Escribe José Castillo

Allá lejos y hace tiempo es el título de un clásico libro autobiográfico de Guillermo Enrique Hudson. La metáfora literaria vale para tratar de recordar cuándo fue que el gobierno de Alberto Fernández, en los primeros días de la cuarentena, anunció que se implementaría un impuesto a las grandes fortunas. El anuncio surgió como respuesta a la flagrante violación por parte del Grupo Techint del decreto de necesidad y urgencia que había sido dictado en esos días y que prohibía suspensiones y despidos. El conglomerado de Paolo Rocca, haciendo caso omiso de esa disposición, despidió a 1.500 trabajadores.

¿Cómo siguió la historia? El Ministerio de Trabajo terminó avalando esos despidos. Y el “castigo”, vía un impuesto extraordinario a la riqueza, se fue deshilachando con el correr de los meses.

Repasemos. Al principio se dijo que no se iba a implementar de inmediato porque había que “compatibilizar” varios proyectos elaborados por legisladores del Frente de Todos en uno solo.

Luego, la excusa fue que todavía no se habían acordado los mecanismos de funcionamiento virtuales del Congreso y que, por tratarse de un impuesto, no se podía sacar por decreto de necesidad y urgencia.

A posteriori, y con el Congreso ya funcionando, el proyecto no ingresó. Incluso, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio votaron en contra de que se debatiera el único proyecto presentado, elaborado por el Frente de Izquierda Unidad.

Siguieron pasando los meses. Finalmente, vio la luz el tantas veces demorado proyecto oficialista. Se trata de un impuesto mínimo que ni llegaba a hacerle cosquillas a las grandes riquezas de nuestro país. No incluye empresas, solo personas. Y, a la vez, exceptúa a los que tienen domicilio en el exterior. Las alícuotas son exiguas, lo que haría que la recaudación proyectada fuera bajísima. Encima, contiene un montón de excepciones que invitan a la evasión. Y, por si todo eso fuera poco, el destino de lo recaudado no iba a ir con exclusividad a las urgencias sanitarias y sociales generadas por la pandemia, sino que una parte importante volvía a las grandes empresas bajo distintas formas de subsidios.

Pero la historia tampoco termina ahí. Aún ese exiguo proyecto sigue durmiendo en los cajones. Ahora se inventó una nueva excusa, se lo iba a tratar con el presupuesto 2021. Esta semana se fijó la fecha de la reunión en la Cámara de Diputados. Por supuesto, el proyecto de impuesto a la riqueza no figura en el temario.

Se trata del sumun del doble discurso. Desde el Frente de Izquierda Unidad lo dijimos desde el primer día, era y es urgente un impuesto de verdad a las grandes riquezas, que incluya fortunas, personas y ganancias de las más importantes patronales, con alícuotas fuertes que permitan recaudar 15.000 millones de dólares para destinar a la atención de las más urgentes necesidades sanitarias y sociales generadas por el coronavirus. Lo presentamos en el Congreso en abril, seguimos exigiendo su tratamiento. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La muerte de Néstor Kirchner conmovió al país. El 27 de octubre de 2010 fallecía quien fuera presidente entre 2003 y 2007 y el indiscutido jefe político del peronismo de entonces. El impacto fue enorme. Por el velatorio pasaron miles de personas. Kirchner se preparaba como figura de recambio para 2011. Obama y funcionarios del FMI, la OEA y el Banco Mundial enviaron condolencias y, a la vez, mostraron su preocupación. Comenzó un “operativo clamor” para que Cristina se postule, algo que terminó ocurriendo.

Desde Izquierda Socialista difundimos inmediatamente un comunicado que señalaba: “Respetamos el dolor de sus familiares y amigos y comprendemos el sentimiento de aquellos trabajadores que en estos años han depositado expectativas en su gobierno. Pero no nos sumamos al coro de políticos patronales, tanto del PJ como de la oposición patronal, quienes lo reivindican como un político que encarnó un modelo de transformación y crecimiento”.

Una cosa era el dolor de quienes lo consideraban, y consideran hoy, a Néstor Kirchner como su líder político. Otra distinta es decir que encarnó un proyecto liberador, o que fue “el que más hizo después de Perón y Evita”, como señaló en aquel momento el burócrata Hugo Moyano.

