Escribe Joel Rojo

Por responsabilidad del gobernador Schiaretti y los intendentes, y por la complicidad de la burocracia sindical y de ineptos como Diego Cardozo, ministro de Salud provincial, el sistema está al borde del colapso. El 5 de octubre había 833 internados graves con Covid-19 en el sector privado, que tiene 948 unidades intensivas entre intermedias y coronarias que, si bien están destinadas a patologías cardíacas, se usan para la pandemia. Es decir 88% de ocupación. Esto en el sistema público llega al 77 por ciento. Pero los contagios entre los trabajadores de la salud han llegado al 30%, por lo que no hay personal suficiente para atender las camas críticas, razón por la cual las ambulancias deben esperar hasta cinco horas para poder ubicar a un paciente, que en muchos casos ya tienen intubado en el móvil.

Hace una semana, un hombre que sufrió descompensación y fiebre luego de una operación tuvo que recurrir a la Justicia para conseguir una cama de terapia intensiva. El juez de Control Carlos Romero ordenó a Salud provincial que ubique en forma urgente al paciente, que a pesar de tener obra social fue internado en el hospital San Roque, lo que demuestra una vez más la necesidad de un sistema único estatal de salud, ya que el privado tampoco asume su responsabilidad cuando le corresponde.

Esta realidad también muestra que es una mentira que, ante la disyuntiva entre la salud y la economía, tanto Schiaretti como Alberto Fernández priorizan la salud. Esta saturación es la consecuencia de haber priorizado la ganancia de los empresarios. Mientras tanto efectúan restricciones irrelevantes y sin ningún control, como suspender el tránsito entre las 20 y la 6. Es que aun cuando obligaron a la cuarentena, lo hicieron con un miserable IFE de 10.000 pesos cada dos meses, permitieron despidos, suspensiones y rebajas salariales que elevaron la pobreza a más del 40 por ciento. Mientras tanto garantizaban las ganancias de las patronales bajándoles aportes, concediéndoles moratorias, rebajando retenciones a los exportadores y pagando el 50% del salario de todos sus trabajadores. Al mismo tiempo se arrodillaban ante los bonistas, y ahora ante el FMI.

Para ocultar su responsabilidad acusan a la “gente” y a las “reuniones sociales” de los 50.262 contagios y las 591 muertes. Para evitar una situación aún peor hay un solo camino. Hay que tomar medidas de aislamiento y testeos masivos, otorgar 40.000 pesos a quienes no poseen recursos y aumentar salarios y jubilaciones de inmediato. Plata que debe salir de dejar de pagar la deuda externa y de aplicarle a los ricos y a las ganancias empresarias el impuesto que propone el FIT Unidad en su proyecto.

Escribe Diego Martínez

A pocos días de una nueva fecha de desalojo, el gobierno del Frente de Todos sigue sin ofrecer una solución. Haciendo uso de su doble discurso, dice que quiere resolver la situación a través del diálogo, pero lo único que propone es la represión, política que ya aplicaron en la toma del barrio Unión, de Laferrere, en La Matanza, que fue desalojada violentamente.

En Guernica, el gobierno de Kicillof anunció la existencia de 3.000 lotes. En la última mesa de negociación se comprometió a impulsar una visita a estos terrenos, que luego fue cancelada. El gobierno peronista sostenía que podrían estar disponibles en seis meses, pero nunca explicó dónde vivirían los vecinos en ese lapso.

Canceló también reuniones que tenían el propósito de llegar a un acuerdo y no recibió a los vecinos que se movilizaron hasta la gobernación. Aunque se disfrace de “dialoguista”, Kicillof cortó toda instancia de diálogo y prepara el terreno para el desalojo. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la intendenta Blanca Cantero se pronunciaron varias veces en ese sentido.

El ministro Larroque, de La Cámpora, dijo que el desalojo se va a llevar adelante y que no volverán a pedir una prórroga,  mientras sale a embarrar la cancha usando a la izquierda como chivo expiatorio para justificar la represión. En las últimas horas anunció que el 80% de las familias ya fueron reubicadas, mentira. En los días previos manifestó que el gobierno quiere llegar a un acuerdo, pero que no se puede porque la izquierda “está jugando irresponsablemente a un proceso pseudorrevolucionario” y “obstruye con mentiras permanentes el accionar del Estado  (Página/12, 8/10/2020). El que miente es el gobierno, que busca demonizar a la izquierda y a las organizaciones sociales combativas, los únicos que apoyamos el reclamo de vivienda y queremos una solución, para encubrir el hecho de que no tiene una respuesta al problema más que la de la represión. Funcionarios declararon que la toma es “ilegal” por ser violatoria de la propiedad privada, aunque no haya persona alguna que pueda acreditar la titularidad del predio. El gobierno desconoce la ley 14.449, que señala que los countries deben ceder el 10% de los terrenos para el loteo social. En la zona lindera a la toma hay dieciocho countries.

