Escribe Adolfo Santos

En medio de tanta crisis, muchos compañeros se ilusionan con el discurso del gobierno peronista que acuñó un nuevo término: ser “solidario”. Alberto Fernández machaca con  este concepto tratando de generar una imagen favorable, ya que se trataría de ser “solidario con los que menos tienen, con los más vulnerables” y que los que pagarían el ajuste, esta vez, serían los de arriba. ¿Esto es así?

El gobierno insiste en que la prioridad es la lucha contra el hambre, la protección de los jubilados que cobran la mínima, de los que están en pobreza extrema y los que pagarían el ajuste serían los de arriba. Sin embargo, en las medidas concretas que ha propuesto hasta ahora, no vemos que esa sea la práctica.

La mayoría de los jubilados, aunque están por debajo del costo de la canasta para el sector, no recibirán de forma integral el aumento de 11,56% programado para marzo, ni el reajuste de 15% para junio. ¿Saben por qué? Porque tienen que ser “solidarios” con los que cobran la mínima. También los trabajadores en general tendrán sus paritarias postergadas y recibirán sumas fijas inferiores a la inflación del período, para permitir que los salarios más bajos reciban un poco más. El gobierno de Alberto Fernández está proponiendo, que los que son un poco menos pobres, sean solidarios para resolver el problema de los muy pobres. En nombre de la solidaridad, están produciendo un verdadero achatamiento salarial. ¡Un absurdo!
Es lo que muchas veces denunciamos como doble discurso. Mientras se pide “sacrificio” a la clase trabajadora, siguen los privilegios para los ganadores de siempre. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no le aplica impuestos a Arcor, Aceitera Deheza, Techint, Coto y a tantos otros poderosos en nombre de la solidaridad, para aumentar los salarios y sacar de la pobreza a los sectores más vulnerables?

A los bancos que ganaron millonadas con la devaluación tampoco se los toca, por el contrario, se les sacó el impuesto a la renta financiera que existía en el último período. También a las mineras y petroleras se les rebajaron las retenciones y a las sojeras, que le iban a retener 3% para los jubilados, terminaron perdonándolas. Además, a las privatizadas se les reconocieron todos los aumentos de tarifas anteriores y ahora se las beneficia con más subsidios.

Mientras tanto, Alberto Fernández sigue reuniéndose con grandes empresarios, ofreciendo todo tipo de beneficios. Así lo hizo con el dueño de la minera canadiense Lundin Gold, que viene a llevarse el oro y el cobre del subsuelo sanjuanino a costa de degradar el ambiente y ofrecer trabajos precarios, lo mismo que hace la Barrick Gold, que ya envenenó cinco ríos de San Juan. Ignorando la protesta de los mendocinos. También vimos al presidente junto con las petroleras para tranquilizarlas con el aumento de los combustibles, les pidió que le traigan una propuesta para analizar. Además, les prometió a Chevrón agilizar el tratamiento del proyecto de la ley de Vaca Muerta y pulir una propuesta que sea atractiva para sus ganancias. Tampoco se les pide “sacrificio” ni “solidaridad” alguna a los acreedores de la deuda externa y el FMI. Para ellos están disponibles 4.500 millones de dólares (300.000 millones de pesos) que serán destinados a los pagos inmediatos de deuda, casi el triple, que los 100.000 millones de pesos que suman todos los programas sociales juntos.

En síntesis, el gobierno le pide solidaridad y sacrificio a los que dependen de un salario devaluado y no toca a los grandes empresarios, a los banqueros, a las privatizadas ni a los pulpos acreedores. Por más doble discurso que se utilice, eso se llama “ajuste”, no solidaridad. Los compañeros peronistas que tienen expectativas en este proyecto deberían preguntarle a este gobierno: si los jubilados y los trabajadores en general son los que más perdieron en los últimos años, mientras los grandes empresarios se la llevaron en pala ¿quién tiene que ser solidario en este momento?

El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, defensor general de la Tercera Edad, para analizar la suspensión de la movilidad para los jubilados establecida en la llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

 - ¿Qué opinión le merece la suspensión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por bonos fijos?

