En medio de la pandemia, el enfermero tucumano dedicó una carta abierta a la población que fue difundida ampliamente en varios medios de la provincia. En el escrito, el profesional agradeció el apoyo, pero puso especial énfasis en mejorar las condiciones laborales en el sistema.

Cristian Luna hace catorce años que trabaja en salud, es secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros) y miembro de Izquierda Socialista, y decidió contar cómo se trabaja en su sector y pedir ayuda en el reclamo por mejorar el sistema. Además, asegura que las inversiones quedan solo en promesas y que la salud pública está devastada. 

La carta completa

NO SOMOS HÉROES. Somos trabajadores de la salud pública. Muchos de nosotros tenemos miedo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros. Aun con miedo, vamos a enfrentar un enemigo desconocido. Y lo vamos a hacer porque nos preparamos para esto, porque la salud de nuestro pueblo es nuestra prioridad.

NO SOMOS HÉROES, solo queremos contar con los elementos y materiales imprescindibles para proteger y protegernos. Como NO SOMOS HÉROES, no trabajamos buscando aplausos ni somos indestructibles. Hoy el coronavirus desnuda lo frágil y desfinanciado de nuestro sistema de salud, lo bajo de nuestro salario, lo precario de nuestras condiciones de trabajo.

NOSOTROS NO SOMOS HÉROES, apenas trabajadores de una salud pública DEVASTADA, que siempre es promesa en boca de gobernantes y candidatos, pero nunca es prioridad a la hora de invertir o mejorar salarios. Como NO SOMOS HÉROES, vamos a correr riesgos, algunos van a ser innecesarios; no contar con barbijos, camisolines, antiparras, etcétera, nos coloca en desventaja con un enemigo implacable. 

Gracias por los aplausos, ahora exijamos a los gobiernos que destinen recursos a la salud pública, exijamos salarios y condiciones de trabajo dignas para todos nosotros, exijamos que nos paguen la cláusula gatillo y no roben nuestros salarios. DEFENDAMOS LA SALUD PÚBLICA.

Escribe José Castillo

Hace un par de semanas el gobierno de Alberto Fernández presentó su propuesta de renegociación de la deuda externa por bonos con legislación extranjera. Lo hizo con profusión de datos de que la Argentina “no podía seguir pagando su deuda”. Más de un compañero de trabajo, de estudio, vecino o familiar puede haber quedado impactado por las afirmaciones del presidente y pensar que esta vez sí se priorizaría las necesidades populares antes que las de los pulpos acreedores.

Lamentablemente no es así. Por un lado, porque este proceso de renegociación es solo por una parte del total de la deuda externa argentina (66.000 millones de dólares de un total que, sumando deudas nacionales,  provinciales y el Banco Central orilla los 400.000 millones). Por otra parte, porque la propuesta hecha a los acreedores está lejos de ser “dura”, como se quiere hacer creer en los discursos. Eso lo hemos demostrado en notas anteriores (ver “¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?” en El Socialista 456), pero además, como veremos más abajo, es reconocido por el propio ministro Guzmán. Y también porque la propia renegociación está llena de trampas e idas y venidas en las que, en todos los casos, siempre terminamos perdiendo.

La renegociación es una estafa en sí misma

El especialista en el tema Alejandro Olmos ya lo advirtió hace varias semanas, cuando dijo que ninguna renegociación termina siendo favorable para los deudores. Ya tenemos la experiencia de los canjes kirchneristas: se lo cerró en 2005 (con grandes ventajas para los acreedores) afirmando que “los que se quedaban afuera no entraban ni cobraban más”, para volverlo a abrir en 2010 y permitir el ingreso de más acreedores. Y se aceptó la negociación con los acreedores restantes, los famosos pulpos, en un tira y afloje que terminó en la Corte de Nueva York, donde el juez Griesa falló, como era de esperar, a favor de estos. Todo terminó con el Estado argentino pagando en 2016 una suma exorbitante.

Esta semana se conoció una nueva “trampa” que pueden activar los pulpos acreedores, aun después de cerrada la actual negociación. Se refiere al escandaloso bono a cien años emitido en 2017 por el gobierno de Macri e, increíblemente, con su legitimidad aceptada, como toda la deuda, por Alberto Fernández y Guzmán. Ante cualquier renegociación, los acreedores pueden activar lo que se llama “cláusula de aceleración”, que consiste en exigir nada más ni nada menos que el gobierno argentino deba pagar al contado y por adelantado todos los intereses acumulados de los cien años, además de devolver el capital de esos bonos. En concreto, por un bono de 2.750 millones de dólares se exigiría una “devolución” inmediata de más de 14.500 millones de dólares. Esto es apenas una muestra de la vulgar estafa que es toda la deuda externa argentina.

