Escribe José Castillo

Hace un par de semanas se había dado a conocer la última oferta de reestructuración de la deuda externa para los bonos bajo legislación extranjera. El gobierno peronista de Fernández terminó ofreciendo 15.000 millones de dólares más que en la propuesta original de abril, se subieron los pagos de intereses, prácticamente se redujo a cero la quita de capital y, quizás lo peor, se planteó que se empezará a pagar en septiembre de 2021, archivando todos los discursos anteriores, que hablaban de un período de gracia de tres o cuatro años sin abonar nada. La propuesta del peronismo había sido tan a favor de los pulpos acreedores que había recibido apoyos y elogios hasta de Luis “Toto” Caputo, el ministro “endeudador” de Macri y del mismísimo Domingo Cavallo, que prácticamente volviendo de las catacumbas, salió a aplaudir. 

Pero los buitres son insaciables. Para ellos nada es suficiente. Con BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo a la cabeza, los acreedores rechazaron la propuesta. Se juntaron para hacerlo el Grupo Ad Hoc (del propio BlackRock, junto a otros fondos internacionales como Fidelity y Ashmore), poseedor de la mayor parte de los bonos emitidos durante el macrismo, junto con el Exchange Bondholders (tenedores de los bonos de la deuda kirchnerista) y lograron sumar al Comité de Acreedores, el grupo supuestamente más “benévolo” hacia la Argentina. 

El planteo de este auténtico frente de pulpos acreedores es demoledor: piden 3.000 millones de dólares más, una suba sustancial de la tasa de interés y un adelanto general de los plazos de pago. En concreto, si la propuesta del gobierno peronista ya aceptaba empezar a pagar en septiembre del año que viene, los bonistas ahora exigen adelantar el primer pago al mes de julio. 

Veremos en qué termina esta negociación. Pero lo que se resuelva, luego tiene que replicarse para los 45.000 millones de dólares que también están pendientes de bonos bajo legislación local. Y, además, en unas pocas semanas tiene que empezar la negociación por los 49.000 millones de dólares de deuda con el FMI. 

En la campaña electoral del año pasado, Alberto Fernández sostenía que sería capaz de llevar adelante una renegociación exitosa de la deuda, donde quedaría espacio tanto para llevar adelante un plan económico progresista, de redistribución de la riqueza, y, al mismo tiempo, pagar una deuda que se habría reducido y estaría reprogramada “en cómodas cuotas”. Nada de eso pasó. Termine como termine el presente capítulo de la negociación, ya hay una certeza: lo que quede se tendrá que pagar con un feroz ajuste, más fuerte que el actual. 

Pagar, redistribuir la riqueza y crecer, como decía el gobierno peronista, se muestra cada vez más como una utopía. Una utopía reaccionaria, ya que la sufrirá el pueblo trabajador con más hambre y miseria. Una vez más, la única salida es dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, para que todos esos fondos, en vez de ir a manos de los buitres, se destinen a las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, comida, educación y vivienda.

Escribe José Castillo

Hace ya cuatro largos meses que el gobierno peronista de Alberto Fernández prometió implementar un impuesto a las grandes riquezas. El proyecto brilla por su ausencia, ni siquiera fue ingresado en el Congreso para su discusión. La última excusa del presidente Fernández fue que él estaba a favor, pero que es “un tema del Congreso”. Claro que el propio oficialismo, al fijar la agenda futura, ni siquiera lo considera. Recordemos que incluso votaron, el peronismo y Cambiemos juntos, en contra la moción para debatir el único proyecto presentado al respecto, el del Frente de Izquierda Unidad.

Lo novedoso de estos días es que no solo está en el freezer el impuesto a la riqueza, sino que ahora se les va a perdonar a las grandes empresas no haber pagado los impuestos actualmente existentes. De esto se trata el nuevo proyecto de moratoria impositiva que se empieza a discutir esta semana. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que estaban en juego 500.000 millones de pesos, y que ello beneficiaría a los monotributistas, a los pequeños comerciantes y a los trabajadores por cuenta propia en general. Es una vulgar mentira, mientras que a todos esos sectores se los tiene sumidos en la pobreza pretendiendo que vivan con el miserable IFE (10.000 pesos por grupo familiar, que en realidad se cobran cada dos meses, lo que da apenas 5.000 pesos por mes), lo novedoso del proyecto del peronismo es la inclusión de las grandes empresas, aun de aquellas que tienen deudas impositivas previas. Así, a los grandes pulpos les perdonan y les financian en cuotas infinitas y con bajísimo interés desde deudas previsionales hasta impuestos no depositados allí donde estas empresas eran meros agentes de retención (IVA o Impuesto a los Combustibles). Escandalosamente, hasta las empresas de corruptos como Cristóbal López o Lázaro Báez podrán acogerse al beneficio. Una vez más se usa como excusa al pequeño comerciante o al trabajador por cuenta propia para hacer pasar un enorme privilegio que beneficia a las grandes patronales.

¿Se viene un nuevo blanqueo?

Cada vez suena más fuerte que una de las medidas centrales del “plan pospandemia” de Alberto Fernández consistirá en un nuevo blanqueo de capitales. Tal como lo hizo Macri durante su mandato, se trata de premiar a las empresas y multimillonarios que fugaron su riqueza durante todos estos años, evadiendo impuestos y violando todas las leyes vigentes. Son miles de millones de dólares escondidos en paraísos fiscales donde se mezcla lo fugado por las grandes empresas “legales” de nuestro país, plata del narcotráfico, de la trata y de todo tipo de delitos. Una vez más, a cambio de hipotéticas “inversiones”, se les perdonarán impuestos vencidos y les darán todo tipo de concesiones. Como contrapartida, ni siquiera tendrán la obligación de volver a traer la plata a la Argentina. Una auténtica vergüenza.

Hace falta un verdadero plan de emergencia ante la pandemia

Hay que ayudar urgentemente a los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Ellos son los trabajadores que perdieron sus salarios, o los cobran rebajados o en cuotas. Hay que hacer lo opuesto, obligar a que se cumpla la prohibición de suspensiones y despidos, pagar los salarios al 100% de su valor y reabrir las paritarias para otorgar un aumento de emergencia que cubra todo lo perdido. 

A la vez, hay que ayudar a todos los cuentapropistas, pequeños comerciantes, profesionales y monotributistas que hoy no tienen ingresos. Se requiere un IFE de verdad, que no puede bajar de 30.000 pesos por mes. Por supuesto, es necesaria una moratoria, pero para perdonar o financiar impuestos a todos estos sectores populares en crisis, no para privilegiar más a las grandes patronales. 

Y, por sobre todas las cosas, la pregunta del millón es cómo se financia todo esto. Hace falta, sin dilaciones, la implementación de un impuesto a las grandes fortunas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la totalidad de la deuda externa. Ahí está el dinero para atender las necesidades de los trabajadores y los sectores populares y obtener el  presupuesto sanitario extra que se requiere para hacer frente a la pandemia. 

Escribe Gaston Godoy

Cerca de cumplirse noventa días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, siguen desviando la investigación con maniobras tomando distancia de la hipótesis que sostienen su familia y sus abogados, que a Facundo se lo llevó la policía bonaerense. El medio bahiense La brújula, vinculado al poder político local, y por tanto a su policía, diariamente se encarga de difundir noticias sobre nuevos indicios que les son filtrados por la Justicia y la Policía Federal con el objetivo de sembrar confusión y correr el foco de atención de la desaparición forzada. El ministro Sergio Berni, por su parte, se pasea por los medios de comunicación repitiendo esas noticias filtradas y diciendo que no hay que “estigmatizar a los efectivos que cumplieron su trabajo”. Cualquier parecido con Patricia Bullrich no es coincidencia.

A los miles que estamos siguiendo el caso y acompañando a la mamá de Facundo, Cristina, en esta pelea, cada día que pasa se asemeja más a lo que atravesamos buscando a Santiago Maldonado en 2017. Las fuerzas represivas del Estado intervienen, un joven desaparece, el poder político local y sus medios de comunicación encubren, el gobierno nacional se suma a ese operativo, solo la familia, sus abogados y quienes los acompañan se preocupan por remover cielo y tierra para seguir el rastro. El 1º de agosto se cumplirán tres años de la aún impune desaparición seguida de muerte de Santiago y tres meses de la desaparición de Facundo. Necesitamos una investigación real, alejada de las maniobras de la policía, y que Facundo aparezca con vida ya.

El contexto de la desaparición

La realidad se ha encargado de refutar a quienes pensaron que el recambio de gobierno y la designación de Sabina Frederic –antropóloga vinculada al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos impulsado por Horacio Verbitsky–, en lugar de una mercenaria política como Bullrich, iban a generar una disminución del poder represivo de las fuerzas de seguridad estatales. El decreto 297 de Alberto Fernández, que dio inicio a la cuarentena, empoderó a los uniformados para controlar “rutas, vías y espacios públicos” para “garantizar” el cumplimiento del aislamiento.

Las fuerzas represivas ejercieron un poder de veto de circulación con un claro sesgo de clase. Facundo no pudo llegar a encontrarse con su ex novia en Bahía Blanca. Entretanto, Mauricio Macri no tuvo ningún problema en ir hasta Paraguay, los dueños de Vicentin pasean en lancha, las patronales obligan a sus trabajadores a circular con permisos falsos, etcétera. Hasta el colmo de que Horacio Rodríguez Larreta salió este lunes a hacer running con su ministro de Transporte, violando la regla establecida para las salidas según la terminación del número de DNI que él anunció un día antes. Pero ningún policía va a disparar o privar de su libertad a estos funcionarios, más allá del “flagrante delito” que fue televisado en vivo.

En los barrios humildes abundaron las detenciones arbitrarias, cuando no irrupciones violentas en los domicilios a los tiros, como fue en el caso del joven Ignacio Seijas, de 17 años, que perdió un ojo. Y tantos otros que denunciamos, a lo largo y ancho del país,  que hasta el momento dejan como saldo provisorio sesenta y tres muertes, contabilizadas por la Correpi.

La doble vara de la policía es la misma que usa el gobierno, que mete ajustes, rebajas salariales y jubilatorias, despidos, suspensiones y flexibilización laboral por un lado, y subsidios, blanqueo de capitales y todo tipo de beneficios para las patronales por el otro. Así funcionan los gobiernos capitalistas y sus fuerzas represivas, con macristas o peronistas, con Bullrich o Frederic.

El gobierno es responsable

Por todo esto es que decimos que el gobierno es responsable de que aparezca con vida Facundo. Es sumamente correcto lo que hicieron el abogado y la mamá de Facundo al exigirle respuestas a Alberto Fernández y a la ministra Frederic. Es urgente desplazar al fiscal Ulpiano Martínez. Es increíble que un defensor de partícipes de la última dictadura militar encabece una investigación por desaparición forzada. También hay que remover a los agentes de la Federal que están filtrando información para desviar la investigación y  encubrir a los responsables.

Redoblemos la movilización por la aparición con vida de Facundo. Este lunes las juventudes de Izquierda Socialista, PTS y PO impulsamos un tuitazo al que se sumaron la familia de Facundo y la Federación Universitaria Argentina, así como centros de estudiantes de todo el país. El martes 14 se realizó una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ya presentamos un pedido de explicaciones y una reunión con el gobernador Kicillof, sostén y responsable de las andadas de Berni. Y el miércoles 22, convocado por el sindicalismo combativo y la izquierda se realizará otra movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

¡Basta de maniobras. La bonaerense, Berni y el gobierno son responsables!

¡Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro!

Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se repiten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y “la falta de respuesta política para abordar este problema” (La Nota, Tucumán, 17/7/20).

Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los civiles involucrados en su desaparición, y exige que la Justicia actúe con rapidez e independencia del poder político.

Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos”.

La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.

“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la familia.

En estos días se conoció la denuncia por apremios ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación policial de esa localidad del interior provincial.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata del ministro Maley.

Escribe Daniel Báez

Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana, que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia el 31 de mayo, quedaron en libertad. En el contexto del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. Sin embargo, la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de los abogados defensores y los liberó. El caso mereció numerosos repudios. Los policías continúan imputados pero permanecerán en libertad. La comunidad qom advirtió sobre el riesgo que implica para ellos.

El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”.

El caso de la violencia institucional contra los pueblos originarios es sistémico, qom, wichí, o mapuches sufren la violencia de la policía y los empresarios amparados por los gobiernos provinciales y el doble discurso del gobierno nacional.

Exigimos el cese de la represión sobre los pueblos originarios y los trabajadores y sectores populares. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.