En lo que hace a la seguridad social, este gobierno es una continuidad manifiesta del anterior. La administración Macri no tenia capital político para seguir avanzando, entonces, hay una profundización de lo que no podía hacer la administración anterior. Lo del bono es una dádiva, bienvenido al que le llegó al bolsillo. Pero como todo bono es injusto. El bono, mostró un grado de perversión brutal, muchos bancos no le pagaron el bono al jubilado porque tenía deudas o adelantos de tarjeta de crédito, entonces se lo confiscó, algo que no podría hacer si fuese remunerativo. Tampoco se le pagó al que está recibiendo 14 mil pesos y tiene un subsidio por discapacidad de 5 mil, le sumaron los dos ingresos, un disparate, porque subsidio es un derecho que no tiene nada que ver con el haber. Esto habla de la deshumanización de un sistema perverso. Además de ser una medida inconstitucional.

- ¿Podemos decir que es una política regresiva en relación a la movilidad?

Sí. Aunque hay que aclarar que la movilidad nunca fue una forma de recomponer el haber, es simplemente un reajuste para mantener algún tipo de paridad relativa con la inflación. Nunca recompone totalmente, los jubilados “pre financian” la inflación. La nueva ley de Solidaridad significa una pérdida para el jubilado, porque el bono es inferior al cálculo que surge de la movilidad. Por la alta inflación de 2019, sería alrededor del 27% en el primer semestre de 2020 (11,5 en marzo y 15 en junio).

- ¿El jubilado debe dar por perdido ese reajuste?

Aunque se haya suspendido, la ley continua vigente y el gobierno va a tener que pagar el 11,5 en marzo y el 15% en junio a todo el sistema, aunque sea mediante acciones judiciales. El jefe de gabinete dice que van a pagar reajustes mediante bonos. Aceptar eso es el peor de los mundos. Parece que las leyes no valen nada. No se puede llegar al fin de un ciclo de vida dedicado al trabajo y que el gobierno te diga: “le vamos a dar lo que podamos…”, eso no da ninguna seguridad social al trabajador. Nos están diciendo desembozadamente que ya no va a haber más un sistema que era de reparto solidario.

- Aunque insuficiente, la movilidad le daba cierta previsibilidad al jubilado…

Ha habido diferentes fórmulas de movilidad. En 2008 el Congreso saca una ley de movilidad, con una fórmula que contemplaba 50% por el índice de aumento salarial y la otra mitad por la variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. Que quede claro que ni con esta ni con otras movilidades, el jubilado nunca recompuso su haber. En diciembre de 2017, en el inicio del eclipse de la gestión Macri, se hace un cambio de fórmula. Ingresa un componente importante que era la variación del índice de la inflación. El proyecto original consideraba el 100% de la inflación, pero los senadores de la oposición, que ahora son del oficialismo la alteraron y pusieron 70% inflación y 30% de salario. Macri creía que esta fórmula lo iba a favorecer porque tenía una pauta inflacionaria para 2018 de 20 puntos. Pero como en 2019 la inflación disparó, llegando al 53,8 %, considerando el 70% y 30%, el cálculo para el primer semestre sería del 26,5% (11,5 en marzo y 15 en junio), no es gran cosa, pero es una recomposición mínima para evitar mayores pérdidas. Pero viene el gobierno de Fernández y la suspende, lo que genera una tremenda incertidumbre. Es una irregularidad muy grande porque, aunque suspendida, ya están adquiridos los derechos de la ley, porque no está derogada.

- Cabría preguntarse: ¿solidaridad con quién?

Claro, paradójicamente la ley que suspende la movilidad, lleva el mismo nombre de la cuestionada Ley de Solidaridad Previsional editada por Domingo Cavallo en 1995 que se usó para privatizar el sistema. Pero es peor, había un artículo que afectaba las petroleras y lo sacaron, había tres puntos de retenciones para las sojeras que iban a ir al fondo de sustentabilidad de Anses y lo suspendieron, por lo cual los únicos que quedaron pagando el pato de la boda en esta mal llamada “solidaridad”, son los jubilados.

