Cristian Luna pidió a los ciudadanos que se unan en el pedido de mejoras en el sistema de salud.

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Cristian Luna
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Editorial

Estamos ante un 1° de Mayo inédito. Por la pandemia, después de varias décadas no habrá actos multitudinarios en todo el planeta. En nuestro país, ya hace varios años que como Frente de Izquierda levantamos nuestras banderas rojas en la Plaza de Mayo. Este año no podrá ser. Haremos un acto virtual. Pero el objetivo es el mismo. Diremos presente dando nuestro apoyo a todas las luchas obreras y populares, de las mujeres y la juventud en cada lugar del planeta. Y más que nunca vamos a reafirmar la importancia de conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores como una jornada de lucha contra el capitalismo imperialista, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Contra todo tipo de gobiernos patronales, quienes se han encargado a lo largo del mundo de desmantelar los sistemas públicos de salud llevando a que millones no puedan tener hoy esa herramienta clave para combatir el coronavirus. Los mismos gobiernos que se preparan para salvar con millones a bancos, multinacionales y grandes empresarios y permitirles que descarguen la mayor crisis de esta pandemia sobre el pueblo trabajador con despidos, rebajas salariales y más ajustes.

En nuestro país la clase trabajadora y los sectores populares vivimos una situación complicada. Somos los que de verdad defendemos la cuarentena contra las patronales que presionan por reabrir todo para mantener sus ganancias, no importando las consecuencias sanitarias. Contra los despidos, las suspensiones, las bajas salariales y los aumentos de precios.

Mientras todo esto sucede, ¿qué hace el gobierno peronista de Alberto Fernández? Nos hacemos esta pregunta sabiendo que millones de trabajadores siguen teniendo confianza en el presidente pensando que está haciendo “todo lo posible” para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales. Pero lamentablemente no es así. Porque dice una cosa y hace otra, enarbolando un verdadero doble discurso.

El gobierno habla de “proteger a los trabajadores” y a los más vulnerables. Pero avaló un pacto entre la Unión Industrial, el resto de las patronales y la burocracia sindical para rebajar 25% el salario a todos los trabajadores que actualmente no presten servicios a pesar de que el Estado (es decir el bolsillo del pueblo trabajador), por decisión del gobierno, está pagando el 50% de los salarios a grandes empresarios y multinacionales. O sea, el gobierno paga la mitad de los salarios y a la vez permite a las patronales una quita de 25% vía el Ministerio de Trabajo. Repudiamos este hecho que se hace aprovechándose de la pandemia. Usan el coronavirus y la mayor crisis para aplicar un ajuste sobre millones de trabajadores. Ya antes había ocurrido con los jubilados, quitándoles la movilidad jubilatoria con un recorte de 100.000 millones de pesos. Se está llevando a cabo esta política que ya venían promoviendo desde que asumió el Frente de Todos, de que supuestamente un consejo económico y social entre empresarios, gobierno y dirigentes sindicales iba a “controlar la inflación” o “aumentar progresivamente los salarios”. Con estas frases, que así dichas caen bien, se está llevando adelante esta rebaja salarial que hunde en la miseria a millones.

El gobierno, mientras subsidia a las patronales, regatea la ayuda social: se acaba de informar que los absolutamente insuficientes 10.000 pesos para aquellos que se quedaron sin ingresos no se cobrarán el mes próximo, ya que fue “por única vez”. Sumémosle a esto la falta de comida, o de que en el último mensaje grabado en Olivos el presidente no dio respuesta a los reclamos de los profesionales y trabajadores de la salud por los enormes faltantes de elementos para la prevención en un sector donde se están dando numerosos contagios. Agreguemos que, si bien los diputados oficialistas han anunciado un necesario impuesto a la riqueza, todavía no han hecho público ese proyecto ni deciden cuándo lo van a tratar o implementar. Una medida indispensable para tener fondos suficientes para combatir la crisis del coronavirus y asistir a los más vulnerables. Y el gobierno sigue adelante con la renegociación de la deuda externa para reconocerla y pagarla. Al mismo tiempo no  dispone para atender la emergencia de los u$s4.500 millones que dice que se va a ahorrar hasta fin de año por la postergación de los pagos.

