Escribe Adolfo Santos

La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca, coloca bajo sospecha a la policía bonaerense. No es casual que haya sido separada de la investigación del caso, ahora a cargo de la Policía Federal. A pesar de eso, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, respaldado por el gobernador peronista Axel Kicillof, continúa defendiendo su actuación: “Se han dicho muchas cosas, pero la jueza nunca ha determinado ningún vínculo de la desaparición de Facundo con la policía” (Clarín, 16/8).  

Lejos de actuar con transparencia, Berni protege un cuerpo policial plagado de denuncias y que está estrechamente relacionado con los hechos, ya que detuvo a Facundo dos veces aquel día, aparece fotografiado por celulares policiales y se encontraron elementos personales del desaparecido en una dependencia policial. Con absoluta razón, Cristina Castro, la madre del joven, denunció: “A mi hijo lo desaparecieron”, y pidió la renuncia de Berni.

En el mismo sentido, los abogados de la familia, que han mostrado una serie de contradicciones en el procedimiento policial, acusan al ministro de Seguridad de ser responsable de movimientos irregulares para encubrir a agentes de las fuerzas de seguridad sospechados como autores materiales de la desaparición. En vez de responder a las acusaciones con argumentos, Berni contraataca usando su estilo “mano dura” para tratar de intimidar: “El abogado de la familia va a tener que responder por cada una de las barbaridades que dijo en estos días”. En las actuales circunstancias, quienes deberían responder son las autoridades de la provincia, comenzando por su gobernador, Axel Kicillof, responsable político de una policía con una historia de atrocidades que no ha sido capaz de desmantelar.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad nacional, salió a defender a su colega bonaerense: “No podemos decir que Facundo sea el Maldonado de Berni. Las circunstancias fueron distintas”, expresó, tratando de bajar un cambio. No explica cuáles serían las circunstancias distintas, ni por qué fue separada la policía bonaerense del caso, lo que indica un claro indicio de la responsabilidad de esa fuerza en la desaparición de Facundo, tal como denuncia la madre. Si se comprueba que el cadáver hallado por pescadores en un cangrejal corresponde al de Astudillo Castro, en vez de diferencias comenzaremos a encontrar semejanzas con Santiago Maldonado, plantado por Gendarmería en el río Chubut.

La violencia institucional es patrimonio de todos los gobiernos

Diferente de lo que afirma Federic, que “estos casos de violencia vienen por inercia del gobierno anterior”, para nosotros son parte de un sistema de seguridad cuyo eje es la represión. La desaparición forzada de personas no es patrimonio exclusivo del gobierno Macri, ha estado presente en todos los gobiernos patronales. En su informe de 2015, la Correpi denunciaba que las desapariciones forzadas, que tienen como símbolos a Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano, acontecidas durante gobiernos peronistas kirchneristas, ya sumaban doscientas desde la vuelta de la “democracia” en 1983. Y acontecen en todos los gobiernos patronales, sin distinción de partido político, porque todos mantienen intactos los aparatos represivos, una estructura que solo se justifica cuando la concepción de seguridad se asienta en el autoritarismo y la represión.

Por eso Facundo Astudillo no es la única víctima de “violencia institucional” durante este gobierno. En mayo, Mauro Coronel, un joven santiagueño de 22 años, fue detenido por la policía del radical kirchnerista Gerardo Zamora, del Frente Cívico, y acabó muriendo en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” como consecuencia de la brutal tortura sufrida. Este domingo 23, Franco Daniel Martínez, de 21 años, que estaba desaparecido desde el 23 de julio en Lomas de Zamora, fue encontrado ahorcado en la Reserva Ecológica. Frente a la prisa demostrada por la fiscal para cerrar el caso y cremar el cuerpo, caratulando el hecho como suicidio, los familiares se opusieron denunciando falta de investigación por parte de la policía bonaerense y exigen una investigación rigurosa.