Nuestras propuestas

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad, rechazamos el modelo de aumento para los jubilados presentados por el gobierno para el mes de marzo. Serán aplicados aumentos de forma diferenciada, a través de sumas fijas, de las que resultarán porcentajes mayores para los que cobran haberes mas bajos y ajustes menores para los que están recibiendo más, con esta maniobra cubriría los 11,5% de promedio exigidos por ley. En vez de tocar los intereses de las mega mineras, de los sojeros, de los bancos, de las petroleras o los grandes empresarios para dar un aumento capaz de cubrir el costo de la canasta del jubilado, calculada en 37.800 pesos, propone que un sector de jubilados financie el aumento de otro sector. Es inadmisible! No aceptamos ese tipo de “solidaridad” que iguala para abajo, achatando jubilaciones.

Para garantizar el 82% móvil a los jubilados y equiparar los haberes mínimos con el costo de la canasta del jubilado, hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y que profundizaron los gobiernos posteriores; realizar un blanqueo de los trabajadores en negro. Si hiciera falta cubrir algún faltante, debe salir de la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones. La prioridad, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las patronales y el FMI.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Canasta básica de los jubilados

La canasta básica de los jubilados está completamente desfasada del haber jubilatorio. Desde hace once años, la Defensoría de la Tercera Edad, calcula semestralmente este costo en las grandes ciudades. Considera tres ejes: alimentación (consumo de dos mil calorías diarias), vivienda y salud, que no es solo medicamento, sino insumos como fijador para dentaduras, descartables, sales hiposódicas, etcétera. El último cálculo, del 6 de octubre de 2019, fue de 37.800 pesos. O sea que una jubilación mínima apenas cubre un tercio de ese costo que está desactualizado. Estos índices son repasados a las autoridades de gobierno que, con sus medidas, demuestran una completa indiferencia a esta grieta entre costo de vida y haberes jubilatorios.

Fondo de Sustentabilidad y Garantía

El decreto de formación de ese fondo, de 2007, tenía un artículo sexto que exigía que el FSG debía tener un capital equivalente a la erogación anual del sistema. Legislaciones posteriores anularon esa exigencia y los distintos gobiernos patronales de turno pasaron a utilizar el fondo para pagar deudas o para otorgar créditos blandos a los amigos, nunca para cubrir los desfasajes de la inflación y mejorar los haberes de los jubilados. En el gobierno de Cristina Kirchner, se llegó a prestar a la multinacional General Motors 259 millones de pesos a una tasa diferenciada inferior a la del mercado para “fomentar el crecimiento económico”. De esa forma, ese fondo que llegó a tener 63 mil millones de dólares, hoy tiene apenas 23 mil millones. Altos funcionarios de Anses como Diego Bossio o Emilio Basabilbaso, responden por denuncias a la justicia. Luis María Blaquier, ex presidente del FGS, fue procesado por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado. Es inadmisible que este fondo para atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, sea utilizado de forma discrecional por funcionarios designados por los políticos de turno.

El caso Nisman se ha vuelto a poner en el tapete en todos los medios al cumplirse cinco años de la muerte del fiscal. Ocurrió el 18 de enero de 2015. Desde entonces se han tejido todo tipo de hipótesis (suicidio, suicidio “inducido” o asesinato) y sin llegar a nada concreto. Nexflit difunde un documental sobre el tema. Gobierno y oposición macrista-UCR usan el caso Nisman para sus disputas judiciales y de poder. Pero ninguno va al fondo del problema.

Escribe Luis Covas

Para millones no hay dudas de que la muerte de Nisman está bajo sospecha. Los medios lo han transformado en un caso policial. Nexflix ha aportado una película documental. El enredo es muy grande. A tal punto que en el documental de Nexflit el actual presidente Fernández aparece diciendo, cuando ni era candidato, que no creía en la versión del suicido. Ahora cambió de opinión: “las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”, alentando la idea de revisar la pericia de la Gendarmería que apunta a la hipótesis del crimen. Mientras Sergio Massa hace declaraciones diciendo que se inclina por que fue “crimen o suicidio inducido”. Aparecen todo tipo de interpretaciones sobre la escena del baño. Diego Lagomarsino suma nuevas confusiones. Siempre rondan los “espías” y, en especial, el famoso Stiusso. Pero la muerte de Nisman esconde cuestiones políticas muy importantes. Él investigaba la causa del atentado de la Amia producido en julio de 1994.

Izquierda Socialista, como miembro del FIT, siempre tuvo una postura clara ante estos graves hechos que es importante volver a ubicar.

