Escribe Adolfo Santos

Las sufridas familias de la toma de tierras en Guernica continúan soportando mucha tensión. Fue un fin de semana difícil, con fuertes lluvias y en condiciones precarias. Protegidas apenas por improvisadas coberturas de plástico y madera, con sus pertenencias mojadas y horas sin dormir. Pero no solo el tiempo es inclemente. El gobierno peronista continúa sin proponer una solución definitiva. El propio presidente, Alberto Fernández, demostrando una gran desconsideración, declaró a FM Metro: “Guernica fue tomada por unos pícaros y por otros sin tierras que no saben dónde vivir, y ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver”.

El censo realizado en el lugar desmiente la tentativa de desmoralizar a esas familias provenientes de sectores populares. No se trata de un grupo de pícaros o de gente que no sabe dónde vivir. Son las víctimas de años de gobiernos incapaces para resolver el problema de la vivienda y evitar estas tragedias sociales. Son familias arrojadas a la marginalidad por una brutal crisis económica que no generaron y de la cual son responsables los partidos patronales, entre ellos el peronismo, que ha gobernado durante años la provincia de Buenos Aires.

Y que desconocen derechos elementales. No es casual que mientras las autoridades querían resolver el problema con represión policial, hayan tenido que intervenir organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el CELS. Se trata de un conflicto social. Estas organizaciones están actuando a pedido de los delegados de la toma y de las organizaciones sociales que los acompañan. Participan como veedores y elaboraron un informe del censo realizado el 19 y el 21 de octubre para revelar la verdad sobre los grupos familiares que integran la toma.

Son 1.400 familias humildes, no un grupo de pícaros

El minucioso informe del Serpaj y el CELS demuestra de qué se trata: “El relevamiento comprendió a los cuatro barrios de la toma, San Martín, 20 de Junio, La Lucha y La Unión. [...] Tanto el gobierno de la provincia como les representantes de las organizaciones y delegades referentes de la toma, identificaron a sus censistas para realizar el relevamiento…” Después de varias consideraciones, el informe concluye: “Según lo recolectado en el marco del censo mencionado, les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1.400 familias, compuestas por un total de 4.417 personas […] vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades […] es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente”.

El informe no deja dudas y el gobierno tiene que resolver este grave problema. La lucha consecuente por una vivienda digna comienza a dar algunos frutos y el gobierno provincial de Axel Kicillof se vio obligado a negociar. El “acta/acuerdo” presentada el martes 27 es un reconocimiento del gobierno de una realidad que antes negaba, pero que el censo se la impuso. Por eso ofrece ubicar a 650 familias en terrenos a escriturar y abre un abanico de propuestas para los restantes vecinos, que van desde albergues provisorios hasta futuros asentamientos. Son propuestas insuficientes que no resuelven el problema de todos y no incluye la necesidad de expropiación de esos terrenos y su urbanización, como pide el conjunto de la toma. Por otra parte, continúa latente la amenaza de desalojo por la fuerza, algo que nos debe mantener alertas.

Al cierre de esta edición, avanzada la noche, los vecinos continúan reunidos en asamblea para decidir. Hay muchas dudas en aceptar una propuesta que no contempla una solución global  y además, por la profunda desconfianza en las promesas del gobierno. La fuerte lucha, ha obligado al gobierno a ofrecer respuestas y, por ahora, a frenar el desalojo, pero insistimos, no es la solución final. Por eso la lucha debe continuar hasta que se conquiste la ubicación definitiva para todos los vecinos. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuaremos apoyando esta justa lucha por el derecho inalienable a una vivienda digna. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a continuar apoyando lo que los vecinos decidan.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuamos impulsando una gran campaña de solidaridad para con las familias que están luchando por la recuperación de tierras para la construcción de sus viviendas.

Esta semana, los compañeros de Izquierda Socialista de zona Oeste, así como la juventud de nuestro partido, se han hecho presentes llevando alimentos para manifestar el apoyo a la lucha de estas familias.