El ascenso de Néstor Kirchner, en 2003, fue para recomponer los pilares de un régimen político que quedó mal herido con el Argentinazo de 2001. Al grito “que se vayan todos”, esa rebelión popular tiró abajo al gobierno ajustador del radical De la Rúa, repudió a los bancos, al FMI y a toda la vieja política. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 cayeron varios presidentes. Finalmente, fue ungido el peronista Eduardo Duhalde, quien posteriormente tuvo que renunciar por ser el responsable político de los asesinatos de los luchadores sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Sentado en un volcán, Néstor Kirchner necesitaba mostrar una imagen progresista y desligada del apoyo que le había brindado a las políticas del peronismo de Carlos Menem en los años ’90, cuando con la promesa de “salariazo y revolución productiva” remató las empresas del Estado, inauguró las relaciones carnales con el imperialismo e indultó a los genocidas de la dictadura.

Néstor Kirchner estuvo obligado a cabalgar con algunas banderas que el pueblo agitó en aquellas jornadas gloriosas de 2001 inaugurando un permanente doble discurso. La propia Cristina Fernández dijo: “Kirchner es hijo del Argentinazo”.

Se dice que Néstor Kirchner creó millones de puestos de trabajo, hizo volver las paritarias y benefició a los jubilados. Con eso se quiere ocultar que, cuando asumió, fue beneficiado por la brutal devaluación y el ajuste que ya había aplicado Duhalde y una coyuntura favorable con altos precios de las materias primas (soja, trigo, petróleo), lo que le permitió otorgar algunas concesiones. Nada fue por virtud de algún “modelo” de redistribución de la riqueza, como se decía. Y si los salarios aumentaron fue producto de las enormes luchas. A tal punto que, a partir de 2006, cuando la inflación creció, el gobierno fijó techos salariales y mantuvo el impuesto al salario (ganancias).

Otro tanto pasó con las jubilaciones. A pesar de que se anuló el régimen de jubilación privada (AFJP) y se estatizaron 30.000 millones de dólares, el kirchnerismo se apropió de la caja de la Anses para subsidiar a empresarios como Cirigliano (uno de los responsables de la masacre de Once, en el ferrocarril Sarmiento), o a la multinacional General Motors. Recordemos que Cristina vetó la ley del 82% móvil para las jubilaciones.

Otro capítulo fue el de la deuda externa. El Argentinazo impuso el no pago y Néstor Kirchner lo reanudó. Le pagó de contado la deuda al FMI mientras decía que nos íbamos a desendeudar. Finalmente, al concluir 2015, dejó una deuda de 200.000 millones de dólares.

Como contrapartida, digamos que el “modelo” kirchnerista benefició a los bancos, la Barrick, Repsol y las petroleras, las privatizadas, multinacionales y, por supuesto, a los empresarios amigos del gobierno, como Lázaro Báez, Cristóbal López y tantos otros.

Por otra parte, el modelo sindical que impulsó Néstor Kirchner en sus comienzos se basó en una alianza con Hugo Moyano y la CGT de los Gerardo Martínez, Zanola –preso por traficar con medicamentos–, Cavalieri, Lezcano y José Pedraza, el burócrata de la Unión Ferroviaria que días antes del fallecimiento de Néstor Kirchner había ordenado asesinar a Mariano Ferreyra. Y, en lo político, si bien en algún momento apeló a la transversalidad (llevando al radical Julio Cobos como vicepresidente), el kirchnerismo volvió rápidamente al corazón del viejo PJ. Así fue logrando el apoyo de los barones del conurbano y los gobernadores, que se acercaron a cambio de fondos y obras.

Otro tema urticante de esos años fue la política de derechos humanos. Néstor y Cristina nunca participaron en las marchas de cada 24 de marzo, sin embargo se quisieron apropiar del logro de la anulación de las leyes de impunidad –Obediencia Debida y Punto Final–, cuando precisamente el proyecto votado en el Congreso no provino del bloque oficialista, sino de la izquierda, y fue fruto de la lucha de varias generaciones. Terminaron cooptando a organismos de derechos humanos históricos como Madres-Hebe de Bonafini y Abuelas-Estela de Carlotto, diciendo que había que dejar de movilizarse ante un “gobierno de los derechos humanos”, mientras dejaba intacto el aparato represivo que llevó a la desaparición de Julio López y a encumbrar al represor Milani como jefe del Ejército.

