Escribe Adolfo Santos

Nada va quedando del grandilocuente anuncio de Alberto Fernández acerca de la intervención y expropiación de Vicentin. Tras reducir primero todo al término “rescate”, finalmente no quedó en pie ni siquiera la intervención. Vicentin va quedando cada vez más como otro ejemplo del doble discurso del gobierno, “archivado” como el impuesto a la riqueza.

Al comienzo se iba a intervenir y expropiar. Luego se pasó a “dialogar” para “rescatarla”. Y ahora desaparece cualquier mención a la expropiación y se activa la propuesta del gobernador Perotti, de intervención vía la Inspección de Justicia de Santa Fe. Finalmente, y tal como era de esperar, se dejó todo en manos del juez de la causa de Reconquista, virtual peón de la familia Vicentin, que simplemente le “restituyó” el control y el gerenciamiento a sus antiguos dueños. No quedó en pie nada, ni siquiera la intervención, degradada meramente a la presencia de “veedores”, que no inciden absolutamente en nada. Y, por si faltara algo, el juez estiró la convocatoria de acreedores hasta agosto. ¿Qué dijo el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada. 

Todo es un escándalo. Más aún cuando cada día se conoce más la historia mafiosa de la empresa. Durante el gobierno de Onganía recibió extensas parcelas de tierra en la provincia de Santa Fe donde desarrolló sus actividades agrícolas sin pagar un peso; después, el tristemente recordado Martínez de Hoz le facilitó las condiciones para instalar el puerto que posee en Rosario, a cambio de lo cual fueron cómplices de la dictadura, veintidós trabajadores, catorce de ellos delegados sindicales, desaparecieron. Con Domingo Cavallo consiguieron la estatización de su deuda. Existen múltiples denuncias de comercio de triangulación, vía Paraguay, de contrabando de granos al exterior, pagos en negro y evasión de impuestos. En complicidad con altos funcionarios del Banco Nación, durante el gobierno de Macri, Vicentin obtuvo créditos que exceden sus garantías, dinero que habría ido a parar a paraísos fiscales, aunque la deuda con el Nación asciende a 18.000 millones de pesos. Con todo, amenaza con una quiebra fraudulenta que dejaría a miles de trabajadores en la calle, una gran cantidad de pequeños productores rurales sin cobrar sus cosechas y una deuda inmensa con el Estado. 

A pesar de todo esto el gobierno nacional hace silencio, da marcha atrás con la expropiación, no cuestiona que no exista ya la intervención ni a un juez que, a ojos vista, es parte de la maniobra de Vicentin. 

El 17 de junio se publicó una solicitada con el título “El movimiento sindical y Vicentin”, que expresa “el respaldo a la decisión adoptada por el presidente Alberto Fernández de proceder a la intervención del grupo Vicentin…”. Con la firma de Héctor Daer, Hugo Yasky, Ricardo Peidró, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Sonia Alesso y decenas de dirigentes, tanto la CGT como las CTA se alinearon incondicionalmente con el gobierno. No hay ninguna crítica, ni siquiera una exigencia de que la expropiación se concrete efectivamente, que alcance a la totalidad del grupo y que no sea meramente un “rescate” donde los capitalistas se salvan a costa de un Estado que se hace cargo de todas las deudas. 

A esto se le sumó una campaña de firmas de referentes del “progresismo”, motorizada por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, y que incluyó, entre otros, a Julio Gambina, Alejandro Bercovich y otros, titulada “Urge multiplicar el apoyo a Vicentin”. Planteada como campaña “contra la derecha”, ni siquiera le exigen al gobierno que avance con la expropiación. Apenas si terminan haciendo un tibio planteo para que Vicentin termine siendo “pública, no estatal, con control social”.