No basta hacer declaraciones manifestando preocupación, como hace el presidente Alberto Fernández, es necesario adoptar medidas para desmantelar el aparato represivo y acabar con esta aberración que viene desde la dictadura. Exigimos la renuncia de Sergio Berni, como solicita la familia de Facundo, y la separación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por “displicencia bordeando la actitud dolosa” por parte de los abogados de la defensa. Es necesaria la prisión preventiva de los policías envueltos en la detención de Facundo para evitar la destrucción de pruebas y abrir una investigación independiente para examinar la actuación de la policía bonaerense en el caso Facundo Astudillo.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Desde que comenzó la cuarentena, y con ella un reforzamiento del accionar de las fuerzas represivas a escala nacional, un debate cruza a la izquierda y los espacios de articulación de la lucha por los derechos humanos. El decreto presidencial 297/20 dio luz verde a una catarata de atropellos del conjunto de las fuerzas, que ya se cobró alrededor de un centenar de vidas, incluyendo desapariciones forzadas, gatillo fácil y “suicidios” en situaciones de detención. Ante este marco, desde Izquierda Socialista, en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hemos insistido una y otra vez en que no podía dejar de señalarse la responsabilidad del gobierno nacional en la escalada represiva que estamos atravesando.

En concreto, manifestamos que es equivocado que al nivel de las consignas, que son el mensaje que masivamente buscamos instalar a la hora de desarrollar la movilización, se omita señalar la responsabilidad de los gobiernos. Algo que lamentablemente viene pasando, tanto en el EMVJ como en buena parte de las intervenciones, incluso, de nuestros compañeros del FIT Unidad.

Se rompe así con el accionar que teníamos de conjunto durante el gobierno de Macri, donde jamás dudamos en decir ante el caso de Santiago Maldonado y cada hecho represivo “el gobierno es responsable”. Creemos que levantar esa consigna cuando gobiernan macristas, y bajarla cuando gobiernan peronistas, es algo equivocado, y que, en definitiva, va a terminar minando la propia autoridad política ganada por espacios como el EMVJ.

¿El Estado y no el gobierno?

Para nosotros tiene una importancia clave combatir tanto la idea de que los efectivos de las fuerzas de seguridad, como el propio aparato del Estado, son una fuerza inerte y autónoma que hace lo que quiere sin participación del Poder Ejecutivo, del gobierno. En concreto, fue en este caso un decreto presidencial el que empoderó a las fuerzas represivas a escala nacional. Los gobiernos provinciales ejecutaron ese mandato con indicaciones particulares a las fuerzas locales. Por ende, son responsables.

Sumemos. En el caso de Facundo, Cristina Castro, su madre, insistió en la necesidad de remover al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un personaje con prontuario de colaboración con genocidas y que quedó a cargo de la investigación oficial del caso, colaborando permanentemente con la bonaerense y obstruyendo los pedidos de los abogados. ¿Acaso alguien niega que el apoyo del gobierno nacional al reclamo de remoción no hubiese logrado ya que se lo separe? El gobierno guarda acá también su responsabilidad política al no intervenir. Como la tiene también al sostener a Sergio Berni en su cargo.

Por último, pero no menos importante, las fuerzas de seguridad de nuestro país fueron forjadas en el período post dictadura a imagen, semejanza y necesidades de los partidos patronales. Nadie puede negar que en el ADN de la bonaerense está el PJ. A esta altura del partido está claro que las fuerzas de seguridad son cómplices de las redes de narcotráfico y de trata, de los desarmaderos de autos, de todo un volumen enorme de dinero “en negro”, y que ese universo no podría existir sin la connivencia del poder político, que incluso una y otra vez es denunciado de financiarse en ese circuito. Es lo que señalan los abogados en el caso de Facundo. La protección a ultranza del poder político local a la bonaerense no puede verse de forma escindida de los negocios turbios que hace tiempo se denuncian en torno del puerto de Bahía Blanca.

Por todo esto es que creemos un error no señalar con firmeza las responsabilidades políticas ante la escalada represiva y la desaparición de Facundo Castro. Desde nuestro lugar de defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas debemos tomar como estratégico poder colaborar para que el pueblo trabajador saque la conclusión de que estos gobiernos patronales siempre operan de la mano de un apuntalamiento del poder represivo, y más en momentos de graves crisis como la actual.