El gobierno dice que está dispuesto a cambiar la propuesta por otra más favorable aún a los acreedores

El fin de semana, el ministro Guzmán publicó una columna de opinión en el Financial Times (uno de los dos diarios económicos más reconocidos por el establishment internacional). Más allá del título rimbombante (“La Argentina no puede pagar más. No hay lugar para ilusiones”), el ministro, a diferencia de lo que se suele decir para consumo interno, demuestra que la propuesta que hizo el gobierno es favorable para los acreedores. Un párrafo sugestivo es el que señala: “Algunos han sugerido que en estas circunstancias paguemos menos. Pero, como señal de nuestro compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta a pesar de que ahora requerirá de un esfuerzo de pago sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo”. 

Pero como los pulpos acreedores obviamente siempre quieren más, se lanzaron con todo para conseguir “mejorar” la oferta del gobierno argentino. La forma obvia fue un planteo de rechazo por parte de los principales fondos acreedores. Ante esto, el Ministerio de Economía ha respondido con un comunicado, que dice textualmente en uno de sus párrafos: “Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común”. Clarísimo, el ministro Guzmán le está pidiendo a los pulpos del establishment una “contraoferta” para sentarse a negociar. Obviamente, como en toda negociación, será aceptando condiciones más favorables a los acreedores que las actuales.

Como si hicieran falta más señales, el gobierno se reunió con las cúpulas empresarias y la CGT con el objetivo, no solo de obtener “apoyo” en la actual negociación, sino para hacer un planteo conjunto de que no se quiere entrar en default (o sea que se plantea seguir pagando). Así, tras la reunión, las seis entidades patronales presentes (Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y Unión Industrial Argentina) emitieron un comunicado conjunto en el que plantean “su apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo. Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo”. Y aclaran que la “solución” a la que se refieren es ceder a mayores exigencias de los pulpos acreedores, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, precisó: “Es imprescindible negociar de la mejor manera la deuda externa. Hay que arreglar porque los defaults nunca fueron buenos para el país”.

¿Cómo seguirá todo esto? El próximo viernes 8 vence el primer plazo legal de negociación de la propuesta presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Es casi seguro que no se llegará a ningún acuerdo. Así ya lo adelantaron los principales buitres acreedores. El “partido de póker” continuará y pasará a la próxima mano, que durará hasta el 22 de mayo, cuando, si la Argentina no paga los 500 millones de dólares del vencimiento de deuda del pasado mes de abril, entrará formalmente en default. Veremos qué sucede. Lo que sí advertimos es que tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán están planteando aceptar una negociación “más amigable” para los acreedores. A contrapelo de los discursos “para la tribuna”. Y cada dólar de más que se acepte pagar será uno menos para respiradores, salario y elementos sanitarios para los trabajadores de la salud, o ayuda social ante la crisis. Y que, termine como termine este capítulo de la negociación, luego vendrán las exigencias de los mismos acreedores por los bonos bajo legislación local (que no entraron en esta negociación) y por las deudas provinciales. Encima, se vienen los vencimientos de la deuda con el FMI. Es una bola de nieve imparable. No hay salida con esta “renegociación” ni con ninguna. La única solución es dejar de pagar inmediatamente toda la deuda externa para así dedicar, en lo inmediato, todos los recursos a un fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades populares ante la pandemia. 

Escribe José Castillo

Varios países africanos han planteado la cancelación total de su deuda externa y conformado un frente de países deudores para llevar adelante este reclamo. Tres representantes de ese continente se pusieron al frente de la iniciativa, el primer ministro etíope y Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed; el jefe de Estado de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana Cyril Ramaphosa. 

Es la respuesta a ciertos planteos demagógicos de parte de funcionarios del FMI y el Banco Mundial, que hablaron de “reducir plazos y montos” a la absolutamente impagable deuda externa africana, donde cada país tiene que destinar actualmente sumas de entre el 15% y el 30% del total de sus recursos a ese fin. Frente a estos dichos, la posición de los países africanos fue clara: piden la cancelación lisa y llana de todas las deudas. 

El frente de países deudores africanos es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Más allá de cómo termine este llamamiento. Se responde así a un interrogante que nos suelen plantear muchos compañeros: ¿se puede dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI? ¿Cómo se hace para enfrentar cualquier represalia del establishment económico y político del imperialismo?

Siempre hemos respondido que hay montones de ejemplos de países que dejaron de pagar sus deudas y que cualquier “represalia” es mucho menor al costo de seguir pagando a costa del hambre del pueblo trabajador. 

Pero ha eso también le agregamos que la suspensión de los pagos de la deuda externa y la ruptura con los organismos financieros internacionales deben ir acompañados del llamado al conjunto de los restantes países víctimas de este saqueo para conformar un gran frente de países deudores, que se oponga y enfrente de conjunto a los pulpos acreedores y sus gobiernos. 

En particular, siempre sostuvimos que ese llamado era fundamental en Latinoamérica, ya que todos los países de la región sufrimos la exacción de la deuda externa. Si la dejamos de pagar y unimos todos nuestros recursos, somos invencibles frente a cualquier represalia de los pulpos acreedores. Con los alimentos de Argentina y Uruguay, los minerales de Chile y Bolivia, el petróleo de Venezuela y Ecuador, el poder industrial de Brasil, por citar solo algunos ejemplos, seríamos capaces de resistir cualquier sanción que se le ocurriera al imperialismo. Algo similar a lo que hoy están planteando los países africanos.