Podríamos hablar de otros temas, como que en los doce años de gobierno peronista kirchnerista, y tras dos mandatos de una mujer, no se legalizó el aborto.

Volviendo al comunicado que nuestro partido emitió en 2010, al final decíamos: “Seguiremos luchando por otro plan económico, obrero y popular, alertando a que la conmoción no sea utilizada para fortalecer un proyecto político que, mediante el doble discurso, siga priorizando los intereses de los de arriba por encima de los trabajadores y el pueblo”. Por gobernar para los de arriba, el kirchnerismo sufrió el repudio popular en las elecciones de 2015 posibilitando que asumiera Macri por cuatro años. Lo mismo pasó con similares procesos latinoamericanos de los gobiernos del doble discurso, como Chávez en Venezuela, o Lula en Brasil, que por no tocar los pilares del capitalismo permitieron que resurjan los Bolsonaro, los Piñera en Chile, o consolidándose regímenes hambreadores y dictatoriales como el de Maduro.

A los trabajadores y jóvenes que aspiran a un mundo mejor, y en especial a quienes empiezan a criticar al Frente de Todos por no resolver los males sociales, los llamamos a reflexionar. Les decimos que si se quiere luchar por una salida de fondo para terminar con los males capitalistas, la decadencia y sometimiento del país al FMI y al imperialismo, no queda otra que luchar por un gobierno de las y los trabajadores. Y que para ello hace falta fortalecer una alternativa política distinta de las que nos vienen gobernando, de los trabajadores y de la unidad de la izquierda, como lo empezamos a hacer con la conformación del Frente de Izquierda desde 2011 a esta parte.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop  

Si la semana pasada dijimos que llegamos al millón de contagiados, en esta debemos comunicar que tenemos cien mil más. Es el sexto lugar, después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. Y antes de España, que ya fue superada por la Argentina. Nuestro país sigue ocupando el puesto número 13 en el luctuoso ranking de decesos por Covid-19 cada millón de habitantes, sólo superado, entre otros, por Estados Unidos, Brasil, México y Chile entre los americanos, y Bélgica, España y el Reino Unido, habiendo superado a Italia entre los europeos. Conclusión, en relación con la pandemia, la política del gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos es un fracaso completo.

Pequeña crónica de un fracaso anunciado

Los mismos expertos que asesoran al gobierno reconocen implícitamente este fracaso. Luis Cámera, integrante del comité que asesora al gobierno, reconoció que el virus “superó la previsión de los especialistas cuando se infectaron los barrios vulnerables y cuando se extendió a las provincias” (La Nación, 20/10). Cómo no va a ser previsible si los habitantes de esos barrios debían circular para proporcionarse el sustento porque un IFE de 10.000 pesos no les permite quedarse en su casa. El gobierno se jugó solamente a la cuarentena y a la sobreexigencia a los trabajadores de la salud. 

Eduardo López, asesor del gobierno, declaró a La Nación (20/10): “Nuestro mayor déficit es no haber testeado más. El plan Detectar se implementó un poco tarde, cuando debió haber empezado más precozmente”. Falta decir que nuestros testeos por millón de habitantes son 63.000, lo que nos coloca en la ubicación 113 del ranking mundial. En países de parecida cantidad de habitantes tenemos menos testeos que en España (357.000), pero más que Uganda (12.000). Una de las razones por las cuales nuestra tasa de decesos por millón de habitantes es, al final, cercana a la de Suecia, que no aplicó la cuarentena.