Este 1° de Mayo le daremos el apoyo a todas las luchas obreras y populares que en medio de la cuarentena llevan adelante los trabajadores y los pueblos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sociales en la Argentina y en el mundo. Exigiendo que haya una cuarentena sin rebaja salarial, suspensiones y despidos; donde haya plata para salud, comida y contra el agravamiento de la desigualdad social. Por eso impulsamos un fondo de emergencia financiado sobre la base de un impuesto a los ricos y a las grandes empresas y al no pago de la deuda externa, como lo hemos plasmado en el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Y en este día internacional de lucha de la clase obrera mundial tenemos que plantear la necesidad de dar una pelea más estratégica: avanzar hacia una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. En nuestro país eso quiere decir una tarea concreta. En lo sindical, batallar contra la burocracia traidora hasta barrerla y reemplazarla por una nueva dirección de lucha y democrática, como está promoviendo el sindicalismo combativo. Y en lo político, superar al peronismo, que hace décadas gobierna para los ricos, los empresarios y los banqueros y ahora lo vuelve a hacer con un doble discurso desde el Frente de Todos. El peronismo gobernante habla contra el “neoliberalismo” o contra la derecha liberal de los Macri o los Piñera, promocionando que con gobiernos supuestamente “nacionales y populares” o progresistas se pueden combatir los males sociales. Pero la realidad demuestra que, con distintos discursos, en todos estos años se siguió pagando la deuda externa, las multinacionales y los bancos hicieron fortunas y se aplicaron de distintas formas ajustes contra el pueblo trabajador. Por eso decimos que el peronismo, y cualquier otra fuerza política patronal, no les sirven a los trabajadores. Atento a ello es que postulamos al Frente de Izquierda Unidad como la única salida que ofrece un programa de fondo para atacar y resolver las más urgentes necesidades populares, un gobierno de los trabajadores. Para dar esta pelea te invitamos a que te sumes a construir y fortalecer a Izquierda Socialista para hacer más grande el Frente de Izquierda Unidad. Esto es lo que vamos a compartir, explicar y debatir este 1° de Mayo. Te invitamos a que sigas el acto por nuestras redes sociales y a que lo difundas para que se sumen tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Los recientes contagios y fallecimientos ocurridos en geriátricos de todo el país llevaron al primer plano a un sector de la sanidad en gran crecimiento que habitualmente pasa desapercibido: las residencias geriátricas. “Tenemos 150.000 camas y unas 3.800 residencias geriátricas en todo el país, de las cuales solo unas 2.000 tienen papeles en regla. Las personas mayores residentes son las más vulnerables y, además, muchos médicos o empleados trabajan en varios lugares y pueden llevar y traer el virus”, advirtió la semana pasada Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo porteña. “El geriátrico que está habilitado es una bomba de tiempo a la vista, el que no lo está es una mina subterránea; en ambos casos pueden explotar”.

La muerte de adultos mayores residentes en geriátricos es un problema internacional. La experiencia recogida en China permitió establecer que la mortalidad por coronavirus aumenta con los años de edad. De los 50 años en adelante se duplica cada diez años de edad. Cifras correspondientes a la ciudad de Nueva York mostraban hace dos semanas que el 72% de las muertes por esta virosis corresponden a mayores de 65 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el jueves pasado que más de la mitad de las 110.000 muertes por Covid-19 registradas en Europa eran de personas que vivían en residencias para mayores. Una “tragedia humana inimaginable”, aseguró un funcionario sobre lo que está pasando.

Un negocio de miles de millones

Karl Kluge, responsable para Europa de la entidad, insistió en que “el personal de los centros para mayores debe tener mejor acceso a equipamiento de protección y una apropiada remuneración por sus largos horarios de trabajo”, que les permita vivir dignamente sin acudir al multiempleo, agregamos nosotros. Hace varias semanas, un protocolo elaborado por la Organización Mundial de la Salud estipulaba, además de lo mencionado, testeos para residentes y para trabajadores de estos institutos.

Ninguna de estas disposiciones se cumple en Europa ni en los Estados Unidos, menos aún en la Argentina. Los geriátricos se han convertido en un negocio que mueve miles de millones en todo el mundo. La gran mayoría, 70% o más, según el país, son empresas privadas. España, en su franja soleada mediterránea, se ha convertido en un foco de atracción para fondos de inversión internacionales que instalan geriátricos para recibir no solo residentes locales sino también de otros países europeos.

En nuestro país las últimas cifras accesibles indican que más del 80% de las camas de residencias geriátricas son privadas. En la ciudad de Buenos Aires representan el 96%, mientras que en muchas provincias los geriátricos privados son los únicos. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de pequeños propietarios se está produciendo una importante concentración de capitales en este ramo del negocio de la salud, incluso con la radicación de capitales extranjeros europeos y norteamericanos.