El PTS, en este debate en la última reunión plenaria del EMVJ, argumentó que decir “el gobierno es responsable” en el caso de Facundo, implicaría decir “fuera Kicillof”. Esto es falso, e incluso no se condice con la propia acción del PTS, que levantó “el gobierno es responsable” en 2017 sin jamás impulsar el “fuera Macri”. Señalar la responsabilidad política es una forma de exigir respuestas a quién puede darlas, y al mismo tiempo una denuncia. Esa es la potencia y el sentido de la consigna. Al servicio de eso planteamos utilizarla.

La unidad de acción

En algunos debates en el EMVJ, algunas organizaciones nos responden que podemos tener razón con nuestra denuncia, pero que se trata de una consigna que podría dificultar la unidad de acción con el otro espacio de organismos de derechos humanos, vinculados hoy al oficialismo. A esto, nosotros respondimos, y propusimos incluso, que es completamente válido y necesario, como lo hicimos ante la desaparición de Santiago, hacer convocatorias comunes para hacer masiva la movilización, así sea con un único punto de acuerdo. Pero, por otro lado, eso debe combinarse, como hicimos en 2017, con que los materiales propios del EMVJ sostengan nuestro planteo de conjunto. Acto seguido, señalamos que veíamos poco probable que el otro sector quiera movilizarse por su nueva ubicación política y porque viene ejerciendo incluso una denuncia contra quienes se movilizan. Ante esto, la resolución del EMVJ no fue una cosa ni la otra, no se hizo una propuesta de movilización en común al otro espacio (para así clarificar quién rechaza la unidad y la movilización), ni se levantó la consigna que propusimos “el Estado y el gobierno son responsables”.

Convocar a la movilización llamando a las cosas por su nombre

Creemos que es necesario que, en primer lugar, nuestros compañeros del FIT Unidad revean su posición, y podamos, de conjunto, intervenir para que la movilización antirrepresiva en nuestro país parta de llamar a las cosas por su nombre y, con ello, a la denuncia concreta a los responsables materiales y políticos de cada crimen de las fuerzas represivas del Estado. De esa forma podremos impulsar una movilización que no se limite únicamente a reaccionar ante cada hecho, sino que también ayude a que se saquen las conclusiones necesarias de a dónde hay que apuntar para terminar con la represión. El desmantelamiento del aparato represivo del Estado y sus organismos de espionaje, conseguir justicia para cada una de sus víctimas, son tareas irresolubles mientras gobiernen los mismos ajustadores y represores de siempre.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Las llamas arrasan una enorme extensión de la provincia de Córdoba en los departamentos de Punilla, Colón e Ischilín. Es el incendio más grande en doce años. Miles de hectáreas de bosque nativo con todas las especies vegetales y animales que allí viven quedan reducidas a cenizas. Daños materiales irreparables, familias evacuadas, la vida de los bomberos y de los habitantes en juego son su consecuencia.

Como todos los años, los emprendedores inmobiliarios y agropecuarios aprovechan la sequía para provocar incendios. No es casual que el fuego haya comenzado en Ischilín, donde se dio la discusión del desmonte con rolado para la cría de ganado, y continuado en Punilla, donde inmobiliarias y mineras han puesto su mira.

Pero, al parecer, ningún costo, ambiental, material o de vidas humanas, es importante frente a los negocios de los especuladores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, nos han llevado a este tremendo desastre.

El gobierno peronista de Schiaretti es el gran responsable de este crimen contra nuestro medioambiente. Nunca se cumplieron los presupuestos mínimos de la ley 26.331, ni la actualización que debe realizarse cada cinco años con participación de las y los cordobeses. Y hoy, de la manera más cínica, Schiaretti sale a hacer declaraciones diciendo que se otorgará una ayuda a las familias por las pérdidas ocasionadas por los incendios.