Es indudable que el desmantelamiento sistemático de la salud pública por parte de los sucesivos gobiernos está en la base del drama sanitario actual. Pero para llegar a los casi 30.000 muertos por efecto del coronavirus se necesitó una política completamente alejada de las medidas que había que tomar. Aun ahora, en que la epidemia se extiende a zonas del interior del país, el ministro de Salud, Ginés González García, insiste en una medida única y barata, el aislamiento, sin acompañar con otras medidas necesarias para enfrentarla eficazmente. Cuando se le preguntó qué haría distinto si tuviera que empezar de nuevo contestó: “Yo estoy muy orgulloso de la cuarentena, aunque seguramente hubiéramos hecho algunas cosas diferentes, ya que es fácil decirlo con el diario del lunes”. El ministro está con el diario del lunes en sus manos, pero continúa con la misma receta, más cuarentena solamente, sin otras medidas necesarias.

Para completar el cuadro de los desaciertos, el gobierno nacional de Alberto Fernández, imitado con entusiasmo por radicales y de Pro, ha optado desde hace meses por tirarle el problema a la población. Con absoluto desparpajo repiten por los medios que el cuidado “es responsabilidad de cada uno”, renunciando de esa manera a las obligaciones de los gobiernos en el ámbito de la salud pública. Tan desastrosa ha sido la política del gobierno, que la Universidad de Oxford informó que la Argentina dejará de formar parte de su mapa de datos porque las cifras oficiales informadas por el gobierno no reúnen la calidad suficiente para reflejar el alcance de las pruebas.

Las medidas que el gobierno peronista y la oposición radical y de Cambiemos no quieren tomar

Está más que demostrado que con la cuarentena, como única medida, no alcanza. Mucho menos cuando se aplica en función de las exigencias patronales para abrir sectores de la economía y no de las necesidades sanitarias. Son necesarias las otras medidas que recomiendan los científicos en todo el mundo y nuestro partido viene planteando desde marzo. Testear a la población, rastrear los contagios e identificar los focos para actuar selectivamente sobre ellos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y retribuirlos de acuerdo con los reclamos en curso. Centralizar los recursos de salud, hospitales y camas, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Finalmente, pero no por eso menos importante, garantizar las medidas de aislamiento abonando salarios de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.

Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.

Escribe Diego Martínez

A tono con el escándalo de los Macri abierto en torno de las denuncias del hermano del ex presidente y la pelea de la familia Mitre por el control del diario La Nación, otra disputa en el seno de una familia oligárquica ganó repercusión. Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno de Macri, junto con su madre y sus hermanos, mantienen un litigio con su hermana Dolores por la propiedad de tierras pertenecientes a la familia ubicadas en una zona privilegiada de la pampa húmeda entrerriana. Una escena que define fielmente a los patrones de estancia la provocaron los hermanos Etchevehere en la puerta de la estancia donde, junto con sus empleados, se instalaron armados con rifles. Los Etchevehere son conocidos en Entre Ríos por hacer negociados con el poder político de turno. En 2007, el entonces gobernador peronista Jorge Busti vendió a precio vil tierras que pertenecían a la escuela El Quebracho. La escuela resistió con el acompañamiento del sindicato docente de Entre Ríos, Agmer, donde César Baudino era entonces secretario de organización, pero no alcanzó ante tamaña estafa. Con el auxilio del ex gobernador Uribarri, aliado de Cristina Kirchner, los Etchevehere también vaciaron el diario que era de su propiedad y dejaron a ochenta trabajadores en la calle.

Dolores, por su parte, tiene antecedentes en las disputas patrimoniales. En 2005, su esposo, Segundo Guiraldes, reclamaba una herencia. Entonces, apoyados por hombres armados, ocuparon el campo La Porteña, donde, en la década del 20 del siglo pasado, el escritor Ricardo Guiraldes había escrito Don Segundo Sombra.

Independientemente de los resultados de la acción judicial, nadie en esta pelea defiende los intereses de los sectores desposeídos del campo. Se trata de una disputa en el seno de una familia de terratenientes por la propiedad de tierras. Así lo reconoció el propio ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, cuando declaró: “No podemos estar a favor de una toma de tierras, pero ahí no hay una toma de tierras, hay un conflicto entre herederos de una familia” (Clarín, 25/10/2020).