Tanto la solicitada de la burocracia sindical, como el llamamiento del “progresismo” terminaron demostrándose absolutamente inservibles. Es que ambos llamaron a confiar en el gobierno, a “fortalecerlo” en su decisión contra una “derecha” que se oponía. Todo este planteo quedó absolutamente en el aire cuando el gobierno terminó retrocediendo, haciendo desaparecer todo atisbo de expropiación y, finalmente, aceptando que ni siquiera hay una intervención a la empresa, sino apenas una desteñida figura de “veedor”.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad fuimos clarísimos desde el primer momento. Nunca depositamos confianza alguna en los dichos del gobierno. Por eso presentamos nuestro propio proyecto de expropiación en el Congreso. Al igual que lo que terminó sucediendo con el impuesto a las grandes riquezas, el doble discurso del gobierno quedó al descubierto. Ese proyecto es, al día de hoy, el único. El del oficialismo nunca existió. Siempre dijimos que había que expropiar Vicentin al ciento por ciento sin indemnización y bajo control de sus trabajadores y los pequeños productores. Ese, sin doble discurso ni medias tintas, será el primer paso para terminar con los negociados de los pulpos exportadores, que solo se completará con la nacionalización del comercio exterior.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Esta frase fue dicha la semana pasada por un delegado aeronáutico en el acto que se realizó al finalizar la ruidosa caravana contra el cierre de Austral frente al Aeroparque. “Yo voté a este gobierno pero no para que me quite el convenio colectivo ni desguace la empresa”, señaló. Se refería a la política del titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, puesto por el actual gobierno, que quiere fusionar Austral con Aerolíneas para quitarle conquistas a los trabajadores diciendo que necesita ahorrar, todo con el aval de Mariano Recalde, de La Cámpora, que apoya el ajuste para acabar con las “improductividades”, según dice, amenazando a los sindicatos aeronáuticos.

Otra queja parecida hacia el gobierno se da entre los trabajadores del frigorífico Penta, ya que el patrón que los despidió y no les paga los salarios es el empresario peronista kirchnerista Ricardo Bruzzese, y la policía bonaerense que los reprimió está al mando de Berni-Kicillof. Ahora exigen que se “expropie Penta”, pero el gobierno ya retrocedió con Vicentin mostrando que no quiere avanzar contra estos empresarios inescrupulosos.

Otros trabajadores que votaron a Fernández también empiezan a tener cierta decepción con el gobierno, como por ejemplo los profesionales y trabajadores de la salud, donde sigue cayendo muy mal que el gobierno anuncie “sus logros en salud”, o diga que “los hospitales están preparados” cuando la realidad muestra lo contrario. Lo mismo ocurre entre los que no van a cobrar el IFE de 10.000 pesos cada dos meses, al mismo tiempo que recuerdan la campaña del peronismo cuando prometía que iba a salvar “a los más vulnerables”. O los jubilados, a quienes les redujeron la mínima. O los centenares de mujeres que luchan por el aborto legal y escuchan al presidente diciendo que no va a presentar el proyecto porque “tiene otras prioridades”.

La gran mayoría de los trabajadores votó a Alberto Fernández y al Frente de Todos para sacarse de encima al ajustador Macri, pero empieza a haber sectores que lo cuestionan y se sienten decepcionados al ver que se niega a avanzar con medidas de fondo para que la crisis no la paguen los trabajadores.

Muchos se interrogan con razón cómo puede ser que el gobierno habló durante meses sobre la necesidad de imponer un impuesto a la riqueza y ahora archivó el tema. ¿Cómo puede ser que anunció la expropiación de Vicentin y después retrocedió? ¿Cómo puede ser que en medio de la pandemia el gobierno sigue mejorando la oferta a los bonistas en 12.000 millones de dólares mientras millones sufren la desocupación, la rebaja salarial y la pobreza?