El objetivo del gobierno es el desalojo. Si no lo pudo hacer hasta ahora fue por la fortaleza y organización de los vecinos, que ya lograron que se postergue en cinco oportunidades y están dispuestos a seguir haciéndolo las veces que sea necesario. Es por eso que el intento del gobierno de desalojar a las 2.500 familias ofreciéndoles 40.000 pesos fracasó. Las familias quieren un lugar donde vivir, ofrecerles dinero demuestra que Kicillof insiste en desconocer esa necesidad. Algunas personas que abandonaron la toma denunciaron además que esa plata nunca les llegó.

Guernica es la expresión más aguda de un problema que se expresa en todo el país. Son cuatro millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Esa cifra creció durante la cuarentena, producto del ajuste del gobierno nacional, que pagó 4.500 millones de dólares al FMI mientras cientos de miles de trabajadores fueron despedidos y otros tantos sufrieron una pérdida significativa de sus ingresos. De las 2.344 personas que censó el Ministerio de Desarrollo Social en Guernica, 1.544 declararon que se volcaron a la toma porque quedaron desocupadas y/o se quedaron sin ingresos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda (Página/12, 8/10/2020).

Situaciones similares se viven en todo el país, por eso es indispensable apoyar esta lucha. Si gana esta pelea dejando atrás el desalojo y se logra avanzar con el loteo de las tierras, como proponen los vecinos, se fortalecerá la lucha por la vivienda y estaremos en mejores condiciones para dar la pelea por imponer un plan de construcción de viviendas populares que solucione este problema en todo el país sobre la base del no pago de la deuda externa y estableciendo un verdadero impuesto a la riqueza.

Debemos rodear de solidaridad a la toma llevando donaciones, participando de las acciones para evitar el desalojo y denunciando las mentiras del gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación, sumando apoyo entre los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y los sectores populares. La campaña de mentiras busca preparar el terreno para que el desalojo tenga apoyo popular. Pero con la organización de la toma, la campaña de solidaridad y la difusión de la lucha sigue creciendo el sentimiento de que todos somos Guernica.

Con una delegación de compañeras encabezada por la diputada bonaerense (mc) Mercedes Trimarchi y la legisladora porteña electa Mercedes De Mendieta, el pasado miércoles la agrupación de mujeres Isadora estuvo en el predio de Guernica visitando a las familias que allí resisten el desalojo. Se conversó especialmente con las mujeres de la toma que nos hablaron de la importancia de la organización feminista y la solidaridad entre las familias del predio para garantizar entre todes los cuidados. A su vez, relataron que muchas de ellas fueron víctimas de violencia de género y que han tenido que huir de sus casas con sus hijes para escapar de los violentos. A pesar de haber mandado dos cartas al nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad contándoles sobre su situación, no tuvieron respuesta favorable. Es más, la única respuesta del gobierno es insistir con el desalojo y echarlas de esas tierras sin darles alguna solución habitacional.  

La campaña de solidaridad con las familias de Guernica está creciendo día a día porque el problema de la vivienda en nuestro país es un flagelo de miles. Muchas trabajadoras, en este contexto de crisis económica y social, se ven obligadas a tomar un pedacito de tierra para tener un lugar donde vivir. Desde Isadora impulsamos activamente la campaña de solidaridad con las familias de Guernica y para ello estamos recolectando donaciones junto con Izquierda Socialista, que llevamos cada semana. Te invitamos a sumarte a esta campaña solidaria y que hagas correr la voz de las mujeres de Guernica para que seamos miles las que, junto con ellas, gritemos “tierras para vivir”, “no al desalojo”.

Agrupación de mujeres Isadora

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Inexplicablemente, y de manera insostenible, la dirección del PTS una vez más ha lanzado una campaña de ataques al sindicalismo combativo, a sus principales referentes (la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por el Pollo Sobrero, el Sutna con Alejandro Crespo, Ademys con Mariana Scayola y Jorge Adaro y los Suteba Multicolores) y a sus socios del Frente de Izquierda (Izquierda Socialista y el PO). Lo más grave es que lo hace con mentiras y difamaciones tan absurdas que son imposibles de sostener.

Por un lado, la dirección del PTS plantea que esos sindicatos combativos, Izquierda Socialista y el PO no tomamos a fondo el apoyo a los vecinos de Guernica, la ocupación de las tierras, el repudio al gobierno y sus acciones represivas. Son difamaciones tan absurdas que a cualquiera de los vecinos de Guernica le daría vergüenza respaldarlas. Ya desde el inicio de la toma, además de declarar nuestro apoyo y denunciar al gobierno y sus mentiras, hemos mostrado diferentes acciones solidarias y nuestra participación permanente. Los reportajes a referentes de Guernica y sus agradecimientos así lo ratifican.

El ataque a los ferroviarios del Sarmiento, Ademys, Suteba Multicolores y al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), además de la gravedad de la difamación, nos coloca en el mismo lugar que los traidores de la burocracia sindical peronista. Pero es tan ridícula la campaña que nos obliga a denunciar el verdadero accionar de los dirigentes del MAC/PTS en el PSC respecto de Guernica.