Durante años el gobierno estafó a la población con el “impuesto al fuego” recaudando millones que casi nunca llegaban a los cuarteles de bomberos, quienes en muchas localidades incluso son voluntarios y no cobran sueldo. La provincia compró tres pequeños aviones hidrantes que no alcanzan para cubrir toda la superficie, es como ir a apagar los incendios con un balde de agua. ¡Plata hay!, pero la usan para pagar la deuda externa provincial, tomada para construir obras enormes que sirvieron para juntar votos pero no para resolver las más urgentes necesidades de la población, como la construcción de puentes y caminos en lugares en los que son sumamente necesarios. Ese es el caso de Casa Bamba, barrio en las afueras de La Calera, donde hoy los vecinos están atrapados entre el fuego y un río que está crecido porque abrieron las compuertas del dique San Roque. ¿Buscan que Casa Bamba, un lugar muy codiciado, desaparezca junto con sus habitantes? Hace dos años allí hay un puente peatonal que nunca fue puesto y se está herrumbrando, mientras la minera Camarassa, que pretende explotar la reserva hídrica, colocó un portón en el camino que impide el libre tránsito.

Debemos exigir que se investigue a fondo para descubrir y castigar a los responsables de esta masacre ambiental. Que respondan con sus patrimonios y se indemnice a todas las familias afectadas por la catástrofe.

Hoy es fundamental que se declare la emergencia ambiental en toda la provincia, que parta de la prohibición de la instalación de todo emprendimiento inmobiliario y minero para preservar lo poco que queda de monte nativo y remediar lo destruido.

Se hace evidente que necesitamos una nueva ley de bosques, discutida por las poblaciones y asambleas zonales donde están las personas más interesadas en preservar nuestro ambiente.

Es urgente un cambio de raíz en el sistema de producción que, en lugar de priorizar las ganancias millonarias de unos pocos vía la destrucción y saqueo de nuestros recursos, planifique la economía democráticamente sobre la base de las necesidades de la clase trabajadora y los pueblos y que combata el cambio climático y la destrucción ambiental.

El banderazo de este lunes 17 en el 170° aniversario de la muerte de José de San Martín fue aprovechado por Juntos por el Cambio y Macri, incluso con la presencia física de Patricia Bullrich, quien hasta salió con un discurso en “defensa de la patria” citando al libertador de América. ¿Se puede ser tan cínica? No tiene ninguna autoridad para decir nada la ex ministra defensora de los gendarmes de un gobierno que selló la dependencia y la entrega a través del pacto que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Las invocaciones a la “defensa de la Constitución, las instituciones, la República o la libertad” son palabras que en boca de los convocantes se usan para defender la propiedad privada de la patronal Vicentin, para darle la espalda a los trabajadores de la salud que están en la primera fila –¿alguien los mencionó ayer?, por supuesto que no– y para no referirse a ninguno de los graves problemas sanitarios y sociales que agobian al pueblo trabajador. ¿Alguien escuchó al actor Luis Brandoni, dirigente de la UCR, decir algo por Facundo Castro? ¿Y sobre los pagos de la deuda a los buitres? ¿Hubo algún mensaje en defensa de las trabajadoras y trabajadores de Latam? Claro que no. Se habló de la “justicia” y de la “corrupción”. ¿Y cuando se le perdonó la deuda del Correo a Franco Macri? De eso no se habla ¿Y de los espías de la AFI del gobierno anterior? Menos aún.

De un lado tenemos, entonces, esta expresión reaccionaria y propatronal de Juntos por el Cambio. ¿Acaso eso significa que el gobierno peronista de Fernández está defendiendo los intereses de los trabajadores o atacando de alguna forma los intereses de las patronales? Ese puede ser el honesto interrogante de algún compañero de trabajo, estudio o vecino del barrio. Pero lamentablemente no es así, más allá de las diferencias entre los discursos de uno u otro sector.

Las peleas en las alturas entre el actual gobierno y el macrismo y la UCR no pasan por ver quién defiende a los sectores populares, ni en cómo combatir las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre, la pobreza, la inflación, los despidos y las suspensiones. Por eso entre ambos sectores votaron leyes que consideran “fundamentales”, como el pago a los fondos buitres, o la moratoria impositiva a las grandes patronales. Como contrapartida, nada para los más postergados. Son peleas pensando en futuras elecciones y sobre cuotas de poder, en especial en la Justicia. Por eso la consigna de la marcha fue “No a la reforma judicial”. Son disputas entre sectores políticos patronales. PRO y la UCR buscan, por ejemplo, mantener su base electoral de clase media conservadora, antiperonista de toda la vida.