A todos ellos les decimos que la razón de esto hay que buscarla en que estamos ante un gobierno que enarbola un discurso “progre” o “nacional”, pero aplica otra política, como se empieza a decir, “amaga con la izquierda y pega con la derecha”. Es decir, un doble discurso que hay que desenmascarar. Lo mismo pasó con el gobierno peronista kirchnerista en los doce años donde se beneficiaron la Barrick, Repsol, los bancos y se pagó puntualmente la deuda externa dejando 30% de pobres y 40% de trabajadores en negro bajo el discurso mentiroso de entonces, de que se estaba “redistribuyendo la riqueza”.

Una amplia franja obrera, popular, juvenil y del movimiento de mujeres no ve las soluciones prometidas por el gobierno. Es que para ello hay que imponer medidas de fondo que el Frente de Todos no va a tomar. Alberto Fernández lo justifica diciendo “soy peronista, no socialista”, o que está por un “capitalismo más productivo”. Con eso está señalando que su gobierno va a seguir manteniendo la estructura semicolonial y dependiente del país al servicio de las ganancias de las multinacionales, los bancos, los grandes empresarios y el FMI. Por eso hace buena letra con ellos mientras no solo no da respuestas al pueblo trabajador, sino que rebaja salarios y jubilaciones y paga el aguinaldo en cuotas.

A esas compañeras y compañeros que están haciendo la experiencia política con el actual gobierno peronista les decimos que desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad vamos a seguir acompañándolos en los reclamos cotidianos postulando en el plano sindical al sindicalismo combativo contra la burocracia sindical de la CGT y las CTA, cómplices de las medidas antiobreras y antipopulares que se están aplicando. Y que para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social hay que tocar a los de arriba. Ahora en la emergencia, imponiendo un fuerte impuesto a las grandes riquezas para volcar lo recaudado a salud y a las urgencias sociales, entre otras medidas que solo la izquierda postula. Y que para todo ello hay que fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como lo estamos haciendo con el FIT Unidad, para lo cual los convocamos, para luchar para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Algo que el peronismo del Frente de Todos no va a hacer, como ya lo está demostrando, ante la evidencia de importantes sectores de luchadores que están sacando esa conclusión.   

Escribe Daniel Báez

La pandemia de Covid-19 agravó la situación que padecen los jóvenes, los trabajadores y los vecinos de los barrios populares y pueblos del interior de nuestra provincia desde hace muchos años. Hoy con la cuarentena las fuerzas de seguridad gozan de más poder y de más impunidad. 

La policía de la trata y el narcotráfico tiene impunidad para matar. En Tucumán hay una larga lista de víctimas de gatillo fácil. Solo para recordar las últimas: Facundo Ferreira (12 años), Miguel Reyes Pérez (26), Víctor Robles (17), Ángel Alexis Noguera (23), Luis Espinoza (31). Ahora se suma Walter Nadal (43).

El miércoles 24 al mediodía, dos bicipolicías persiguieron a Walter Ceferino Nadal, de 43 años, sospechoso de un supuesto robo. El policía Jacinto Colodrero, que patrullaba el centro de la ciudad capital, y su compañera, Jéssica Gómez, solicitaron refuerzos. Cuando llegaron a Las Heras, los policías Josué Molina y Melanie Mariel Caliva ya tenían reducido a Nadal, usando la misma técnica de Derek Chauvin y los policías de Minneapolis con la que asesinaron a George Floyd, poniendo la rodilla sobre el cuello de Nadal. “Me falta el aire”, repetía Nadal, el policía le gritaba “no seas cagón”. El resto de los agentes que acudieron a la escena echaban a los peatones y los amenazaban para que no filmaran. Sin embargo, Ricardo, un testigo presencial, vio todo y contó el hecho. Nadal se quedó callado, no reaccionaba. Fue trasladado al hospital Padilla y murió a los pocos minutos. En el reporte oficial consta “paro cardíaco”, pero la autopsia reveló que habría fallecido por “asfixia”. 