Continuaremos firmes con esta campaña. Solicitamos a los compañeros de trabajo, de estudio y sectores barriales que se sumen a esta tarea para fortalecer la lucha de este sufrido grupo de familias por una vivienda digna.

¡Ayudemos a las familias de Guernica!

Para hacer su aporte a la campaña puede efectuar depósitos en la cuenta 

CBU 2850326240094614046868, o llamar al teléfono 54 9 11 6258-8523 para coordinar.

Escribe Martín Fú

La jueza que lleva la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro, Blanca Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, rechazó diversas medidas de prueba pertinentes que solicitaron los fiscales y la querella, las cuales buscan comprobar e incorporar en el expediente judicial la responsabilidad de la policía bonaerense en la autoría de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. La jueza ha descartado, por ejemplo, el pedido de secuestro de decenas de celulares pertenecientes a policías y el allanamiento de diversas sedes policiales en donde se encontraron efectos personales de Facundo, así como posibles rastros genéticos de la víctima en patrulleros, que deberían ser reconfirmados y que constituyen una prueba contundente en cualquier proceso judicial.

 A pesar de estar incorporadas en la causa medidas de prueba, Marrón descartó parte del pedido de la fiscalía y las querellas amparándose en argumentos como que “los policías no pueden ser chivos expiatorios, ni perseguidos por su condición de policías”, porque “reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país” (Página/12, 22/10), negando inclusive que Facundo haya pasado por las comisarías de Teniente Origone, Mayor Buratovich o cualquier otra dependencia.

La decisión de la magistrada forma parte del pacto de impunidad impulsado, primero, con el encubrimiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, funcionario del gobernador Kicillof, que busca despegar a la policía y cerrar la causa sin establecer responsabilidades.

Así lo comunicó la Comisión Provincial de la Memoria, querellante institucional, a través de una carta, en donde apuntó a la doctora Marrón por rechazar una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas, “que la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad” y “se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió”, repitiendo y reforzando en su carta “que la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”,  coincidiendo en esta valoración junto con la querella familiar y los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para llegar a la verdad, denunciando la complicidad de Berni y el gobierno, que desde un primer momento buscaron encubrir a la bonaerense, repudiando la decisión de la jueza y postulando la necesidad de que la causa sea encabezada e investigada por una comisión independiente que, junto con la movilización y el acompañamiento a la familia, llegue a la verdad y consiga el castigo de todos y cada uno de los culpables.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño, FIT-Unidad 

Sigue progresando la coordinación de las organizaciones socioambientales que convocamos en los últimos meses a distintas acciones a nivel nacional contra la política del gobierno de avanzar en la depredación ambiental al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. El rechazo al acuerdo con China para importar las megafábricas de cerdos fue uno de los puntos aglutinantes. Ahora en las próximas semanas se vienen días claves después de haber logrado en septiembre su postergación. El Festival Primavera en Llamas representó un masivo aporte desde el arte a la pelea por #NoalAcuerdoPorcinoconChina.

Las últimas semanas el gobierno se ha encargado de incrementar la bronca de este movimiento. En el acto del presidente en Vaca Muerta se anunció que el Estado (es decir, todos, a través de nuestros impuestos) va a financiar las ganancias de las multinacionales del fracking, mientras que por otro lado se le reducen las retenciones a los grandes productores del campo. La aprobación del muy cuestionado trigo transgénico, resistente al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, generó el pronunciamiento de más de mil investigadores del Conicet y distintos entes científicos nacionales. Y en el Boletín Oficial se publicó la habilitación para explotar entre 500.000 y un millón de hectáreas que hoy son zonas de exclusión, de protección y amortiguación, protegidas de la explotación agroindustrial.

