que se perdiera más de 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.
Alberto Fernández eliminó esa fórmula el año pasado y la sustituyó por aumentos discrecionales por decreto, justamente en el momento que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo mientras echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para sostener el dólar

Luego viene la ley que hoy estamos denunciando.
¿Cómo modificar esta historia? Haciendo lo que nadie propone.
Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron legislaciones posteriores.
Se debe realizar un masivo blanqueo de los trabajadores en negro.A lo propuesto se debe agregar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, empresas y multinacionales que, junto con el no pago de la deuda externa, permitirán financiar el sistema jubilatorio.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡La Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!
¡El sistema no está quebrado ni es inviable! Lo están desfinanciando desde hace décadas. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, los capitalistas y el FMI.                                        C.F.

Escribe Martín Fú

El gobierno anunció la modificación del mínimo no imponible, que es el monto base a partir del cual un salario empieza a pagar Impuesto a las Ganancias. Este mínimo es de 74.810 pesos para un trabajador soltero y de 98.963 para uno casado con dos hijos. Si tomamos como referencia que para no ser considerado pobre en la Argentina una familia tipo necesita cubrir una canasta básica de 49.919 pesos -según el gobierno-, pero sin embargo esa canasta se eleva a 76.507 pesos, según ATE Indec. Hoy un trabajador que tiene la “suerte” de estar en blanco y por debajo de la línea de pobreza, debe pagar el mal llamado Impuesto a las Ganancias. Que en realidad es un impuesto al salario, a pesar de que el salario no es ganancia.

El alcance de este impuesto se multiplicó exponencialmente durante los últimos años, mientras el mínimo no imponible permanecía congelado, año a año, paritaria tras paritaria, más trabajadores integraban la legión de “privilegiados” que eran alcanzados por este impuesto. Así es cómo, en los últimos cinco años, se duplicó la cantidad de asalariados que son víctimas de este robo y cada año son más los que lo pagan.

Esto vuelve a repetirse ahora, otra vez el mínimo no imponible sube por debajo de la inflación. Con lo que, el año próximo, más trabajadores serán alcanzados por este tributo.

Nuestro planteo es sencillo y básico: ¡el salario no es ganancia! Ningún trabajador debe pagarlo. Las ganancias, por el contrario, son las que obtienen las patronales y a ellas debe cobrársele. De esa forma empezaremos a terminar con un sistema tributario profundamente regresivo. En ese camino es que proponemos que se imponga un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como el que plantea el Frente de Izquierda Unidad.