Escribe Diego Martínez

Mucho se habla en estos días a través de los medios de comunicación de que en el gobierno habría dos alas. Una “moderada”, y otra “radicalizada” representada por los dirigentes más allegados a Cristina Kirchner y a la centroizquierda. Según esta lectura, este  sector “más progresista” sería el que habría propuesto un impuesto a las grandes fortunas, que todavía sigue sin presentarse en el Congreso, y que no se sabe en qué va a terminar.

Pero la realidad es que para el común de los trabajadores no hay “alas” que valgan. Crecen las suspensiones y los despidos, se rebajan los salarios un 25% vía el acuerdo CGT-UIA-gobierno, se anuncia “0%” de aumento para los estatales, los trabajadores de la salud se siguen contagiando mientras continúan sin recibir los insumos básicos, el hambre sigue creciendo en los barrios.

El dirigente de ATE Cachorro Godoy, de esa supuesta ala “progresista”, vinculado a Claudio Lozano, explicó esta situación diciendo que “el gobierno tiene buenas intenciones, pero hay muchos problemas económicos”.

Además de apoyar estas iniciativas, los sectores sindicales vinculados al peronismo kirchnerista (Yasky, Baradel, Catalano de ATE, entre otros) se expresaron en contra del pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno, por el cual se recorta 25% el salario de los trabajadores que están haciendo la cuarentena. Se pronunciaron también, formalmente, a favor de una recomposición salarial. Pero la pregunta es ¿qué están haciendo en concreto estos dirigentes para enfrentar el ajuste en curso? Nada, absolutamente nada.

Los dirigentes sindicales kirchneristas no enfrentan el ajuste

Son los campeones de inventar excusas. A la hora de salir a luchar la respuesta de estos dirigentes es siempre la misma: “No hay condiciones”. Muchos de ellos también nos dicen que movilizar contra este gobierno sería “hacerle el juego a la derecha”. Y ahora le suman “que no hay que romper la cuarentena”.

Comprendemos que haya compañeros que tengan expectativas en el gobierno, pero la verdad es que el motivo de fondo es que ambas supuestas “alas” son parte del gobierno peronista del Frente de Todos, y por ende llevan adelante todas sus políticas. Los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista se pintan “de progres”, pero es parte del doble discurso que aporta a que pase el ajuste.

Así, en la ciudad de Buenos Aires hace algunas semanas Larreta presentó un proyecto en la Legislatura para congelar los salarios y la planta laboral. La “ley de emergencia” abría  además la puerta al pago escalonado de sueldos. Desde el gremio docente Ademys, junto con otros sectores y el acompañamiento de la izquierda, convocamos a movilizarnos. El peronismo kirchnerista no sólo estuvo ausente, sino que además boicoteó esta acción de lucha. La ley de Larreta, lamentablemente, se terminó votando a favor.

El gremio docente de la provincia de Buenos Aires atraviesa distintas problemáticas. Crecen los contagios de Covid-19 entre las maestras por estar expuestas cuando reparten bolsones de comida. Los suplentes no tienen ingresos porque no se realiza ningún acto público en el contexto de la pandemia. Frente a esta situación, desde la oposición de los Suteba multicolores se han realizado distintas acciones de lucha que fueron permanentemente atacadas por Baradel y la Celeste, que no movieron un dedo para solucionar los problemas de las y los docentes.

Algo similar pasó entre los estatales. A un gremio que tiene un gran retraso salarial el gobierno nacional le anunció que se postergan las paritarias por tiempo indefinido, ante lo cual las dos alas burocráticas que conducen ATE (los K de Catalano y los centroizquierdistas de Cachorro Godoy) no hicieron absolutamente nada. 

La nota más saliente la dio un ministro de la Nación, Ginés González García, que atacó la jornada de protesta nacional del pasado 10 de junio de sectores de la salud señalando que “rompe el consenso político de trabajar todos juntos en la pandemia” y “expone a los más vulnerables”. Como bien le respondió nuestro compañero Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop, en una carta dirigida a su persona: “Sería bueno que se preocupara por solucionar estos y tantos otros problemas que venimos denunciando. Y si le molestan los reclamos públicos en cuarentena, su gobierno debería entonces destinar plata para la salud, los trabajadores y profesionales de los hospitales, para que haya una cuarentena sin rebajas salariales y jubilatorias”.

