Escribe Martín Fú

La jueza que lleva la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro, Blanca Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, rechazó diversas medidas de prueba pertinentes que solicitaron los fiscales y la querella, las cuales buscan comprobar e incorporar en el expediente judicial la responsabilidad de la policía bonaerense en la autoría de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. La jueza ha descartado, por ejemplo, el pedido de secuestro de decenas de celulares pertenecientes a policías y el allanamiento de diversas sedes policiales en donde se encontraron efectos personales de Facundo, así como posibles rastros genéticos de la víctima en patrulleros, que deberían ser reconfirmados y que constituyen una prueba contundente en cualquier proceso judicial.

 A pesar de estar incorporadas en la causa medidas de prueba, Marrón descartó parte del pedido de la fiscalía y las querellas amparándose en argumentos como que “los policías no pueden ser chivos expiatorios, ni perseguidos por su condición de policías”, porque “reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país” (Página/12, 22/10), negando inclusive que Facundo haya pasado por las comisarías de Teniente Origone, Mayor Buratovich o cualquier otra dependencia.

La decisión de la magistrada forma parte del pacto de impunidad impulsado, primero, con el encubrimiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, funcionario del gobernador Kicillof, que busca despegar a la policía y cerrar la causa sin establecer responsabilidades.

Así lo comunicó la Comisión Provincial de la Memoria, querellante institucional, a través de una carta, en donde apuntó a la doctora Marrón por rechazar una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas, “que la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad” y “se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió”, repitiendo y reforzando en su carta “que la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”,  coincidiendo en esta valoración junto con la querella familiar y los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para llegar a la verdad, denunciando la complicidad de Berni y el gobierno, que desde un primer momento buscaron encubrir a la bonaerense, repudiando la decisión de la jueza y postulando la necesidad de que la causa sea encabezada e investigada por una comisión independiente que, junto con la movilización y el acompañamiento a la familia, llegue a la verdad y consiga el castigo de todos y cada uno de los culpables.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño, FIT-Unidad 

Sigue progresando la coordinación de las organizaciones socioambientales que convocamos en los últimos meses a distintas acciones a nivel nacional contra la política del gobierno de avanzar en la depredación ambiental al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. El rechazo al acuerdo con China para importar las megafábricas de cerdos fue uno de los puntos aglutinantes. Ahora en las próximas semanas se vienen días claves después de haber logrado en septiembre su postergación. El Festival Primavera en Llamas representó un masivo aporte desde el arte a la pelea por #NoalAcuerdoPorcinoconChina.

Las últimas semanas el gobierno se ha encargado de incrementar la bronca de este movimiento. En el acto del presidente en Vaca Muerta se anunció que el Estado (es decir, todos, a través de nuestros impuestos) va a financiar las ganancias de las multinacionales del fracking, mientras que por otro lado se le reducen las retenciones a los grandes productores del campo. La aprobación del muy cuestionado trigo transgénico, resistente al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, generó el pronunciamiento de más de mil investigadores del Conicet y distintos entes científicos nacionales. Y en el Boletín Oficial se publicó la habilitación para explotar entre 500.000 y un millón de hectáreas que hoy son zonas de exclusión, de protección y amortiguación, protegidas de la explotación agroindustrial.

Todo esto mientras los incendios siguen afectando distintas zonas del país, como el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, reserva de especies en extinción como el yaguareté. Al 25 de octubre, 898.755 hectáreas fueron incendiadas en lo que va del año. El gobierno anuncia con bombos y platillos un proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio del uso del suelo de territorios incendiados. Algo que las leyes vigentes ya contemplan, pero que los gobernadores peronistas y radicales no hacen cumplir en sus provincias. ¿Ahora sí lo harán? Por lo pronto, este proyecto no contemplaría al casi millón de hectáreas incendiadas este año. La especulación inmobiliaria y el agronegocio capitalista han preparado el terreno para sus negociados y los gobiernos los siguen apañando.

Ante este panorama, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista hemos propuesto al conjunto de las organizaciones socioambientales con las que venimos dando pelea, además de impulsar nuevas jornadas de lucha, avanzar en poner en pie una coordinadora a nivel nacional que nos sirva para pararnos ante el gobierno con nuestros reclamos y darle una fisonomía unitaria a nuestras convocatorias a nivel nacional. El 3 y el 9 de noviembre está planteado volver a salir en todo el país con nuestros reclamos. ¡Basta de falsas soluciones! Las vidas no se negocian, basta de devastación ambiental al servicio del pago de la deuda.

