Escribe José Castillo

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y , por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¡estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpora en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y ,como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.

Escribe Claudio Funes

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Romina del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), en nombre del Frente de Izquierda Unidad, para que se proceda a la expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece la defensa de la continuidad laboral y el pago integral de los salarios a todos los trabajadores, así como la defensa del convenio colectivo de trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una comisión investigadora –elegida por los trabajadores– para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación de todos los ilícitos y maniobras fraudulentas cometidos por la empresa.

A continuación, resaltamos los artículos más importantes del proyecto:

Artículo 1º.– Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group.

Art. 2°.– Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding [...]  

Art. 3°.– Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de Vicentin S.A.I.C., Vicentin Family Group y firmas dependientes de ambos grupos societarios.

Art. 4°.– La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Art. 6°.– Se constituirá una comisión investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden.

Art. 7°.– Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden.

Escribe Claudio Funes

La intervención estatal al gigante agroexportador Vicentin, así como el posible envío al Congreso de un proyecto para su expropiación por parte de Alberto Fernández, ha desatado los temores de las grandes patronales hasta el límite de la histeria.

A través de la prensa escrita, radio y televisión se han dado oscuras previsiones, debates y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Uno de los que mejor expuso esta preocupación fue Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Macri. Auguró que el país será “como Venezuela, que empezó con un latiguillo, como era la frase tragicómica de Chávez con el ‘exprópiese’”. Estos sectores patronales quieren usar el evidente fracaso del chavismo para cuestionar las estatizaciones.

¿Qué pasó en Venezuela?

El fracaso del chavismo no radica en las estatizaciones. Es lo contrario. El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo justicia social, democracia participativa y anunciando que iba a revertir la entrega de la industria petrolera a capitales transnacionales.

Pasados más de veinte años, el tiempo sobra para hacer un balance. El chavismo realizó una intensa campaña diciendo que bajo su gestión la industria petrolera fue renacionalizada. ¿Esto fue así? La realidad es la opuesta, el chavismo tiene la responsabilidad de haber aumentado la inserción de las transnacionales petroleras.

En 2006, con el nombre “Plena Soberanía Petrolera”, se anunció el plan mediante el cual se podrían asociar a Pdvsa capitales privados. Surgió así el formato de la empresa mixta. Las primeras en firmar fueron Chevron, Repsol, Shell, Total, Petrobras y Exxon Mobil, entre otras. Las empresas mixtas resultaron ser organizaciones totalmente autónomas que declaran las ganancias a sus accionistas. Al mismo tiempo, Chávez rechazó cualquier tipo de gestión o cogestión obrera dando como excusa que el petróleo es una industria estratégica. No podía ser de otra manera. Ya que la otra cara del acuerdo con las saqueadoras fue el compromiso de Chávez para hundir el convenio colectivo de trabajo y las conquistas de los trabajadores petroleros para garantizar más ganancias a las multinacionales.

La realidad fue entonces que, más allá de ciertos roces, Chávez jamás rompió con el imperialismo. Mantuvo la empresa Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de Pdvsa, con 13.500 estaciones de servicio en los Estados Unidos y le continuó enviando miles y miles de barriles al “imperio”.

Lo que fracasó y llevó al colapso a la propia industria petrolera venezolana fue este esquema de empresas mixtas. Las importaciones de derivados del petróleo como la nafta superan las exportaciones, pese a que Venezuela tiene uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. Esta es la razón por la que llegan a Venezuela barcos de Irán con combustible. A eso llevó el saqueo.

Por estatizaciones del 100 %

Lo que Chávez nunca quiso hacer es echar a las multinacionales petroleras y que el Estado tome el control de la mayor fuente de riqueza de Venezuela, el petróleo. De hecho, el chavismo planteaba la empresa mixta con una mayoría estatal de 51% y el resto en manos del capital transnacional asociado. El pueblo venezolano y miles de luchadores antiimperialistas del mundo creían que efectivamente Chávez había nacionalizado el petróleo. Por eso fueron justamente nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad (sección venezolana de la UIT-CI), los que se vieron obligados a agregar el número 100% para exigir una verdadera estatización del petróleo. Era la forma de lanzar una consigna contrapuesta al engaño del 51% del chavismo. Así popularizaron “por una Pdvsa 100% estatal dirigida por sus trabajadores” como la única medida que permitiría acabar con el saqueo a un país capitalista y semicolonial. La gestión y el saqueo de esas empresas mixtas fueron justamente los que arrastraron al pueblo venezolano a este presente de ajuste y hambre.