Alberto Fernández, que por un lado repite que “no puede pagar”, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en la negociación para “evitar caer en default”, aquí tiene la salida: dejar ya mismo de pagar toda la deuda externa y llamar a un frente de países deudores para enfrentar de conjunto a los buitres y sus gobiernos.  

Escribe Diego Martínez

La crisis social hace estragos en el conurbano bonaerense por el aumento de los contagios y el crecimiento alarmante de la pobreza causado por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que avalan el gobierno nacional,  el provincial y los municipales. De todos los distritos, La Matanza es el más castigado por esta situación.

El mayor bolsón de pobreza del país

En La Matanza viven 2.400.000 personas, 1.200.000, el 50%, son pobres. Según datos del Observatorio Social de la Universidad de La Matanza hay 122 villas y asentamientos con una gran carencia de servicios básicos. En todo el partido solo el 40% tiene cloacas, y en el tercer cordón (González Catán, Virrey del Pino) apenas el 3% de la población puede acceder a este servicio. 

Otro gran problema es el de la infraestructura. El pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento en viviendas deterioradas, entre otras razones, por la humedad que provocan las inundaciones que sufren los barrios, que además genera el caldo de cultivo para el dengue (en La Matanza hay más de mil casos) y las enfermedades respiratorias, que son un factor de riesgo para el coronavirus. Vecinos de distintos barrios están reclamando obras hídricas para detener las inundaciones pero el municipio hace oídos sordos.

Como si esto fuera poco, hay numerosos basurales a cielo abierto; el Ceamse ocupa un área en medio de una zona habitada de González Catán, lo que agrava la presencia de enfermedades respiratorias, que en algunos casos provocan la muerte. Un informe oficial en 2006 determinó que el agua de esa zona no es apta para consumo humano.

Que el municipio y los gobiernos se hagan cargo de la crisis

La situación de pobreza extrema y la desidia de la intendencia en manos del peronista Espinoza plantean una gran preocupación ante la posibilidad de que la pandemia se extienda. En pocos días La Matanza pasó a ser el distrito con más infectados del Gran Buenos Aires, duplicando la cantidad de casos en una semana. Y el sistema de salud local no está preparado. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre ocho y diez camas de hospital cada mil personas, y en el país hay 4,5, en La Matanza hay tan solo una. El gobierno nacional prometió, ante la emergencia de la pandemia, abrir dos hospitales que ya están construidos hace cinco años, pero no cuentan con equipamiento ni personal y tampoco hay anuncios al respecto.

La situación económica no es menos preocupante. Muchas fábricas cierran, despiden (como fue el caso reciente de Acindar), o pagan los salarios en cuotas. El 46% de los empleados y el 79% de los cuentapropistas de la localidad trabajan en negro (Observatorio Social Unlam). La comida no alcanza en los barrios y el municipio no da respuesta a la demanda. Aunque sí se vio cómo los punteros del PJ se llevaban grandes bolsones mientras los vecinos de los barrios populares hacían filas durante horas y algunos se iban con las manos vacías.

El peronismo gobierna La Matanza hace casi cuarenta años. Pese al discurso “nacional y popular” de Balestrini, Magario, Espinoza y compañía, durante todo este período se profundizó la pobreza. 

El municipio cuenta con 11.000 millones de pesos de fondos reservados. Los tiene que poner a disposición para solucionar la grave crisis social y sanitaria. Lo mismo tiene que hacer el gobierno nacional con los recursos destinados a la deuda externa. Además de implementar de una vez por todas un impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT Unidad.

Escribe Ariel Napoli

El coronavirus se propaga en las villas de la Ciudad de Buenos Aires a pasos agigantados. En poco más de una semana se pasó de registrar los primeros casos aislados a la cifra de 249 personas infectadas. En la Villa 31 tuvimos que lamentar seis víctimas fatales, al momento de escribir esta nota. La diseminación del virus en estos barrios es muy preocupante debido al alto grado de hacinamiento en el que viven los habitantes y a la falta de servicios públicos. Mientras el Gobierno de la Ciudad llama a los vecinos a lavarse las manos, en muchos de estos lugares no tienen acceso a agua potable.  

Muchos trabajan en forma precarizada y están desocupados en este momento, motivo por el cual recorren las villas buscando la manera de lograr algún ingreso para llevar a su familia. De esa forma se propaga aún más el contagio. Lo mismo sucede en los comedores, con interminables listas de espera, donde los sectores populares se agolpan para obtener un plato de comida. 

Esta situación es reflejo de la política de los distintos gobiernos nacionales, peronistas y radicales, y de la actual gestión de PRO en la Ciudad. Mientras la población en la capital se mantiene en una cantidad estable, el número de habitantes de las villas no para de crecer, hoy viven 300.000 personas. Larreta debe impulsar un plan de urbanización y para mitigar la crisis actual se impone aumentar el ingreso familiar de emergencia a 30.000 pesos y destinar el dinero necesario a salud, comida y elementos de higiene para los barrios. La plata debe salir del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas de la Ciudad.