En la pelea se involucraron Juan Grabois y su movimiento, MTE, quienes ocuparon 40 hectáreas del terreno, a instancias de Dolores Etchevehere, con el objetivo de poner en funcionamiento un emprendimiento denominado Proyecto Artigas impulsado por el dirigente social. Equivocadamente, Grabois toma partido en esta disputa intraoligárquica defendiendo a Dolores Etchevehere. El dirigente, que hasta hace poco hablaba de reforma agraria, levanta la ocupación como una gesta a favor de la distribución de la tierra para los humildes. A muchos compañeros les puede causar simpatía una disputa contra un personaje como Luis Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, pero no podemos perder de vista que se trata de un conflicto entre integrantes de una familia oligárquica.  

Hay que hacer una reforma agraria 

El problema de la concentración de la tierra está ligado a la existencia de la oligarquía, así como también a su posterior extranjerización. Millones de hectáreas, las mejores y más fértiles del país, están concentradas en un puñado de propietarios. Algunos, como los Etchevehere, provienen de las viejas familias oligárquicas. Otras ya han sido vendidas, y hoy son propiedad de distintos capitales transnacionales, como los Benetton y los Lewis, por nombrar dos casos paradigmáticos de la Patagonia. 

El 4% de los propietarios poseen el 63% de las tierras. Y aunque ahora se escandalizan con las ocupaciones de terrenos, que en muchos casos no tienen dueño, por parte de gente necesitada, el origen de esas propiedades latifundistas están en los oligarcas que llegaron a ser terratenientes apropiándose lisa y llanamente de tierras durante las sucesivas “campañas al desierto” impulsadas por el ex presidente Julio Argentino Roca, en las que se torturaba y masacraba a los pueblos que las habitaban. Luego agrandaron sus fortunas gracias a las políticas que impulsaron los gobiernos patronales de turno, en algunos casos puestos a dedo por ellos mismos, que los beneficiaron sistemáticamente.

Para ilustrar la situación actual, el mayor productor de granos argentino que opera en el país es Gustavo Grobocopatel, propietario de 250.000 hectáreas, cosecha anualmente 2,6 millones de toneladas de granos de soja y factura 1.000 millones de dólares al año.

 La otra parte del mercado de la soja la tienen siete multinacionales que concentran el 79% del negocio: Cargill (Estados Unidos), Noble Grain (China), A.D.M. (Estados Unidos), Bunge (Estados Unidos), Dreyfus (Francia), Toepfer (Alemania) y Nidera (Holanda). Las cinco primeras se llevan el 66% de las ventas de granos del país.

No es tomando partido por una disputa de herencias al interior de una familia oligárquica como se va a resolver la concentración de la propiedad de la tierra. Para hacerlo hay que acabar con el poder de la oligarquía y las multinacionales.

Es necesario impulsar una reforma agraria que termine con el latifundio, expropiando a la oligarquía terrateniente y las multinacionales. También es necesario impulsar un plan agrícola que respete la sustentabilidad del ambiente y permita garantizar la tan mentada “soberanía alimentaria”. Y, por supuesto, garantizando el acceso a la tierra a los trabajadores rurales y campesinos que viven de lo que producen para subsistir, otorgándoles facilidades, según la condición del adjudicatario, para la compra de  maquinaria y vivienda. 

Como vemos, esto es muy distinto a levantar un pequeño emprendimiento agroecológico en un terreno con título de propiedad a nombre de una familia oligárquica, como el que propone Grabois con su proyecto Artigas, que no da respuesta al problema central de la falta de tierras que sufren cientos de miles en el campo. 

Grabois llama a su emprendimiento proyecto Artigas. Recordemos que José Gervasio de Artigas, el gran caudillo de la Banda Oriental, hoy Uruguay, levantó un programa de reparto de tierras totalmente radical para su época. Si se  quiere hacer honor a su nombre, la política que hay que implementar es la de la reforma agraria, junto con la nacionalización del comercio exterior, para que sea el Estado el que decida qué y cómo se vende en el país, y no las multinacionales. Para que esto se lleve a cabo a favor del pueblo trabajador es necesario acompañarlo con la pelea por un gobierno de las y los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El periodista Santiago O’Donnell presentó el libro Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y  familia detrás de su hermano Mauricio. En la obra se revelan los hechos de corrupción que le permitieron a la familia amasar su enorme fortuna.