Como dijimos más arriba, la excusa favorita de los dirigentes sindicales del peronismo kirchnerista, la CGT y las CTA para no movilizar es que no es viable hacerlo en el marco de la cuarentena. Pero la realidad es que tampoco venían haciéndolo previamente. El año pasado, con Macri todavía en el gobierno, estos mismos sectores enarbolaron la consigna “hay 2019”, boicoteando las luchas y llamando a canalizar la bronca popular creciente por la vía electoral. Tal es así que el día que se votó el presupuesto anual a pedido del FMI, no asistieron a la movilización convocada en el Congreso. Fueron a una misa en Luján junto con Moyano y otros sectores. También en ese entonces dejaron pasar el ajuste, subordinando todo al éxito electoral del peronismo.

Impulsemos la movilización y la organización contra el ajuste

Nuestro planteo es claro: estamos por una cuarentena sin hambre, y no queremos que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Hoy el gobierno está descargando un fuerte ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Con los que “firman” ese pacto, la CGT, y con los que no hacen nada y la dejan pasar, los supuestos “progres” kirchneristas.

La realidad desmiente el planteo de que es inviable luchar en cuarentena. Son miles los trabajadores en el país que pelean contra las rebajas salariales, los despidos, las suspensiones y cierres de fábricas. Lo hacen aún cuando no tengan el acompañamiento de sus conducciones sindicales. Algunos se organizan mediante asambleas y haciendo acciones en sus propios lugares de trabajo o en las zonas aledañas, y otros se movilizan en las calles. La propia realidad y la gravísima crisis social que estamos atravesando los obliga a hacerlo. Para enfrentar el ajuste en curso, lejos de dejar las luchas libradas a su suerte, hay que darles todo el apoyo, fortalecerlas y coordinarlas  para que ganen. Esto es lo que venimos haciendo desde el  Plenario del Sindicalismo Combativo. Por eso nos postulamos como una conducción alternativa para la clase trabajadora: independiente del gobierno, democrática y combativa.

Por eso también decimos que, así como ambas alas peronistas se subordinan a las políticas del gobierno, de subsidiar a las patronales, pagar la deuda y, en definitiva, ajustar a costa del pueblo trabajador, sí hay otra alternativa, la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad: por una salida de fondo a los problemas del país. No pagar la deuda externa, imponer un verdadero impuesto a la riqueza, como lo expresa el proyecto que presentó el FIT en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado con el voto de los diputados K incluidos, y que Vicentin sea expropiada sin indemnización y pase a ser 100% estatal y no una empresa mixta como sugiere el ala “izquierda” del gobierno.

Escribe Nicolás Nuñez, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El pasado 9 de junio Liberpueblo, el organismo de derechos humanos impulsado por el Partido Comunista Revolucionario, hizo pública su definición de romper con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). Lo hizo a través de una carta donde tergiversa la trayectoria reciente del espacio.

El EMVJ se creó al cumplirse veinte años del inicio de la dictadura cívico-militar y, desde ahí en adelante, se constituyó en una referencia no solo para las masivas convocatorias de cada 24 de marzo, sino también en la pelea en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. Fue este espacio el que levantó reclamos importantísimos, como el de la aparición con vida de Julio López y de Luciano Arruga, durante los gobiernos kirchneristas; el repudio a la designación del genocida César Milani a cargo del Ejército, y sostiene, además, una militancia firme y constante para que avancen los juicios contra los milicos superando las trabas que ponen la Justicia y los gobiernos.

Asumido el gobierno de Alberto Fernández, esta orientación de lucha independiente chocaba naturalmente con la nueva ubicación que asumió el PCR al incorporarse al Frente de Todos, primero, y al gobierno nacional, después. Para muestra, basta ver la página oficial de Liberpueblo, donde no hay ninguna mención al ciberpatrullaje, a la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, a la golpiza y abusos que sufrió la comunidad Qom en Chaco, al espionaje a los mineros de Andacollo en Neuquén ni a la represión de los trabajadores del frigorífico Penta. ¿Cambió el EMVJ como dice el PCR en su comunicado? ¿O más bien cambió el PCR, que ahora tiene funcionarios gubernamentales y diputados y oculta la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales? La realidad es clara.