Varias de las organizaciones sociales que integran el PSC, no el PTS, estuvieron desde el primer día interviniendo en la toma de Guernica. Por eso, fuimos los primeros en pronunciarnos en su apoyo, y no fue por iniciativa del PTS. En la jornada nacional de lucha del PSC del 17 de septiembre fuimos justamente los dirigentes ferroviarios, del Sutna, de Izquierda Socialista y el PO los que propusimos que participara la delegación de Guernica en la columna de los sindicatos en lucha, delante de todos los movimientos sociales, y tuvieron oradores y representantes en el palco. ¿Cómo que el PSC no estuvo a la cabeza del apoyo? ¿Qué hicieron la CGT o la CTA por Guernica? De más está decir que Suteba Multicolores y Ademys votaron en sus asambleas la solidaridad y aportaron dinero y junto a los ferroviarios del Sarmiento llevaron mercaderías que fueron entregadas a los vecinos de la toma.

Llamamos a los honestos militantes del PTS a que les exijan a sus dirigentes que terminen con mentiras y difamaciones, que solamente los hacen quedar en ridículo en los sindicatos combativos y entre los luchadores de izquierda.

“Ademys entregó donaciones a las familias”

“Suteba La Matanza y Docentes en Marcha llevaron la solidaridad a las familias de Guernica”

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

La última sesión de la Legislatura porteña incurrió en un nuevo escándalo político. Con los votos del oficialismo larretista, que incluyen legisladores de Lousteau y al “socialista” Roy Cortina, se avanzó con la rezonificación de terrenos de la Costanera Norte. ¿Qué significa esto? Que se cambiaron las limitaciones para la construcción y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con edificios de hasta diez pisos que terminarán de tapar no solo el acceso, sino hasta la propia vista al Río de la Plata.

Contradiciendo la propia Constitución de la Ciudad, que señala que los bordes costeros no pueden ser privatizados, se estaría avanzando a toda marcha en la venta y cementación de tierras públicas que deberían haber sido destinadas a garantizar nuevos espacios verdes. En el contexto de enorme crisis habitacional y hacinamiento que quedó a la luz con la actual pandemia, Larreta sigue manteniendo como prioridad levantar barrios de lujo en la ciudad. En medio de la preocupación creciente por el calentamiento global y las inundaciones, se avanza en una edificación costera que representa justamente un agravante de ambos problemas. Mientras el gobierno nacional y el macrismo están en una cruzada contra quienes pelean por tierra para vivir, por la ventanilla de al lado, en la ciudad (en la provincia de Buenos Aires y en todo el país), los “desarrolladores”, las patronales de la construcción, los millonarios de la especulación inmobiliaria, reciben favores de todo tipo de todos los gobiernos.

El peronismo porteño, a través de sus legisladores y medios afines, instaló durante el día en redes sociales (el único lugar donde “protestan” contra Larreta) el hashtag #LainmobiliariadeLarreta. Incluso, más “jugadas” aún, algunas de sus organizaciones sacaron flyers con la consigna “No vendan la Costanera”. Algo que puede haber llevado a confusión a parte de los y las trabajadoras y las organizaciones ambientales de la ciudad que estuvieron siguiendo el debate. Pero se trata de una impostura.

La venta de estos terrenos públicos no era el tema de esta sesión. El remate de los terrenos en cuestión había sido habilitado en 2017, y para la mayoría especial requerida para la enajenación de tierras Larreta había contado con la inestimable ayuda del bloque peronista. En ese momento la venta era para habilitar negocios privados gastronómicos, lo que se trató en esta sesión fue cambiar esa finalidad para pasar directamente a edificar edificios de diez pisos. Así las cosas, quienes dicen “no vendan la Costanera” deberían buscar la forma de viajar en el tiempo para cambiar sus propios votos. El título de martillero a PRO se lo dio el peronismo porteño.

Así es que los gobiernos de Macri y Larreta remataron 500 hectáreas públicas. Y como se denunció en la sesión desde la bancada del FIT-Unidad, el peronismo habilitó la entrega del Parque de la Ciudad, del Autódromo, diecisiete predios al arzobispado, el Tiro Federal, el Parque Thays, terrenos ferroviarios de distintos barrios porteños, el Edificio del Plata y también la Costanera Norte. No hay una gran diferencia entre la política del peronismo, que en el conurbano arrasa humedales o niega el acceso a la tierra para desarrollar countries, y la del larretismo, que liquida la costanera para hacer un barrio de lujo.

Para que se consume el cambio de zonificación y con ello la privatización, el proyecto debe pasar por una audiencia pública y una segunda lectura en la Legislatura. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a redoblar los esfuerzos y la movilización porque es en la calle, y no dentro de #LainmobiliariadeLarreta, donde podemos frenar este escandaloso remate.