El Socialista entrevistó a Marta Fernández, Dirigente de Cicop Hospital Estévez, Monovalente de Salud Mental para Mujeres sobre la situación en el hospital.

ES– ¿Qué características tiene un hospital monovalente de salud mental en esta pandemia? 

MF– Es una cuestión que venimos estudiando con los compañeros para tratar de caracterizar y ver cuáles eran las medidas más urgentes para la prevención. Como es un problema nuevo el que estamos enfrentando, estuvimos leyendo y hablando con infectólogos para prepararnos de la mejor forma. Llegamos a algunas conclusiones, nos parece que el hospital monovalente, que es un neuropsiquiátrico con una población que vive ahí de forma estable, es comparable con un geriátrico. Solo que sería un geriátrico gigante porque estamos hablando de seiscientas personas internadas. El monovalente atiende pacientes que viven ahí, que están internados, y hace consultas ambulatorias y tiene servicios de carácter ambulatorio, como hospital de día, servicio de niños, el IPAN, consultorios externos, o los grupos de prealta.

ES– ¿Tomaron algunas medidas a partir de esas constataciones? 

MF– Lo primero que se hizo fue suspender todo lo que era ambulatorio, y las visitas también. Pedimos que se formara un comité de crisis en el hospital para poder consensuar con otros dos gremios que actúan en el sector. Fue bueno porque el personal está dividido por dos leyes, una que nuclea enfermería, el personal de mantenimiento, administración, etcétera. Y otra ley que nuclea a los profesionales. Fue positivo juntarse con los otros gremios y poder formar el comité de crisis para plantear una serie de medidas.

ES– ¿Qué medidas de prevención han adoptado? 

MF– Desde la seccional de la Cicop, después de discutir y hablar con los otros compañeros, decidimos que había que aislar a la población. Siguiendo la comparación con un geriátrico, todo el cuidado y la prevención tenían que estar puestos en la gente que circulaba, o sea los trabajadores. Adoptamos medidas de prevención como la toma de temperatura. Todo eso salió del comité de crisis y de la organización de los trabajadores. Otro aspecto es sobre la rotación, algo que pudimos hacer junto con los otros gremios dentro del comité de crisis. La dirección del hospital estuvo a favor porque había que evitar la circulación de gente. Se dividió casi todo el hospital en dos grandes grupos de trabajo con una rotación semanal, una semana el equipo A y a la siguiente el equipo B. Organizar eso fue terrible porque además tenés que sumarle los problemas que aparecen. Afloran todas las falencias habidas y por haber ya desde antes de la pandemia, principalmente la falta de personal.

ES– ¿Hay algún otro problema de salud a tener en cuenta además del coronavirus? 

MF– Todavía no tenemos casos de Covid-19, sí tenemos dengue. Igualmente los protocolos son dinámicos, esto es otra cosa que tuvimos que armar nosotros. En los monovalentes los trabajadores armamos los protocolos porque desde el ministerio no se bajó nada, y era una gran preocupación. El otro problema era la actitud de la dirección, que decía: “No, acá no va a pasar, no va a entrar, vamos a hacer todo lo posible, pero no va a entrar”. Y nos parecía que eso era errado, desde Cicop entonces colocamos en el comité de crisis todos los escenarios posibles frente a la pandemia. Lo discutimos entre los trabajadores y lo pudimos plasmar en propuestas. Así logramos ser escuchados y que empiecen a pensar en escenarios posibles, y de ahí salieron los cortes, que vamos a evitar la circulación, la organización de los equipos de trabajo para que roten y la sala de aislamiento, que tampoco tenían prevista. Todavía falta mucho y ahora estamos trabajando con los protocolos de dengue. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Eclipsada por la pandemia del nuevo coronavirus, la epidemia de dengue sigue sin embargo acumulando casos en nuestro país. El virus del dengue no se contagia en forma directa sino a través de un vector, el mosquito de la especie Aedes aegypti. Como tampoco se ha logrado crear una vacuna, se combate la epidemia impidiendo la propagación del mosquito. El Aedes se ha acostumbrado a nuestra zona, es endémico, pero el virus del dengue llega cada tanto, cuando hay epidemias en la región, como ahora en Paraguay.

En la Argentina, en la presente temporada 2019/2020, se notificaron 52.594 casos con sospecha de dengue, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se registraron entre confirmados y probables 22.320 casos autóctonos, otros 1.475 con antecedente de viaje y hay 1.969 casos en investigación. Se trata del brote más importante desde 2016. 

La provincia de Misiones registra la mayor incidencia acumulada del período con 236,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Jujuy, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tasas de 225,8, 198,5 y 158 respectivamente. Los registros de la Ciudad de Buenos Aires permiten saber que el 8 de mayo se registraba un total de 6.498 infectados y que los barrios con mayor tasa cada 100.000 habitantes eran los que correspondían a las zonas sur y sudoeste de la ciudad.

Estos números, aparentemente áridos, en realidad están mostrando una conclusión social: la mayor concentración de casos está en los barrios más modestos de la ciudad, los que tienen menor proporción de servicios e infraestructura. Son los barrios olvidados del gobierno de Larreta y donde es más necesaria la higiene urbana y el saneamiento ambiental para impedir la proliferación de mosquitos. La acción preventiva debe empezar en la temporada fría y “no en el verano, cuando ya hay dengue”, dicen los especialistas. Una epidemia invisible que hace visible el desinterés del gobierno por los problemas que complican aún más la vida de los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

Millones de trabajadores están cobrando este mes con rebajas salariales. En la mayoría de los casos se trata de una reducción de 25%, acordada entre el gobierno, la burocracia de la CGT y la UIA. Incluso hay quienes tienen reducciones aún mayores, con la excusa de que no se paga “presentismo”, “premios” u otros adicionales.

Las patronales vienen chantajeando, desde el comienzo de la cuarentena, de que se trata de elegir entre “rebaja salarial” o despidos masivos. La cúpula de la CGT, y también en algunos casos la CTA, les hacen el juego machacando con el fantasma de los despidos.

Muchos compañeros, por eso, se preguntan si no queda otra y efectivamente tenemos que resignarnos a las rebajas de sueldos.

Vamos por parte. La pregunta es ¿es verdad que a los empresarios no les queda otra que recortar salarios?

Nosotros respondemos enfáticamente que no. Las grandes patronales no están perdiendo dinero, a lo sumo, algunas ganan menos. Algunas, y por estos meses después de amasar superganancias año tras año. Y encima están recibiendo millones en subsidios, entre otras cosas para pagar salarios.

La realidad es que las grandes empresas y multinacionales se aprovechan de la pandemia para hacer realidad sus viejos anhelos de rebaja salarial y flexibilización laboral. Una miserable extorsión que aceptan el gobierno y la CGT.

¿Por qué afirmamos esto? El 20 de abril el gobierno resolvió que el Estado se haría cargo del 50% de los salarios del sector privado. Es el denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), un fabuloso subsidio a las patronales. Sin embargo, posteriormente, junto con la UIA y la CGT, en un acuerdo tripartito, Alberto Fernández avaló la rebaja salarial de 25 por ciento. El gran capital y las multinacionales, entonces, son los grandes ganadores con el recorte salarial y el ATP.

Las grandes empresas no esperaron el acuerdo para rebajar salarios. Ya lo venían haciendo de hecho en los días previos. Un primer antecedente del abuso capitalista en la pandemia se dio con las multinacionales de comidas rápidas (que tuvieron que retroceder por la resistencia de los jóvenes precarizados), que en marzo bajaron los sueldos hasta 50 por ciento, ¡cuando la cuarentena se estableció el 19 de marzo! En solo doce días las patronales utilizaron la pandemia para rapiñar el salario a sus trabajadores. Estamos hablando de McDonald’s y Burger King, multimillonarias empresas que sin duda tienen la capacidad de pagar salarios completos por largo tiempo.

Mucho más pueden pagar el 100% de los salarios las grandes multinacionales automotrices, petroleras y metalúrgicas. Ford, General Motors, Fiat, Renault y otras que facturan fortunas en el mundo recortan salarios gracias a los acuerdos con el Smata de Ricardo Pignanelli. Peugeot le pagó a los trabajadores que no están bajo la categoría de suspendidos apenas el 65% del salario, y al resto menos. Las autopartistas, por su parte, pretenden lo mismo, pero con un recorte salarial aún mayor, de 50 por ciento.

Las petroleras, sinónimo de riqueza, como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y Total, entre otras, firmaron un acuerdo con el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, que les permitió suspensiones masivas de trabajadores que pasaron a cobrar un promedio de 30% de sus ingresos habituales.

Antonio Caló salió corriendo de la reunión tripartita en la que se pactó la rebaja salarial  para avisarles a sus amigos de Techint, Aluar y Acindar que ya  podían proceder al 25% de recorte.

Entre tanto, los empresarios textiles negociaron con la Asociación Obrera Textil (AOT) el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos para los trabajadores suspendidos. Son sumas de indigencia.

Nunca debemos olvidar que a estas dramáticas podas hay que agregarle que los salarios ya vienen perdiendo poder adquisitivo, el 8,4% durante 2019, al que se suma la inflación acumulada de 2020 (7,8% para el primer trimestre).

El alza de precios en el rubro alimentos tiene como promotores, entre otras, a Arcor, Molinos, Mondelez y Unilever, que continúan, con total impunidad, amasando fortunas durante la pandemia. ¿Dónde está la crisis para estas empresas? Sin embargo, la cámara de la industria alimenticia, Copal, presidida por Daniel Funes de Rioja, fue una de las que más insistió para que se rebajen los salarios.

El dilema rebaja salarial o despido es falso. Eso es lo que quieren los empresarios y los burócratas sindicales que le hacen el juego. De hecho, aún esta rebaja no impidió que siguiera habiendo despidos. Por eso no tenemos que caer en la trampa. Hay que discutir con los compañeros de trabajo que lo que están haciendo las patronales es aprovecharse de la pandemia para meter la baja de salarios como excusa, de la misma forma que tratan de ir por la flexibilización laboral. Ese es el debate que hay que meter en fábricas, oficinas y talleres, en los cuerpos de delegados, las comisiones internas o, incluso, en las discusiones de todos los días. Allí donde sea posible hay que proponer asambleas para discutirlo.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo planteamos que hay que pelear contra los despidos y suspensiones y al mismo tiempo exigir que se pague el 100% de los salarios, rechazando cualquier tipo de rebaja salarial o pago fuera de término.

El acuerdo gobierno-CGT-UIA nos muestra también la necesidad de llevar adelante otra tarea: pelear por echar a la vieja burocracia traidora, apoyando y fortaleciendo a las nuevas conducciones y apostando por una nueva dirección para la clase trabajadora. Esa es la tarea que nos planteamos desde el sindicalismo combativo.  

Escribe Diego Martínez

La semana pasada, en declaraciones radiales Alberto Fernández dijo, a modo de justificación del descuento de 25% de los salarios de los trabajadores privados que no desarrollen sus tareas durante la cuarentena, que: “El que no va a trabajar hay un montón de gastos que no tiene, porque no viaja y no come afuera” (Radio con Vos, 6/5/2020). ¿Es cierto que quienes estamos en cuarentena gastamos menos?

Rotundamente no. Al presidente se le olvidó tener en cuenta que en cuarentena las familias pasan la mayor parte del tiempo en sus casas, por lo que los padres deben garantizar las cuatro comidas para todo el grupo familiar, lo que implica un gasto superior al que se realiza en una situación normal. La pandemia exige mantener nuestros hogares higienizados de forma permanente, lo que implica, también, un mayor gasto en limpieza. Los gastos son mayores aún si tenemos en cuenta los siderales aumentos de precios que estamos sufriendo. Aprovechándose del aumento en el consumo, los grandes formadores de precios del sector aumentaron el valor de los cortes de carne entre 70 y 90 por ciento (Página/12, 18/4/2020). Algo similar ocurrió con la verdura y los productos de limpieza, que aumentaron en promedio 40 por ciento. A todo esto tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores venimos con salarios atrasados desde hace meses dado que no se realizaron todas las paritarias de este año y que la inflación de 2019 fue, según el Indec, de 53,9 por ciento.