El EMVJ ante Macri

El centro del razonamiento del PCR es que durante el gobierno de Macri el EMVJ se achicó y se hizo más sectario. Para eso se vale de argumentos como que se retiraron organizaciones y que el Encuentro no habría señalado ni comprendido la verdadera gravedad que tuvo la represión durante el gobierno de Cambiemos. Veamos.

Es cierto que algunas organizaciones se retiraron del Encuentro en ese período, pero fueron aquellas que, como Patria Grande, se adelantaron al PCR en su incorporación al kirchnerismo y, por lo tanto, era natural que se separen de un espacio que mantiene independencia de todos los gobiernos. En contraposición, en este período terminaron de cristalizarse dentro del EMVJ otras organizaciones importantes, como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), de Pérez Esquivel. 

A su vez, que el EMVJ no tuvo una posición sectaria lo demuestra el impulso de unidad de acción con organismos kirchneristas para enfrentar el otorgamiento del 2x1 a los genocidas, o para movilizarse una y otra vez acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Al calor de esas peleas, el EMVJ llegó a definir en sus documentos que Cambiemos impulsaba un agravamiento cualitativo en la situación represiva y el intento de fortalecer el aparato represivo del Estado. Por eso, cada declaración tuvo como centro la denuncia del accionar del gobierno nacional. De hecho, en las consignas del 24 de marzo de 2019 el PCR vetó denunciar a los gobernadores provinciales que reprimían y se terminó consensuando, para mantener la unidad, la fórmula elíptica de denunciar a los “cómplices de Macri”. No hubo ninguna imposición sectaria ni política rupturista ni búsqueda de “uniformidad política”, como miente el PCR.

Una ruptura que es una nueva capitulación

Es real, como dice el texto de Liberpueblo, que en los últimos años se agudizaron los debates dentro del EMVJ. Pero esto no se debió a una transformación sectaria, sino al giro político properonista que fue tomando el PCR. El razonamiento de este partido maoísta tiene el mismo error de método de alguien que, arriba de un tren en movimiento, piensa que es el paisaje que ve por la ventana lo que se mueve y no el propio tren. El Encuentro sigue firme en sus principios de lucha, quien se desplaza es la locomotora de capitulaciones del PCR, que tiene una larga trayectoria en esa dirección.

Desde su apoyo al gobierno de Isabel Perón en los tiempos de la Triple A a su activa militancia a favor del triunfo de Carlos Menem, hasta su acercamiento al gobierno de Néstor Kirchner para luego hacerse “anti-K” y hacer acuerdos con Francisco De Narváez. Y ahora su retorno al redil del peronismo da cuenta de la “elasticidad” de esta organización que se dice comunista y revolucionaria. La premisa maoísta de que hay que buscar un sector burgués nacional progresivo lo ha llevado a chocar una y otra vez contra la pared, pero jamás a revisar sus preceptos.

Rechazamos los ataques y las mentiras de quienes quieren encubrir una nueva capitulación. Defendemos la trayectoria y el presente de lucha independiente de todos los gobiernos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sostenemos que tiene y tendrá un lugar importantísimo en la lucha por frenar la represión que obligadamente intentará aplicar el gobierno de Fernández para hacer pasar el ajuste. Así como también en la pelea por lograr que los genocidas vayan presos y terminar de una vez con la impunidad de ayer y de hoy.

Editorial

Muchos compañeros vieron con simpatía la medida del gobierno de Alberto Fernández de la intervención y el envío al Congreso del proyecto de expropiación de la gran empresa agroexportadora Vicentin. Mucho más cuando, casi simultáneamente, apareció el coro de la Sociedad Rural y otras patronales oponiéndose bajo el planteo de que se estaría “violando la propiedad privada”. Sin dudas, la empresa debe ser expropiada y estatizada al 100%, bajo control de sus trabajadores. Pero, al mismo tiempo, el tema expuso todos los abusos, robos que circulan en el llamado “agronegocio”. Lo de Vicentin puso sobre la mesa cuál es la salida de fondo: echar a todas las multinacionales del agronegocio y nacionalizar el comercio exterior.

Mientras tanto, sigue avanzando la negociación de la deuda externa con los pulpos acreedores. Independientemente del día en que se produzca “el cierre final” del acuerdo, el gobierno se sigue “acercando” a la propuesta de pulpos como BlackRock, lo que quiere decir que se terminará aceptando pagar mucho más que lo que se propuso originalmente. En síntesis, no solo se siguieron pagando vencimientos de deuda durante la cuarentena, sino que se avanza con un panorama donde se pagará más a futuro. Mucho más si contamos que todavía faltan “renegociar” las deudas bajo legislación local, las de las provincias y, la más grande, la del FMI, que vendrá unida a las exigencias de ajuste estructural. Sigue estando planteada, y más aún en medio de la pandemia, que la única salida es la que propusimos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, dejar ya mismo de pagar la deuda externa, romper con el FMI y cobrarle un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, tal como expone nuestro proyecto, para poner todos esos recursos al servicio un fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades populares.

Mientras estas son las discusiones “por arriba”, por abajo, en el conjunto del pueblo trabajador, crece el malestar en el marco de la pandemia del coronavirus. Cada día más trabajadores están preocupados porque las patronales los obligan a volver a sus puestos sin garantizarles las medidas sanitarias, o por el riesgo al viajar en el transporte público, mientras siguen subiendo los contagios y aún no se llegó al pico en el AMBA. Millones le suman a esto que el dinero no les alcanza mientras se extiende la reducción de 25% a los salarios en blanco. A eso se le agrega que ahora quieren pagar el aguinaldo en cuotas. Otros suman la desesperación por haber sido despedidos. Y están, además, los que no tienen ingresos y, obviamente, no pueden vivir con los 10.000 pesos de la IFE. Se autorizó además que las suspensiones sean por más de 75 días, violando la propia Ley de Contrato de Trabajo. Según un estudio de la Universidad Católica, entre los que trabajan en blanco, en negro y los  monotributistas se han perdido 900.000 puestos de trabajo. Los jubilados continúan ajustados y el gobierno extendió los “aumentos por decreto” hasta fin de año. La miseria y la falta de comida son cosas de todos los días, y va en aumento.

Todo esto se sostiene a partir del pacto entre el gobierno, las patronales y la burocracia sindical. La cúpula de la CGT cumple su rol traidor en todo esto. Avala las bajas salariales, acuerda, e incluso le hace eco a los planteos de las patronales de abrir nuevas actividades, se reúne con el FMI, deja que pasen los meses sin que se reabran paritarias. Y, sobre todo, deja aislados a los trabajadores que, en medio de todo esto, salen a pelear. Y no fueron pocos. Con la movilización demostraron que se puede ganar, como sucedió con los mineros de Andacollo. O los que siguen peleando, como en Córdoba, en Penta, etcétera.

Por eso resulta tan importante que el Plenario Sindical Combativo haya realizado una convocatoria virtual masiva como la del 27 de mayo, con muchos compañeros que se sumaron sin haber participado previamente. El Plenario Sindical Combativo, convocando y apoyando a las nuevas direcciones que van surgiendo para que se fortalezcan, rodeando de solidaridad a las luchas y buscando coordinarlas para que ganen, planteó la gran tarea pendiente: barrer a la burocracia sindical traidora y construir una nueva dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. En este marco, el próximo 16 realizaremos una gran jornada nacional de lucha por un salario igual a la canasta familiar, la reapertura de las paritarias, contra las rebajas salariales, las suspensiones  y los despidos. Lo haremos en Buenos Aires, movilizándonos a Plaza de Mayo, y también en las principales ciudades del país, por supuesto manteniendo todos los recaudos y distancias sanitarias. Será una gran jornada a la que debemos invitar a todos los compañeros, mostrando que, frente a la tregua, la traición y la parálisis de la burocracia de la CGT y las CTA, el Plenario Sindical Combativo se postula para encabezar esta gran tarea. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.

