Lo dijo el portavoz de CADTM, red internacional que aboga por la anulación de la deuda del Tercer Mundo. Estuvo en Buenos Aires la semana pasada en un evento convocado por la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos. Si bien Toussaint apoyó la propuesta oficial de suspender por dos años el pago de capital e intereses de la deuda, postuló una salida que no es la de Alberto Fernández.

Ante la pregunta: “¿Argentina tendría que cuestionar o desconocer el acuerdo?”, el economista belga fue contundente: “Desconocer. Porque cuestionar no sirve realmente. Esto generaría una corriente de simpatía en el mundo” (Página12, 9/12). Y agregó: “El crédito otorgado a la Argentina es contrario al interés de la Nación, por lo tanto no nos sentimos obligados a seguir con ese acuerdo. Los resultados nefastos de ese crédito están a la vista. Mi planteo es argumentar en función de la doctrina de la Deuda Odiosa que dice que la naturaleza del régimen que contrató no importa (si dictadura o democracia). Lo que importa es el uso que se hizo de la deuda y el propósito. Esta doctrina dice que si la deuda ha sido contratada contra el interés de la Nación, el Estado o el pueblo, puede ser desconocida. Revierte la carga de la prueba: es el acreedor quien debe demostrar que no tenía condiciones de saberlo”.

Y agrega: “Tomar ese criterio indicaría para Argentina una situación muy fuerte; no mantenerse en una situación de denuncia sino en un acto soberano unilateral, basado en argumentos de derecho internacional. El gobierno actual podría decir “no podemos cargar sobre nuestro pueblo una deuda que fue contratada contra su interés”.

Interrogado sobre qué reacción internacional habría de aplicarse esta medida, Toussaint señaló: “Argentina podría distribuir más poder de compra a la mayoría de la población, mejorar sus condiciones de vida, salarios, jubilaciones y tener gasto público. Podría reactivar la economía rápidamente, generar empleo, demanda para los productores internos. El otro esquema es mantener el acuerdo con el FMI y pagar a los bonistas privados. El FMI va a exigir las mismas políticas por las que el pueblo de Ecuador se levantó. Hay que plantear que ese acuerdo debe desconocerse. No solamente tener un default técnico diciendo no tengo la plata para pagar, sino que además el pueblo de Argentina no tiene que pagarla por tal y tal razón”.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Economistas y periodistas afines al actual presidente dan por sentado que Argentina tiene que renegociar la deuda y pagar sí o sí. Lo justifican de distintas maneras. Refutamos esta tesis y postulamos un camino opuesto.

 “El acreedor es el FMI, que a la vez es privilegiado, y el deudor es Argentina, que no puede disponer el default de esa deuda ni pretender una quita de capital. En el mejor escenario, puede aspirar a que el repago de esa deuda no lo asfixie”. Esto dice el columnista y economista de Página12, Alfredo Zaiat (Página12, 27/11).

Con este mensaje, se quiere hacer creer que el FMI es “acreedor”, que Argentina es “deudora” y que como la deuda fue contraída por el gobierno de Macri en nombre del pueblo argentino, como lo dijo Alberto Fernández, no podemos zafar y tenemos que pagar. Este razonamiento es la forma leguleya de legitimar una deuda usurera y fraudulenta.

El otro argumento del mismo Zaiat es que como “los accionistas del FMI son 189 países, se entiende entonces que no es viable declarar la cesación de pagos a todos esos países, en especial a las potencias económicas. En caso de hacerlo el país se convertiría en un paria financiero y comercial, sin posibilidad de tener vínculos con el resto del mundo” (Idem). Es decir, tendríamos que seguir sometidos a los dictados de las potencias imperialistas de por vida y nunca podríamos salir de sus condicionamientos económicos y políticos.