Mientras tanto, a los jubilados se les sigue bajando sus ingresos, ahora con el gobierno peronista, así como sucedía antes con el gobierno de Cambiemos. La Gendarmería de Patricia Bullrich que actuó contra Santiago Maldonado tuvo las mismas directivas que ahora tiene la bonaerense, que hizo desaparecer a Facundo Castro bajo el mando de Berni-Kicillof. Con la expropiación de Vicentin  se dio marcha atrás. Y el gobierno de Fernández nunca envió al Congreso lo que anunció como impuesto a la riqueza. La diferencia es que, antes, el gobierno de Macri reivindicaba lo actuado, y ahora el gobierno de Alberto Fernández usa un doble discurso “popular” para simular una cosa y hacer otra. Es decir, aplicar un ajuste, afirmando falsamente que gobierna para los más vulnerables.

Por eso hay que salir a enfrentar los planes del gobierno peronista de Fernández que, mientras continúa con su discurso “progresista”, deja correr los despidos en Latam, acuerda con los bonistas para seguir pagando la deuda, se apresta a negociar nuevos ajustes y reformas estructurales (laboral y jubilatoria) con el FMI, no le paga lo que les corresponde a los jubilados y sostiene, en acuerdo con la burocracia de la CGT y las CTA, los congelamientos de paritarias, las rebajas salariales y las centenas de miles de suspensiones y despidos. 

Se impone apoyar todas las luchas, coordinarlas y evitar que queden aisladas, como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo. Postular, a la vez, un programa de emergencia que enfrente las dos pandemias, la sanitaria y la social. Establecer un impuesto a las grandes riquezas, como lo sostiene el proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad, con el que se podría recaudar 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia, otorgándoles 30.000 pesos a todos los desocupados y trabajadores informales que lo necesiten. Y dejando inmediatamente de pagar la deuda externa. Allí están los fondos para resolver las más urgentes necesidades populares.

Al mismo tiempo, en estas horas es urgente seguir apoyando a la mamá de Facundo, Cristina Castro, a sus familiares y abogados, repudiando el encubrimiento de la bonaerense, reclamando que se vaya Berni y que los responsables materiales y políticos de la desaparición paguen con la cárcel. Izquierda Socialista te invita a poner manos a la obra para estas tareas.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

“El financiamiento gubernamental es necesario porque los productos para la pandemia son inversiones de altísimo riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las compañías farmacéuticas y haría que se metieran con todo”. Estas declaraciones de Bill Gates en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, que hemos citado en otras oportunidades, se completan con la indicación de que los gobiernos deben otorgar facilidades para la producción de las vacunas y comprarlas para distribuirlas en la población que las necesita. Como vemos, todo un programa para garantizar las ganancias de la industria farmacéutica multinacional en relación con la producción de una vacuna para enfrentar la pandemia.

Subsidiar a las multinacionales en lugar de invertir en vacunas

El reclamo del multimillonario Gates fue escuchado menos de dos meses después. En abril pasado, el gobierno de los Estados Unidos anunció el programa Warp Speed, que dedica 10.000 millones de dólares para financiar la investigación y producción de vacunas anticoronavirus a través de asociaciones público-privadas. Las principales multinacionales recibieron importantes subsidios; por ejemplo, la norteamericana Pfizer obtuvo 2.000 millones, y Sanofi GSK, la misma suma. Por su parte AstraZeneca, gracias a la unión con una firma estadounidense, obtuvo 1.200 millones de dólares.

¿Quién es AstraZeneca?