La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales que luego de ser beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente en cesación de pagos después de ser líder en exportación por varios años, con empresas de acopio y puerto propio.

Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron créditos ilegales e irregulares violando las propias disposiciones del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría “la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que hizo una película sobre el Papa.

Estatización al 100% bajo control de trabajadores y pequeños productores

Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus trabajadores? Esta es la cuestión.

Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido intervenida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un proyecto al Congreso que podrá salir o no.

Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: “Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores y en particular a la banca internacional” (Héctor Huergo, 9/6).

Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segundo lugar, hay que avanzar en una completa estatización para que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.

Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionalizaciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patrimonio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo y el gas.

¿Y la soberanía alimentaria?

El gobierno dice que esta medida va a garantizar la soberanía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones.

Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de las exportaciones para el país.

Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobierno se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para sus casas matrices.

Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los males capitalistas que nos llevaron a la postración.

Escribe José Castillo

Hasta que se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, y en concurso de acreedores en febrero de este año, Vicentin era el principal exportador de aceite (23,1% del total) y harina de soja (19,2%) del país. 

Se trata de un gran grupo económico nacional. Es parte de una red corporativa que incluye dieciséis firmas en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil y España). Además de sus dos plantas cerealeras en San Lorenzo y Ricardone, también es propietaria del frigorífico Friar (que incluía corrales propios y planta de empaquetamiento de carne), de Algodonera Avellaneda (algodón “Estrella”), Arsa (dueña de marcas de yogures y postres que le compró a SanCor), bodega Vicentin Family Wines, la acopiadora y exportadora de miel Promiel y hasta de una terminal en el puerto de Rosario, además de empresas menores ajenas a estos rubros, como la productora de cine que realizó la película El padre Jorge, sobre el papa Francisco. En su actividad principal, la agroexportación, es un grupo económico “integrado”, ya que tiene empresas de acopio de granos hasta puerto propio para la salida de sus productos. 

A todo esto hay que sumar que es dueña, junto con la multinacional suiza Glencore, de Renova, la principal empresa de biodiésel del país. 

La influencia del Grupo Vicentin es tan grande que actualmente le compra la producción a 2.600 pequeños productores de la provincia de Santa Fe. Tiene 5.488 trabajadores: 2.135 en la industria aceitera (1.283 en la propia Vicentin, 806  en Renova, 58 en Renopack y 48 en Patagonia Bioenergía), 920 en la algodonera, 376 en la vitivinícola y 2.057 en la industria frigorífica.

Subió su facturación de 3.535 millones de dólares en 2017 hasta 4.200 millones el año pasado. En esos años su participación en el agronegocio aumentó en todos los rubros: 18% en molienda de soja, 21% en molienda de girasol, 69% en exportación de granos, 4% en producción de biodiésel y 25% en la de bioetanol.

Los actuales dueños de Vicentin son Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Padoán fue presidente de la Bolsa de Rosario hasta el 13 de diciembre pasado. Antes había estado entre los procesados por la causa de los “cuadernos” (coimas de la época del kirchnerismo). El año pasado fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, al que donó 13,5 millones de pesos. Gustavo Nardelli, nieto del fundador de la empresa, fue una de las figuras que PRO “midió” para ser candidato a gobernador de Santa Fe.

La deuda de Vicentin, quién debe cobrar y quién no

Si bien la empresa tiene 90 años, y ya hace más de dos  décadas que está entre las principales del sector, tuvo un crecimiento aún mayor durante el gobierno de Macri. Sin embargo, “extrañamente”, su deuda trepó hasta 99.345 millones de pesos (1.350 millones de dólares). Los principales acreedores de Vicentin son: Banco Nación, 18.182 millones (la deuda de Vicentin con este banco creció 264% en dos años); Banco Provincia de Buenos Aires, 1.814 millones; Banco Hipotecario, 752 millones; Banco Macro, 653 millones; Banco de Entre Ríos, 508 millones; Itaú, 374 millones; Banco de Santa Fe, 372 millones; Banco Ciudad de Buenos Aires, 318 millones, y BICE, 313 millones de pesos. 

