Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop 

Si tuviéramos que resumir la pasada conferencia de prensa de Alberto Fernández sobre la pandemia, diríamos que el presidente peronista anunció más liberalización de la cuarentena en todo el país, en el sentido de lo reclamado por las patronales, bajo la expresión de que “la cuarentena ya no existía”. Remató, como los gobernantes peronistas y de Cambiemos lo vienen haciendo en las últimas semanas, apelando a la responsabilidad personal, responsabilidad que difícilmente puede sostenerse cuando son las empresas las que exigen ir a trabajar a sus empleados sin contar con todos los elementos de protección. Y cuando otros tantos cientos de miles deben salir a la calle a buscar su ingreso para sobrevivir.

El sistema sanitario está colapsando

La realidad es totalmente diferente de lo que dice el presidente. El plan no funcionó. El sistema sanitario está colapsando, más que por las camas por el déficit de recursos humanos. Un ejemplo categórico es Jujuy, donde hay una carencia aguda de profesionales entrenados que puedan manejar a los pacientes más delicados afectados por la infección de Covid-19. Parte del colapso del sistema se debe al contagio del personal de salud y su consiguiente aislamiento, que afecta gravemente los planteles y sobrecarga a los trabajadores restantes. La muerte de los trabajadores de la salud que se ha incrementado en las últimas semanas actúa como trágica amenaza sobre el resto. ¿Con qué ánimo se puede trabajar teniendo a su propio compañero con respiración mecánica?

En la provincia de Buenos Aires, en los meses de julio y agosto, la dotación de camas aumentó 6,4% mientras que la ocupación lo hizo un 16,1%, lo que lleva a la saturación completa de acuerdo con las estadísticas. Pero la realidad es mucho más cruel, hay días en que es imposible disponer de camas de UTI en la mayoría de los hospitales.

El presidente dijo también que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto; llenando las vacantes con nuevas designaciones; dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández viene sosteniendo que está a favor de “un rol activo del Estado” en la economía y que ello es lo que permite fortalecer el mercado interno, cuidar el empleo y mejorar la distribución de la riqueza. Más aún, que esa ha sido la “marca registrada” del peronismo a lo largo de su historia, para diferenciarlo de los gobiernos “de la derecha”, como el de Macri. 

Comencemos por el principio. En toda economía capitalista el Estado siempre “interviene”, eso está fuera de discusión. La cuestión es a favor de quién. El gobierno del Frente de Todos viene utilizando el Estado con un “rol” clarísimo, desde que asumió les pagó a los acreedores 5.000 millones de dólares; les regaló 300.000 millones de pesos a los bancos en intereses de Leliq, les dio una infinita serie de subsidios a las patronales, a las que incluso autorizó a bajarles el sueldo a los trabajadores. Ni qué hablar de que se puso como prioridad garantizar el pago de la deuda externa mientras se les volvió a robar a los jubilados. Al mismo tiempo, el gobierno de Fernández terminó dando marcha atrás con la expropiación de Vicentin. Hasta ahora no dio un solo paso en el, tantas veces anunciado, impuesto a la riqueza. Ahí está el “rol del Estado” en concreto que está llevando adelante Fernández. 

Y no se trata solo de un debate sobre las políticas de este gobierno. Porque no es cierto que el peronismo viene llevando adelante una política con un “rol del Estado” favorable a los trabajadores. ¿Acaso no fue el peronista Menem el que privatizó absolutamente todos nuestros recursos, sumiendo a millones en la marginación y el desempleo? O, más acá en el tiempo, ¿no fueron los gobiernos kirchneristas los que pagaron 200.000 millones de dólares a los pulpos de la deuda externa y miles de millones de dólares a las privatizadas, tanto de servicios públicos como de gas y petróleo, en concepto de subsidios?

Donde se acaban las palabras. El caso Latam

El actual conflicto de Latam nos muestra cómo todo el parloteo alrededor del “rol del Estado” no es más que puro doble discurso, sostener afirmaciones “progresistas” para después, en la práctica, hacer exactamente lo contrario. 

Repasemos. Lan Argentina es la rama local de la transnacional de capitales chileno-yanquis Latam, una de las mayores transnacionales del negocio aéreo del mundo y, sin duda, la de mayor importancia en Latinoamérica. 