Todo esto a dos cuadras de la casa de gobierno. El ministro de (in)Seguridad provincial, Claudio Maley, habló en los medios detallando el “prontuario” de Nadal, sus ocho años de cárcel (obviando que hacía ya cuatro años que no registraba ingresos) y mostrándolo como el peor delincuente y adicto. Olvidó comentar las denuncias de la familia por apremios ilegales en la Comisaría 1ra y el hostigamiento permanente de los efectivos de esta seccional sobre Nadal, los mismos que terminaron matándolo.

No es un hecho aislado, es una metodología avalada por el Estado. Los gobiernos de la Nación y la provincia les otorgaron un poder excepcional a las fuerzas represivas en el marco de la pandemia. Esto se ratifica con el caso del joven Ignacio Seijas, de 17 años, cuya casa en Lomas de Zamora fue allanada "por error", violentaron a su familia y le dispararon a la cara, lo que le produjo la pérdida de un ojo. Luego intentaron armarle una causa falsa con elementos robados que recolectaron de otras viviendas.

El lunes 29, el Frente de Izquierda Unidad se movilizó a la casa de gobierno provincial para exigir la renuncia del ministro Maley y el juzgamiento de todos los responsables materiales y políticos del asesinato de Walter C. Nadal. Tenemos que seguir haciendo visibles todas estas denuncias y difundir por todos los medios estos hechos de barbarie para reclamar el fin de estos atropellos de las fuerzas de seguridad.

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y  tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña, con la casi totalidad de sus miembros, se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la Embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios con el pueblo judío contra el holocausto y la persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al Estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de las tierras del pueblo palestino. Pero desde ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo Estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el Estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, alianza conformada por gobiernos de treinta y cuatro países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al Acuerdo del Siglo que firmaron el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump en enero de este año. Dicho pacto otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300.000 palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a seis millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización, o a obtener cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano, sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cederían a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto de la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que tres legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS) y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al Estado genocida de Israel. Además somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres y centros de estudiantes a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.

Una rectificación necesaria

Escribe Gabriel Schwerdt

Como hicimos público en la declaración de nuestra compañera Laura Marrone, repudiamos la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la cual se adhiere a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). A su vez, criticamos y exigimos una rectificación de la votación afirmativa de los legisladores del FIT-Unidad que en este momento están ocupando las bancas que pertenecen a PTS y PO. Por eso saludamos la rectificación que hicieron públicamente, es un paso positivo porque el error fue grave. Y es necesaria porque fueron muchos los activistas de la causa palestina que nos pidieron explicaciones por la equivocada votación. La rectificación también aclara las posiciones, porque cuando se comenzó a hacer pública la votación, el dirigente del PTS Manolo Romano, en su facebook, reivindicó la votación afirmativa de los legisladores ante la crítica de AyL. 

Lo ocurrido también es un alerta para no caer en las trampas del parlamento burgués, que permanentemente mete paquetes de leyes entre gallos y medianoche, como sucedió en este caso, para hacer aprobar aquellas que van en contra de los trabajadores y el pueblo. Los revolucionarios no podemos caer en esas maniobras.

A la vez que marcamos estos errores, nos pronunciamos clara y enérgicamente contra el ataque de la OSA (Organización Sionista Argentina), que declaró públicamente que iniciará acciones legales contra los tres legisladores por la rectificación pública. En su momento, nuestra compañera Laura Marrone también recibió ataques de las organizaciones sionistas por defender la causa palestina. Pero no nos harán callar, ni ceder un centímetro, en nuestra lucha por defender los derechos del pueblo palestino atropellados por el Estado sionista de Israel.

Editorial

En estas semanas se estará llegando al pico de la pandemia en la llamada Área Metropolitana Buenos Aires (capital y conurbano). En algunas provincias aparecieron rebrotes que obligaron a retroceder en las fases de la cuarentena. Crecen los contagios, dándose algunos resonantes, incluso entre políticos patronales, como los casos de Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal. Todos sabemos que el sistema de salud puede colapsar en semanas, agravado por la saturación de las camas de terapia intensiva. 

