Entrevistamos a José Guzmán, referente del barrio Picaluga, de González Catán, y a Alfredo Méndez, de Rafael Castillo, ambos de La Matanza, para que nos comenten la situación que se está viviendo en sus barrios.

Entrevista a José Guzmán

ES– José, ¿cómo es la situación que se está viviendo en Picaluga?

JG– Por mi barrio realmente falta comida. No aparecen las autoridades para dar respuesta a la necesidad de la gente. También hace falta trabajo. Esto no es un problema que empezó con el coronavirus, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es una primera necesidad, y el municipio de Espinoza tiene que resolverlo.

ES– ¿Se organizaron de alguna forma para conseguir alimentos?

JG– Sí. Varios vecinos vinieron a verme a mi casa preguntando cómo podíamos hacer para conseguir comida. Nos hemos movilizado con unos cuantos de ellos a la delegación municipal de González Catán, pero fue en vano. Nos dijeron que nos anotemos por WhatsApp para recibir un bolsón. Nosotros ya nos habíamos anotado pero no nos llamaron nunca. Al menos en mi barrio, y creo que así será en otros, los vecinos no creen en el municipio. Ellos se burlan de la situación, de cómo está la gente. Es una vergüenza.
Nos terminamos organizando entre los vecinos y con la ayuda de los compañeros.

Entrevista a Alfredo Méndez

ES– ¿Cuál es la visión de la situación que tenés de lo que pasa en tu barrio?

AM– Lo primero es que la comida no alcanza. Lo que debería garantizar el municipio a través de Desarrollo Social y de Espinoza es totalmente insuficiente. El problema se ha agravado con las semanas. Es terrible lo que tienen que hacer los vecinos para recibir comida. En un principio solo daban bolsones a los que ya recibían previamente algún tipo de plan. Acá en Castillo esa gente hacía colas de cinco, seis y siete horas. Después, para los que no reciben planes, se habilitó un número de WhatsApp al que tenías que llamar para que te den un turno y retirar en algún club o sociedad de fomento del barrio la comida. Lo que pasó es que a la gran mayoría de esa gente no le contestaban el mensaje, el sistema colapsó totalmente. Así te encontrabas con un montón de vecinos.

ES– ¿Qué solución buscaron los vecinos?

AM– Muchos empezaron a buscar comida deambulando por comedores de distintas organizaciones, pero en todas había una lista de espera enorme. Otros fueron a golpear las puertas de las escuelas. En algunas les dieron comida, pero en muchas ni siquiera les alcanzaba para darle a sus alumnos. Así, muchos vecinos quedaron a la deriva. Empezaron organizando ollas populares en las casas arriesgándose al contagio, dando de comer a decenas de personas.

ES– ¿Cómo analizás las respuestas que dieron Espinoza y el PJ a la situación?

AM– Desastrosa. Mientras los vecinos hacían colas larguísimas para recibir alimento y algunos no sabían si lo iban a recibir se vio, y está registrado en filmaciones, cómo punteros del peronismo en Laferrere salían con varias bolsas de comida por otra puerta. Totalmente indignante.

Es muy preocupante que en el marco de una pandemia, en la que se aconseja que te quedes en tu casa, la gente tenga que salir a buscar comida por todos lados porque el municipio no lo garantiza. A eso le tenés que sumar los despidos, las suspensiones, las rebajas de sueldos y la situación de la salud. Acá los hospitales y las salitas no dan abasto y hay muchos médicos infectados. La situación es desastrosa.

Escribe Ariel Napoli

Al momento de escribir esta nota son 519 los casos de Covid-19 confirmados en las villas de la ciudad de Buenos Aires y en más de 400 del conurbano. En todo el área metropolitana de Capital y Gran Buenos Aires ya tuvimos que lamentar treinta muertes en las zonas más vulnerables.

La villa más afectada es la 31, de CABA, donde se calcula que viven 60.000 personas. Allí en pocos días se pasó de tres casos a casi cuatrocientos. Los vecinos estuvieron una semana sin agua, lo que dificultó enormemente la higienización. Una verdadera barbaridad a la que AYSA y su titular, Malena Galmarini, (esposa de Sergio Massa) dieron una respuesta absolutamente tardía.

La necesidad hace que los vecinos salgan a vender objetos personales en los pasillos de los barrios, a intercambiarlos mediante trueques o, simplemente, a deambular en búsqueda de comida. Los que tienen la suerte de conservar su trabajo lo hacen en lugares donde las patronales no aseguran las condiciones de seguridad adecuadas y por eso trasladan el virus a los barrios, diseminándose rápidamente debido al estado de hacinamiento en el que viven. 

La situación de pobreza, a la que el gobierno nacional sigue sin dar respuesta (el IFE de 10.000 pesos es totalmente insuficiente, muchos no lo cobraron y otros tantos fueron rechazados) y las condiciones de hacinamiento generan una combinación explosiva que  provoca que el virus se propague en los barrios más vulnerables con una velocidad alarmante. Es hora de que el gobierno nacional, Larreta en CABA, y Kicillof en Buenos Aires tomen cartas en el asunto. En el caso de CABA, se deben usar los hoteles donde estuvieron internados los repatriados para aislar de forma real a los infectados de los barrios populares. Hay que garantizar los elementos de limpieza necesarios y el suministro de agua en todos los barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Para combatir en serio la pobreza el gobierno nacional debe asegurar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos que se cobre por persona y no por grupo familiar y que se pague mensualmente. Para llevar adelante estas medidas se debe tomar una decisión política, tocar los intereses de las grandes empresas que operan en el país en lugar de seguir beneficiándolas. Se necesita un fondo de emergencia de inmediato, en base a impuestos especiales a las grandes empresas, multinacionales y el no pago de la deuda externa para combatir la crisis del coronavirus. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sectores populares. 

Escribe Ana Val

El gobierno de Alberto Fernández ratificó nuevamente que la suba de las jubilaciones será otorgada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Así será hasta fin de año, mientras se determina una fórmula de actualización “razonable”.

El último incremento fue otorgado en marzo, también por decreto. Allí Fernández estableció una suma fija de 1.500 pesos para todo el universo de haberes con el agregado de un 2,3 por ciento. Se reemplazó así el incremento de 11,56 por ciento, sin distinción de rangos, que hubiese correspondido si se aplicaba la suspendida ley de movilidad de Macri. 

De esta forma, lo que terminó sucediendo es que los que menos ganaban (16.195 pesos) cobrasen más que si se hubiese aplicado la fórmula de movilidad suspendida y, por el contrario, los que percibían más de esa cifra terminaron cobrando mucho menos. En síntesis, comenzaba el achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios. Cerca de 2,7 millones de jubilados que no ganamos la mínima nos vimos perjudicados con esta medida. 

Alberto Fernández  justificó la medida diciendo: “La fórmula de movilidad de Macri es impagable, los jubilados no van a cobrar nunca ese dinero”. Lejos quedaron sus promesas  de “cuidar a los abuelos” y “poner plata en el bolsillo de la gente”. Todo lo contrario, este año el gobierno, a través de este decreto, nos robó, una vez más, 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Cuando se trata de incrementos para los jubilados lo razonable difiere de la razón que aplica para dar, sin titubeos, toneladas de dinero a los verdaderos “planeros”: grandes empresarios y multinacionales. 

El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, manifestó al respecto: “De confirmarse los aumentos por decreto para el resto del año, se estará materializando el sueño de Domingo Felipe Cavallo, ratificado por los organismos multilaterales de crédito y la anterior administración: reemplazar el beneficio jubilatorio por un subsidio cuyo monto será decidido por el poder discrecional del gobernante de turno. El jubilado dejará de ser un sujeto de derecho para convertirse en un mero súbdito electoral”. 

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) repudiamos que el aumento nos lo den por decreto. Exigimos el 82% móvil correspondiente a la categoría en la que nos desempeñamos al momento del retiro y que ningún haber esté por debajo del valor de la canasta del jubilado. 

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Escribe Ambiente en Lucha – Juventud de Izquierda Socialista

Pese a que millones de personas se encuentran cumpliendo la cuarentena, cada vez son más las denuncias y los permisos que el gobierno de Alberto Fernández concede a las grandes multinacionales extractivistas. A partir del decreto 450/2020, impulsado por Cabandié y el lobby minero, se habilitan las actividades vinculadas con la producción, distribución, comercialización forestal y minera, dando lugar a que la actividad de las megamineras contaminantes y el agronegocio continúe. Como ya dijimos, este gobierno de doble discurso llegó para profundizar los proyectos extractivistas que contaminan el ambiente, como la megaminería, el fracking, la deforestación, el monocultivo y el uso de agrotóxicos.