Desde que comenzó la pandemia se aprovechó de absolutamente todas las ventajas otorgadas a las patronales por el actual gobierno. Así, fue una más de las que pagaron los sueldos con fondos del Estado. Al mismo tiempo, y con la vista gorda de toda la autoridad aeroportuaria, procedió a vaciar la empresa y hasta se llevó aviones a Chile y les “repintó” la matrícula, tapando la argentina y poniendo la chilena. 

Finalmente, de un día para otro, anunció que cerraba su filial argentina, despidiendo de manera encubierta, vía “retiros voluntarios”, sin siquiera pagar las dobles indemnizaciones correspondientes. El Ministerio de Trabajo se limitó a “convocarlos” mientras la empresa seguía vaciando los activos que le quedaban en el país. Quienes frenaron el vaciamiento fueron los propios trabajadores movilizados en defensa de sus puestos de trabajo con su acción directa, mientras las conducciones de la mayoría de los gremios aeronáuticos, peronistas alineados con el gobierno, alentaban los retiros voluntarios y no movían un dedo contra el vaciamiento.

En concreto, ¿qué habría que hacer en el caso de Latam? Frenar inmediatamente los despidos, expropiar y estatizar todos los activos de la multinacional que quedan en el país, retirarle todas las rutas y beneficios internacionales que aún posee bajo la figura de Latam Internacional, y que aspira a seguir operando después de cerrar su filial argentina. Fortalecer nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, haciendo que todos los trabajadores de Latam pasen a formar parte de su dotación tras reconocerles salarios, condiciones de trabajo, cargos y antigüedad. Y terminar con todos los ajustes planteados en la propia Aerolíneas Argentinas y en el proceso de fusión y cierre de Austral. 

El gobierno peronista del discurso del “rol del Estado” no ha hecho nada de todo esto. Al contrario, ni siquiera le garantiza a los trabajadores sus puestos de trabajo, mucho menos le prohíbe despedir a Latam habiendo vigente un decreto al respecto. Por lo bajo, busca un nuevo “socio” en el mundo de las empresas privadas aéreas para ocupar el lugar que dejaría Latam. Así, suena el nombre de Jet Smart, una low cost propiedad del fondo de inversión yanqui Indigo, que también controla a la aerolínea estadounidense Frontier Airlines, a la mexicana Volaris y a la húngara Wizz Air.​​​ Jet Smart ya está operando en nuestro país, es de hecho una de las aerolíneas que se benefició con la desregulación del macrismo a favor de este tipo de empresas y en contra de Aerolíneas Argentinas. Como todas las low cost, si esta patronal absorbe a parte de los trabajadores de Latam, por supuesto que será con feroces recortes de sueldos y condiciones de trabajo, con una completa flexibilización laboral. Las condiciones de precarización que la propia Latam no pudo imponer a sus trabajadores.

En suma, el gobierno de Fernández busca “solucionar” el conflicto de Latam abriéndole más el juego a una de las aerolíneas basura, las famosas low cost, exactamente el mismo negocio que estuvo promoviendo Macri durante toda su gestión. 

¿Entonces, de qué “rol del Estado” hablamos?

Hay que terminar con los discursos que siempre esconden negocios a favor de las grandes empresas y resolver de verdad las urgentes necesidades de los trabajadores. 

En el caso del conflicto de Latam, lo primero y primordial es ponerse absoluta e incondicionalmente al servicio de la lucha que están llevando adelante sus trabajadores para no perder sus puestos de trabajo, como hicimos desde Izquierda Socialista desde el primer día. 

En suma, se trata de recuperar un recurso estratégico de nuestro patrimonio nacional. Una línea de bandera, ciento por ciento estatal, que sea gestionada por sus propios trabajadores, terminando con las administraciones que la usaron para su propio beneficio, como fue el caso de las diversas conducciones de La Cámpora, o para achicarla y trasladarles negocios a los otros pulpos de la aviación, como la propia Latam, como sucedió durante el macrismo.

En síntesis, Latam no es más que un ejemplo. El “rol del Estado” del peronismo termina favoreciendo los negocios de las patronales. Solo un plan económico distinto, con medidas alternativas, llevado adelante por un gobierno de los trabajadores, como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, garantizará poner las palancas del Estado verdaderamente al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Propuesto por la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), se está discutiendo un proyecto denominado “plan Marshall criollo”. El objetivo sería generar cuatro millones de puestos de trabajo para responder a la crisis económica pospandemia. Sin embargo, más allá del pretencioso nombre, acabará sirviendo a la flexibilización laboral.