Todo esto mientras los incendios siguen afectando distintas zonas del país, como el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, reserva de especies en extinción como el yaguareté. Al 25 de octubre, 898.755 hectáreas fueron incendiadas en lo que va del año. El gobierno anuncia con bombos y platillos un proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio del uso del suelo de territorios incendiados. Algo que las leyes vigentes ya contemplan, pero que los gobernadores peronistas y radicales no hacen cumplir en sus provincias. ¿Ahora sí lo harán? Por lo pronto, este proyecto no contemplaría al casi millón de hectáreas incendiadas este año. La especulación inmobiliaria y el agronegocio capitalista han preparado el terreno para sus negociados y los gobiernos los siguen apañando.

Ante este panorama, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista hemos propuesto al conjunto de las organizaciones socioambientales con las que venimos dando pelea, además de impulsar nuevas jornadas de lucha, avanzar en poner en pie una coordinadora a nivel nacional que nos sirva para pararnos ante el gobierno con nuestros reclamos y darle una fisonomía unitaria a nuestras convocatorias a nivel nacional. El 3 y el 9 de noviembre está planteado volver a salir en todo el país con nuestros reclamos. ¡Basta de falsas soluciones! Las vidas no se negocian, basta de devastación ambiental al servicio del pago de la deuda.

Hay una situación desesperante para millones. Crecen la miseria y el hambre. Sigue aumentado el precio de los alimentos, corriendo de atrás a la devaluación y la creciente “brecha” del dólar. Todo es más caro, la leche, el aceite, las frutas, las verduras. Los propios datos oficiales del Indec reconocen un fuerte aumento de 3,8% en la canasta básica. Miremos por donde miremos, la realidad es que a los ya golpeadísimos salarios y jubilaciones les está cayendo un nuevo zarpazo. 

Sumémosle a esto que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la misma semana en que se anunció el lanzamiento de los tarifazos de gas y electricidad a partir de 2021, admitió muy suelto de cuerpo que en el verano “van a haber muchos cortes de luz”. Increíblemente, se adelanta a echarle la culpa a “la gente que por la pandemia se va a quedar en su casa, y eso aumentará la demanda”. ¡El gobierno le lava la cara a las empresas privatizadas que no invirtieron nada en infraestructura a pesar de seguir recibiendo millonadas en subsidios! Como dijimos siempre desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la salida no está en los subsidios ni en los tarifazos, sino en reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios, exactamente lo opuesto que han hecho todos los gobiernos desde Menem hasta hoy.

Los 3.750.000 puestos de trabajo perdidos durante la pandemia amenazan con ser muchos más. Un gran número de patronales anuncian despidos y algunas, incluso, cierres. Varias transnacionales ya se fueron dejando un tendal, como es el caso de Latam. Ahora tenemos el anuncio del cierre de Danone, con cinco mil puestos de trabajo en juego, y la multinacional fabricante de celulares Brightstar, con otros quinientos trabajadores que podrían quedarse sin empleo. Todo esto sucede mientras el gobierno peronista del Frente de Todos “deja hacer” a pesar de que existe un DNU que prohíbe los despidos. Medida que, como venimos insistiendo, se tendría que obligar a cumplir expropiando toda fábrica que cierre, despida o suspenda, para ponerla a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

¿Qué hace Alberto Fernández mientras tanto? Trata de seducir a los empresarios, como se volvió a ver esta vez en el Coloquio de IDEA, otorgando, con el conjunto de medidas lanzadas por el ministro de Economía Martín Guzmán, todo un conjunto de beneficios. Hace un par de semanas le tocó a los monopolios agroexportadores y a las megamineras, ahora a los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, a los Galperín (Mercado Libre) de la “economía del conocimiento” e, inclusive, a los propios pulpos especuladores financieros, a los que liberó de una serie de limitaciones para que accedan más fácilmente a dólares y los sigan fugando. Todas medidas, en síntesis, al servicio de las grandes patronales. Tanto, que se ganaron una felicitación especial de la directora general del FMI, Kristalina Georgieva.