En primer lugar, sobre qué pasó con la muerte de Nisman, si fue suicidio o un crimen. No está en nosotros dar una respuesta. La responsabilidad de que aún no se sepa la verdad está en los gobiernos de turno, tanto el de Cristina Kirchner (2015) como el de Mauricio Macri y en la justicia del sistema. Es un caso bajo sospecha. La misma carátula del expediente decía “muerte dudosa”. Desde el primer día reclamamos su esclarecimiento(*). La investigación no fue clara. Basta recordar que se “ensució” la escena de la muerte. El rol confuso de la fiscal Viviana Fein, la entrada en el edificio de Berni o las idas y venidas de los custodios. Durante el gobierno de Macri la pericia se pasó a la Gendarmería sobre la cual no se puede depositar ninguna confianza.

En segundo lugar, sobre el atentado de la AMIA, que se produjo hace 25 años, que dio el triste saldo de 85 muertos, nuestra corriente socialista fue clara. Lo repudiamos desde un primer momento, cualquiera haya sido su autor, y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Rechazamos la versión de Israel y de los dirigentes de la AMIA y la DAIA de que se tratara de un “acto antisemita” y que había que “buscar la “conexión local”. Luego la CIA e Israel pasaron a denunciar a Irán. De esa forma se buscó siempre desviar que el origen del atentado estaba en el conflicto del Medio Oriente y en el rol criminal del estado genocida de Israel contra el pueblo palestino. Y en el hecho de que el gobierno peronista de Menen había apoyado en 1991 la invasión imperialista a Irak (ver recuadro).

En tercer lugar, siempre se dijo, de parte del macrismo-UCR, que la investigación de Nisman sobre la Amia y su denuncia contra el memorando con Irán, firmado en el 2013 por el gobierno kirchnerista, buscaban llegar a la verdad sobre el atentado a la AMIA. Mientras el peronismo kirchnerista dio la versión, en el último tramo de su gobierno, de que el acuerdo con Irán era una “búsqueda de la verdad” y que evitaría “nuevos atentados”. Estas dos versiones son falsas. Ni Cambiemos ni el peronismo K buscaban la verdad sobre el atentado de la AMIA. Ambos, desde distintas posturas, avalaron siempre el punto de vista de los Estados Unidos e Israel, que fue un “atentado antisemista” organizado por Irán, desligado del conflicto de Medio Oriente, del rol genocida de Israel sobre el pueblo palestino y el apoyo de Argentina a la invasión yanqui a Irak en 1991.

El fiscal Nisman siempre fue un vocero de la postura yanqui y del sionismo. Y al momento de su muerte, con su denuncia por el acuerdo con Irán, se sumaba al bloque patronal opositor al gobierno kirchnerista. Pero lo que se pierde es que fue el propio Néstor Kirchner quien designó a Nisman en el 2004 como fiscal de la causa Amia. Para ello pusieron al ex Side y espía Stiusso a su servicio y pidieron el aporte de datos a la CIA y al FBI. Así se alineaban con el gobierno de Bush que había declarado a Irán el “eje del mal”. Para confirmar esto el 21 de septiembre de 2006, Cristina Kirchner, siendo senadora y primera dama, y el canciller Taiana se reunieron en Nueva York con los representantes de la poderosísima comunidad judía norteamericana, uno de los principales sostenes del Estado de Israel. Allí les pidieron que cuanto antes hubiera un dictamen en la Argentina acusando a Irán por el atentado. Pasado apenas un mes, se cumplió con ese pedido político-judicial. El fiscal Alberto Nisman, sin pruebas, dictaminó que el cruento atentado de 1994 fue ideado y realizado por el gobierno de Irán.

En cuarto lugar, es también falso que con la firma del memorando con Irán (2013), Cristina Kirchner daba un giro “antiyanqui” (**) En realidad esta negociación se adecuaba al cambio del imperialismo que con el nuevo gobierno de Obama se había orientado a negociar un acuerdo antinuclear con Irán. Cambiando la línea “dura” de Bush por los fracasos en Afganistán e Irak. Hasta Israel criticaba la táctica de Obama. Justamente ese acuerdo con Irán lo rompe años después Trump.

En quinto lugar, Cambiemos ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos usando el caso Nisman y el tema del fallido pacto con Irán para hacer campaña electoral contra el peronismo K, buscando apoyo de amplios sectores de clase media. Y luego desde el gobierno lo usó para rearmar el poder judicial a su favor. Ahora el nuevo gobierno peronista trata de usar el caso Nisman para revertir esos cambios judiciales y las causas de corrupción pendientes en su contra. Ninguno buscó ni busca la verdad para el caso Amia ni para el caso Nisman.

La confusión política que genera el caso Nisman sumado el odio al macrismo y sus políticas proyanquis desembozadas y su uso represivo de la Gendarmería y demás servicios de seguridad, puede abrir expectativas entre la clase trabajadora y la juventud en que el nuevo gobierno peronista pueda producir cambios más favorables. Que se cambiará, por ejemplo, la política de todos los gobiernos de alinearse con Estados Unidos e Israel. El repentino viaje de Alberto Fernández a Israel mostraría lo opuesto. O cambios de fondo ante el tema de los “espías” y las investigaciones truchas (tipo Nisman) como, por ejemplo, disolver todos los servicios de inteligencia, empezando por la ex Side, y abrir todos los archivos desde la época de la dictadura. Lamentablemente los hechos están mostrando lo contrario. No lo hizo, en su momento, el gobierno de Cristina Kirchner y tampoco parece estar en los planes del nuevo gobierno.

(*) Ver declaración de Izquierda Socialista del 19 de enero de 2015.

www.izquierdasocialista.org

(**) Ver declaración Izquierda Socialista, El Socialista N°239. (27-2-2013). idem

La ley impositiva se aprobó en la Legislatura bonaerense con los votos del Frente de Todos y Cambiemos. Es un nuevo ajuste contra los trabajadores y los sectores populares. Lo recaudado será utilizado para pagar deuda y no para resolver los urgentes problemas sociales. La banca del FIT votó contra la ley y planteó que la única solución para salir de la crisis es romper con el FMI, dejar de pagar la deuda e imponer una ley impositiva donde realmente paguen más los que más tienen.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

La ley impositiva de Kicillof, que establece los impuestos que cobrará la provincia este año, generó una fuerte polémica. Tras la votación, el gobernador reconoció que “beneficia a los sectores concentrados”. Por su parte, la vicegobernadora Magario dijo que no servirá para resolver los problemas de “nuestras escuelas, hospitales y la emergencia social”. Pero, pese al doble discurso, la ley fue votada con el acuerdo de los bloques del Frente de Todos y Cambiemos. El FIT fue el único bloque que votó en contra.

El gobernador y sus ministros se encargaron de aclarar que con la ley impositiva no buscan resolver los urgentes problemas sociales de los sectores populares bonaerenses, sino que quieren hacer caja para pagar la deuda externa de la provincia. Este año quieren pagar 2.700 millones de dólares (567 millones en enero) a los usureros internacionales.

Esta ley no establece “impuestos progresivos”, donde paguen más los que más tienen. Se trata de un impuestazo contra los trabajadores y los sectores populares, que pagarán el grueso de la recaudación de la provincia, mientras que las grandes empresas y los terratenientes seguirán pagando una porción menor, además, de seguir evadiendo sin control.

Así, por ejemplo, a la mayoría de los trabajadores se le impondrá un aumento del 55% en el impuesto Inmobiliario Urbano de sus viviendas, porque la ley define que las propiedades (terreno con vivienda) cuyos valores de mercado estén comprendidos entre 40 mil y 135 mil dólares deben pagar ese aumento. El gobernador dijo que es lógico pagar tanto porque “es equivalente a la inflación”, pero los salarios de los trabajadores están congelados y el gobierno se niega a actualizarlos.

Como evidencia de que los grandes terratenientes no recibirán el mismo peso de los impuestos, la ley define un aumento del 75% en el impuesto Inmobiliario Rural, pero sólo lo pagarán unas 200 terratenientes, cuando en la provincia hay más de 2.500 grandes propiedades mayores a 2 mil hectáreas. Además, los valores fiscales de esas propiedades no se actualizan desde 2012, lo que reduce el monto que pagarán. Este impuesto no les hace ni cosquillas a los grandes propietarios y oligarcas.

Encima, el impuesto de mayor recaudación, Ingresos Brutos, también recaerá sobre los trabajadores y sectores populares. Este impuesto se realiza sobre las actividades económicas de empresas, supermercados y otras actividades. Pero la realidad es que las empresas y supermercados siempre trasladan el impuesto a los precios, que termina pagando todo el pueblo trabajador. La reducción de este impuesto en algunas actividades (medicamentos o venta minorista de alimentos básicos) no traerá un beneficio importante para los golpeados bolsillos populares.

La banca de Izquierda Socialista en el FIT Unidad rechazó esta ley impositiva porque es un impuestazo contra los trabajadores y el pueblo. Es parte de un paquete de medidas nacionales y provinciales, como las leyes de emergencia, que responden a las recetas de ajuste del FMI.

Para resolver los urgentes problemas sociales en trabajo, salud, educación y vivienda es necesario romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa usurera y fraudulenta, que en último periodo engrosó Vidal con el apoyo parlamentario del peronismo, y que fue utilizada para hacer negocios financieros. Es necesaria una verdadera reforma tributaria, donde paguen más los que más tienen, empezando por cobrarle a los grandes terratenientes, a las empresas multinacionales y a las cadenas de supermercados formadoras de precios.

Se fue Macri y asumió el peronismo del Frente de Todos. Alberto Fernández empieza a gobernar con todos los índices sociales a la baja. Lo usa para enarbolar el discurso de la famosa herencia recibida (“tierra arrasada”) diciendo que habrá que esperar y que muchos temas no tienen soluciones inmediatas. Su promesa de crecer para posteriormente honrar los pagos de una deuda usurera, es una receta que ya se probó en los doce años kirchneristas, el país no se desendeudó y los males sociales persistieron. Las expectativas en el nuevo gobierno chocarán con la necesidad de salir a enfrentar la carestía de la vida y el pacto social que preparan empresarios y burócratas sindicales.

Macri se despidió de la Casa Rosada ante unos pocos empleados con caras largas. Les dijo, es un “lunes especial”. Es que los Ceos de Cambiemos perdieron el poder. Si bien logró remontar dos millones de votos en las elecciones de octubre, el grueso de los trabajadores y sectores populares lo castigó. Su resignado objetivo sólo fue entregar el sillón de Rivadavia sin trastabillar, conformándose con que un gobierno no peronista termine el mandato.

Millones esbozan alegría al sacarse de encima a un gobierno ajustador y mentiroso, títere del FMI, las multinacionales y la patria financiera. Hoy asume el Frente de Todos, pero los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda tuvieron mucho que ver para echar a Macri, ya que la rebelión de diciembre de 2017 contra el robo jubilatorio (ante la claudicación de la CGT y el voto favorable de la ley de gran parte del peronismo) significó un antes y un después del cual Macri nunca se pudo recuperar. El pacto con el FMI lo terminó de enterrar.

Desde allí la burocracia sindical traicionó las luchas y junto al peronismo fueron cómplices de Macri en la aplicación del ajuste llamando a canalizar la bronca vía las elecciones. Así culminó el ciclo de la denominada “derecha liberal”.

La vuelta del peronismo y la receta de la renegociación

El Frente de Todos comandado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner es el tercer gobierno peronista desde que cayó la dictadura. En la asunción hubo decenas de miles movilizados y siguen las muestras de importantes expectativas con el nuevo gobierno. Pero el propio Fernández le viene bajando los decibeles a las apresuradas aspiraciones de que se puedan resolver los males que deja Macri.

Son tan desastrosos los índices sociales que cualquier medida que adopte el nuevo gobierno, aunque sea parcial o cosmética, será considerada como positiva. Los anuncios de un bono para jubilados, la asignación por hijo o una suma fija para los trabajadores, serán solo un paliativo. En eso consistirá la política de “ponerle plata al bolsillo de la gente”. Pero la pobreza que superó el 40%, el 50% de la industria parada, la pérdida salarial y jubilatoria del 20% y los 158.000 puestos de trabajo privados industriales que se perdieron, necesitan medidas de fondo para combatirlos, no parches coyunturales.

Fernández asume en una mayor crisis capitalista comparado con la que la que le tocó al kirchnerismo en 2003 cuando asumió. En ese momento había un viento de cola, un elevado valor de las materias primas (la soja al doble de la actual) y un país que había dejado de pagar la deuda por varios años. Eso le permitió hacer algunas ayudas sociales imprescindibles. Hoy la crisis capitalista nacional y mundial se lo impedirá.

No negamos que la crisis sea profunda, el debate está en qué políticas hacen falta para enfrentarla. Se ha instalado en el ideario popular por dichos del flamante Ministro de Economía estrella -como fue presentado el catedrático Martín Guzmán -que el gobierno “dejaría de pagar la deuda por dos años”. Pero nunca el Frente de Todos dijo que va a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario ni mucho menos que no va a pagar.

La receta que propone el gobierno es la “renegociación constructiva” de la deuda para postergar por un tiempo los vencimientos, lo que no tiene nada que ver con ningún “no pago”, ni desconocimiento del acuerdo con el FMI. El no pago de la deuda lo impuso el Argentinazo de 2001 tras una enorme rebelión popular. El plan de Fernández es otro, la renegociación.

Los bonistas privados que deberían cobrar los vencimientos de 2020 seguramente pedirán para renegociar la cobertura política del FMI, organismo que seguirá actuando en la vida nacional y exigirá más condicionamientos económicos y políticos. Si Argentina posterga algunos vencimientos tal vez lo haga con el visto bueno de Trump y el FMI para amortiguar la tremenda crisis social y evitar un estallido. Lo harán a cambio de asegurarse que con Fernández se van a garantizar los pagos de la deuda a costa de más ajuste aunque el gobierno lo intente encubrir. Por eso no habrá ninguna “renegociación nacional y popular”.

La política de Fernández solo tiende a postergar vencimientos cuando lo que hace falta es romper con el FMI. Lo dicen hasta los propios especialistas en el tema (ver reportaje a Eric Toussaint donde recomienda romper con dicho organismo, algo que no está en la prédica de Fernández).

Fue tan siniestro el endeudamiento de Macri y el préstamo de 46.000 millones de dólares del FMI, que Fernández lo aprovecha para que le tiren una soga y tratar de renegociar en mejores condiciones. Si lo logra, simulará que “convenció” al Fondo Monetario ante la crítica situación, dándole el carácter de un FMI bueno, cuando se trata de un organismo imperialista que donde actuó solo impuso ajustes, tarifazos, privatizaciones y más endeudamiento de la mano de los gobiernos de turno desde siempre.

“Los muertos no pagan”, decía Néstor Kirchner, frase quereplica el actual gobierno. El plan de renegociar (con quita o no) es para volver a pagar como ya lo hizo el kirchnerismo pos Argentinazo. Pasamos de un Macri que decía “el FMI nos va a salvar”, a un Alberto Fernández que a través de su doble discurso dice “vamos a renegociar para crecer y poder pagar”. Vuelve a quedar claro que la alternativa sigue siendo, o priorizar la plata para salario, trabajo, comida, salud, educación, vivienda o presupuesto para combatir la violencia de género, como postula la izquierda, o pagarle a los usureros internacionales como pregonan los Fernández.

Las perspectivas de Argentina en una Latinoamérica convulsionada

“La luna de miel entre las sociedades civiles y los gobiernos son cada vez más cortas. Los “cheques en blanco” sencillamente ya no existen. Alberto Fernández entrará a la Casa Rosada con gran legitimidad de origen que tendrá que revalidar día a día”, escribió el periodista peronista Mario Wainfeld (Página12, 1/12). Está reconociendo que el gobierno tendrá momentos difíciles.

Por su parte, Monseñor Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal Argentina) dijo en la misa que brindó en Luján delante de Macri y Alberto Fernández: “Todos somos conscientes de lo que viene en el mundo y en Latinoamérica. Necesitamos de todos, nadie sobra en esta construcción”. La “misa anti-grieta” celebrada por esta institución retrógrada y privilegiada va en consonancia con el mensaje moderado y por la “unidad” de Alberto Fernández en la asunción, y del macrismo en su rol de opositor. Larreta dijo “si a Alberto le va bien nos va bien a todos”. Es un mensaje a la clase capitalista de que más allá del signo político de los gobiernos que se alternan, sean de derecha o nacionales y populares, el objetivo de ellos pasará por recomponer las ganancias empresariales e intentar maniatar a los que luchan. Cuando hablan de cerrar la grieta, se refieren a eso.