Mala atención y bajos salarios para la ganancia empresarial

Para obtener ganancias las empresas pagan bajos salarios y precarizan al personal de todas las profesiones. A los internados les brindan prestaciones deficientes, hacinamiento y descuido. La pandemia hizo visible y puso al rojo vivo todos estos males sostenidos por la voracidad empresaria. El mejor ejemplo es el geriátrico de Belgrano, en Capital, donde cada residente pagaba 180.000 pesos mensuales, lo que hacía presumir un servicio de excelencia. Sin embargo, catorce adultos mayores y cuatro trabajadores resultaron contagiados por el coronavirus. 

También la pandemia pone al descubierto que los gobiernos de las distintas jurisdicciones no cumplen con los controles sobre estos establecimientos. Tardíamente, el gobierno de Larreta denunció penalmente al geriátrico de Belgrano. ¿Pero por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué no hubo controles previos? Esa es responsabilidad absoluta del gobierno de Larreta. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires con el geriátrico de Moreno, o en Córdoba con el de Saldán, donde le daban al personal un rollo por día para secarse las manos.

No hay nada que inventar en cuanto a la seguridad sanitaria. Se trata de cumplir estrictamente los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Medidas higiénicas para los residentes, elementos de protección personal para trabajadores y residentes, testeo al personal y residentes para determinar la presencia del virus, comité de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores. Pero esta mezcla de explotación e irresponsabilidad patronal, por un lado, y, por el otro, de corrupción y complicidad de los gobiernos, debe cortarse. Es necesario estatizar los geriátricos, bajo control de los trabajadores, para poder brindar la atención equitativa y de calidad que nuestra población mayor merece. 

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Desde el comienzo de los contagios, aún antes de instaurarse la cuarentena, hay una lucha de los trabajadores de salud que se desarrolla en gran parte del país por su protección frente a la pandemia. Las contundentes cifras evidencian ahora que el personal de salud se ha convertido en el principal grupo de riesgo de contagio, a la par de los residentes de los geriátricos. La infección por coronavirus se yergue como una amenaza a la salud e incluso a la vida de estos trabajadores. Esta amenaza se suma a los bajos salarios que obligan al pluriempleo con dilatadas jornadas de trabajo y, ahora, a una prolongada exposición diaria al contagio. La reacción de los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín puso en evidencia ante la opinión pública lo acertado de los reclamos de equipamiento de protección para el personal que se venían haciendo desde un mes atrás. A partir de ese día quedó instalada la necesidad de proteger a los trabajadores.

La lucha se extiende a todo el país y el reclamo por los insumos se combina con la lucha salarial

En el día de ayer, en varios lugares del país se informó que no se pagará el bono anunciado por el Ministerio de Salud de Nación a quienes trabajan en el primer nivel de atención. La medida, que había sido anunciada hace ya bastante tiempo, implicaba una asignación de 20.000 pesos en cuatro cuotas a ser abonadas en los meses de abril, mayo, junio y julio 2020. En Tucumán, por ejemplo, la ministra de Salud intenta convertir esa suma en un presentismo y solamente a quienes estén a cargo de la atención directa a pacientes con Covid. En Santa Fe, también se quiere dejar afuera a quienes trabajan en la atención primaria de la salud. Esa suma debe ser parte del incremento salarial -y no por cuatro meses solamente, sino permanente- y además ser asignada a la totalidad del equipo de salud, en todos sus escalones de atención, dado que éste funciona como un todo frente a las necesidades de salud de la población.

En Córdoba, el gobierno quiso aprovechar la situación de emergencia para cumplir la vieja aspiración de cerrar el hospital de Santa María de Punilla. Ante las versiones periodísticas sobre el posible traslado de pacientes y desmantelamiento de servicios del establecimiento, una comisión integrada por representantes de los gremios, reunida con la Dirección, logró que ésta asegure a los trabajadores reunidos que no habría traslado. También la Dirección se comprometió públicamente a hacer los testeos que se venían reclamando.