El diagnóstico es claro. Lo repiten los epidemiólogos hasta el cansancio. Sin embargo, cualquiera que circule por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano encuentra cada día más gente en las calles. Es obvio que esto pone en riesgo a millones. Es urgente que podamos cumplir una cuarentena como corresponde. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? El gobierno de Alberto Fernández responsabiliza a la gente cuando dice “querían correr, ahí tienen; podemos tirar todo el esfuerzo que hicimos”, aprovechando para “tirarle un palo” así al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La realidad es bien distinta, decenas de miles salen de sus casas poniéndose en en riesgo de contagio por algo muy simple, están obligados a ir a trabajar porque los gobiernos, el nacional de los Fernández, el de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, o el de CABA de Larreta, autorizaron a las patronales a abrir el 85% de las fábricas y un número importantísimo de comercios mucho más allá de lo que es realmente “esencial”. Otros, trabajadores precarizados y vendedores, se ven obligados a romper la cuarentena porque necesitan urgentemente llevar algún peso a su casa, ya que es imposible que una familia pueda sobrevivir con los 10.000 pesos del IFE, más aún cuando muchos recién lograron cobrarlo en las últimas semanas, a tres meses de iniciada la cuarentena. Entonces seamos claros, el auténtico responsable de que se esté rompiendo la cuarentena es el propio gobierno. 

Alberto Fernández asumió declamando que no iba a pagar la deuda a costa del hambre popular. Sin embargo, pasados apenas seis meses, ya salieron 4.500 millones de dólares hacia los bolsillos de los pulpos acreedores y el ministro Guzmán está en plena renegociación de la deuda, donde lo concreto es que semana a semana se le cede más a los buitres, con miles de millones de dólares, que en vez de ir a resolver la urgencia de la pandemia van a engordar sus bolsillos. Luego, ya comenzada la cuarentena, “prohibió” por decreto suspensiones y despidos, para inmediatamente aceptar que sucedan de hecho y, peor aún, junto con la burocracia de la CGT y la UIA pactaron reducir nuestros salarios. Y ahora se agrega el pago en cuotas del aguinaldo. El presidente también fijó por decreto el congelamiento de precios de dos mil productos de la canasta familiar, pero luego se dedicó a hacer la vista gorda mientras las grandes empresas y las cadenas de hipermercados los aumentaban astronómicamente pulverizando los salarios. Hace más de noventa días anunció un impuesto a las grandes fortunas, pero el proyecto ni siquiera fue presentado en el Congreso. Todo este recuento nos muestra la realidad del doble discurso del gobierno, palabras “lindas” por un lado, por el otro una realidad donde las únicas privilegiadas siguen siendo las grandes patronales.

Es fundamental continuar, fortalecer más aún la cuarentena. Pero la única cuarentena posible es sin hambre. Hay que prohibir de verdad los despidos y las suspensiones y retrotraer los que ya se han dado. Esta semana tuvimos el hecho impactante de los más de 1.700 compañeros de Latam que pretenden despedir mientras el gobierno y la CGT miran para otro lado. Es necesario que todos los que lo necesiten cobren un IFE de 30.000 pesos. Que se destine más comida a los barrios populares. En particular, tenemos que pelear por más presupuesto para salud para que existan los insumos y medidas de protección para sus trabajadores y por el más estricto cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. 

Lo que está en discusión, entonces, es de dónde puede salir la plata para financiar todo esto. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, de un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, como lo establece el proyecto que ya hemos presentado en el Congreso Nacional. Con un impuesto a esas patronales (Techint, Citibank, HSBC, Perez Companc, Volkswagen, Chevron, Shell, Walmart,  los dueños de las grandes cadenas de supermercados, etcétera) podríamos recaudar 20.000 millones de dólares que, sumados a los que se podrían obtener con la inmediata suspensión de todo pago en concepto de deuda externa, serían más que suficientes para implementar un fondo de emergencia dedicado a resolver las más urgentes necesidades populares que ha generado la pandemia. Solo así podremos garantizar una cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial.