Escribe Diego Martínez

El amplio abanico de fuerzas políticas que apoyaron el acuerdo entre los bonistas y el gobierno abarcó desde el propio Mauricio Macri y toda la cúpula de Cambiemos hasta los sectores que se autodenominan “ala izquierda del gobierno”, entre quienes se encuentran Patria Grande y el PCR, pasando por el peronismo en su conjunto.

El diputado del Frente Patria Grande Itaí Hagman, hizo una encendida defensa del acuerdo con los bonistas, que fue festejado por Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

Hagman, quien hasta hace muy poco proponía la suspensión e investigación de la deuda contraída por Macri, y antes directamente el “no pago”, dijo que el acuerdo era una “muy buena noticia para la Argentina”, pese a que sostuvo a la vez que la deuda fue “tomada de manera irresponsable y usada para pagar la fuga de capitales”. El diputado del Frente Patria Grande también sostuvo que defendía una “deuda sustentable que se pueda pagar”. Se trata de una completa utopía. Como lo venimos explicando, la deuda externa es un mecanismo de sujeción que utiliza el imperialismo para imponer políticas de ajuste, con la colaboración de los gobiernos de turno, en países oprimidos como el nuestro. El negocio es que la deuda nunca llegue a pagarse en su totalidad, para así mantener los lazos de sujeción.

Lo de “la deuda que se pueda pagar” se asemeja al discurso del peronismo kirchnerista que afirmaba que “nos estábamos desendeudando”, mientras la realidad demostraba lo contrario. Cristina terminó su mandato en 2015 con una deuda superior a la que existía cuando asumió Néstor Kirchner en 2003. Esto, pese a que la propia Cristina definió a los gobiernos kirchneristas como “pagadores seriales”. En su discurso, Hagman intentó mostrar una marcada diferencia entre la política que tuvieron Cristina y Macri con respecto a la deuda, pero lo cierto es que el peronismo kirchnerista favoreció la fuga de capitales y utilizó dinero de las reservas del Banco Central para pagar deuda, como sucedió con Macri.

Hagman también declaró que los sectores que más se benefician con el acuerdo con los bonistas “son los que van a tener que hacer el esfuerzo para pagar la deuda interna con el pueblo”, pero la política del actual gobierno peronista que él defiende es exactamente la contraria. Fernández beneficia a esas mismas patronales con el ajuste al salario, las paritarias a la baja, deja pasar despidos y suspensiones, se reúne con la Sociedad Rural y lo más granado del empresariado local, al que favorece con moratorias, mientras la pobreza avanza entre los trabajadores y los sectores populares, situación a la que el gobierno no da respuestas.

Hagman, como esperando a los reyes magos, sigue teniendo expectativas en que el gobierno implemente el impuesto a las grandes riquezas, pero dice que “no cambia nada si se sanciona hoy, en dos semanas o dentro de un mes” (Infobae, 9/8/2020). Declara esto en el peor momento de la pandemia, cuando se evidencia la falta de presupuesto en el sistema de salud y la pobreza trepa casi al 50 por ciento. Mientras tanto, el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que presentó el FIT Unidad en el Congreso, ni siquiera llegó a tratarse debido al rechazo de la mayoría de los bloques, incluidos los del oficialismo y su “ala izquierda”.

El PCR y Lozano, furgones de cola del gobierno

Igual de lamentable fue la posición del PCR/CCC. Juan Carlos Alderete, diputado de este partido y del Frente de Todos, dijo que “el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán forcejearon muy duro con grupos muy poderosos” (Télam, 9/8/2020). Esto en el marco de que el gobierno mejoró cinco veces la oferta inicial. Tal fue la entrega de parte del gobierno que un economista del establishment como Martín Redrado, que fue funcionario de gobiernos de todo tipo y color, dijo: “Soy de los que creen que en las negociaciones hay que ser duro en el contenido y diplomático en las formas, y acá fue más bien al revés, se terminó cediendo 16.500 millones de dólares para llegar a un acuerdo” (Clarín, 9/8/2020).

Claudio Lozano, economista ligado a la CTA y actual miembro del directorio del Banco Nación, dijo en marzo de este año que “hay que suspender el pago de la deuda para reactivar la economía” y que “las deudas se pagan, las estafas no, es una consigna a aplicar” (RadioGráfica, 21/3/2020). Ahora destaca que en el acuerdo con los bonistas “el gobierno logró despejar los vencimientos que tenía en los próximos años con los acreedores privados” (Ámbito Financiero, 8/8/2020).

Construyamos una auténtica alternativa de izquierda

El apoyo del “ala izquierda” del gobierno al acuerdo con los fondos buitres se suma al voto a favor de la entrada de tropas yanquis en el país a principios de año, la defensa del ajuste jubilatorio y la tregua que organizaciones sociales, como la CCC y la CTEP (cuyo referente, Juan Grabois, es parte del Frente Patria Grande) junto a Barrios de Pie (el llamado triunvirato piquetero), vienen manteniendo desde 2018, cuando gobernaba Macri, en consonancia con la política del peronismo kirchnerista que en aquel entonces, con la consigna “hay 2019”, abandonó las calles y dejó pasar el ajuste.

La política de hacer alianzas con partidos patronales “contra la derecha” solo sirve para lavarle la cara a esos sectores y ser cómplices de los ajustes que los gobiernos, que se dicen “nacionales y populares”, también aplican. Esta política de la centroizquierda, que lamentablemente ahora, con el gobierno de Fernández, también llevan adelante sectores de la izquierda como el PCR, ya fracasó con la Alianza de De la Rúa en 2001 y durante los doce años del kirchnerismo. 

Llamamos a seguir construyendo una alternativa de izquierda, independiente de todos los partidos y gobiernos patronales, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, el único bloque político que rechazó el acuerdo con los fondos buitres y que se opone tajantemente al pago de la deuda externa.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

El pasado 28 de julio el Senado sancionó una ley que regula el teletrabajo. La iniciativa, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, generó polémicas con las cámaras empresarias porque la consideran muy restrictiva. ¿Es efectivamente una ley a favor de las y los trabajadores?

Como ya hemos dicho en un número anterior de El Socialista, la ley presentada en conjunto por el oficialismo peronista y el conjunto de la oposición patronal en la Cámara de Diputados tiene una enorme mancha de origen. Establece una serie de reglamentaciones al teletrabajo que recién entrarán en vigencia noventa días después de la finalización de la pandemia del Covid-19. No es una ley para detener los atropellos que están cometiendo las patronales aprovechándose de la coyuntura de la cuarentena, que obligó a que centenares de miles trabajen en forma remota, sino que establece principios para que el teletrabajo quede instalado como una modalidad masiva y permanente en múltiples actividades.

Así y todo, la aprobación de la ley despertó rechazo en importantes sectores empresarios que alegan que si se tiene que respetar lo que establece podría ser “el fin de un régimen, que hasta el momento, viene funcionando bien” (La Nación, 31 de julio de 2020). ¿Pero a qué se deben estas protestas de las principales patronales frente a esta ley? En primer lugar tenemos que, detrás de la estrategia de establecer el teletrabajo como modalidad masiva, se esconde un intento de avanzar con la flexibilización laboral en gran escala. Este objetivo, que aparecía semioculto detrás de eufemismos como la “modernización del trabajo”, comenzó a emerger con fuerza luego de la sanción de la ley. Uno de los voceros más brutales fue el empresario de espectáculos y medios y conductor radial Mario Pergolini. Con el desparpajo que hace años lo llevó a irrumpir en los grandes medios, el actual vicepresidente de Boca Juniors dejó en claro por qué la nueva ley no satisface las expectativas del empresariado. Declaró muy suelto de cuerpo: “Le doy trabajo a un montón de gente, pero si me hacen poner a todo el mundo en relación de dependencia, si alguien que hace teletrabajo te puede decir ´no, ahora me tenés que dar un lugar”... No lo estamos pensando bien” (Infobae, 6/8/2020). Con claridad, una declaración de principios de que el teletrabajo tiene que servir para avanzar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores durante décadas.

Alguien podrá decir que Pergolini no es hoy por hoy un vocero de los grandes grupos empresarios que actúan en nuestro país. Pero los dichos del dueño de Vorterix no fueron otra cosa que una versión descarnada de lo que fueron a plantear a las comisiones del Senado los principales voceros de las patronales, como es el caso de Brenda Puig, abogada de IDEA, objetando todos los artículos donde se establecen límites a su accionar. El sector empresario dejó en claro que el teletrabajo es el caballo de Troya detrás del cual intenta avanzar con la reforma laboral.  

Entendemos a muchos trabajadores que ven una alternativa en el teletrabajo frente a las pésimas condiciones que tienen que afrontar con el trabajo presencial. Pero volvemos a plantear que, a la atomización que nos plantean las patronales para avasallar nuestros derechos, le tenemos que oponer mayor organización desde cada sector de trabajo para frenar cualquier avance en la precarización y flexibilización laboral.

Desde Izquierda Socialista, junto al sindicalismo combativo, rechazamos esta ley y llamamos a enfrentar esta ofensiva patronal.

Escribe Martín Fú

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, está desaparecido desde el 30 abril. La última vez que se lo vio con vida quedó reflejado en una foto que la misma policía bonaerense que lo detuvo, en cercanías de la localidad de Mayor Buratovich, al sur de la provincia de Buenos Aires, le sacó frente a un móvil policial.

Nuevamente una fuerza represiva del Estado está vinculada con la desaparición de un joven. Y nuevamente un gobierno peronista busca hacer malabares para tratar de despegarse de la responsabilidad que le toca. El gobierno y la policía son los responsables de que Facundo no haya vuelto a su casa, son responsables de otro desaparecido en democracia.

Julio López, Luciano Arruga, el trabajador golondrina Daniel Solano, o recientemente Luis Espinoza, desaparecido y asesinado por la policía tucumana, solo a manera de ejemplos, forman parte de una lista interminable de víctimas de la violencia y represión estatal, donde gobiernos y fuerzas represivas son las responsables de la desaparición de personas. Los hubo con Cristina Fernández, con Mauricio Macri y los hay ahora con Alberto Fernández.

El gobernador Kicillof prometió “no encubrir a nadie” pero pidió “no prejuzgar”, en referencia al rol de la bonaerense. El ministro Berni desligó la responsabilidad de la policía y la ministra Sabina Frederic, en una entrevista del diario Perfil, reconoció que si lo de Facundo le pasaba a Macri hubiese sido un escándalo y aseguró tener confianza en las fuerzas de seguridad.

A más de cien días de su desaparición no hay doble discurso que se sostenga, a Facundo lo buscan su madre, sus amigos y quienes nos movilizamos y repudiamos su desaparición. El gobierno, la Justicia y la policía vienen plantando pruebas falsas, buscando desacreditar a la víctima, inventando testigos, entorpeciendo la causa y la investigación. Hasta el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se sumó a embarrar la cancha pidiendo que se investigue la “pista del narcotráfico”.

En la comisaría de Mayor Buratovich se encontró un efecto personal de Facundo en un viejo calabozo donde se acumula basura, una artesanía con forma de sandía fue reconocida por la madre como un amuleto que siempre llevaba su hijo. Una prueba demoledora de que, o bien Facundo estuvo en esa comisaría, o los policías que lo desaparecieron descartaron ahí parte de sus pertenencias. Anteriormente, un perro adiestrado por Marcos Herrero y contratado por la familia, reconoció un rastro de Facundo en un patrullero. Todos los caminos conducen a la bonaerense, por más que el ministro Berni, su responsable político directo, se esfuerce en repetir que es “prematuro” acusar a la policía, que el gobernador Kicillof prometa “colaborar” para encontrar a Facundo y que tanto el fiscal como la policía intenten desviar el rumbo de la investigación.

El fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, conocido defensor de genocidas, ha sido denunciado por la familia y la Comisión Provincial por la Memoria, querellante institucional en la causa. Niega darle trámite al pedido de detención de la familia sobre los policías Sosa y Curruhinca, quienes detuvieron a Facundo y lo fotografiaron, a pesar de que el mismo fiscal a fines de julio cursó este pedido al juzgado, que fue rechazado.

Cristina Castro continúa buscando a su hijo, mientras tiene que sufrir también el accionar de la policía. “Recibimos amenazas de la policía, nos dijeron que cuando esto termine ya saben qué hacer. Esta gente cambió los Falcon por las Hilux” (Perfil, 5/8/2020).

El caso Facundo ha tomado una dimensión nacional e internacional, a pesar de que muchos medios no lo levanten o que lamentablemente organizaciones de derechos humanos cercanas al gobierno peronista prefieran un perfil bajo, o directamente guardar silencio. Se han realizado varias movilizaciones por Facundo, con Izquierda Socialista hemos participado y lo seguiremos haciendo, tal como lo hacemos en los plenarios del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde, con el eje de exigir la aparición con vida de Facundo, definiremos las actividades y convocatorias a seguir.

Porque la lucha por los derechos humanos y contra la represión estatal sigue con los gobiernos “democráticos”, es criminal intentar despegar a este gobierno de semejante responsabilidad, es traicionar y buscar quebrar una lucha que lleva décadas y que todavía tiene muchísimas tareas pendientes.

Como lo ha dicho Cristina Castro: “Somos muchísimos los que estamos buscando desaparecidos. Hasta que me tocó a mí no me había dado cuenta”.

Seguiremos movilizados y reclamando la aparición con vida de Facundo.

Escribe Joel Rojo

En febrero de 2017 Franco Amaya, de 18 años, fue asesinado casi a quemarropa por trasponer en Carlos Paz un control policial que efectuaban dos policías que, según los peritajes, estaban alcoholizados. En el juicio, que finalizó en 2018, los informes de los peritajes “se perdieron”. A Bustos, el policía que lo asesinó, le dieron doce años de prisión porque la Justicia negó que fuera un caso de gatillo fácil. La madre de Franco apeló la sentencia que está, desde hace dos años, en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, siempre sospechado de responder al gobierno de turno. A raíz de este crimen alevoso se elaboró un protocolo que prohíbe a la policía disparar en caso de evasión de un control si no hay riesgo de vida.

Sin embargo, el pasado 6 de agosto Valentino Blas Correa, de 17 años, fue asesinado de la misma forma cuando el conductor del auto, en el que iba junto con otros cuatro adolescentes, se asustó y evadió un control y dos de los policías allí apostados dispararon en cinco oportunidades contra el vehículo. Dos balas perforaron la luneta, una penetró el omóplato de Blas y la otra quemó el buzo de un amigo que estaba a su lado y se incrustó en el apoyacabezas del que conducía. Blas murió, y pudo haber sido una masacre.

Luego, como de costumbre, la policía inventó toda una historia para demostrar que los pibes estaban armados, para lo cual plantaron un arma que ellos habían arrojado en un descampado y que descubrieron “gracias a un llamado anónimo”. Como siempre, la institución policial actúa en forma corporativa para lograr impunidad.

Movilizarnos contra la impunidad

Intentando calmar la indignación que causó este nuevo asesinato, Schiaretti y el secretario de Seguridad, Mosquera, el Berni cordobés, reemplazaron a la cúpula policial de capital y pusieron al comando de la fuerza a una mujer. Como siempre, intentan cambiar algo para que nada cambie.

Estos hechos son la expresión más brutal del sistemático accionar policial, que ha dado un salto durante esta cuarentena, y que se suma a las detenciones ilegales, el hostigamiento en los barrios populares y a la represión que desató en los últimos conflictos contra los trabajadores de las aplicaciones, los municipales y los de la UTA. Esta política de mano dura es la respuesta de los gobiernos a la creciente resistencia a los planes de ajuste.

Quienes luchamos contra la impunidad, la violencia policial y la represión de ayer y de hoy llamamos a la más amplia unidad de acción para enfrentarlas en las calles. Desde el FIT-Unidad estamos convocando a esta coordinación.

El jueves 13, a las 18, los familiares de Blas llaman a marchar desde Colón y General Paz. Allí estaremos reclamando justicia por Blas Correa, cadena perpetua para sus asesinos. Que la policía no se autoinvestigue y que tampoco lo haga la Justicia cómplice. Por la formación de una comisión popular independiente para investigar el accionar policial en este y todos los casos de gatillo fácil.

Pasan los días y siguen aumentando los casos de coronavirus. Se hizo costumbre escuchar los anuncios sobre un nuevo récord de contagios y fallecimientos. 

Ya se reconoce que nos acercamos al peligroso límite donde pueden colapsar las camas de terapia intensiva. 

Los gobiernos peronistas de la Nación, de Alberto Fernández, y de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y el de CABA, del macrista Horacio Rodríguez Larreta, continúan cargando la responsabilidad sobre el pueblo trabajador, diciendo que la expansión del virus depende de “las reuniones sociales” o la “falta de responsabilidad” de los que violan la cuarentena. Falso. Nada mencionan sobre la apertura casi total en la industria y el comercio, que obliga a decenas de miles a salir de sus casas y viajar hacinados con el único objetivo de garantizarles las ganancias a las patronales, que ni siquiera garantizan las condiciones de salubridad en los propios lugares de trabajo. Los contagios en el ferrocarril Sarmiento, que obligaron a paralizar el servicio en estos días, son un ejemplo del riesgo que viven cotidianamente los trabajadores. Otros tantos miles, que se quedaron sin ingresos, se ven obligados a salir a trabajar, no “por irresponsabilidad”, sino simplemente porque una familia no puede vivir con los 10.000 pesos del IFE. 

Mientras sigue esta pandemia que, evidentemente, no está resuelta ni se resolverá en el corto plazo, el gobierno de Fernández y el Frente de Todos le ha dado prioridad absoluta a la resolución de los pagos de deuda a los pulpos acreedores cerrando un acuerdo con los tenedores de deuda bajo legislación extranjera. El presidente apeló al doble discurso del gobierno peronista al afirmar, apenas conocido el acuerdo: “Hemos recuperado autonomía para destinar recursos, para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito, y hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos” (Página/12, Clarín y La Nación, 4/8). Al mismo tiempo, agradeció “la comprensión de los acreedores, que entendieron que Argentina estaba haciendo un gran esfuerzo”.

Seamos claros, los pulpos acreedores no fueron “comprensivos”. Al contrario, los usureros internacionales (BlackRock, Templeton, Greylock, Pimco), los especuladores y los bancos están festejando por el negocio que obtuvieron, lo que se reflejó en la suba automática de los bonos de deuda argentinos en los mercados internacionales. Del mismo modo, el acuerdo recibió el apoyo y los elogios de todos los economistas del establishment, así como del ex ministro de Macri Luis Caputo, la Sociedad Rural o, incluso, de personajes nefastos como Domingo Cavallo y de todos los gobiernos capitalistas del mundo, el Papa, el FMI, Macri y hasta la CGT traidora.

El gobierno está reconociendo una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta que pagará con más ajuste sobre el pueblo trabajador. Que, nunca olvidemos, tiene su origen en la dictadura genocida. Que luego fue pagada varias veces por todos los gobiernos que le siguieron, incluyendo el del peronismo kirchnerista, que mintió al decir que “nos habíamos desendeudado”. Sobre todo esto, el gobierno de Mauricio Macri endeudó al país sideralmente en 150.000 millones de dólares más. Deuda que hasta el propio Alberto Fernández admitió que había ido a financiar la fuga de capitales. Ahora el presidente reconoce y paga esta deuda. Ganan los banqueros y los especuladores de la mano del FMI y pierden los trabajadores.

El doble discurso del gobierno no se limita solo a la negociación de la deuda. Tampoco se tienen noticias del impuesto a la riqueza, que Fernández anunció con bombos y platillos hace casi cuatro meses. Al día de hoy, el único proyecto presentado en el Congreso es el del FIT Unidad, que el Frente de Todos, junto con Cambiemos, se niegan a tratar. Y, la semana pasada, el propio gobierno dio marcha atrás con la intervención y expropiación de Vicentin, dejando en manos de sus dueños estafadores (y el juez cómplice) la “solución” frente al vaciamiento de la empresa. Nuevamente, solo hay un proyecto en pie que sigue exigiendo la expropiación, el que presentamos desde el Frente de Izquierda Unidad.

Rechazamos el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los usureros de la deuda. Rechazamos que el gobierno peronista diga que va en beneficio del pueblo trabajador. No es así. No habrá ningún plan económico “sustentable” pagando esta deuda. Al contrario, el gobierno impondrá nuevos ajustes, como el que ya produjo con la rebaja de las jubilaciones y de los salarios, y las reformas estructurales exigidas por el FMI, que implican una mayor entrega y saqueo del país para “honrar” los pagos. Llamamos a repudiar este acuerdo que perjudicará a los trabajadores, a los jubilados, a la juventud, a las mujeres y al resto de los sectores populares. 

Frente a esta “santa alianza” de todos los partidos patronales para pagar la deuda, que incluso han votado juntos en ese sentido en el Congreso, el Frente de Izquierda Unidad se ha opuesto en el Parlamento y en las luchas. Somos la única fuerza política que presentó un proyecto para desconocer esos pagos, dejar de pagar, romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y al imperialismo y destinar esos fondos a combatir la pandemia. Para los hospitales públicos y los trabajadores y profesionales de la salud. Para otorgar 30.000 pesos a todos aquellos que los necesiten en medio de la cuarentena, ante el aumento de la pobreza, la miseria, los despidos y las suspensiones.   

Entre el jueves 30 de julio y el sábado 1° de agosto el Frente de Izquierda Unidad realizó una exitosa Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que reflejamos ampliamente en este número de El Socialista. Entre sus principales resoluciones, hoy más urgente que nunca, se convoca al “no pago de las deudas externas de los países de América Latina y el Caribe y de todos los pueblos oprimidos”.