CABA: un avance en la coordinación de los trabajadores de salud

En la ciudad de Buenos Aires el personal de los distintos hospitales venía reclamando por su seguridad. En varios de ellos se elevaron petitorios a las direcciones, como en el Hospital Álvarez; se presentaron recursos de amparo, como en el Tornú y se realizaron “aplausazos” en las puertas, como sucedió en el Ramos Mejía, Udaondo, Rivadavia y otros. Todas estas acciones fueron convocadas por distintos sectores: profesionales residentes, la Interhospitalaria, gremiales de profesionales y autoconvocados. Finalmente, la convocatoria de ATE para realizar una acción el martes 28 a las 11 sirvió para hacer confluir todas estas iniciativas dispersas en una manifestación unitaria.

La lucha actual tiene como reivindicación inmediata el reclamo unitario por provisión de equipamiento para protección personal, testeos a todo el personal sanitario y comité de crisis en todos los hospitales. A eso se le suman los planteos salariales y la irrenunciable exigencia del reconocimiento profesional de la enfermería. Una nueva amenaza despunta en el horizonte para los trabajadores. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta no solo facilita al socio de su hermano el hacer pingües negocios con los dineros públicos y al conocido Nicky Caputo a venderle a la Ciudad de Buenos Aires kits para testear coronavirus, también quiere bajar los sueldos de los empleados de la Ciudad y pagarlos en cuotas. Es necesario rechazar de plano este intento. Los trabajadores de salud del distrito deben continuar avanzando en nuevas medidas de lucha y su coordinación.

Las asambleas de base de la Cicop aceptaron en disconformidad la oferta de Kicillof

Más del 82% de las seccionales de Cicop votaron por la aceptación de la propuesta mientras que las restantes se pronunciaron por su rechazo. En medio de la pandemia, la discusión paritaria fue difícil. El monto del aumento, entre 21 y 25% de bolsillo, inferior a lo reclamado inicialmente, fue aceptado en disconformidad por el 82% de las seccionales. El bono de 5.000 pesos del gobierno nacional fue extendido a todo el personal de la Ley 10.471 e incluido como parte del sueldo en forma permanente. Se quedó en el compromiso de reapertura de la discusión en junio. Finalmente, el ministro aceptó la formación de una comisión de crisis con participación de los trabajadores a nivel general y en cada uno de los establecimientos.

Durante la semana que pasó se pusieron en marcha en gran parte de los hospitales de la provincia los comités de crisis. Están integradas por los distintos gremios: Cicop, ATE y el Sindicato de Salud Pública (Fatsa). Tratan toda la problemática que se presenta en el funcionamiento del hospital en pandemia: normas de bioseguridad, desplazamiento de personal, distribución de turnos y reclamos como licencias para mayores de 60 años y personal con patología de riesgo para Covid.

Se ha iniciado una movilización de los trabajadores de salud en todo el país en defensa de su vida, salario y condiciones de trabajo. Es desigual, de acuerdo a las características y tradición de cada provincia y gremio; también tiene distinto ritmo. Pero la movilización ha comenzado. Para que alcance sus fines será necesario la creación de un fondo creado con el impuesto a los ricos y el no pago de la deuda externa.

Para garantizar la salud como derecho para todos y la seguridad de los trabajadores del sector habrá que avanzar hacia la estatización del sistema de salud, de las clínicas privadas, de los geriátricos de la industria farmacéutica y de insumos bajo control de los trabajadores y usuarios.

Escribe Luis Covas

El tema “cuarentena sí, o cuarentena no” se está discutiendo desde el primer día que se aplicó en la Argentina y en el mundo. Hay muchas trabajadoras, trabajadores, amas de casa o jóvenes que la cuestionan o tienen dudas de seguir manteniéndola por diversas razones: cansancio, hastío, o por la necesidad de salir a hacer una changa o conseguir unos pesos para subsistir. Más viendo que, en el caso de la Argentina, aún no hay un contagio masivo o muertes como en Italia, España o los Estados Unidos.

Suma a la confusión que algunos sectores de la izquierda la cuestionan argumentando que es una medida de tipo “medieval” y que coarta libertades individuales y de la clase obrera. O que las cuarentenas son maniobras de los gobiernos para parar las protestas y las manifestaciones.

Rechazar la cuarentena por esos argumentos es equivocado. La realidad ha demostrado que es una necesidad para combatir el contagio masivo. Y así lo recomiendan la mayor parte de los especialistas médicos del mundo.

Desde ya que los gobiernos capitalistas usan la pandemia del coronavirus para frenar las movilizaciones, incentivar la presencia policial represiva y de fuerzas militares, cuestión que rechazamos y que también rechazaremos después de la pandemia.