Hay una situación desesperante para millones. Crecen la miseria y el hambre. Sigue aumentado el precio de los alimentos, corriendo de atrás a la devaluación y la creciente “brecha” del dólar. Todo es más caro, la leche, el aceite, las frutas, las verduras. Los propios datos oficiales del Indec reconocen un fuerte aumento de 3,8% en la canasta básica. Miremos por donde miremos, la realidad es que a los ya golpeadísimos salarios y jubilaciones les está cayendo un nuevo zarpazo. 

Sumémosle a esto que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la misma semana en que se anunció el lanzamiento de los tarifazos de gas y electricidad a partir de 2021, admitió muy suelto de cuerpo que en el verano “van a haber muchos cortes de luz”. Increíblemente, se adelanta a echarle la culpa a “la gente que por la pandemia se va a quedar en su casa, y eso aumentará la demanda”. ¡El gobierno le lava la cara a las empresas privatizadas que no invirtieron nada en infraestructura a pesar de seguir recibiendo millonadas en subsidios! Como dijimos siempre desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, la salida no está en los subsidios ni en los tarifazos, sino en reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios, exactamente lo opuesto que han hecho todos los gobiernos desde Menem hasta hoy.

Los 3.750.000 puestos de trabajo perdidos durante la pandemia amenazan con ser muchos más. Un gran número de patronales anuncian despidos y algunas, incluso, cierres. Varias transnacionales ya se fueron dejando un tendal, como es el caso de Latam. Ahora tenemos el anuncio del cierre de Danone, con cinco mil puestos de trabajo en juego, y la multinacional fabricante de celulares Brightstar, con otros quinientos trabajadores que podrían quedarse sin empleo. Todo esto sucede mientras el gobierno peronista del Frente de Todos “deja hacer” a pesar de que existe un DNU que prohíbe los despidos. Medida que, como venimos insistiendo, se tendría que obligar a cumplir expropiando toda fábrica que cierre, despida o suspenda, para ponerla a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

¿Qué hace Alberto Fernández mientras tanto? Trata de seducir a los empresarios, como se volvió a ver esta vez en el Coloquio de IDEA, otorgando, con el conjunto de medidas lanzadas por el ministro de Economía Martín Guzmán, todo un conjunto de beneficios. Hace un par de semanas le tocó a los monopolios agroexportadores y a las megamineras, ahora a los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, a los Galperín (Mercado Libre) de la “economía del conocimiento” e, inclusive, a los propios pulpos especuladores financieros, a los que liberó de una serie de limitaciones para que accedan más fácilmente a dólares y los sigan fugando. Todas medidas, en síntesis, al servicio de las grandes patronales. Tanto, que se ganaron una felicitación especial de la directora general del FMI, Kristalina Georgieva.

La burocracia sindical, por su parte, sigue sosteniendo el ajuste. Ahora, con el finalmente convocado Consejo Económico y Social, los dirigentes de la CGT y las CTA se sentaron con las centrales empresarias y el gobierno. Obviamente, no se mencionó la necesidad de aumentos salariales. No nos debe extrañar, es la repetición de la escena que vimos la semana pasada cuando en el Consejo del Salario Mínimo tanto la CGT como la CTA de Yasky avalaron un “aumento” vergonzoso para el pomposamente llamado “salario mínimo vital y móvil” que ya hace mucho no tiene nada de “vital” ni mucho menos de “móvil”.

El gobierno trata de esconder esta realidad polarizando con el desastroso gobierno de Macri y Juntos por el Cambio o las “marchas de la derecha”. Hay compañeros de trabajo, de estudio o vecinos en los barrios que, frente a esto, siguen manteniendo las expectativas en el gobierno, abonadas por frases de algunos dirigentes que prometen la reactivación “para después de la pandemia”. Pero de promesas no se come. Ya van diez meses de un gobierno que suma medidas a favor de las patronales y ninguna para los trabajadores. Hasta el tantas veces postergado impuesto a la riqueza sigue en veremos. Por eso no nos llaman la atención el malestar creciente, la bronca y la decepción que recorren cada vez más al pueblo trabajador. Incluso a muchos que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste de Macri” con la promesa de “llenar los bolsillos”, y que ahora ven que esa realidad está cada día más lejos. Todo eso se reflejó en el poco fervor que se vio en el acto del 17 de octubre en un evento que fue presentado previamente como del peronismo unido y el “gran relanzamiento” del gobierno de Alberto, donde la gran ausente fue Cristina Fernández. Jornada que terminó con denuncias cruzadas sobre quién fue el responsable de que se “cayera” la aplicación del acto virtual. Toda una expresión del desgaste y la crisis política que hoy recorre a la coalición gobernante, y sus distintos componentes, por no dar respuestas a los problemas de los trabajadores.

Mientras tanto, esta semana nuestro país alcanzó el millón de contagiados por coronavirus. El sexto lugar mundial, después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y España. Siguen sonando las alarmas por el colapso del sistema de salud en montones de lugares, pero cualquiera que recorra las calles ve cómo el gobierno peronista nacional y los provinciales de todos los signos políticos ya hicieron que se abriera todo. Millones de trabajadores van y vienen a sus trabajos o a sus changas con el consiguiente riesgo de que aumenten los contagios.

La pandemia social, por su parte, sigue mostrándonos su llaga más profunda en Guernica. El gobierno, en vez de resolver el problema, tuvo como objetivo el desalojo y acusa a la izquierda de alentar la continuidad de la toma, cuando fueron los propios vecinos quienes lograron, con su organización, movilización y la solidaridad que los rodea, parar en varias ocasiones la orden de desalojo inminente. Ahora se ha abierto una instancia de negociación. Respetaremos lo que decidan los vecinos. Pero, mientras tanto, desde Izquierda Socialista sostenemos que tenemos que seguir impulsando las actividades de solidaridad y apoyo, porque de la fortaleza de la toma depende que se alcance una auténtica solución, con viviendas para todos.

Es un hecho que las patronales y el gobierno, más allá de roces circunstanciales, acuerdan en que el plan fundamental es el que están pactando con el Fondo Monetario Internacional, y que se puede resumir en una frase: hacer que la crisis la pague el pueblo trabajador. Esto es lo que se verá en las próximas semanas con la votación del presupuesto de ajuste para 2021.

Frente a esta realidad, tenemos que decir ¡basta de despidos!, ¡basta de robo salarial!, ¡basta de hambre y miseria! Hay que exigir aumentos salariales de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias. Pero, sobre todo, necesitamos plantear un programa económico alternativo, obrero y popular, para que la crisis la paguen quienes la provocaron y a la vez se siguen beneficiando con ella, los capitalistas. Tenemos que dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner un verdadero impuesto a las grandes riquezas. Terminar con la especulación del dólar nacionalizando la banca y el comercio exterior. Ese es el camino para tener los fondos necesarios para volcarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, vivienda, salud y educación.

Escribe Diego Martínez

Hubo tres actos. El más importante fue convocado por la CGT. Contó con la presencia de gobernadores, intendentes del conurbano y dirigentes sindicales de la CGT y la CTA, donde Alberto Fernández fue el único orador. La gran ausente fue Cristina. Hasta último momento se especuló sobre su presencia pero finalmente no fue de la partida, aunque sí estuvo Máximo Kirchner. Moyano, por su parte, no quiso quedar pegado a la desgastada conducción cegetista que viene dejando pasar el ajuste y realizó un evento propio en el que, sin embargo, se deshizo en elogios hacia Fernández y Cristina y llamó a los trabajadores a apoyar al gobierno. En otro plano, Barrionuevo y Acuña se juntaron con Guillermo Moreno y Duhalde, quien dijo que “el peronismo no tiene futuro”. Lejos de seguir la vieja máxima peronista de “unidos y organizados”, el 17 de octubre mostró un peronismo fraccionado, división que se expresó incluso entre los convocantes al acto “oficial”. La cúpula de la CGT le pasó factura a La Cámpora, encargada de la organización virtual del evento, por el fracaso del sistema informático mediante el cual, supuestamente, millones de personas podrían haber participado del acto. Moyano, por su parte, echó leña al fuego con sus declaraciones: “Hubiera sido importantísima la presencia de Cristina, a lo mejor tiene algún motivo” (Clarín, 19/10).

Tampoco se expresó un entusiasmo desbordante entre los trabajadores y los sectores populares. El peronismo convocó a este acto buscando el “relanzamiento” de su gestión y generar una “inyección de apoyo” hacia su gobierno. Pero no fue así, fundamentalmente por el descontento que existe en muchos sectores ante el crecimiento de las dos pandemias, la del Covid-19 y la social, por la cual millones de argentinos caen en la pobreza. 

¿Es el peronismo una solución a los problemas de los trabajadores?

Dijo Fernández, parafraseando al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto: “Dios debe ser peronista, porque menos mal que el peronismo está gobernando la Argentina en este momento” (Página/12, 18/10). En el discurso del presidente abundaron las referencias a la crisis existente, él mismo afirmó que será recordado como “el presidente de la pandemia”.  

Sabemos que amplios sectores del pueblo trabajador siguen teniendo expectativas en el gobierno, sobre todo porque lo comparan con Macri, pero también porque creen que el gobierno no pudo llevar adelante su verdadera política por la pandemia. No compartimos estas posiciones.

En una situación como esta es cuando más quedan claras las prioridades de un gobierno. Si prioriza a los de arriba o a los de abajo. En su discurso, Alberto, citando al papa Francisco, sostuvo que para él y su gobierno están “primero los últimos”. A juzgar por lo que vimos estos meses tenemos que decir que, más allá de su doble discurso, en la realidad concreta para Fernández “primero están los primeros”. Durante la cuarentena acordó con las patronales y la CGT recortes salariales y dejó pasar suspensiones, cierres y despidos, les otorgó subsidios a las patronales para que mantengan sus ganancias, negoció con los bonistas y le pagó 4.500 millones de dólares al FMI. Mientras los empresarios reciben todo tipo de beneficios para mantener sus ganancias, o al menos aminorar sus pérdidas, la situación de los trabajadores es cada vez más angustiante y el gobierno no toma medidas para revertirla. Con este gobierno peronista se llegó a 13,8% de desocupación, aumentó la pobreza a 40,8% y se calcula que a fin de año van a haber 750.000 pobres más (datos Unicef), millones se quedaron sin trabajo y otros vieron reducir drásticamente sus ingresos.

En el discurso del sábado hubo muchas referencias al viejo peronismo, pero lejos está el gobierno de Alberto de llevar adelante las tres banderas justicialistas: soberanía política, independencia económica y justicia social.

Por una verdadera alternativa política de los trabajadores

Alberto Fernández abundó con las referencias a las conquistas obtenidas por los trabajadores y el pueblo. El gobierno utiliza el recuerdo del primer peronismo, que quedó grabado en “las retinas” de millones y se transmitió de generación en generación, para buscar el apoyo de los trabajadores. Pero lo cierto es que no existe más el peronismo de las conquistas obreras y populares. Hace décadas que gobierna al servicio de las patronales y garantiza el saqueo imperialista. 

El peronismo siempre inculcó la concepción de que hay que apostar a la unidad entre trabajadores y patrones. Esto lo sostuvo Alberto Fernández en su discurso cuando dijo que hay que apostar a la “reconstrucción” de la Argentina sobre la base de la unidad con los patrones. Sin embargo, confiar en esta unidad, como marca la experiencia histórica, produjo que desde hace décadas vayamos perdiendo conquista tras conquista.

Por eso decimos que no es salida para los trabajadores. Hoy es la izquierda la que defiende las históricas conquistas que obtuvimos los trabajadores a lo largo de las décadas frente a los ataques de los gobiernos patronales. Por eso, acompañamos e impulsamos todas las luchas por salario, jubilación, defensa de la salud, de la educación y el derecho a la vivienda, entre otras reivindicaciones. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que romper con el imperialismo y el FMI, dejar de pagar la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las empresas privatizadas.

Llamamos a aquellos compañeros que se reivindican peronistas pero sufren las consecuencias de las políticas implementadas por este ajuste a enfrentarlo juntos en las calles, los lugares de trabajo y los barrios. Invitamos a los compañeros a debatir sobre estas conclusiones. Nosotros, por nuestra parte, seguimos construyendo Izquierda Socialista, convencidos que la salida es la lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, única solución definitiva a los problemas de nuestro pueblo.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista del Frente de Todos estuvo presente en el Coloquio de IDEA. El presidente Alberto Fernández asistió a la apertura y el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el panel del último día. Recordemos que se trata de la reunión anual de lo más granado del empresariado concentrado nacional y extranjero, un auténtico “foro” donde el establishment económico da a conocer sus posiciones y exigencias frente a los gobiernos. Como dato de color, Néstor y Cristina Kirchner nunca asistieron. Más aún, la “excusa” que usó Néstor Kirchner para echar en 2005 a su entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue por su participación en este coloquio.

Alberto Fernández ya venía reuniéndose sistemáticamente con los principales patrones de la Argentina. Su presencia en IDEA “coronó” esta serie de actividades. Su discurso fue toda una serie de elogios y promesas al empresariado. Periodistas del diario Perfil descubrieron una perlita: sus palabras parecen casi calcadas del discurso que dio ante el mismo coloquio el entonces presidente Macri en 2016.

Sin embargo, todas las “señales amigables” que da el gobierno del Frente de Todos no parece alcanzarles a las principales patronales argentinas. Siguen exigiendo más. “Un plan”, dicen, que traducido es “más ajuste aún”. O medidas más claras para que vuelva la “confianza”. Nuevamente, traducido, más concesiones a las empresas, los bancos y el establishment económico. Sus economistas y periodistas insisten: la “dirección” de las medidas está bien, pero se necesitan “más”. Y, por supuesto, coronan todo esto con un dólar que sigue subiendo y brechas entre el oficial, el blue, los “contados con liqui” y MEP (dólares que usan los grandes especuladores para fugar).

¿Cómo viene respondiendo el gobierno a todo esto? Como en toda la cuarentena. No es cierto lo que sostienen algunos periodistas amigos del oficialismo de que Alberto Fernández está “resistiendo”. Al contrario.

La realidad es que se sigue profundizando el ajuste contra el pueblo trabajador. Las paritarias siguen congeladas, o acordadas con sumas fijas totalmente por debajo de la inflación. Las jubilaciones recibieron tres aumentos por decreto, donde el 100% de los trabajadores, incluyendo los de la mínima, terminaron recibiendo menos que lo que les habría correspondido si se hubiera aplicado la cláusula de reajuste suspendida por el Frente de Todos apenas asumió en diciembre. Ahora se está por aprobar una nueva fórmula de reajuste jubilatorio a aplicar a partir de 2021, se hará según la variación de los salarios y no de la inflación. O sea, con los datos de este año los jubilados volverán a perder más aún el año próximo. 

A esto sumémosle que se perdieron 3.750.000 puestos de trabajo, con sus consecuencias en términos de crecimiento astronómico del desempleo y la pobreza.

Y del otro lado hay una ya larga serie de medidas, que se profundizan día a día, de concesiones a las grandes empresas. A las que ya se vienen tomando desde que comenzó la pandemia (rebajas de salarios de 25%, ATP con el gobierno pagándole a las patronales hasta 50% de los salarios de montones de empresas, despidos, suspensiones y cierres de empresas dejados pasar sin sanciones) se suman las medidas del último mes. Veamos.

Se rebajaron las retenciones a los monopolios exportadores del agro y la megaminería. Ahora se sumaron subsidios a las petroleras y las gasíferas. Se anunció que, a partir del año próximo, se descongelan las tarifas de gas y electricidad. Se le brindaron nuevas concesiones a las grandes patronales de la llamada “economía del conocimiento”. Se anunció que el Estado se va a hacer cargo de pagar salarios de empresas que deban reestructurar sus deudas. Finalmente, en el propio Coloquio de IDEA, el ministro Guzmán dio a conocer toda una batería de medidas que benefician directamente a los especuladores financieros. Les rebajará los impuestos a las ganancias y bienes personales. Se eliminarán incluso las escasas medidas que existían para que les resultara menos fácil fugar vía el “contado con liqui”: se reducen los días que llevaba la operación, con el riesgo consiguiente, y se vuelve a permitir operar en ese mercado especulativo incluso a los fondos de inversión extranjeros. Hasta los diarios más cercanos al oficialismo dicen que esta medida tiene por objeto facilitar que puedan salir (léase “fugar”) fondos usureros internacionales como Templeton y Pimco, a los que hasta se les pondrá a disposición 750 millones de dólares de las casi inexistentes reservas del Banco Central.

Todo esto es para transitar el tiempo que lleva alcanzar el “premio mayor”, acordar el ajuste con el Fondo Monetario Internacional.

Así, sin dudas, no hay salida para el pueblo trabajador. El camino es exactamente el opuesto. Por eso insistimos en que es necesario otro plan económico, obrero y popular, que comience con dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y, en vez de cederle todos los días algo nuevo a las grandes patronales, cobrarles un impuesto de verdad a las grandes riquezas. Para así, con todo ese dinero, volcarlo a resolver las más urgentes necesidades populares generadas por las dos pandemias, la sanitaria y la social.