La propuesta, que hace algunos meses vienen discutiendo organizaciones sociales ligadas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la recibió el presidente de manos del referente de la UTEP Juan Grabois. El plan, que contaría con el beneplácito del gobierno peronista, fue acordado con los dirigentes sindicales burocráticos Gerardo Martínez (Uocra), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (Smata) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).

El proyecto propone la formación de un fondo de 750.000 millones de pesos para crear cuatro millones de puestos de trabajo, que percibirán un salario social de 10.000 pesos cada uno, similar al que reciben nueve millones de personas a través del IFE. En contrapartida, deberán trabajar sesenta horas por mes en programas de obras públicas, cooperativas, en la creación de colonias agrarias y el desarrollo de polos textiles dirigidos por ONGs e iglesias, en coordinación con sindicatos y municipios.

Estos trabajadores de la “economía popular” estarían sindicalizados, bancarizados y con una obra social. Con esto se crearía un verdadero ejército de mano de obra barata para realizar tareas que hoy hacen trabajadores organizados con salarios y beneficios de convenios conquistados con mucha lucha. Un verdadero salto de la flexibilización laboral.

El Marshall “criollo” es parte de un plan de ajuste global

El papel de la burocracia sindical apoyando este plan es nefasto. En vez de organizar la lucha para evitar los despidos y suspensiones durante la pandemia, se suma a un proyecto que va a retirar derechos a los trabajadores. El plan Marshall “criollo” pretende acelerar la flexibilización laboral y la precarización de millones de trabajadores. A cambio, la burocracia sindical se podrá favorecer con una masa de afiliaciones compulsivas para compensar las que perdió por la crisis y la desilusión de los trabajadores con las direcciones traidoras de los gremios.

Serán cuatro millones de trabajadores que recibirán un salario de hambre y que podrán ser despedidos sin indemnización. Es la desregulación total de las conquistas laborales. La burocracia sindical, en vez de luchar por empleos y salarios dignos, ayudará a aplicar un plan que va a incorporar trabajadores precarizados a sus sindicatos que van a competir con los trabajadores regidos por un convenio. El Marshall “criollo” es parte de un plan global del gobierno del Frente de Todos para hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

En el mismo sentido, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna hizo su “aporte” al gobierno peronista sumando elementos a la flexibilización y la precarización. Propuso blanquear las relaciones laborales contratando trabajadores mediante una “libreta de fondo de desempleo”, como en la construcción, donde la patronal despide sin indemnización y sin necesidad de discutir con el obrero. El patrón deposita mensualmente un porcentaje, que varía entre el 8% y el 12% del salario, dependiendo de la antigüedad, que es lo que el trabajador recibe cuando es despedido. Ese dinero, que nunca coincide con los verdaderos valores ni es actualizado de acuerdo a la inflación, siempre termina significando una pérdida para el trabajador. Tampoco tendrá derecho a doble indemnización o a adicionales en casos de crisis. Por eso le resultó tan fácil a Techint despedir, sin ninguna ceremonia, a 1.450 obreros que figuraban como “de la construcción” en plena cuarentena.

Este plan no es “Marshall” ni resuelve la crisis

El verdadero Plan Marshall fue creado en 1948 durante el gobierno de Harry Truman, en la posguerra. Su objetivo era recuperar las economías de varios países del imperialismo europeo, en el marco del ascenso de la luchas sociales de entonces y de la competencia de la Guerra Fría. Durante tres años se destinaron más de 100.000 millones de dólares (actualizados al día de hoy). A años luz de distancia de las migajas propuestas por Grabois y compañía.

Pero hay otro problema. Una parte del plan se financiará con fondos destinados a programas ya existentes, pero el resto es incierto. Se habla de un supuesto “ahorro” por la renegociación de la deuda, un dinero que no existe en la realidad. También se mencionan impuestos a las ganancias y a las bebidas azucaradas. ¿Alberto Fernández le va a sacar plata a Coca-Cola o a otras grandes empresas? Y más aún: ¿va a poner el dinero en las cantidades que requiere la crisis mientras debe negociar el resto de la deuda con el FMI, que le va a exigir más flexibilización y recortes a los programas sociales? Es evidente que no.