Pero desde la izquierda no podemos minimizar que enfrentamos una pandemia mundial que no ha terminado, que se desconoce su alcance y para la que no existe aún una vacuna. Es una acción para frenar el contagio. En donde no se aplicó en forma inmediata, por responsabilidad de los gobiernos, como en Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, el contagio creció exponencialmente. El negacionismo de Trump y la política anti cuarentena para que la economía “no se hunda”, defendiendo a las multinacionales, hizo que en los Estados Unidos, al momento de escribir esta nota, ya se sobrepasó un millón de casos positivos por Covid-19 y más de 57.000 fallecimientos, encabezando la lista mundial por contagios y muertes.

También lo demuestra la experiencia, por ejemplo, de Suecia y Noruega. “Hasta el 12 de marzo ambos países tenían un número parecido de casos confirmados (672 y 794 respectivamente) y una sola muerte en Noruega. Al otro día, Noruega tomó la decisión de aislar su población mientras Suecia no lo hizo: a partir de ese momento la cantidad de casos en Suecia duplica la de Noruega y la de muertes es siete veces mayor, 1.099 contra 150” (Clarín, 19/4/20).

El hecho de que en la Argentina haya pocos casos (207 muertes) tiene que ver con que se hizo cuarentena anticipada. Lo opuesto sucede en Brasil, que lleva registradas más de 5.000 muertes.

Pero la cuarentena es la primera medida, no la única, para evitar la propagación del contagio y proteger la vida de millones. Además se necesita que el gobierno vuelque plata para que se implementen los tests masivos, fortalecer el servicio de salud, el salario y la comida.

Por eso las cosas no son como las pinta el gobierno de Alberto Fernández. La Argentina y el mundo encaran esta pandemia en medio de la destrucción de los sistemas de salud pública estatales, con altos grados de desigualdad, hacinamiento y de gobiernos patronales que favorecen a los empresarios, a los banqueros y al pago de una deuda externa fraudulenta.

Por eso no hay una verdadera cuarentena pese al enorme sacrificio que hacen millones con su encierro. Hay dos cuarentenas. Una, la de los grandes patrones, de los poderosos que disponen de riqueza y comodidades, y otra, la cuarentena del pueblo trabajador, la de los de abajo, la de los que no les alcanza el sueldo, se lo rebajan, o directamente no lo tienen porque los despidieron o viven de changas. La de los que en las barriadas populares viven hacinados, no tienen cloacas ni agua segura para lavarse las manos.

El presidente llama a la “responsabilidad individual” o a una necesaria “flexibilización” de la cuarentena para que haya “esparcimiento familiar”. Cuando en realidad la cuarentena está ya “flexibilizada” hace rato por responsabilidad del gobierno y de los empresarios, cuando centenares de miles están obligados a salir a trabajar, en cuestiones no esenciales, presionados por las patronales y porque necesitan dinero para sostener a su familia. También están obligados a romper la cuarentena los trabajadores que tienen que salir a reclamar por despidos, por rebaja salarial o porque no les dan elementos de seguridad para evitar el contagio del Covid-19. Como el caso de los obreros del frigorífico Penta, que fueron despedidos mientras el gobierno peronista de Kicillof avalaba a la patronal y reprimía a los trabajadores. A ellos se suman las justas protestas de trabajadoras y trabajadores de la salud y de otros sectores de todo el país. Desde Izquierda Socialista apoyamos esas luchas. Ante estos atropellos la clase trabajadora no puede disciplinarse a la cuarentena, tiene el derecho de salir a la calle a reclamar. Repudiamos toda represión o cuestionamiento legal que el gobierno y la Justicia patronal quieran hacer esgrimiendo el argumento de la cuarentena. Cuando son el gobierno nacional y los gobernadores peronistas o de la oposición los que no garantizan la salud, el salario, el trabajo y la comida. De esa forma se lucha también por una verdadera cuarentena para evitar el avance del coronavirus. Más cuando los especialistas dicen que todavía no llegó el pico de la pandemia, que podría ocurrir entre mayo y junio, favorecida por la llegada de las bajas temperaturas. Por eso nos oponemos a “flexibilizar” o tender a levantar la cuarentena por la presión de las grandes patronales, frente a lo cual el gobierno nacional cede porque gobiernan para ellos, con la complicidad de la burocracia sindical. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad seguimos llamando a luchar por un fondo de emergencia sobre la base de altos impuestos a los grandes grupos empresarios, a la banca y dejando de pagar la deuda para que haya una cuarentena con plata para salud, sin despidos ni rebaja salarial y con comida.