El famoso pacto social (“contrato ciudadano”) entre gobierno, empresarios, dirigentes sindicales y la Iglesia, tiene ese objetivo. Van a simular que se controlarán los “precios y salarios”, mientras se mantendrán el robo de las privatizadas, la flexibilización laboral por gremio, la garantía de que seguirá el saqueo con una ley especial de hidrocarburos para las multinacionales que operan en Vaca Muerta y los pagos de la deuda.

Como no habrá soluciones de fondo, el espejo en el que se tendrá que mirar Alberto Fernández, en perspectiva, será Chile, más allá de las desigualdades en los procesos de lucha de cada país. En el país trasandino no pueden parar una rebelión popular contra el modelo capitalista y represivo de Piñera.Antes fueron Puerto Rico (donde cayó el gobernador), luego Ecuador, donde se frenó un aumentazo en las naftas aconsejado por el FMI, y ahora la rebelión en Colombia, como parte de una oleada que recorre el mundo, ahora con epicentro en la huelga ferroviaria en Francia.

Sacar las rejas de la Plaza de Mayo para simular que desde ahora ese espacio “vuelve a ser del pueblo” o la actitud de Cristina de no mirar a Macri o no usar la misma lapicera para firmar el libro del cambio de mando, son gestos para posar de que se está ante “un gobierno distinto”, que “rechaza el ajuste de la derecha”, dando el mensaje que con gobiernos nacionales y populares se solucionarán los problemas. Pero no solo están siendo repudiados los gobiernos ligados directamente a Trump como Macri, Piñera, Iván Duque de Colombia o Lenin Moreno de Ecuador, sino también los gobiernos patronales supuestamente progresistas del doble discurso, como Lula, Evo Morales, Maduro y Ortega, que por mantener los pilares del capitalismo y no aplicar medidas de fondo (lo cual han envuelto en discursos “antiimperialistas y contra la derecha”), han permitido que la derecha se fortalezca, o llevado a regímenes totalitarios en Venezuela y Nicaragua, y en todos aplicando el ajuste. El hecho de que Fernández haya invitado a su jura al presidente ajustador y represor de Chile, Sebastián Piñera -el cual no pudo venir porque se cayó un avión militar- y el compromiso de visitar aquel país, es un claro apoyo a ese mandatario repudiado por millones y un revés al heroico pueblo chileno en su lucha por sacarlo.

El sindicalismo combativo y la izquierda tienen el desafío de acompañar al pueblo trabajador ante el nuevo gobierno de Alberto Fernández, llamando a que el salario, las jubilaciones y el trabajo no pueden esperar. Lo mismo el reclamo del movimiento de mujeres por el aborto legal, el cual ni fue mencionado por Fernández en su largo discurso en el Congreso. El paro de las Guardas del Sarmiento que lograron abrir una negociación para que se cumplan las condiciones laborales de higiene y seguridad; la rebelión de los residentes de CABA que con su lucha obligaron a que se retrotraiga una ley que los superexplotaba y precarizaba, y las aguerridas docentes y estatales de Chubut que dieron una enorme pelea contra el gobernador Arcioni (Frente de Todos) marcan el camino. Un gran aliciente para seguir llamando a enfrentar el pacto social y seguir denunciando que si Argentina sigue sometida a los dictados de las multinacionales, los bancos y el FMI y pagando una deuda fraudulenta, no habrá solución a los males sociales. Para dar estas peleas llamamos a seguir fortaleciendo a Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda Unidad.

Berni y Solá

Felipe Solá es el flamante canciller de Alberro Fernández. Desde hace tiempo se viene impulsando en su contra la campaña #ConEllosNo en repudio a quien es acusado ante la justicia por ser autor político e intelectual de la Masacre de Avellaneda, donde fuerzas de seguridad reprimieron una protesta social y asesinaron a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La orden de reprimir la dio Felipe Solá, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a otros miembros del Poder Ejecutivo. Solá dijo ante los hechos que se trataba de ‘un enfrentamiento de pobres contra pobres’ y felicitó públicamente al entonces comisario y asesino Fanchiotti. “Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”, dicen los familiares. Sergio Berni, por su parte, fue designado por Kicillof como ministro de Seguridad bonaerense. El ex carapintada Berni es experto en reprimir conflictos obreros, como en Lear. El propio Berni se autodenomina “un hombre de derecha” y un soldado de Cristina, y es defensor de las pistolas taser de Bullrich y mucho más. Una pinturita.