La semana pasada el presidente peronista Alberto Fernández anunció que se fabricaría la vacuna en la Argentina y dio a conocer el acuerdo del Grupo Insud con AstraZeneca. Esta compañía es la unión de una empresa farmacéutica británica con otra sueca que, a su vez, se asociaron con la Universidad de Oxford para la producción de la vacuna. Sin haber entrado en la Fase III de prueba en poblaciones, la multinacional ya ha firmado acuerdos de producción en todo el mundo con sociedades mixtas público-privadas, que le permitirían una venta global a los gobiernos de 3.000 millones de dosis. Por ejemplo, el contrato recientemente firmado con la Comisión Europea asegura la venta de 400 millones de dosis a Alemania, Francia, Italia y Holanda. Parte de esa política comercial de la multinacional es el acuerdo firmado con el Grupo Insud, del millonario argentino Hugo Sigman.

¿Quién es Hugo Sigman?

La revista Forbes le adjudica una fortuna de 2.000 millones de dólares a este multimillonario que proclama su adhesión al peronismo kirchnerista. Su entusiasmo con el matrimonio Kirchner se justifica. En 2009, en pleno brote pandémico del virus H1N1, de origen porcino, conocido como “gripe A”, el mismo Sigman selló un acuerdo con el gobierno peronista de Cristina Kirchner y su ministro de Salud de entonces, Juan Manzur. El Estado financió una planta industrial en Garín para que la sociedad entre la multinacional Novartis y el Grupo Insud produjeran la vacuna antigripal A. El Estado también se comprometió a comprarle hasta la actualidad 10 millones de dosis por año de la vacuna, incluida desde entonces en el calendario oficial. El acuerdo establecía que, pasados tres años, Sinergium Biotech, otra empresa de Insud, se quedaría con la planta, la tecnología y el mercado.

En el caso del negocio de la nueva vacuna Covid-19, se compartirá con el también multimillonario mexicano Carlos Slim, quien hizo el trato inicial con AstraZeneca y se supone que fondeará buena parte del desarrollo de la vacuna en la región. El laboratorio mexicano Liomont, en su momento especializado en la vacuna contra la gripe, es el encargado de completar el proceso de fraccionamiento y distribución del principio activo que procesará Sigman en la Argentina.

La anarquía y el despilfarro de recursos

Si bien se calcula que hay entre cincuenta y sesenta laboratorios en el mundo dedicados a la investigación de la vacuna para el Covid-19, solo son trece los que están en un estadio más avanzado. Una competencia feroz entre las multinacionales, y aun entre los gobiernos, se ha desatado. Quien logre elaborar una vacuna eficaz y obtenga la patente se asegura el monopolio de la producción y ganancias por varias décadas.

Las multinacionales y sus socios locales, que en el caso de América latina son el multimillonario mexicano Slim y el argentino Sigman, practican el secreto comercial lentificando artificialmente todo el proceso. Aunque públicamente anuncien como muy próxima la disponibilidad de las vacunas, la realidad es que todas están en etapas todavía lejanas de una instancia de aprobación y, obviamente, de la producción masiva.

En el caso de AstraZeneca, la científica británica Sarah Gilbert, quien lidera un equipo de trescientos investigadores de la Universidad de Oxford que trabajan para la vacuna, declaró: “El objetivo de fin de año para el lanzamiento de la vacuna es una posibilidad, pero no hay absolutamente ninguna certeza al respecto”.

Debido a la disputa por el monopolio de la vacuna se produce una superposición de esfuerzos y despilfarro de recursos que han sido criticados aún por personalidades tan opuestas al socialismo como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. ¡Cuán distinto sería el panorama si hubiera una investigación colaborativa entre las universidades e institutos de los distintos países, sobre todo los más desarrollados, que lleve a la producción estatal de una vacuna para el coronavirus! Los recursos del Estado deberían ir para esta producción y no, como ahora, para acumular ganancias de las multinacionales y sus socios locales.

Es así como el capitalismo frena el desarrollo, en este caso, de una vacuna que podría salvar tantas vidas. En el momento de escribir estas líneas hay 22 millones de contagiados y 800.000 muertos por el Covid-19 y tenemos que preguntarnos ¿hasta qué tenebrosa cantidad tendremos que esperar para disponer de una vacuna? Esa es la razón por la cual nuestro programa plantea la necesidad de abolir las patentes de los medicamentos en el camino de lograr la estatización de la industria farmacéutica bajo control de los trabajadores.