“¡Exprópiese!”, el latiguillo del que habla Etchevehere, fue pronunciado por Chávez en varias ocasiones luego de su reelección en 2006, en especial refiriéndose a algunas empresas industriales. La experiencia fue un fracaso. Las llamadas “expropiaciones” no fueron más que compras a precios siderales que no trajeron ningún beneficio para sus trabajadores ni para el país. En la mayoría de los casos se trató de pura propaganda, y en otros fue la vía libre para el saqueo con el citado esquema de empresas mixtas.

Muchas de estas empresas “expropiadas” hoy están cerradas, semiparalizadas o en crisis terminal. Esto fue consecuencia también de quienes se hicieron cargo de la administración: burócratas, “boliburgueses”, sin ninguna participación ni respeto por los convenios de los propios trabajadores. Nuestra propuesta siempre fue la inversa, que la gestión deben realizarla los propios trabajadores. Ellos son los que tienen los conocimientos y capacidades para ponerlas en marcha. Como ya se había visto en la propia Venezuela en 2003, ante el lockout en la mismísima industria petrolera, fueron sus propios trabajadores, con el fortísimo protagonismo de dirigentes sindicales del PSL, como Orlando Chirino y José Bodas, los que la pusieron en marcha.

¿Y por casa?

En la Argentina, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner se produjo la expropiación parcial de YPF. El proyecto de ley impulsado por el FpV planteaba que la petrolera continuaría siendo una sociedad anónima, que cotizaría en Bolsa y que, por lo tanto, debería atender la orientación exigida por los accionistas privados. La empresa mixta, una vez más, es el artilugio para que el Estado se haga cargo de las pérdidas, y los privados, de las ganancias. Hoy estamos ante el mismo peligro con la propuesta del gobierno peronista de que Vicentin pueda ser una empresa mixta con el 51% estatal.

La gestión del peronismo kirchnerista presentó la “reestatización” de YPF como “la recuperación de la soberanía petrolera”. Repsol recibió 5.000 millones de dólares en bonos y los saqueadores mantuvieron vía libre para seguir haciendo negocios, como quedó demostrado posteriormente con la escandalosa entrega a Chevron.

A partir de su fundación (1922) YPF, a medida que exploraba y encontraba yacimientos, promovía la apertura de escuelas, caminos, hospitales y viviendas. Sus redes de estaciones de servicio cubrían todo el país hasta los rincones más lejanos. En el rubro exploración llegó a tener dos plataformas marítimas de primer nivel mundial. En su momento fue también pionera en la construcción de refinerías. YPF estatal fue un modelo para toda Latinoamérica, con su asesoramiento se fundaron empresas estatales de petróleo en Brasil, Bolivia y Perú. Al igual que el ferrocarril, YPF integraba la nación. Este ejemplo demuestra que la propiedad estatal puede ser eficiente y satisfacer las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista seguiremos reclamando por retomar el control de las riquezas del subsuelo y colocarlas al servicio de los sectores populares con una YPF 100% estatal y dirigida por sus trabajadores.

Lo mismo exigimos para Vicentin y todas las actividades que hoy están en manos del gran capital y las multinacionales, como el comercio internacional de granos y alimentos, la energía eléctrica, la distribución de gas, los ferrocarriles, la educación y la salud, hoy escamoteada en plena pandemia. 

Todas estas actividades esenciales deben estar al servicio de satisfacer las necesidades populares y no ser fuente de ganancias para los capitalistas. Solo con la estatización sin indemnización y el control de los trabajadores alcanzaremos la soberanía política y económica.