Una parte importante de la deuda de Vicentin (30.153 millones de pesos) es, además, con entidades extranjeras. Así, le debe a la International Finance Corporation (Banco Mundial) 16.504 millones de pesos, al Netherlandese Financering 9.228 millones de pesos y al ING Bank NV-Tokyo Branch 4.420 millones.

No cabe duda de que este endeudamiento, y la posterior cesación de pagos de la empresa en diciembre pasado, se trató de una maniobra delictiva. El accionar de los dueños de Vicentin salta por todos los poros. La AFIP detectó sobreestimación de costos y subdeclaración de exportaciones para esconder ganancias y así presentar declaraciones juradas donde tenía que pagar menos impuestos, que después ni siquiera abonó, quedando en mora.

Un tema particular que se abre es sobre el futuro de Renova, una de las empresas más importantes del grupo. Luego de entrar en cesación de pagos, en diciembre pasado, Vicentin le cedió la mayoría accionaria de la empresa a Glencore Agriculture. La multinacional suiza, que obviamente también se benefició con los préstamos ilegales obtenidos, ahora es “socio mayoritario”.

Con la expropiación de la empresa se abre el interrogante de qué pasa con la deuda de la empresa. Un primer tema es que los responsables de este endeudamiento trucho vayan presos y paguen con sus patrimonios particulares. Esto incluye a la propia multinacional Glencore. Obviamente, la expropiación del grupo debe incluir también el de esta empresa, y Glencore debe ser expulsada sin indemnización alguna (es más, se le debería exigir la devolución proporcional a su participación accionaria de los préstamos recibidos). Sin duda, la prioridad para cobrar cualquier deuda la deben tener los propios trabajadores, los pequeños productores y los bancos estatales perjudicados. El resto de la deuda, con otros bancos o con entidades extranjeras (que, como vimos, incluye al propio Banco Mundial) deberá ser desconocida, por fraudulenta.

Un gigante… pero hay otros

Vicentin es la mayor exportadora de capitales argentinos, muy por delante de Molinos Agro (Grupo Perez Companc), Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

En los últimos años se movió entre el cuarto y el sexto lugar de la tabla de posiciones de exportadores de granos, soja y derivados del país. Sin embargo, no debemos confundirnos. Hay “jugadores” más grandes. Los otros gigantes son las multinacionales yanquis ADM, Bunge y Cargill (Estados Unidos), la francesa Dreyfus (Francia) y Cofco (China). Vicentin representa apenas el 9% del total de exportaciones del sector de agronegocios.  

Sí es cierto que, ante su situación de virtual vaciamiento financiero y quiebra, los monopolios extranjeros se postulaban para comprarla y concentrar más aún el negocio. Por eso, las patronales del sector (Sociedad Rural, CRA, Coninagro) y los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a oponerse a la expropiación denunciando “violación de la propiedad privada”. 

Frente a todo esto, es básico plantear la expropiación de la empresa. Por supuesto que no alcanza, debe ser gestionada por sus propios trabajadores y por los pequeños productores involucrados en su operatoria. Y, como señalamos antes, debe ser sin indemnización y con una muy fuerte diferenciación de a quién se le paga lo adeudado y a quién no. 

Pero además, lo insuficiente de la medida salta a la vista frente a los discursos de que esta expropiación sería la garantía para la “soberanía alimentaria”, para definir y controlar precios de alimentos, o para fijar cuánto se les paga a los pequeños productores o, más aún, en el real acceso a los dólares que ingresan por las exportaciones del agronegocio. Ninguna de estas cosas se alcanzará solamente  con Vicentin, incluso si se la estatiza al ciento por ciento. Los otros pulpos seguirán con las maniobras, subfacturando exportaciones, acopiando especulativamente sin vender, para así presionar la suba del dólar o, directamente, fugando divisas. Para terminar con todo esto es necesario sacar del negocio a todos los pulpos monopólicos exportadores nacionalizando el comercio exterior.