Pero Zaiat no menciona ninguno de los antecedentes de no pago de los más de 200 que hubo en el mundo a lo largo de la historia y esconde el de Argentina en el 2001. Zaiat, como hace todo el peronismo kirchnerista, oculta que la rebelión popular que se denominó Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001 impuso la suspensión de los pagos de la deuda permitiendo que durante varios años Argentina contara con fondos para otorgar más de dos millones de planes sociales que posibilitaron paliar en parte la tremenda crisis social. En esos años, lejos de lo que pronostica Zaiat, Argentina no sufrió ningún boicot, invasión, sanción, ni nada que se le parezca.

Estos voceros que apoyan ciegamente a Alberto Fernández le dan el carácter de “acreedor” al FMI, un organismo explotador y chupasangre, legitimando el acuerdo sellado con Macri. Critican a Macri pero le avalan un pacto mafioso pactado con un organismo que responde a los dictados de Donald Trump, la Unión Europea y los banqueros internacionales.

Todo este palabrerío de Zaiat (algo que dista mucho de alguien que se titula de “nacional y popular”) es para terminar avalando la renegociación de la deuda. “Argentina tiene que crecer para pagar”, dice Fernández. Con eso lo único que se garantizará es que el pueblo trabajador tendrá que sufrir un nuevo ajuste. Además, si Argentina crece, debería ser para combatir los males sociales, no para pagar una deuda mafiosa.

Al revés de lo que dicen que con el no pago no aislaríamos del mundo, proponemos una salida opuesta. No hay ningún país que haya salido adelante de la mano del Fondo Monetario. Además, como lo reveló el economista Guillermo Calvo, en caso de que Argentina disponga la suspensión de los pagos quien entraría en crisis no sería nuestro país sino el propio FMI. “El que perdería sería el FMI, dijo Calvo. Centralmente porque Argentina demostraría a los pueblos del mundo que las deudas son usureras, hecho que podría ser imitado por otros países latinoamericanos facilitando la conformación de un frente de países deudores para dejar de pagar, uniendo la lucha de Chile, Ecuador, Colombia, Haití, Puerto Rico, junto a los poderosos Brasil y México, para derrotar en conjunto los planes de ajustes capitalistas y los condicionamientos del Fondo Monetario, Estados Unidos y las potencias explotadoras.

Argentina necesita dar pasos en camino a la Segunda Independencia, no en seguir postrada como alientan los seguidores del Frente de Todos. La deuda es con el pueblo, no con los usureros. Por eso insistimos en que la salida pasa por desconocer el pacto con el FMI (ver nota en esta página) y no pagar. Todo lo demás es doble discurso, el que enarboló el gobierno kirchnerista anterior, diciendo que pagando nos íbamos a desendeudar y a salvar. 

Escribe José Castillo

Aquel que esperaba alguna definición en el discurso inaugural de Alberto Fernández sobre aumentos de salarios o jubilaciones, se quedó con las ganas. Por ahora no hay nada. Si hubo definiciones con respecto a la deuda: “queremos pagar, pero no podemos”. La frase de Alberto Fernández, en su discurso inaugural, vino de la mano del nombramiento de su ministro de Economía Martín Guzmán. Considerado un “tapado” (apareció en los últimos días, ya que se mencionaba otros nombres para ese cargo), inmediatamente se empezaron a reproducir declaraciones suyas de poco tiempo atrás, que se resumían en una frase: suspender el pago de capital e intereses de deuda externa por dos años.

Vamos por partes. Primero y principal, se trata de un reconocimiento de aquello que sólo la izquierda venía planteando durante toda la campaña electoral: no hay ninguna posibilidad de pagar los vencimientos de deuda, incluso los más inminentes. La Argentina está al borde de la cesación de pagos. Sólo sería posible hacerlo a cambio de un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador que el que implementó el propio Macri. Pero Alberto Fernández sabe que eso es un suicidio político. Por si quedara alguna duda de que “no se puede” ahí están los ejemplos de las últimas semanas en Ecuador y Chile: los pueblos ya no toleran más ajustes y están dispuestos en las calles a resistirlos.

Segundo: ¿quiere decir esto que el gobierno de Alberto Fernández va unilateralmente a suspender, aunque sea por el plazo de dos años, todo pago de deuda? No es eso lo que se está planteando. Martín Guzmán dijo que “estamos en consultas con los acreedores” y que “las conversaciones que ya iniciamos con el FMI forman parte de esto”. En concreto, supedita todo a una negociación con los buitres de las finanzas internacionales y con los organismos representantes del imperialismo. Pero no existe en toda la historia del FMI ningún acuerdo sin la exigencia de un plan de ajuste. El propio Fondo ya dijo, una y mil veces, que está dispuesto a “renegociar”, pero pasando del actual préstamo stand by a otro “de facilidades extendidas”, donde se pueden correr vencimientos (nunca eliminarlos) a cambio de que el gobierno argentino implemente las reformas jubilatoria, laboral y mayores ajustes.

Tercero. Aún si se diera el caso de que el gobierno obtuviera un acuerdo con los acreedores de “correr” los pagos de capital e intereses por dos años, lo único que se lograría es patear el problema para adelante. Si se acumulan intereses sin pagarlos durante dos años, al final de ese período nos encontraremos con que la deuda se habrá incrementado en más de 50.000 millones de dólares por la simple acumulación de intereses impagos.

No hay salida sin dejar de pagar la deuda externa, repudiarla absoluta y definitivamente por ilegal, fraudulenta e inmoral y romper con el FMI. Todos esos recursos deben ser dirigidos a un auténtico plan de emergencia. La lucha contra la desocupación y el hambre solo se gana si se crea trabajo genuino, con un verdadero plan de obras públicas que, al mismo tiempo que resuelva el drama del déficit habitacional, genere millones de puestos de trabajo. Del mismo modo, hay que recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. Esto no se arregla con una “suma fija a cuenta de futuros aumentos”. Se trata de aumentar de verdad los salarios y las jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar, y desde ahí, se indexen mes a mes según la inflación. Al mismo tiempo, se tienen que reabrir todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Hay que retrotraer los tarifazos, al mismo tiempo que se reestatizan todas las privatizadas bajo gestión de trabajadores y usuarios. Y, si se quiere terminar de verdad con la especulación financiera, la fuga de capitales y las maniobras con el dólar, hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Así si habrá, de verdad, un auténtico programa de emergencia, obrero y popular

Escribe Guido Poletti

A pesar de las imágenes de Perón y Evita y del folklore de la marcha peronista, la fuerza política que ahora retorna al gobierno en nuestro país es muy distinta a aquel movimiento nacionalista que generó conquistas reales para los trabajadores y mantuvo una relativa independencia del imperialismo hace casi 80 años.

¡Vamos a volver!. Fue la consigna más cantada en los actos y concentraciones del peronismo kirchnerista. “Volvimos para ser mejores”, cerró su discurso el presidente Alberto Fernández el día de su asunción por la noche ante la multitud reunida en Plaza de Mayo.

El peronismo, otra vez, vuelve al poder. No es la primera vez que retorna. Lo hizo, con muchísima más expectativas populares que ahora, en 1973, con Cámpora y Perón. Retornó, luego de la hiperinflación alfonsinista, con Menem en 1989. Y otra vez fue gobierno luego del Argentinazo, fugazmente con Rodríguez Saá, luego con Duhalde y a partir de 2003 y durante 12 años, con el kirchnerismo de Néstor y Cristina. Ahora, tras el desastre del gobierno antipopular de Macri, el peronismo vuelve a ser el receptor del voto castigo y también de las expectativas de que “algo va a mejorar”.

Si bien ya nadie da “la vida por Perón”, el peronismo sigue siendo, para muchos, el partido más “popular”, el que supuestamente va a gobernar “priorizando a los que menos tienen”. Para esto se retrotraen a una historia de casi 80 años atrás, cuando el primer peronismo, en medio de las condiciones internacionales excepcionales del final de la Segunda Guerra Mundial, otorgó conquistas reales a la clase trabajadora: el aguinaldo, las vacaciones pagas, el fuero laboral, estatuto del peón, los hospitales públicos, los hoteles sindicales y un largo etcétera. Se nacionalizaron la banca y el comercio exterior y se estatizaron y crearon innumerables empresas, como Ferrocarriles Argentinos, Entel, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Somisa, etcétera. Ese primer peronismo se negó a ingresar al FMI.

Pero el peronismo ya hace mucho que dejó de ser ese movimiento nacionalista burgués que, con sus contradicciones y sus más y sus menos, mantuvo en el período 194555 una relativa independencia con respecto al imperialismo yanqui y garantizó conquistas reales a los trabajadores. Ya en 1973, Perón volvió tras el Cordobazo. No vino para hacer el “socialismo nacional” que esperaba la izquierda peronista, tampoco para volver a los “años felices” de la década del 40. El peronismo del ´73 al ´76 fue el del pacto social entre Rucci y Gelbard, que terminó con salarios a la baja y el ajuste del Rodrigazo a medidos del 75. Ese peronismo fue el que gobernó con Isabel, López Rega y la Triple A.

En 1989, con Menem, no vino el “salariazo” y la “revolución productiva” que pregonó en la campaña electoral. Por el contrario, llegaron las privatizaciones, los despidos en masa, Cavallo y Alsogaray. Y luego del Argentinazo llegaron los Kirchner. Con un discurso distinto, “nacional y popular”, en realidad un doble discurso. Decían que nos habíamos desendeudado, pero asumieron con 190.000 millones de deuda externa, pagaron 200.000 en efectivo y se fueron con una deuda de 240.000. Nunca derogaron la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, lo que permitió, como lo reconoció la propia Cristina Fernández, que “los bancos se la llevaran en pala”. Y si el primer peronismo había inaugurado el aguinaldo, el kirchnerismo fue quién prácticamente lo derogó, ya que un sector enorme de la clase trabajadora perdía un monto similar o superior teniendo que pagar el “impuesto a las ganancias”. Tras una recuperación inicial, los salarios empezaron a perder contra la inflación, que era escondida con los números truchos del Indec. Todo eso terminó en un enorme voto castigo en 2015, donde importantes sectores de la clase trabajadora y el pueblo, en forma equivocada, terminaron beneficiando a Macri.

Ahora el peronismo “vuelve” una vez más. En la foto están los gobernadores de siempre y los burócratas sindicales socios de todos los gobiernos, prometiendo “priorizar” a los más humildes. Siempre lo dijeron. Pero después, a la hora de la verdad, las banderas de la ·justicia social, soberanía política e independencia económica” una vez más serán arriadas para cumplir con los usureros externos, los bancos y multinacionales.

Ya nada quedó de ese movimiento nacionalista burgués de los 40 del siglo pasado. Políticas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, reestatización de las privatizadas o recuperación del gas y el petróleo, sólo las planteamos desde la izquierda. Así como la principal medida antiimperialista: dejar de pagar la deuda y romper con el FMI. Ese es el auténtico programa alternativo, de emergencia, al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para solidarizarse con los reclamos de las asambleas vecinales y el pueblo de la Provincia del Chubut que están movilizados contra la mega minería. A su vez, apoya el proyecto originario presentado como Ley por Iniciativa Popular que la prohíbe.

Chubut es una provincia de lucha contra la mega minería extractiva y contaminante. En 2003 un plebiscito en Esquel frenó a las transnacionales extractivas tras enormes jornadas de lucha (el 82% votó por “no a la mina”). A partir de este rotundo resultado y de la presión social, se promulgó la ley 5001 que prohíbe la minería, pero se le incorporó un artículo por el cual dejaron abierta la posibilidad de realizar una “zonificación” para habilitarla, algo que el proyecto de Schlotthauer repudia.

Al momento que se presentaba el proyecto en el Congreso eran reprimidos y encarcelados varios luchadores frente a la Legislatura de Chubut que se manifestaban alertas para que no pase ningún proyecto que introduzca la mega minería.

Schlotthauer señaló: “El lobby minero sigue actuando mientras los políticos patronales locales comienzan a presionar para fomentar el saqueo de las multinacionales”. Este proyecto va en línea con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.