Fuente: ¿Por qué fracasó el chavismo? de Simón Rodríguez Porras y Miguel Sorans. Editorial Cehus

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional continúa extendiendo el aislamiento social. Pero con cada nuevo plazo se “oxigena” y flexibiliza la cuarentena. Cada vez más actividades se van abriendo y se suman miles de trabajadores a sus puestos de trabajo. La cuarentena, se va “disolviendo” para volver a la producción, junto con la apertura masiva de industrias y comercios. Mientras tanto, y en particular en el AMBA y en el Chaco, los números de contagiados nos indican que todavía no hemos llegado ni siquiera al pico de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández dice estar preocupado y deslizó la posibilidad de volver a la primera fase. Fernández, Larreta y Kicillof se tiran la pelota y hasta culpan a los mismos vecinos de “no cuidarse”. Pero hasta el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se contagió y sonaron las alarmas entre los funcionarios.

Tenemos que ser claros: La cuarentena pierde fuerza por dos motivos. El primero es que, más allá de las conferencias de prensa, el gobierno nacional -primer responsable- y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires (Kicillof) y CABA (Larreta) le ceden todo el tiempo a las presiones de las patronales y autorizan más y más aperturas, obligando en cada caso a miles de trabajadores a movilizarse hacia sus trabajos, con el consiguiente riesgo de contagio también en los medios de transporte.

El segundo motivo es la imperiosa necesidad de salir a “ganarse un peso” de decenas de miles de sectores populares que ya no tienen que comer. Por eso el crecimiento exponencial de los contagios viene teniendo como epicentro a los barrios más humildes y marginados de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que nuevamente muestran lo vulnerable que es vivir en la pobreza. En CABA, la Villa 31 de Retiro y los barrios de Flores, Lugano y Villa Soldati están a la cabeza. En la provincia de Buenos Aires Villa Azul e Itatí en Quilmes, y Don Torcuato y Tigre en zona norte, son las que poseen más personas afectadas. El hacinamiento, la falta de agua potable, las carencias históricas en infraestructura, la precariedad e informalidad laboral de sus vecinos hacen que los más humildes sean los principalmente expuestos al contagio del Covid-19. La pobreza, muy a pesar del “olvido” de los gobiernos, es un factor de riesgo del que no quieren hablar.

Los trabajadores de la salud siguen siendo la población laboral con más contagiados, 10% de la masa total. El virus no discrimina entre quienes trabajan en el sistema de salud pública o en el de la privada, ambas denunciadas por los propios trabajadores, quienes siguen reclamando insumos esenciales que, en muchos casos, ellos mismos compran, al no recibir barbijos o desinfectantes de parte de las clínicas, los sanatorios o los hospitales. Los geriátricos siguen siendo el eslabón más débil, donde nuestros viejos se contagian.

El sector industrial, que como dijimos más arriba viene “normalizando la producción”, no es ajeno a los contagios. Las patronales desde marzo vienen presionando para liberar la mayor cantidad de ramas de producción y no han invertido un peso en desarrollar y aplicar un protocolo ante el Covid-19. El Sutna paró por los infectados que hay en FATE y por el incumplimiento del protocolo de seguridad. Mondelez Pacheco tiene al turno noche con una gran cantidad de trabajadores con Covid-19. Los empresarios, ávidos de que todos vuelvan a sus puestos, no garantizan las condiciones mínimas y necesarias de higiene y seguridad, al mismo tiempo que aplican rebajas salariales, mientras la burocracia sindical mira para otro lado a pesar de las denuncias. La amenaza de no pagar el aguinaldo, o de hacerlo en cuotas, es otro de los temas que se viene instalando en los últimos días, como si los trabajadores no tuvieran motivos para preocuparse o acrecentar su bronca ante el riesgo de contagio que involucra tener que viajar en el transporte público en medio de la pandemia, o estar en el lugar de trabajo, donde día a día los casos positivos van creciendo.

El problema central, entonces, no es el running, más allá de lo discutible de la medida tomada por Larreta que provocó que miles salieran a correr por las calles porteñas. O las irresponsabilidades de algunos pocos que rompen la cuarentena sin motivo, hecho que también hay que repudiar.