Durante la cuarentena han aumentado las denuncias de deforestación sufridas en el Norte de nuestro país. Los gobernadores Insfran, Zamora y Capitanich son los responsables de este avance en la deforestación en plena cuarentena, donde ya se perdieron más de 9.000 hectáreas, un poco más de 200 hectáreas por día. Esto va de la mano con los permisos que el gobierno concede para el uso de agrotóxicos. El avance de la frontera del agronegocio sigue arrasando los bosques autóctonos de nuestro país. ¿Cuál es el negocio? Imponer el monocultivo para que los grandes terratenientes y latifundistas ganen millones a costa de la destrucción ambiental.

El retorno de la minería es otro privilegio que le otorga el gobierno a las megamineras contaminantes en medio de las luchas contra la actividad, como la triunfante rebelión mendocina en defensa del agua y el ambiente o la que, a pesar de la cuarentena, llevaron adelante en Esquel contra el peronista de confianza y amigo del presidente, Arcioni, gobernador de Chubut, que no solo avanza con la megaminería, sino que además precariza, despide y adeuda salarios a cientos de trabajadoras y trabajadores.

Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, impulsó la quita de aranceles a las importaciones de insumos para la fabricación de agrotóxicos. El mismo Felipe Solá que fue secretario de Agricultura durante el gobierno de Carlos Menem y abrió las puertas a multinacionales como Monsanto para impulsar el agronegocio en el país. Esta reducción de aranceles sirvió de modelo para que la imiten otros países que integran el Mercosur, demostrando la política a favor de los agronegocios en el resto de los países del cono Sur.

Crece en todo el mundo un movimiento ambientalista que lucha directamente contra los intereses de los grandes capitalistas que intentan avanzar sobre los recursos, esto se ve en las masivas huelgas mundiales por el clima. Desde Izquierda Socialista creemos que hay que seguir luchando para poner fin a la megaminería a cielo abierto, a la tala indiscriminada y por la prohibición de los agrotóxicos. ¡Fuera Monsanto y Barrick! En defensa de los pueblos fumigados. Nos unimos en la lucha por un ambiente sano y por una producción racional al servicio de las necesidades populares.

Editorial

El próximo domingo vence una nueva prórroga de la cuarentena. Está claro que, mientras el gobierno sigue diciendo “no hay que tirar lo hecho por la borda”, ha decidido hacerse cada vez más eco del reclamo de los empresarios de “flexibilizar la economía”. No porque a los grandes capitalistas les interese dar trabajo o aumentar los salarios, sino para hacer sus consabidas ganancias. Es cierto también que distintos sectores populares o pequeños comerciantes están obligados a romper la cuarentena para conseguir su sustento diario, precisamente porque el gobierno ya dejó de destinar partidas a atender la emergencia social, para tener como prioridad salvar a las grandes empresas y multinacionales de la crisis y seguir con la renegociación de la deuda para pagarle de manera “sustentable” a los usureros internacionales. Todo esto en vez de volcar fondos de las riquezas de los millonarios, las grandes empresas y los acreedores para enfrentar al Covid 19.

Denunciamos que en medio de la cuarentena y entre cuatro paredes (en reuniones en la Quinta de Olivos o hasta por Skype) la UIA y los burócratas sindicales, por supuesto sin consultar a sus bases, hayan acordado una rebaja del 25% del salario de millones de trabajadores que no están prestando servicios esenciales. Estamos hablando de la UIA, Techint, Magnetto y otros representantes de la crema de los empresarios. Por su parte, Héctor Daer de la CGT ha defendido públicamente el acuerdo diciendo que ha sido “una contribución para que no haya despidos”. Un caradura total, porque desde hace años vienen pactando salarios a la baja y dejando pasar los despidos y suspensiones. Otros, como Hugo Yasky (que posa de dirigente sindical “progre”) ha dicho que sobre el tema hubo un error de comunicación, ya que lo ideal hubiera sido transmitir que “se mantiene el 75% de los salarios” en vez de que se recorta el veinticinco. O sea, hablar en modo doble discurso como lo hace el gobierno, que también defiende el recorte, con un brutal ajuste, de los ya magros ingresos de la clase obrera en plena pandemia. Y avala esas rebajas desde el Ministerio de Trabajo. Es decir que hay en curso un pacto entre la UIA, burocracia sindical (CGT/CTA) y gobierno para atacar a millones de trabajadoras y trabajadores. Uno se podría preguntar, ¿dónde quedó entonces el (doble) discurso del gobierno de Alberto Fernández diciendo que venía a gobernar para los más vulnerables?

