El 29 de noviembre se están convocando acciones en todo el planeta para movilizarse contra el calentamiento global. ¿Cuáles son los debates del movimiento en nuestro país?

Escribe Nicolás Nuñez, Legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT-U

Las jornadas globales en torno a la cumbre climática de la ONU de septiembre dieron cuenta de una nueva ola verde que sacude al mundo. Más de siete millones de personas ganaron las calles luchando contra el calentamiento global, la aniquilación de la naturaleza y las amenazas de extinción de la vida humana que señalaron distintos estudios científicos en los últimos meses. Sin embargo, más allá de las declaraciones de intenciones, ni los “líderes mundiales” ni mucho menos las multinacionales contaminantes han dado muestras de corregir rumbo alguno. Recordemos que el 71% de las emanaciones de gases de efecto invernadero las producen un puñado de 100 empresas. Ante este panorama, el movimiento global de organizaciones ambientalistas ha resuelto una nueva convocatoria este 29 de noviembre. En nuestro país nos movilizaremos de Congreso a Plaza de Mayo a las 17 horas.

Todo esto en un contexto donde la cumbre climática COP25 que estaba planificada para desarrollarse a fines de noviembre en Chile tuvo que trasladarse a otro continente. El traspié de Sebastián Piñera sirve de botón de muestra. Un presidente que quería mostrarse como abanderado de la lucha contra el calentamiento global fue puesto contra las cuerdas por movilizaciones que tienen entre sus pliegos de demandas la recuperación y protección de los recursos naturales que hoy están siendo saqueados por las multinacionales gracias a los TPP (Acuerdos Transpacíficos de Cooperación Económica, según su sigla en inglés).

La lucha masiva en las calles abre un camino para frenar efectivamente la destrucción ambiental capitalista y desenmascara a los gobiernos patronales que posan “preocupados” ante la crisis ambiental, pero cuya única verdadera misión es garantizar las ganancias empresariales.

Los “presupuestos mínimos” para combatir el cambio climático en el país

En la maratónica sesión del Congreso de la semana pasada se aprobó la denominada “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, celebrada por las organizaciones ambientalistas de nuestro país. Nuestra compañera Mónica Schlotthauer y Nicolás del Caño votaron a favor del proyecto a pesar de algunas limitaciones.

La ley tiene de positivo que determina una serie de pautas que pueden ser palanca de movilización para exigirle a los gobiernos su cumplimiento y políticas efectivas, creando organismos institucionales e incorporando la definición de que debe ser elaborado un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. Sin embargo, a la hora de establecer la creación de un “consejo asesor”, deja la puerta abierta para incluir a las mismas empresas que saquean y contaminan como la Barrick o Monsanto, mientras solo permite la participación a las organizaciones políticas que tengan representación parlamentaria. Es poco claro cómo se definiría la inclusión de las organizaciones ambientalistas y especialistas del campo científico.
Además, como pasa con otras leyes, adolece de la ausencia de una definición clara de dónde saldría el presupuesto para su implementación, en un contexto donde con el gobierno entrante lo que va a primar es el pago de la deuda externa. De aquí surge la principal alerta a ser tomada por el movimiento ambiental en nuestro país: ¿existe posibilidad de desarrollar una economía que no destruya el ambiente bajo la bota del FMI? Desde Izquierda Socialista respondemos tajantemente que no.

Es importante que el movimiento de lucha en nuestro país pueda sacar conclusiones de las maniobras de los partidos patronales. Hoy celebraron esta ley. En la próxima sesión tratarán el presupuesto, y ahí a dos manos, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, van buscar ratificar el saqueo y la contaminación ambiental al servicio de pagar la deuda.

El verdadero “presupuesto mínimo” para frenar verdaderamente la destrucción ambiental es echar al FMI, dejar de pagar la deuda y recuperar el control de los recursos naturales hoy en mano de las multinacionales. Un efectivo plan de adaptación y mitigación solo va a ser posible cuando echemos a las multinacionales y sean los propios trabajadores y el pueblo, junto a la comunidad científica, quienes definan qué y cómo se produce y consume.

“El extractivismo como política de Estado no tiene grieta. Y desde los años ‘90, con el cambio en la legislación de muchos países de Latinoamérica, todos los gobiernos han apostado al desarrollo de la megaminería”, señaló un reciente comunicado de la Asamblea de Vecinos de Esquel. La lógica es la misma en todo el país. El Estado nacional ajusta para pagar la deuda y frente a esto los gobernadores abrazan la megaminería, el fracking, el monocultivo de soja y la producción depredadora que sea con tal de juntar caja para sus provincias.

Chubut es otra vez un botón de muestra. Allí el gobernador Mariano Arcioni del Frente de Todos busca pasar por encima del rechazo popular contra la megaminería. La trampa es la “zonificación”: delimitar áreas de “excepción” para su explotación. Según Arcioni, esa es la salida a la crisis presupuestaria de la provincia. O nos matan de hambre o nos matan con cianuro en el agua.

Nuestra diputada Mónica Schlotthauer presentará un proyecto rechazando esta política de Arcioni y respaldando los reclamos de los colectivos ambientales de la provincia.

Tras el incendio ocurrido el miércoles pasado en el Ingenio La Esperanza, Jujuy, son ocho los trabajadores que perdieron la vida y aún quedan muchos internados con quemaduras de consideración. El emblemático ingenio que da vida a la ciudad es foco de atención desde hace años, marcando un derrotero de quiebras y despidos, siendo privatizado con su venta al grupo Budeguer en mayo pasado. La desinversión y las precarias condiciones de trabajo generaron este crimen laboral y social evitable.

Escribe Fernanda Giribone, desde Jujuy

El miércoles pasado una explosión en la destilería del Ingenio La Esperanza ocasionó un incendio que terminó con la vida de ocho obreros. Inicialmente se hallaron cinco cuerpos, y recién cuatro días después se encontraron dos más, número que completaría el total de trabajadores denunciados como desaparecidos por sus familiares. La octava víctima, que se encontraba con más del 80 por ciento del cuerpo quemado, murió en el hospital.

El fuego recién pudo ser sofocado casi 16 horas después de la explosión. Según cuentan los sobrevivientes las llamas, que creen se iniciaron por un desperfecto eléctrico en la zona de destilería, se propagaron en cuestión de segundos arrasando con todo lo que encontraban a su paso. En el lugar trabajaban en ese momento 140 personas.

Muchos trabajadores y familiares de operarios señalaron que, aunque la noche anterior ya había existido una explosión y había un cable de electricidad suelto que emitía chispas cerca de los tanques de alcohol, la empresa no reparó los desperfectos y se continuó con las labores normales. Por su parte el sindicato azucarero había realizado denuncias, planteando que las condiciones básicas de seguridad e higiene no estaban garantizadas, se habían denunciado fallas y desperfectos, así como también inspecciones a los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia, que nunca se realizaron.

Podemos afirmar claramente que esta tragedia no es un accidente, sino el desenlace lógico de las precarias condiciones en la que se trabajaba, tras años de vaciamiento y desfinanciación, llevada a cabo por distintos administradores y gobiernos. Hace más de 20 años que el Ingenio La Esperanza se encontraba en un estado de quiebra permanente y sus trabajadores sufrían precarización y despidos.

La venta del Ingenio, que hasta entonces era administrado por el Estado, se concretó luego de la decisión del gobierno jujeño de entregarlo a manos privadas. Tras un fallido acuerdo con el grupo colombiano Omega quedó en manos del Grupo Budeguer de Tucumán, el cual se adjudicó el complejo azucarero en un acuerdo bastante controvertido. El gobierno radical de Gerardo Morales que propuso ayuda económica a las familias como si esto fuera suficiente, se desligó del “problema” dejando a los empleados y a todo un pueblo absolutamente desamparados.

El ingenio se vendió por una suma irrisoria, prácticamente a la mitad de su valor y en cómodas cuotas. Ya para el segundo pago -que vencía a fines de octubre- Budeguer no cumplió con los 2 millones de dólares pactados porque supuestamente estaba realizando inversiones. La venta dejó a 600 personas sin trabajo y fue concretada por el gobierno provincial a fuerza de represión bajo el pretexto de que una administración privada iba a garantizar la continuidad de la empresa y del trabajo. Hoy son los trabajadores quienes pagan con sus cuerpos y sus vidas la desidia del Estado y el ansia de lucro de una empresa a la que no le importa nada. 

Luis Budeguer, representante del grupo, dijo “los accidentes pueden ocurrir” en una misa celebrada en honor a los trabajadores. En paralelo el gobernador radical Morales anunciaba pensiones, becas y viviendas para los familiares de las víctimas. Hoy la empresa cínicamente busca focalizar la atención en la reconstrucción del ingenio, y para ello apunta a la colaboración de los empleados y los pobladores de La Esperanza. La investigación aún no ha sido caratulada, los familiares no reciben información y el lugar del hecho se encuentra vallado.
El Frente de Izquierda jujeño vino pidiendo en la legislatura y en la justicia que se informara sobre las condiciones y venta del Ingenio sin resultado positivo.

No se trata entonces de un “accidente”, se trata de un crimen laboral y social que no puede quedar en la impunidad. De esta masacre obrera tienen que pagar la patronal y el gobierno provincial. Y el Ingenio debe ser estatizado y puesto a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores. Es la única forma que se evitarán más muertes y que su producción tenga un contenido social en beneficio del pueblo jujeño.

Escribe Claudio Funes

El lunes 25 de noviembre se realizó la primera audiencia del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki, perseguidos políticos del gobierno de Macri que debieron soportar prisión preventiva de un año y tres meses respectivamente.

Ese mismo día a las 13 se llamó a una movilización y acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py. Además de PSTU y PO, estuvieron presentes Izquierda Socialista, PTS y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. En el palco, desde el que Ruiz y Arakaki dirigieron la palabra, se encontraban acompañando Nora Cortinas, nuestras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, Gabriel Solano, Myriam Bregman y Vilma Ripoll, entre otros.

La movilización se llevó a cabo bajo la consigna “Absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores perseguidos por luchar contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017”.

Ruiz y Arakaki participaron de aquella protesta de más de 100.000 personas que resistian el robo jubilatorio siendo reprimida frente al Congreso Nacional por la policía de Patricia Bullrich.

El juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki es parte de la judicialización de la protesta para amedrentar a los que luchan contra los planes de ajuste de los gobiernos patronales. Izquierda Socialista se solidariza con Ruiz y Arakaki y exige absolución.

Editorial

El martes 19 el presidente electo, Alberto Fernández, tuvo su primera conversación con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Según un tuit en el que el propio Fernández relató la reunión, habría planteado que propondrá al Fondo un “plan económico sostenible para crecer y pagar la deuda”. Según versiones periodísticas, le habría dicho a la jefa del FMI que “la Argentina está en un momento particularmente difícil”, rechazando “un ajuste mayor al que ya hizo Macri”.

Muchos compañeros pensarán que “Fernández estuvo bien”, ya que planteó que no habrá más ajuste. ¿Esto es así? ¿Realmente se puede pagar la deuda y a la vez crecer y redistribuir la riqueza? ¿Acepta el FMI un plan que no contenga ajustes? Para responder a esto podemos ver el propio planteo de Kristalina Georgieva, que sostuvo que nuestro país “deberá encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen”. Traducido: seguir ajustando para garantizar pagar. Y si queremos algo más que meras declaraciones, ahí tenemos la realidad de los últimos planes acordados con el Fondo Monetario: Ecuador y el intento de ajuste de su presidente, Lenin Moreno, que lo frenaron las movilizaciones populares hace apenas un mes es el mejor ejemplo.

Alberto Fernández repite algo que viene planteando desde hace meses junto a sus economistas: que su prioridad es pagarle a los acreedores y al FMI, que sólo piden reacomodar las fechas de vencimientos (el famoso “reperfilar” la deuda) y que, de esa forma, aún sería posible reactivar la economía, graficada por la famosa frase “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. ¿El Frente de Todos va a devolvernos lo que perdimos en salarios y jubilaciones? ¿Retrotraerá los tarifazos? ¿Priorizará la educación y la salud públicas? Sabemos de las expectativas de muchos compañeros de trabajo o estudio. De lo que se conversa en los barrios populares. Hay una gran esperanza de que “algo mejorará” con el nuevo gobierno. Las respetamos, pero les decimos fraternalmente que no las compartimos. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos durante toda la campaña electoral: si se paga al FMI y al resto de los acreedores, no habrá dinero para resolver las más urgentes necesidades populares. Y eso no se resuelve con una renegociación más o menos inteligente. “Con quita” o “sin quita”, corriendo más o menos algunos vencimientos para adelante, siempre terminaremos en lo mismo: o la deuda o el salario, o la deuda o la educación, o la deuda o la salud.

¿En qué consiste entonces ese famoso “plan económico” de Alberto Fernández del que tanto se habla? Tiene un eje central: el pacto social. Patronales empresarias, burócratas sindicales, jefes de los movimientos sociales más afines al futuro gobierno peronista y la iglesia, se reunirán en aras de un supuesto “acuerdo de precios y salarios”. Donde desde ya los empresarios anuncian que no habrá ni bono de fin de año, ni doble indemnización ante los despidos, ni recomposición salarial de lo perdido en este último tiempo. “El empresariado no es Papá Noel”, dijo cínicamente Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. Lo peor es que los propios burócratas sindicales también anticipan que no pedirán nada. Así, Héctor Daer salió a justificarse diciendo que “no estamos en momento de puja distributiva”.

Sabemos que muchísimos trabajadores votaron a Alberto Fernández para sacarse de encima las políticas de Macri. Pero estas no le pertenecen solamente al presidente que ahora está cumpliendo sus últimos días de mandato. Son las del FMI, son las que les garantizan cobrar a los pulpos acreedores. Son también, y tenemos que decirlo, las que llevaron y llevan adelante los gobernadores peronistas, con el máximo ejemplo en estos días de Mariano Arcioni, que tuvo meses sin cobrar, mientras los reprimían, a maestros y estatales en Chubut.

Si queremos que no siga el ajuste, habrá que sacarse de encima al FMI y dejar de pagar la deuda externa. Habrá que nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación financiera y la fuga de capitales. Habrá que retrotraer los tarifazos y reestatizar las privatizadas. Habrá que recuperar nuestro gas y petróleo. Si se hace todo eso, entonces sí tendremos los recursos para resolver los urgentes problemas de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. Todo esto dijimos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda en la campaña electoral y lo seguimos sosteniendo. Y lo continuaremos planteando durante el próximo gobierno.