Seguimos insistiendo: estamos por una cuarentena sin hambre ni despidos. Para poder garantizar esto hace falta más dinero para salud e infraestructura. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad proponemos que sea sobre la base de un fondo de emergencia que proceda de un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales, las multinacionales y el no pago de la deuda externa. Hay que priorizar el presupuesto para salud, con salarios dignos para sus trabajadores y que no falten insumos. Otorgar 30.000 pesos a los que menos ganan, alimentos para quienes los necesiten y condiciones dignas para los barrios más postergados. Prohibir efectivamente despidos y suspensiones y que no se rebajen los salarios. Que la crisis la paguen los patrones, no los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El 10 de junio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que se busca fortalecer el sistema de salud privado para hacer frente al pico de contagios que se espera en julio.

Para ello, el gobierno meterá sus manos en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos bonaerenses. Le robará 400 millones de pesos mensuales para sostener sueldos y gastos del sector de la salud privada. Rescatará a los mismos capitalistas que cobran aranceles por encima del IOMA y que año tras año obtuvieron ganancias millonarias.

Junto con el ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof anunció cínicamente la “integración” de los sistemas de salud público y privado bonaerenses.

“La pandemia golpeó al sector privado y llevó a las empresas a un estado de insostenibilidad”, dijo Kicillof,  y continúo: “No nos podemos dar el lujo de que en medio de una pandemia las empresas empiecen a quebrar”.

Nuevamente el doble discurso para hacer pasar una verdadera estafa a los trabajadores que profundizará el vaciamiento del IOMA.

Con total impunidad, el gobernador se justificó manifestando que el dinero sale del “ahorro” realizado por el instituto. Lo que afirma es una falacia, ya que una obra social no es una empresa, no debe tener superávit, debe mejorar permanentemente sus servicios. No es ahorro, es subejecución del presupuesto.

Es el mismo Kicillof que no tuvo empacho en pagar 250 millones de dólares a los buitres con el dinero de 280.000 docentes, a quienes no les abonaron el porcentaje de la cláusula gatillo correspondiente a diciembre. 

Según datos oficiales de 2019, el IOMA tiene más de 2.6 millones de afiliados. Con el 4,8% del sueldo que aportan los trabajadores afiliados y otro 4,8% que paga el Estado como empleador, el presupuesto de 2019 superó los 53.000 millones de pesos. Como se puede apreciar, no es dinero del Estado, es de los trabajadores afiliados.

Con tamaño presupuesto, las prestaciones deberían ser de excelencia. Pero no es así, el estado provincial, en vez de actuar como simple agente de retención, dispone del propio dinero de los trabajadores a su arbitrio. 

La obra social viene sufriendo, desde hace años, un  grave deterioro en sus coberturas. Redujo las prestaciones y pone trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. Adeuda pagos a profesionales que, como consecuencia, dejan de atender a los afiliados.

Se demoran las internaciones, se rechazan solicitudes, tardan meses para autorizar tratamientos oncológicos, de diabetes y enfermedades autoinmunes que, en el marco del aislamiento, agravan todas estas situaciones.

El vaciamiento del IOMA no es de ahora, es una política permanente que han llevado adelante todos los gobiernos peronistas de la provincia, incluyendo a Vidal, y ahora a Kicillof.

Se replica la política de Alberto Fernández, les quitan a los trabajadores para subsidiar a los capitalistas.

Esta política vaciadora y criminal que se traduce en la muerte de compañeras y compañeros es acompañada desde hace años por la burocracia traidora del Frente de Unidad Docente Bonaerense y, principalmente, por el Suteba de Roberto Baradel.

Desde Izquierda Socialista reclamamos que los fondos del IOMA estén al servicio de sus afiliados y que cubran todas las prestaciones médicas que hoy se les niegan, y que el instituto sea administrado solo por sus trabajadores y afiliados. 

Oponiéndonos por el vértice a la política de Kicillof, afirmamos que para luchar eficazmente contra la pandemia  es necesaria la creación de un fondo de emergencia que se financie con un impuesto a las grandes empresas, bancos y multinacionales, sumando a esto el no pago de la deuda externa. Junto con esta medida se debe nacionalizar la salud privada para que el Estado pueda integrar y centralizar de verdad todos los recursos disponibles para que no falte una cama ni un respirador.