Esta publicación es parte de la pelea por la tajada económica que pretende cada integrante de la familia. No por ello dejan de ser ilustrativos los hechos relatados, que muestran el comportamiento oscuro, mentiroso y corrupto que caracteriza a grandes empresarios como Franco Macri y Mauricio. En sus confesiones, Mariano intenta reivindicar a su padre, fundador del clan, mostrándolo como un emprendedor trabajador y justo. Busca lavar su propia imagen ya que, desde los 17 años, participó de los negociados de la empresa. Mauricio no es un accidente.

Entre otras cuestiones, el libro ventila el millonario préstamo de un banco brasileño al Grupo Macri y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insignia del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Mariano denuncia que desde que Mauricio ingresó en la función pública algunos de sus negocios pasaron a testaferros y socios ocultos. Es el caso de los parques eólicos que explotaba Isolux, que en 2016, a través de un entramado de empresas, adquirió Macri. A tan solo once meses de haberlos comprado, las empresas creadas por Macri y sus socios fueron vendidas por 95 millones de dólares, dejándole al Grupo Macri y a sus socios una ganancia de casi 70 millones de dólares.

El libro también detalla la sociedad de Macri con OCA y el gremio de camioneros de Hugo Moyano, para explotar el Correo Argentino después de su expropiación por parte del gobierno de Néstor Kirchner, negociando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina.

Sin figurar ninguno de los dos (el Grupo Macri y OCA), continuaban ganando con el Correo. Se repartían 80% entre ambos y el 20% restante le quedaba al sindicato de Moyano. La maniobra era realizada por una empresa de logística, subcontratada por el Correo, que facturaba  millones de dólares. Se llamaba LDA y su creación, en 2002, de parte de Correo Argentino y OCA, nunca se hizo pública, inclusive siempre negaron su existencia.

Hermano… nos muestra un Mauricio codicioso, que aprovecha cada oportunidad para hacer negociados y acrecentar su fortuna. Como presidente de Boca (1995-2005), Macri forjó una estrecha relación con uno de sus colaboradores, el “Negro” Gustavo Arribas (durante su gobierno director de la AFI), experto en compraventa de jugadores y, sobre todo, en realizar transacciones eludiendo al fisco. Arribas se destacó en las operaciones del club haciendo ventas trianguladas en paraísos fiscales, en su caso, a través del Deportivo Maldonado, de Uruguay, y del Lucarno, de Suiza.

Transcurridos diez meses de gobierno peronista, Mauricio Macri reapareció, y en una entrevista dijo: “El 11 de agosto, cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado”. Falso. La pobreza fue superior a 35%, por encima del 32,2% de 2016, según el Indec. Para fortalecerse como principal figura de la oposición patronal, Macri continúa refugiándose en la mentira. En su libro, Primer tiempo, que se publicará en breve, defiende su presidencia y reparte culpas. Todo es parte de la pelea para postularse como principal referente de la oposición patronal.

Pero no le será fácil. Las revelaciones de Mariano  profundizaron la crisis existente en Juntos por el Cambio. “La sede del Gobierno porteño se ha transformado en un auténtico cabildo […] llegan desde María Eugenia Vidal hasta Martín Lousteau […] la plantita Horacio presidente se riega todos los días” (Clarín, 23/10).

Macri nos empobreció, y hundió al pueblo trabajador en la miseria. Todas sus políticas fueron a favor de la fuga de capitales de las multinacionales y los bancos. Pero no estuvo solo. Para ello contó con el apoyo de diputados, senadores, gobernadores peronistas y burócratas sindicales. Sin ellos no se habrían votado leyes como la del robo a los jubilados o las de presupuestos a pedido del FMI.

Los trabajadores y los sectores populares no encontraremos solución a la falta de trabajo, salud, vivienda y educación con gobiernos que nos hambrean para defender la ganancia del gran capital, como fue el de Macri. Pero tampoco con aquellos como el del Frente de Todos, que, con un discurso distinto y diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, en la realidad sigue priorizando los intereses de las grandes patronales, los acreedores de la deuda externa y el FMI, en vez de los del pueblo trabajador.