Otro tanto se acaba de hacer con el tema de la deuda externa. El gobierno se aseguró dos solicitadas de gobernadores e intendentes apoyando la actual renegociación de los pagos. Y este lunes se sacó la foto en Olivos con la UIA y los dirigentes sindicales para tal fin. Reunión de la que participaron el titular de la UIA, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción. La delegación de la CGT estuvo encabezada por sus secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, y los integrantes de la mesa directiva Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Armando Cavalieri, Víctor Santa María, José Luis Lingeri y Antonio Caló. La reunión tuvo “uniformidad en el respaldo, sin voces disonantes”, dijeron los medios. A tal punto que el titular de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi sorprendió a todos señalando: “Nunca estuve de acuerdo con los gobiernos populistas pero le tengo que decir, señor ministro, que nadie hizo tanto en estos 45 días por el mercado de capitales como usted”, refiriéndose al titular de Economía Martín Guzmán. Más que un gesto, todo un reconocimiento. Esto vale para hacer reflexionar a aquellos que puedan creer que este gobierno está decidido a embestir contra los grandes capitales o que la reestructuración de la deuda va en desmedro de los bonistas y en beneficio del país. Sobre la oferta para pagarle a los pulpos acreedores el propio Guzmán, señaló: “No le pedimos a los bonistas que dejen de ganar sino que ganen menos”.

El gobierno y los empresarios usan la pandemia para justificar las rebajas salariales y los despidos. Hasta se permite a la patronal del Hospital Italiano rebajar el salario a los médicos. El gobierno de los Fernández no obligan a los de arriba, a los super ricos, a que aporten para fortalecer los servicios de salud y el apoyo económicos a los sectores populares. Todo esto va unido a la “demora” oficialista en presentar el proyecto de impuesto para gravar la riqueza como lo vino anunciando. Voceros del peronismo gobernante han dicho que lo presentaría en los próximos días y que el Congreso lo trataría en las próximas semanas. Pero mientras le roban un 25% del sueldo a millones de trabajadores con un pacto a espaldas del pueblo trabajador, el necesario impuesto a la riqueza duerme en los laureles. Justamente cuando es necesario que se aplique ya para destinar ese dinero a la emergencia. En los hechos, hoy el único proyecto concreto presentado para cobrarle impuestos a las grandes fortunas y empresas es el del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad rechazamos que el gobierno tenga como prioridad salvar las ganancias de las grandes empresas y el pago de la deuda externa. Seguimos apoyando los reclamos obreros, populares y de las mujeres junto al sindicalismo combativo (a diferencia de las traiciones de la CGT que pacta reducciones salariales y suspensiones y despidos). Llamamos a batallar para que en la cuarentena no se produzcan rebaja salarial, despidos ni suspensiones. Para que haya plata para los profesionales de la salud, a quienes todavía ni siquiera le dieron los miserables 5.000 pesos mensuales de plus, ni la protección e insumos que reclaman. Estamos por una cuarentena con comida, sin hambre, ni pobreza. Y que, para todo ello, como lo dijimos en el acto virtual del Frente de Izquierda Unidad este 1º de Mayo ante miles de luchadoras y luchadores, hay que imponer un Fondo de Emergencia con un impuesto especial y progresivo a las fortunas de los millonarios y las ganancias de bancos, grandes empresarios y multinacionales y así, junto al no pago de toda la deuda externa, se destinen los fondos suficientes para combatir la pandemia, la mayor crisis del coronavirus y la asistencia a los millones que lo necesitan.