Como si esto fuera poco, se viene el frío y, al pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas, se va a disparar el consumo de gas de los calefactores. Se calcula que el gasto promedio de una familia en este rubro será entre mayo y septiembre de 4.800 pesos, con un pico de 7.100 pesos en julio (Clarín, 9/5/2020).

En lugar de intentar justificar a como dé lugar el brutal ajuste al salario que realizó su gobierno en acuerdo con los empresarios, la burocracia sindical y la oposición patronal, el gobierno debería preocuparse por garantizar las condiciones para que los trabajadores podamos hacer la cuarentena sin pasar penurias. Esto implica el cobro de 100% de los salarios, ponerle freno a los grandes formadores de precios y al que no cumpla aplicarle sanciones con la Ley de Abastecimiento, anular los tarifazos de los servicios públicos aplicados por el macrismo y constituir un fondo de emergencia ya sobre la base del no pago de la deuda y la aplicación de un impuesto a las grandes riquezas.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

Los últimos días volvió a arreciar en los medios de comunicación masiva una campaña nada novedosa. Indica que existen demasiados empleados del Estado y que el gasto que se desprende del pago de sus salarios debe ser reducido. Todo esto justificado, obviamente, por la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La Fundación Mediterránea, Carlos Melconian y varios exponentes del pensamiento económico más “ortodoxo" hicieron un tour por los medios con ideas que iban desde la reducción de puestos de trabajo (o sea despidos) hasta las rebajas salariales o el pago en cuasi moneda. Las y los estatales tenemos sobrada experiencia con estas campañas que son la antesala de ataques contra nuestros derechos laborales. Y esta ocasión no parece ser la excepción.  

Los intentos de ajuste ya están aquí y ahora. El pasado 7 de mayo la Legislatura porteña aprobó una ley de emergencia económica en el distrito con mayores recursos del país que habilita al gobierno de Rodríguez Larreta a reasignar arbitrariamente partidas presupuestarias, a congelar salarios, a una mayor flexibilización laboral y un largo etcétera. Ya varias provincias y municipios han dicho que tendrán que reducir los salarios de sus empleados porque han menguado sus ingresos.  

Debemos rechazar la posibilidad de que desde cualquier gobierno –nacional, provincial o municipal– se descargue el peso de la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores. 

¿Qué dice a todo esto el gobierno de Alberto Fernández? Absolutamente nada. De hecho, y como todo un símbolo, Rodríguez Larreta estuvo sentado a la derecha del presidente en la conferencia de prensa donde se anunció la extensión de la cuarentena solo veinticuatro horas después de aprobada la emergencia ajustadora porteña. Pero no solo eso. Con la excusa de la pandemia se suspendió sin fecha la aplicación de la cláusula de revisión que correspondía al mes de marzo de la paritaria 2019 de los estatales nacionales, que tuvimos un “aumento” de 28% frente a una inflación que superó el 53% en el mismo período. Una forma burdamente solapada de consagrar la pérdida salarial que legó el ajuste macrista.  

Es imprescindible que desde cada sector de trabajo, con las dificultades que acarrea el aislamiento social, nos organicemos para enfrentar estas situaciones que golpean fuertemente nuestros derechos. Tenemos que seguir el ejemplo de Ademys y las juntas internas combativas de ATE que, con todos los cuidados y prevenciones, estuvimos en las calles contra la ley de Larreta exigiendo a las conducciones nacionales y seccionales de ATE que rompan la inacción en la que se encuentran y que se organice en forma democrática la pelea en defensa del salario y todos nuestros derechos.