No hay milagros para salir de esta crisis. El gobierno peronista no tiene otro plan que no sea ajustar a los trabajadores. Por eso no hay otro camino que la lucha para mejorar la vida del pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad afirmamos que no hay salida para esta crisis sin meter mano en los intereses de los ricos y poderosos. Por eso proponemos crear un impuesto a las grandes riquezas, al agronegocio, a los bancos y suspender de inmediato los pagos de la deuda externa. Solo así será posible disponer del dinero suficiente para impulsar un plan económico capaz de generar los empleos necesarios y de reactivar la economía al servicio de los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Martín Fú

Luego de más de cien días sin certezas sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro, de 22 años, una noticia macabra atraviesa su búsqueda. Los restos óseos de un hombre joven fueron hallados en una zona de marisma en cercanías al paraje Cabeza de Buey, a solo 15 kilómetros de donde fue visto por última vez, el 30 de abril, en circunstancias en que era detenido por la policía bonaerense por “violar la cuarentena”.

Cristina Castro, la madre del joven, quien rápidamente se presentó en el lugar, ha señalado que va a esperar las pericias, pero que cree probable que se trate de Facundo tras ver los restos hallados y, sobre todo, después de encontrar ella misma una zapatilla de su hijo en perfecto estado a 30 metros. Uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, dijo sobre el cuerpo encontrado que “no existe la posibilidad de que se haya ahogado allí ”, sino que “fue plantado”. Se está ante una típica operación macabra propia de la “maldita policía”, es decir, de la bonaerense.

Fueron pescadores los que, accidentalmente y sin proponérselo, denunciaron la aparición de un cuerpo en un cangrejal en cercanías de la ruta nacional 3, entre los límites de Villarino y Bahía Blanca, el pasado sábado 15 de agosto. Mientras tanto, cuatro fuerzas federales estuvieron abocadas a las tareas de búsqueda de Facundo, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El Ministerio Público Fiscal, a través de un fiscal federal y el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, completaron el aparato de búsqueda que no consiguió hasta la fecha ningún resultado positivo.

Es más, sobre el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pesa la denuncia de su rol cómplice con la bonaerense para frenar la investigación. Sospecha que se agiganta al tener en consideración su pasado de colaboración con partícipes del genocidio de la última dictadura. Desde Izquierda Socialista acompañamos el reclamo de Cristina Castro a favor de la remoción de este fiscal nefasto, al que el gobierno del Frente de Todos ha dado la espalda.

La familia, junto con sus letrados, vienen señalando a la bonaerense y al ministro Sergio Berni como los responsables, acusando al ministro de Seguridad de Kicillof como un claro encubridor. Incluso Berni salió a rasgarse las vestiduras señalando que nadie probó la vinculación de la bonaerense con el hecho y amenazó a los abogados de la familia de Facundo.

La desaparición de Facundo y su posterior búsqueda estuvieron atravesadas por un entramado de pistas falsas y diversas “posibles hipótesis” que solo buscaron, desde un primer momento, tratar de desviar la investigación para que la causa de Facundo termine en un lodazal, parecido al lugar donde se encontró un cuerpo que será examinado por el Equipo de Antropología Forense. La bonaerense, donde todos los cañones apuntan, y que tiene a la familia de Facundo y sus abogados en la mira como los principales responsables de su desaparición, se encargó de plantar falsos testigos no sin antes impedirle a Cristina Castro hacer la denuncia de la desaparición de su hijo, que recién fue tomada luego de cuarenta días de infructuosos esfuerzos.

El presidente Alberto Fernández en más de una ocasión declaró su preocupación y la “necesidad de que la Justicia vaya a fondo” y que “necesitamos saber qué pasó con Facundo”. Estuvo en la misma sintonía con el gobernador Kicillof y el ministro Berni, que prometieron una y otra vez “hacer todos los esfuerzos para dar con el joven”. Promesas que han caído en saco roto.

Todas las pruebas o indicios fueron aportados por la familia, los abogados y los peritos de parte que, a todo pulmón, a pesar de trabas y hasta amenazas, fueron hilando un entramado de mentiras que buscaba el encubrimiento de la bonaerense.

A Facundo lo desapareció la policía bonaerense, al mando de Sergio Berni, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof. Aquí están los principales responsables de este repudiable y atroz crimen y posterior encubrimiento, que tiene su continuidad en los gobiernos "democráticos", la desaparición forzada de personas. Como afirmó el abogado Aparicio, la responsabilidad de la bonaerense y Berni es clara, pero además “Facundo sufrió las consecuencias de un decreto, el 297/20, que faculta a la policía a que te detengan y te lleven a tu casa”. El gobierno es responsable del empoderamiento de la policía por decreto y por las arengas de Berni al comienzo de la cuarentena. El caso de Facundo se enmarca en los 92 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad desde que ese decreto fue sancionado.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguimos acompañando a los familiares reclamando saber qué hicieron con Facundo y participaremos de las actividades discutidas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Repudiamos el encubrimiento de Berni, adherimos al reclamo ¡fuera Berni! realizado por la mamá de Facundo y señalamos que la bonaerense y el gobierno son los responsables.

Escribe Martín Fú

A todo esto, el diputado Máximo Kirchner dijo que lo que pasó con Facundo Castro es distinto del caso de Santiago Maldonado. Habló de “miserabilidades de la política”, haciendo referencia a quienes comparan ambos hechos. Mientras tanto, en las redes sociales miles opinan que se trata de desapariciones forzadas, incluso muchos simpatizantes del propio gobierno nacional.

Máximo Kirchner asegura que la muerte de Maldonado ocurrió “en medio de una represión”. Estamos de acuerdo, ¿pero con Facundo qué sucedió? Como dijo su madre: “A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena”. Es decir que hubo un accionar policial represivo que lo hizo desaparecer. ¿Qué sería esto para Máximo Kirchner? También afirmó que con Maldonado hubo una política para ocultarlo. ¿Y con Facundo Castro acaso no hubo una política de encubrimiento a la bonaerense por parte del ministro Berni? Por eso Cristina Castro le está pidiendo la renuncia. El abogado Leandro Aparicio viene denunciando que “hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto”.

Máximo Kirchner asegura que “confía en Kicillof”, mientras el gobernador se la pasa diciendo “no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación”. Pero él es es el jefe político de Berni, el máximo defensor de la policía. Y es el propio gobierno peronista el que hizo oídos sordos al reclamo de la madre de Facundo, que pedía remover al fiscal de la causa por ser cómplice del encubrimiento.

Lo cierto es que Facundo Castro es víctima de una desaparición forzada de persona por parte del accionar de una fuerza represiva del aparato estatal, como lo es la policía bonaerense.

Por eso insistimos en el doble discurso de un gobierno que se define defensor de los derechos humanos. Ya en muchas provincias, con gobernadores afines a Alberto Fernández y al peronismo del Frente de Todos, vienen ocurriendo tremendos casos de gatillo fácil, asesinatos y represión (hay más de noventa muertes registradas a manos de la policía durante la cuarentena), ante los cuales venimos reclamando castigo para todos los responsables materiales y políticos. El caso de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido a manos de la policía tucumana de Manzur en mayo de este año, es un ejemplo actual.

Y no es algo sólo de la gestión de Alberto Fernández. Desde 2003 hasta 2015, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se registraron setenta casos de desapariciones forzadas de personas. Algunas de las más emblemáticas fueron las de Julio López, en La Plata (2006), y la de Daniel Solano en Río Negro (2011). La bonaerense volvió a figurar en el caso de Luciano Arruga el 3 de febrero en 2009, cuyo cuerpo recién apareció en 2014 como NN.

A modo de recordatorio, y para clarificar los dichos de Máximo Kirchner acerca de la violencia institucional y la represión de los gobiernos, en este caso durante las gestiones peronistas kirchneristas, tenemos el informe de Correpi, con 3.070 personas asesinadas por la represión estatal durante 2003-2015, teniendo a la Policía Federal y a la bonaerense como los principales ejecutores. La cifra representa el 65% del total de los casos de violencia institucional desde 1983.

Tanto Santiago Maldonado como Facundo Castro fueron víctimas de la violencia institucional encarnada por los gobiernos de turno, Maldonado con Macri, de Cambiemos, y Facundo con Alberto Fernández, del Frente de Todos. Esa es la realidad, por más que Máximo quiera hacer malabares para negarlo.