Escribe Guido Poletti

Alberto Fernández prometió medicamentos gratis para los jubilados. Sostuvo que aplicar esta medida costaría 19.000 millones de pesos, apenas 10 días de los intereses de Leliqs que el Banco Central les regala a los bancos privados. El problema es que Fernández retrocedió en chancletas cuando alguien insinuó que se iba a financiar los medicamentos no pagando esos intereses de Leliqs. “Me malinterpretaron”, se excusó. “Lo único que hice fue una comparación y plantee que habría que bajar las tasas”. En concreto: una promesa vacía, sin una palabra de cómo se la cumplirá, ya que los banqueros seguirán cobrando sus tasas astronómicas.

El candidato del Frente de Todos también habló de un aumento de 20% a los jubilados, como si eso fuera la solución a la miseria a que están sometidos nuestros abuelos. Hagamos cuentas: significará llevar las jubilaciones a 15.000 pesos, menos de la mitad de lo que cuesta la canasta del jubilado, según la Defensoría Tercera Edad (valuada en 30.500 pesos).

No se puede jugar con nuestros abuelos: el PAMI debe ser capitalizado para que esté en condiciones de otorgar gratuitamente los medicamentos. A la vez, hay que otorgar un aumento de emergencia para que ninguna jubilación quede por debajo de la canasta de la Tercera Edad. Y otorgar el 82% móvil del salario en actividad. Desde el FIT-Unidad somos transparentes: eso sólo puede ser realidad si se lo financia con fondos que surjan de dejar de pagar la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

Si hay un tema en que explícitamente dicen lo mismo macristas y kirchneristas es con respecto a Vaca Muerta. Solo discuten a quién cabe adjudicárselo. Es que este auténtico monumento al saqueo de nuestros recursos no renovables, a la contaminación ambiental, a la flexibilización laboral y al atropello de los pueblos originarios, fue iniciado por Cristina y continuado en su desarrollo por el gobierno de Macri.

Para que no queden lugar a dudas acerca de qué pasará en el futuro Guillermo Nielsen afirmó: “Con Alberto Fernández tenemos un plan que daremos a conocer en su momento donde la prioridad es la puesta en marcha a pleno de Vaca Muerta […] Hacen falta reglas de juego nuevas que atraigan a jugadores internacionales […] Vamos a darle un marco regulatorio nuevo que implica menos impuestos y amortización acelerada. Además estamos proponiendo la ‘offshorización’ del producido de los no convencionales […] Proponemos un fideicomiso en New York” (El Cronista, 29/7).

Traducimos para nuestros lectores: tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos se preparan para otorgar más beneficios a los pulpos multinacionales del petróleo y el gas. Que paguen menos impuestos, que sigan los subsidios y las ganancias aseguradas. A esto le suman que sus ganancias queden en un ente al que no tenga acceso el estado argentino (una “offshore”). Será como si toda el área de Vaca Muerta dejara de ser parte de nuestro territorio y pasara a tener una entidad y jurisdicción extranjera. En síntesis: se llevarán nuestro gas y petróleo, nos dejarán el territorio contaminado, no pagarán impuestos y las ganancias ni siquiera pasarán por la Argentina. ¡Ese es el plan que Nielsen ofrece como “prioritario” para la supuesta reactivación económica! ¡Exactamente lo mismo que plantea el macrismo!

Desde el Frente de Izquierda-Unidad repudiamos el saqueo que se ha puesto en marcha en Vaca Muerta por parte de kirchneristas y macristas. Exigimos rescindir todos los contratos, dar marcha atrás con la flexibilización laboral que ya ha causado varias muertes de obreros petroleros y entregar todos esos yacimientos a una YPF 100% estatal para que, en común acuerdo con los pobladores de la región, se decida qué, cómo y dónde se explota los recursos.

Escribe Guido Poletti

Mientras se entregan los cielos a empresas extranjeras y a las low cost, y se vacía nuestra aerolínea de bandera, el gobierno de Cambiemos cumple con su palabra empeñada con los comandantes militares. Macri les había prometido “fortalecerlas”, lo que incluía compra de equipamiento.

En este caso se trata de un negocio cerrado en la última cumbre del G20 en Osaka, donde se adquirieron diez FA 50 fighter de la empresa estatal Korean Aerospace Industries (KAI). El monto de la adquisición suma un valor de 30 millones de dólares cada uno, pero a eso hay que sumarle los simuladores, el soporte logístico, el personal de mantenimiento y el costo del adiestramiento de pilotos. Los dos primeros aviones llegarán este año y los otros en períodos sucesivos.

Como vemos, para el gobierno de Cambiemos la única política aeronáutica es el fortalecimiento de la aviación de combate, destinando millones de dólares que podrían volcarse a resolver urgentes necesidades populares o, en lo específico de la temática aérea, a fortalecer nuestra aerolínea de bandera.

Escribe Guido Poletti

Los trabajadores aeronáuticos vienen llevando adelante una dura lucha, denunciado el ataque a sus condiciones de trabajo y la desregulación en el sector a favor de las low cost. El gobierno de Macri lanzó un feroz ataque contra los trabajadores, como globo de ensayo de una ofensiva contra todo el movimiento obrero.

El gobierno de Cambiemos viene acumulando toda una serie de medidas contra Aerolíneas Argentinas, favoreciendo a las otras empresas que operan en el mercado aeronáutico argentino y en particular a las low cost. Así se otorgaron rutas en condiciones escandalosas a empresas fantasmas que no cumplían las más mínimas condiciones, se favorecieron a los “amigos del presidente” y hasta se abrió un nuevo aeropuerto en el Palomar a pesar de las quejas de los vecinos que aportaron estudios de riesgo e impacto ambiental que fueron totalmente desestimados. Desde el comienzo de la gestión macrista hay una política descarada de vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Se le viene recortando presupuesto y puestos de trabajo en distintos sectores incluidos los tercerizados.

En ese marco los trabajadores aeronáuticos, nucleados en APLA y UALA, iniciaron semanas atrás una protesta consistente en denunciar las políticas “desregulatorias” del sector aeronáutico. Lo hicieron por medio de un mensaje elaborado en conjunto por los distintos sindicatos y leído desde las cabinas de los aviones una vez que estos hubieran aterrizado. La administración Nacional de Aviación Civil, a cargo de Tomás Insausti, denunció penalmente a los pilotos de Aeroparque. Los acusa de violar “lo establecido en el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil” con sanciones “laborales como penales”.

Se trató de un claro intento de amedrentamiento, que fue respondido contundentemente por los trabajadores aeronáuticos con reparto de volantes en el hall de Aeroparque y una marcha que recorrió todas las terminales del aeropuerto.

El gobierno acusa a Pablo Biró, el secretario general de APLA, diciendo que se trata de una medida de propaganda electoral kirchnerista. Sin darle ningún apoyo a Biró, que ha dejado pasar despidos y tiene un manejo absolutamente burocrático de su gremio, no podemos dejar pasar el ataque. Lo que se busca es regimentar a los trabajadores y sentar precedentes de sanciones penales ante una medida sindical.

Repudiamos el ataque a los trabajadores aeronáuticos. Como así también el conjunto de la política desreguladora para el sector, que busca vaciar Aerolíneas y reemplazarlas por low cost que no cumplen los mínimos estándares de seguridad y sobreviven a costa de la flexibilización extrema de sus trabajadores. Como tantas otras veces defendemos a Aerolíneas Argentinas como línea de bandera, para que el transporte aéreo cumpla el rol social y de desarrollo regional que debe tener, en vez de ser un negocio al servicio de los pulpos internacionales.

Escribe Juan Carlos Giordano, candidato a diputado nacional.

Muchos siguen opinando que hay que votar a Alberto y a Cristina para sacarlo a Macri. Algunos hasta lo plantean sin mucha esperanza, como “mal menor”, pero dicen que no queda otra. Otros dicen que lo votarían porque “la izquierda no va a llegar”.

Lamentablemente, este argumento que se viene usando a lo largo de los años, resultó ser un perjuicio para esos mismos votantes. Se llegó a votar a De la Rúa en 1999, el mismo que nos llevó a la crisis de 2001, y luego se dio la rebelión popular del Argentinazo para echarlo.

Primero, compartimos que hay que sacar a Macri y a su ajuste. Es lo que desde la izquierda y el sindicalismo combativo venimos planteando desde que asumió Cambiemos, exigiendo un plan de lucha nacional para derrotar el ajuste. Pero el peronismo y las conducciones sindicales, con su complicidad, fueron las que dejaron pasar el ajuste. El propio Alberto Fernández hasta 2017 fue vocero y asesor de Sergio Massa para que le votara las leyes a Macri. ¿Ahora Alberto es el “salvador”? ¡Basta de doble discurso!

Tampoco hay que votar por aquellos que vinieron aplicando el ajuste macrista en las provincias, como en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, bajo gobiernos provinciales directamente kirchneristas. O a los gobernadores peronistas que ahora se sumaron a la fórmula Alberto-Cristina y vienen siendo socios del ajuste de Macri.

Segundo, no pueden ser alternativa Alberto y Cristina cuando ya dijeron que no van a desconocer el ajuste que aplicó Macri, sino que lo van a convalidar, en especial los tarifazos. Ya ni hablan de retrotraerlos aunque sea parcialmente. Alberto y Cristina van a ratificar los aumentazos del mil, dos mil y tres mil por ciento de Macri y las privatizadas. ¿Por qué habría que votarlos?

Tercero, los propios economistas de Alberto Fernández ya han dicho que no hay que hacerse ilusiones de que un futuro gobierno de ellos solucionará mágicamente los problemas. Por eso no hablan de un aumento real de salarios, prohibir los despidos o el 82% móvil a los jubilados. A lo sumo dicen que van a dar “paritarias libres” o que se le van a restituir los medicamentos a los jubilados o dar un aumento insuficiente. Medidas que, aunque se aplicaran, se los va a comer la inflación o una nueva devaluación, como el propio Fernández vaticinó diciendo que el dólar está subvaluado, insinuando que en su gobierno puede volver a subir el dólar con el consecuente robo salarial y jubilatorio que eso implica.

Por último, y lo peor de todo, es que las pocas promesas electoralistas de los Fernández van a quedar en la nada porque con ellos va a seguir el FMI y los pagos de la deuda. No hay ningún país en el mundo en el que de la mano del Fondo Monetario haya habido trabajo, salario o reactivación de la economía. Pagando la deuda hay más pobreza y miseria. Lo demuestra Puerto Rico, donde todo un pueblo se sublevó contra un endeudamiento de 70.000 millones de dólares después de una reestructuración de la deuda que se hizo a principio de año, quedando la mitad de su población en la pobreza. Grecia es otro ejemplo, junto a Haití, Nicaragua, Portugal y tantos otros países sumidos en la miseria, más flexibilización y entrega por aplicar los planes del FMI.

Con Alberto y Cristina va a seguir el FMI, por lo tanto va a haber un nuevo ajuste, no la “heladera llena”. ¿Por qué votar entonces por una fórmula que no va a desconocer el pacto mafioso Macri-FMI como sí proponemos desde el FIT Unidad?

No es cierto que para derrotar a Macri, a su ajuste y al FMI hay que votar al Frente de Todos. Alberto y Cristina están generando la ilusión de que con ellos las cosas van a cambiar, pero esa ilusión rápidamente se va a transformar en decepción. Votar por el FIT-Unidad y a Del Caño-Del Plá, en cambio, es para fortalecer de verdad la pelea por derrotar a todos ellos.