La burocracia sindical, por su parte, sigue sosteniendo el ajuste. Ahora, con el finalmente convocado Consejo Económico y Social, los dirigentes de la CGT y las CTA se sentaron con las centrales empresarias y el gobierno. Obviamente, no se mencionó la necesidad de aumentos salariales. No nos debe extrañar, es la repetición de la escena que vimos la semana pasada cuando en el Consejo del Salario Mínimo tanto la CGT como la CTA de Yasky avalaron un “aumento” vergonzoso para el pomposamente llamado “salario mínimo vital y móvil” que ya hace mucho no tiene nada de “vital” ni mucho menos de “móvil”.

El gobierno trata de esconder esta realidad polarizando con el desastroso gobierno de Macri y Juntos por el Cambio o las “marchas de la derecha”. Hay compañeros de trabajo, de estudio o vecinos en los barrios que, frente a esto, siguen manteniendo las expectativas en el gobierno, abonadas por frases de algunos dirigentes que prometen la reactivación “para después de la pandemia”. Pero de promesas no se come. Ya van diez meses de un gobierno que suma medidas a favor de las patronales y ninguna para los trabajadores. Hasta el tantas veces postergado impuesto a la riqueza sigue en veremos. Por eso no nos llaman la atención el malestar creciente, la bronca y la decepción que recorren cada vez más al pueblo trabajador. Incluso a muchos que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste de Macri” con la promesa de “llenar los bolsillos”, y que ahora ven que esa realidad está cada día más lejos. Todo eso se reflejó en el poco fervor que se vio en el acto del 17 de octubre en un evento que fue presentado previamente como del peronismo unido y el “gran relanzamiento” del gobierno de Alberto, donde la gran ausente fue Cristina Fernández. Jornada que terminó con denuncias cruzadas sobre quién fue el responsable de que se “cayera” la aplicación del acto virtual. Toda una expresión del desgaste y la crisis política que hoy recorre a la coalición gobernante, y sus distintos componentes, por no dar respuestas a los problemas de los trabajadores.

Mientras tanto, esta semana nuestro país alcanzó el millón de contagiados por coronavirus. El sexto lugar mundial, después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. Siguen sonando las alarmas por el colapso del sistema de salud en montones de lugares, pero cualquiera que recorra las calles ve cómo el gobierno peronista nacional y los provinciales de todos los signos políticos ya hicieron que se abriera todo. Millones de trabajadores van y vienen a sus trabajos o a sus changas con el consiguiente riesgo de que aumenten los contagios.

La pandemia social, por su parte, sigue mostrándonos su llaga más profunda en Guernica. El gobierno, en vez de resolver el problema, tuvo como objetivo el desalojo y acusa a la izquierda de alentar la continuidad de la toma, cuando fueron los propios vecinos quienes lograron, con su organización, movilización y la solidaridad que los rodea, parar en varias ocasiones la orden de desalojo inminente. Ahora se ha abierto una instancia de negociación. Respetaremos lo que decidan los vecinos. Pero, mientras tanto, desde Izquierda Socialista sostenemos que tenemos que seguir impulsando las actividades de solidaridad y apoyo, porque de la fortaleza de la toma depende que se alcance una auténtica solución, con viviendas para todos.

Es un hecho que las patronales y el gobierno, más allá de roces circunstanciales, acuerdan en que el plan fundamental es el que están pactando con el Fondo Monetario Internacional, y que se puede resumir en una frase: hacer que la crisis la pague el pueblo trabajador. Esto es lo que se verá en las próximas semanas con la votación del presupuesto de ajuste para 2021.

Frente a esta realidad, tenemos que decir ¡basta de despidos!, ¡basta de robo salarial!, ¡basta de hambre y miseria! Hay que exigir aumentos salariales de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias. Pero, sobre todo, necesitamos plantear un programa económico alternativo, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron y a la vez se siguen beneficiando con ella, los capitalistas. Tenemos que dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner un verdadero impuesto a las grandes riquezas. Terminar con la especulación del dólar nacionalizando la banca y el comercio exterior. Ese es el camino para tener los fondos necesarios para volcarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación.